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(Expansión, 20-12-2024) | Fiscal

Prospera el impuesto a la banca y decae el energético

El Parlamento dio ayer su aprobación final a la reforma fiscal promovida por el Gobierno, tras una ardua negociación con sus aliados parlamentarios, que dejó fuera varias medidas clave de recaudación. Además, se rechazaron la mayoría de las propuestas de rebajas fiscales impulsadas por el PP durante su paso por el Senado. No obstante, los populares consiguieron el respaldo del PNV y Junts para derogar formalmente el impuesto a las empresas energéticas, asestando un golpe al Ejecutivo. La reforma aprobada incluye un amplio paquete de medidas tributarias, como se refleja en su nombre oficial: "Proyecto de Ley por la que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de ciertas entidades financieras, y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y productos relacionados con el tabaco". Una de las novedades destacadas fue el apoyo de Junts y PNV a una enmienda del PP que elimina el gravamen sobre las entidades energéticas, impuesto que el Gobierno planea prorrogar por decreto durante un año. Esta votación refleja el rechazo de PNV y Junts a dicho tributo, que podría quedar eliminado definitivamente. El núcleo de la ley parte de la transposición de la directiva europea que establece un tipo mínimo global del 15% para multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros, siguiendo el acuerdo internacional de la OCDE conocido como Pilar 2. Esta medida busca evitar que las grandes corporaciones eludan impuestos operando en territorios con bajas tasas fiscales. La demora en la adaptación de esta norma a la legislación española ya había llevado a la UE a demandar al país ante el TJUE. Además, se introdujeron cambios mediante enmiendas, como la creación de un nuevo impuesto a la banca, que sustituirá al actual durante 2024-2026. Este gravamen, que afecta al margen de intereses y comisiones de las entidades, aplicará tasas progresivas según los ingresos, y su recaudación será distribuida entre las comunidades autónomas según su PIB. También se incrementó el tipo marginal del IRPF sobre el ahorro del 28% al 30% para rendimientos superiores a 300.000 euros. Entre las medidas de mayor impacto recaudatorio destaca la reactivación del alza en el Impuesto de Sociedades, que permitirá limitar la compensación de bases imponibles negativas y deducciones por doble imposición en empresas con grandes volúmenes de negocio. Sin embargo, para las pymes con ingresos inferiores a un millón de euros, se prevé una reducción progresiva del tipo impositivo, que alcanzará el 17% sobre los primeros 50.000 euros en 2027. El paquete también incluye un impuesto al vapeo, incrementos en los tributos sobre el tabaco, medidas contra el fraude en el IVA de los hidrocarburos y ajustes en la tributación de los artistas según sus ingresos reales. Durante la tramitación en el Senado, el PP intentó introducir enmiendas como una rebaja del IRPF para jóvenes de 18 a 35 años y beneficios fiscales para las pymes y los afectados por la DANA. Aunque muchas no prosperaron, sí se aprobaron algunas excepciones, como la exención tributaria para ayudas a damnificados y la reducción del IVA en productos como yogures. El PP, que calcula que la reforma aumentará la presión fiscal en 8.800 millones de euros, celebró haber evitado subidas adicionales por 6.500 millones. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó el respaldo mayoritario, tanto de la izquierda como de la derecha, a la reforma fiscal.

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(Expansión, 20-12-2024) | Fiscal

