(El Periódico, 02-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo
La Generalitat de Cataluña ya está avanzando en la construcción de 4.000 de los 50.000 pisos que Salvador Illa prometió entregar en régimen de alquiler "asequible" antes de 2030. Esta iniciativa busca incrementar la oferta de vivienda pública destinada a la "clase media", según explicó este viernes la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una rueda de prensa. Está previsto que estas primeras 4.000 viviendas estén listas en un plazo de cuatro años. Aunque se calificarán como asequibles, no estarán destinadas a alquiler social, lo que implica precios más elevados. La mayoría de estas viviendas se ubicarán en el área metropolitana de Barcelona.
Actualmente, la administración catalana tiene en marcha una fase inicial de construcción que se complementará, a partir de febrero de 2025, con la incorporación de nuevos terrenos cedidos por propietarios privados y ayuntamientos. Este avance permitirá dar un paso más hacia la meta de las 50.000 viviendas comprometidas para 2030. "Es un desafío enorme", reconoció la consellera.
Desde Territori confían en cumplir con los plazos establecidos por el president Illa, a pesar de que aún no disponen de todos los terrenos necesarios para la mayoría de los 50.000 pisos y que el sector de la construcción enfrenta desde hace meses una carencia de mano de obra. Para afrontar este reto, el proyecto se desarrollará en fases. Hasta ahora, ya cuentan con 4.000 viviendas garantizadas, de las cuales 3.433 están en construcción y 569 ya han sido construidas.
El gran impulso comenzará en febrero, cuando la Generalitat cierre el proceso de identificación de terrenos disponibles para la construcción. Según sus cálculos, el parque de viviendas de alquiler asequible alcanzará las 20.000 unidades, todas entregadas antes de 2029. Sin embargo, alcanzar las 30.000 restantes dependerá de trámites urbanísticos y de oportunidades de mercado que surjan en los próximos años. "El Govern quiere liderar este proceso", pero su éxito estará condicionado por la colaboración de los ayuntamientos, señaló Paneque.
Estas 50.000 viviendas prometidas mantendrán en todo momento su carácter de titularidad pública, según insistió la consellera. "La titularidad y la protección pública serán innegociables; hemos aprendido de errores pasados", afirmó en referencia a políticas anteriores en las que viviendas públicas terminaron siendo vendidas a particulares, reduciendo el parque público disponible.
En la actualidad, Cataluña cuenta con solo un 2,5% de vivienda asequible y protegida. El Govern aspira a aumentar este porcentaje al 15% en los próximos 20 años, con un 9% destinado al alquiler. Este objetivo responde a la crisis social que dificulta el acceso a la vivienda para una creciente parte de la población, un problema que, según la última encuesta del CEO, es la principal preocupación de los catalanes.
Para dar visibilidad a esta prioridad, la consellera Paneque mantuvo el pasado miércoles una reunión con el Sindicat de Llogateres en el Parlament. Aunque el encuentro fue definido como "habitual" por la conselleria, no se alcanzaron acuerdos concretos.
Una de las críticas más recurrentes de los movimientos por el derecho a la vivienda es la falta de regulación del alquiler de temporada, que no está sujeto a las mismas limitaciones de precios que el alquiler habitual. Esto ha llevado a algunos propietarios a trasladar sus inmuebles a esta modalidad, lo que afecta la oferta disponible para uso residencial. Paneque reconoció esta "cierta fuga" y adelantó que su departamento está trabajando en cuantificar su impacto.