Hacienda prepara el alza al diésel y entierra la de las Socimis

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó ayer que no resulta sorprendente la decisión de Junts y PNV de alinearse con el PP para eliminar el impuesto a las empresas energéticas. A pesar de este revés, aseguró que el Gobierno continuará intentando reintroducirlo. Montero confirmó que el próximo lunes el Consejo de Ministros aprobará la prórroga de este gravamen por decreto, aunque reconoció que, debido a la falta de apoyos, es probable que decaiga un mes después, cuando deba ser convalidado en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo busca atraer el respaldo de Junts y PNV con posibles modificaciones al impuesto, como la introducción de significativas bonificaciones para incentivar la inversión en electrificación y descarbonización por parte de las empresas. También se plantea ceder completamente la gestión del tributo a los territorios forales, lo que implicaría convertir el decreto en un proyecto de ley. La oposición de los nacionalistas se fundamenta, en gran medida, en el temor a que empresas como Repsol trasladen sus inversiones fuera de España si se mantiene el gravamen. Desde el Ministerio de Hacienda asumen que, por ahora, no existen las condiciones para mantener este impuesto, que en el último año generó ingresos de aproximadamente 1.200 millones de euros. En consecuencia, el Gobierno evalúa sustituirlo por un aumento fiscal que equipare el precio del diésel al de la gasolina, con un incremento de unos 10 céntimos por litro. Esta propuesta, que estuvo cerca de incluirse en la reforma fiscal, fue bloqueada en última instancia por Podemos debido a lo que Montero calificó como un "error". La vicepresidenta adelantó que se negociará con el partido morado para asegurar su respaldo a esta medida, que el Ejecutivo espera aprobar también el lunes en el último Consejo de Ministros del año. La subida del diésel podría aportar unos 1.500 millones de euros anuales, cumpliendo así con una exigencia de la Comisión Europea dentro de su plan de ajuste fiscal para España. El objetivo del Gobierno es complementar los ingresos de la reforma tributaria con medidas de fiscalidad medioambiental, permitiendo así solicitar el quinto desembolso de los fondos Next Generation, condicionado a la adopción de nuevas medidas fiscales. Por otro lado, durante la negociación de la reforma fiscal quedaron descartadas varias propuestas relevantes. Entre ellas, destaca la creación de un impuesto a la tenencia de bienes de lujo, como jets privados, yates o vehículos de alta gama, impulsada por Sumar, pero finalmente rechazada. Asimismo, no prosperaron iniciativas como la eliminación del régimen fiscal especial de las Socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) ni la supresión de la exención fiscal de las primas de seguros sanitarios, que habría incrementado el coste de los planes de salud privados.

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(El País, 20-12-2024) | Fiscal

Bruselas congelará fondos europeos si no se aprueba antes de marzo la subida fiscal al diésel

El Gobierno español debía aprobar más de una decena de normas con rango de ley para asegurar los próximos pagos de los fondos europeos. Entre estas se encuentran la ley de familias, la de servicios sociales, la reforma de beneficios fiscales, la ley de industria, un conjunto de reformas en el ámbito sanitario y farmacéutico, una normativa para reorganizar las subvenciones relacionadas con el ingreso mínimo y la ley de eficiencia organizativa en la justicia. Sin embargo, la Comisión Europea ha otorgado una prórroga, aceptando retrasos en algunas de estas normativas a cambio de adelantar otros objetivos ya cumplidos, como inversiones en Cercanías, energías renovables, mantenimiento de costas, investigación y desarrollo, y ciberseguridad. Como contrapartida, Bruselas exige incluir el aumento de la fiscalidad sobre el diésel como un nuevo requisito vinculado a estos fondos. Según un documento al que ha tenido acceso El País, esta subida del impuesto al gasoil se ha incorporado como un compromiso para el quinto desembolso, en el que el Gobierno solicitará alrededor de 8.000 millones en ayudas directas y otros 16.000 millones de préstamos, sumando un total de más de 20.000 millones de euros. Si no se aprueba antes de marzo este incremento en la tributación del diésel, parte de estos recursos podrían ser retenidos por la Unión Europea. El acceso a los fondos europeos está condicionado al cumplimiento de metas específicas de reformas e inversiones. Una de ellas, la reforma fiscal conocida como hito 388, debía haberse implementado a principios de 2023 según las recomendaciones de un comité de expertos, quienes propusieron, entre otras medidas, eliminar los tipos reducidos del IVA y aumentar los impuestos medioambientales. Aunque esta reforma no se cumplió, ahora el texto incluye expresamente la entrada en vigor de un aumento en el impuesto al diésel como condición para acceder a los fondos. Este cambio implicaría un aumento de unos 11 céntimos por litro, lo que encarecería llenar un depósito de 50 litros en casi seis euros. El Gobierno ya intentó incluir esta medida en su paquete tributario reciente, pero la oposición de Podemos, que la consideró regresiva por afectar más a familias de bajos ingresos con vehículos de gasoil, bloqueó su aprobación. La fragmentación en el Parlamento complica su tramitación, pero ahora Bruselas ejerce presión adicional al vincular este requisito al acceso a los fondos. Si no se implementa antes de marzo, se retendría una parte de los recursos del quinto pago. En cuanto a los compromisos iniciales, se han reprogramado varias medidas. Por ejemplo, la ley de servicios sociales se sustituye por acuerdos en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y una futura regulación ministerial, la ley de familias se retrasa al séptimo pago, y los cambios en beneficios fiscales se trasladan al octavo desembolso. También se eliminan ciertas iniciativas, como la inclusión de pymes en proyectos de hidrógeno verde, en favor de otros enfoques que no exijan la participación de pequeñas empresas. El plazo límite para ejecutar estos fondos es mediados de 2026. Si no se utilizan para entonces, podrían perderse. Esta es la tercera modificación del plan, y se prevé una cuarta en breve para reasignar recursos hacia territorios afectados por las inundaciones de la DANA, dentro de lo que se denomina el "componente Valencia", destinado a financiar la reconstrucción. El tiempo apremia, y el cumplimiento de los compromisos será clave para evitar perder estos recursos europeos esenciales.

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(Expansión, 19-12-2024) | Fiscal

El Gobierno promete prorrogar un año el impuesto energético por decreto el lunes aunque el Congreso lo tumbe

El impuesto a las empresas energéticas parece haber quedado definitivamente desahuciado tras el nuevo fracaso del Gobierno para alcanzar un consenso entre sus aliados parlamentarios en ambos extremos del Hemiciclo. La convocatoria del Ministerio de Hacienda para una nueva reunión destinada a redefinir el gravamen, buscando satisfacer tanto a partidarios como a detractores, se vio marcada por la ausencia de Junts y PNV. Ante esta situación, Unidas Podemos también decidió no participar en un encuentro que, sin el quórum necesario, difícilmente garantizaría la continuidad del tributo. La comisión encargada de rediseñar el impuesto sobre petroleras, gasistas y eléctricas, que recaudó unos 1.200 millones de euros el año pasado, había sido una exigencia de Unidas Podemos para respaldar la reforma fiscal del Ejecutivo. Sin embargo, la primera reunión de dicha comisión, celebrada la semana pasada, ya contó con la ausencia de Junts y PNV. En esa ocasión, Podemos expresó que la reunión carecía de sentido. "Es imprescindible que Junts y PNV, como representantes de las energéticas en el Congreso, participen para avanzar en la negociación", declaró la formación morada a través de Efe, consciente de que sin sus votos cualquier acuerdo quedaría en el aire. A pesar de esto, otros socios de izquierda del Gobierno sí asistieron al encuentro, alcanzando un acuerdo simbólico. ERC, EH Bildu y BNG anunciaron en un comunicado conjunto que habían pactado con el Ejecutivo la aprobación, antes de fin de año, de un Real Decreto que prolongará el gravamen a las energéticas. Este se someterá luego a convalidación en el Congreso, donde será tramitado como Proyecto de Ley para transformarlo en un impuesto. El Gobierno ha confirmado su compromiso con estas fuerzas, así como con Podemos, de aprobar la prórroga del gravamen en el último Consejo de Ministros del año, previsto para el lunes. No obstante, la vía del Real Decreto-ley requiere ser convalidada posteriormente por el Parlamento, donde el Ejecutivo y sus aliados no cuentan con los apoyos necesarios. Salvo un cambio inesperado, la oposición de Junts y PNV impedirá que el decreto prospere en el Congreso dentro de un mes, lo que implicará su derogación. En un intento por atraer a Junts y PNV, el Gobierno y sus aliados anunciaron ayer que incluirán bonificaciones a proyectos de energías renovables en el diseño del texto, mostrando su disposición para alcanzar un consenso amplio y equilibrado entre todas las fuerzas políticas. Además, aseguraron que la fórmula pactada, que combina decreto y tramitación posterior, es la única viable para que el gravamen entre en vigor el 1 de enero de 2025, se convierta en un impuesto en pocas semanas y se coordine con las Haciendas forales vasca y navarra. Estas promesas buscan sortear las reticencias de Junts, que rechaza un gravamen que podría llevar a Repsol a deslocalizar inversiones en Tarragona, y de PNV, que exige control foral total sobre cualquier figura impositiva de este tipo. Sin embargo, ambas formaciones siguen sin mostrar interés en las propuestas del Ejecutivo, mientras que las demandas de Podemos y sus críticas hacia otros partidos, a los que tacha de "defensores de Repsol", han acentuado las tensiones dentro del ya frágil bloque de investidura. Hacienda, por otro lado, confía en que el decreto para equiparar fiscalmente el diésel con la gasolina, que también se aprobará el lunes, tenga más posibilidades de ser convalidado.

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(El Economista, 19-12-2024) | Fiscal

Hacienda endurece la inspección a los grupos por las operaciones con sus socios y filiales

La Agencia Tributaria ha intensificado y endurecido las inspecciones a los grupos empresariales y a las empresas familiares en relación con los precios de transferencia, es decir, los valores económicos a los que realizan operaciones con filiales o socios. Los expertos advierten que estos controles pueden derivar en ajustes fiscales significativos, incrementando considerablemente los impuestos que deben pagar las empresas. Además, estas inspecciones no tienen límites claros: se revisan todas las operaciones vinculadas, llegando incluso a entrevistar a empleados y clientes para determinar si los precios están correctamente pactados. Los precios de transferencia son los importes que las empresas establecen en las transacciones con entidades relacionadas, como filiales o socios, y abarcan desde préstamos entre compañías hasta ventas o prestación de servicios. Según Antonio Puentes, socio del área fiscal de BDO Abogados, este tema es una prioridad en las inspecciones y figura cada vez más en los planes anuales de control tributario. Explica que Hacienda supervisa que estas operaciones se realicen a precios de mercado, como si se tratara de acuerdos con terceros independientes, con el objetivo de evitar que las empresas trasladen sus bases imponibles a territorios con menor carga fiscal. Por ejemplo, una matriz española con una filial en zonas de baja tributación, como Canarias o Irlanda, podría reducir su tributación efectiva si incrementa las operaciones o transfiere elementos clave del negocio a estas regiones. Flavio Sánchez, responsable de Precios de Transferencia en BDO Abogados, señala que anteriormente las inspecciones solían centrarse en temas como el uso de vehículos de empresa o gastos deducibles, cuyos ajustes fiscales eran predecibles. Sin embargo, los ajustes relacionados con precios de transferencia pueden ser mucho más significativos, llegando incluso a comprometer la rentabilidad de la empresa. Sánchez también advierte que 2024 será un año con numerosas inspecciones, ya que prescribirá el ejercicio fiscal de 2020, marcado por el impacto del Covid-19 y las pérdidas sufridas por muchas compañías. En este contexto, Hacienda está poniendo especial énfasis en cuestionar si las pérdidas de grupos con filiales en España deben permanecer en el territorio nacional. "En el fondo, lo relevante es cuánta base fiscal se deja en cada país", afirma. Las empresas que realizan operaciones vinculadas están obligadas a informar anualmente a través del modelo 232, que se presenta en noviembre. Es fundamental que la información proporcionada sea completa y esté actualizada, ya que una vez que la Agencia Tributaria accede a la documentación, comienza a realizar consultas a las compañías para verificar si las transacciones se ajustan a los precios de mercado. Antonio Puentes subraya la importancia de una estrategia preventiva. "Las empresas deben contar con una documentación adecuada sobre precios de transferencia, que es obligatoria, y cumplir con las obligaciones informativas, como el modelo 232. Esto requiere trabajar con asesores especializados para diseñar una estrategia sólida que cumpla con la normativa nacional e internacional", destaca. Además, en caso de una inspección, es crucial tener un respaldo legal robusto para resolver las disputas, ya sea en el ámbito nacional o a través de procedimientos internacionales como arbitrajes o acuerdos amistosos entre países. "Las empresas que hayan hecho un buen trabajo previo pueden afrontar la inspección de manera razonablemente favorable", añade. Por último, Sánchez concluye que la vigilancia sobre las operaciones vinculadas es una tendencia global, no exclusiva de España, ya que los grandes grupos empresariales tienen un peso significativo en la economía. No obstante, en España el impacto es mayor debido a la abundancia de empresas familiares.

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(El País, 19-12-2024) | Fiscal

España dejó de recaudar 4.443 millones de euros por fraude del IVA en 2022

España dejó de ingresar 4.443 millones de euros en 2022 debido a fraudes, evasión y elusión fiscal del IVA, así como por quiebras no fraudulentas o errores en los cálculos. Este monto representa una brecha fiscal del 4,59% entre los ingresos de IVA teóricos y lo efectivamente recaudado, según un informe publicado este miércoles por la Comisión Europea. A nivel europeo, los países miembros dejaron de recaudar aproximadamente 89.000 millones de euros en IVA ese año, aunque el informe destaca una mejora notable respecto a los 121.000 millones perdidos en 2018. Aunque España tuvo en 2022 una brecha del IVA inferior al promedio de la Unión Europea, esta aumentó 0,5 puntos porcentuales en comparación con 2021, cuando era del 4,1%. Sin embargo, el dato de 2022 es el segundo mejor desde 2018, cuando se registró un 6,5%, con picos del 7,9% en 2019 y una reducción al 6,1% en 2020. El estudio también subraya que la recaudación del IVA en España creció un 12,3% en 2022, impulsada por el aumento del PIB, el consumo final de los hogares y una considerable subida en la inversión durante 2021 y 2022. En el contexto europeo, España ocupó el décimo lugar entre los países con menor brecha del IVA, superada por Chipre, que incluso recaudó más de lo estimado (-0,67%), y por otros países como Portugal (1,30%), Irlanda (1,17%) y Alemania (4,23%), entre otros. En contraste, Rumanía lideró la lista con la mayor brecha del IVA (30,59%), seguida de Malta (25,89%) y Eslovaquia (14,62%). "El déficit de recaudación del IVA alcanzó casi 90.000 millones de euros en 2022", declaró Wopke Hoekstra, comisario europeo de política fiscal. Lamentó esta "oportunidad perdida", destacando que esa enorme suma podría haberse destinado a financiar servicios y bienes públicos esenciales como escuelas, hospitales o infraestructuras.

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(Expansión, 18-12-2024) | Fiscal

El Senado avala la reforma fiscal con los cambios del PP

El Senado aprobó ayer la reforma fiscal promovida por el Gobierno y sus aliados parlamentarios, tras incorporar una serie de rebajas y deducciones tributarias propuestas por el Partido Popular, que utilizó su mayoría en la Cámara Alta para influir en el texto. Entre las medidas añadidas destacan una reducción del IRPF para jóvenes, la bonificación de hasta el 100% del impuesto a la banca para aquellas entidades que faciliten el acceso a la vivienda, la aceleración de las rebajas fiscales a pequeñas y medianas empresas (pymes) y ayudas tributarias para los afectados por la DANA. Ahora, el texto vuelve al Congreso, donde mañana se decidirá su versión final. El movimiento del PP forma parte de su nueva estrategia, que evita oponerse de manera frontal a una reforma que considera un "hachazo fiscal" de 8.770 millones de euros. En su lugar, han optado por apoyarla para introducir enmiendas. Su objetivo es que algunas de estas propuestas logren el respaldo de partidos como Junts o PNV en la votación definitiva en la Cámara Baja. Una de las propuestas estrella del PP es una reducción del Impuesto sobre la Renta para jóvenes de entre 18 y 35 años que inicien su vida laboral. El propósito es que estos ahorros tributarios se destinen a facilitar el acceso a una vivienda, fomentar la formación de familias, mejorar su formación académica o iniciar proyectos empresariales. La iniciativa contempla una bonificación del IRPF del 100% durante el primer año, un 75% en el segundo, un 50% en el tercero y un 25% en el cuarto. Según el PP, esta medida supondría un ahorro total de 2.100 millones de euros para los jóvenes, con beneficios individuales de entre 10.000 y 12.000 euros. Además, ante la certeza de que el Gobierno sacaría adelante el nuevo impuesto a la banca, el PP ha propuesto bonificarlo completamente. La idea es que las entidades financieras puedan evitar hasta el 100% del pago si reducen el coste de las hipotecas o financian la construcción de viviendas a precio tasado, ya sea directamente o mediante acuerdos con las comunidades autónomas. En busca de apoyo por parte de Junts, el PP también ha planteado adelantar la aplicación completa de una de las medidas ya incluidas en la reforma fiscal. Actualmente, el texto prevé que las pymes con facturación inferior a un millón de euros vean reducido progresivamente el Impuesto de Sociedades hasta 2027, con una tasa del 17% para los primeros 50.000 euros de base imponible y del 20% a partir de esa cifra. La enmienda del PP propone que esta reducción total se implemente desde el 1 de enero de 2025, dos años antes de lo previsto. Por último, el PP ha añadido medidas específicas para los afectados por la DANA. Estas incluyen la exención del IVA y del impuesto de matriculación para quienes adquieran un vehículo en sustitución de uno perdido, un IVA del 0% en las obras de rehabilitación de viviendas dañadas, la prórroga de la suspensión del IBI y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) durante 2025, así como la exención fiscal para las ayudas de las empresas a sus empleados afectados. El Congreso decidirá si mantiene estas enmiendas o si aprueba la reforma fiscal en los términos originales planteados por el Gobierno.

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(Expansión, 18-12-2024) | Fiscal

Polémica campaña en prensa internacional contra Hacienda

La controversia se propagó rápidamente entre abogados y expertos en fiscalidad en los últimos días. En la edición de fin de semana del Financial Times, un anuncio a página completa realizado por un bufete de abogados lanzaba duras críticas contra la Hacienda española. El impactante titular rezaba: "¡Peligro! Rateros españoles operando en esta área". Justo debajo, una referencia directa a los "Servicios Tributarios Españoles", acompañada de un lema provocador: "explotar, especular, discriminar". El responsable de esta polémica campaña es el despacho Amsterdam & Partners, con sede en Londres y Washington D.C. Desde la firma explican: "Nuestro objetivo es desarrollar una respuesta colectiva para exponer prácticas engañosas e injustas y defender los derechos de quienes han sido perjudicados por la Ley Beckham en España". Según el bufete, un grupo de personas afectadas contactó con ellos para representar a aquellos que se sienten víctimas de auditorías arbitrarias, investigaciones cuestionables y reclamaciones financieras desmesuradas por parte de la Agencia Tributaria española. Aseguran que estas acciones carecen de fundamento. Los abogados señalan que "muchos ejecutivos extranjeros decidieron trasladarse a España junto a sus familias atraídos por la Ley Beckham, que ofrecía un tipo fijo de tributación sobre sus ingresos. Sin embargo, tras instalarse, las reglas cambiaron, lo que generó problemas para numerosos residentes". En su opinión, la Agencia Tributaria (AEAT) "ha mostrado un patrón de discriminación y persecución hacia residentes extranjeros con altos ingresos, vulnerando potencialmente sus derechos legales según varios tratados internacionales". El anuncio, que incluye el mensaje "No estás solo. Tienes derechos", ha generado un intenso debate en torno a la ética profesional. Expertos en derecho y fiscalidad consultados por EXPANSIÓN consideran inusual que un despacho utilice este tipo de estrategias publicitarias. Además, otros bufetes que trabajan con clientes acogidos a la Ley Beckham afirman no haber enfrentado los problemas que describe Amsterdam & Partners. Pese a ello, la firma insiste en sus acusaciones. "Lo que comenzó como una estrategia ingeniosa para atraer a trabajadores con altos ingresos se ha convertido en una campaña de engaño de enormes proporciones", asegura Robert Amsterdam, socio principal del despacho. Según él, el sistema fiscal español "viola principios fundamentales de justicia, derechos protegidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo de Derechos Humanos". Añade que el modelo actual está diseñado únicamente para maximizar los ingresos gubernamentales, dejando de lado la equidad, la proporcionalidad y el acceso a recursos legales. Aunque otros bufetes minimizan la relevancia de este conflicto, considerando que no ha causado una preocupación significativa más allá de las tensiones habituales, Robert Amsterdam subraya: "La respuesta a nuestra campaña ha sido abrumadora. Hay muchas personas afectadas por este régimen fiscal injusto". Por otro lado, es importante señalar que el Reino Unido eliminará su histórico régimen de impatriados, conocido como non-dom, vigente desde 1799. Este sistema, que protegió a 74.000 contribuyentes en el ejercicio 2022-2023, será derogado el 6 de abril de 2025 y reemplazado por un modelo basado en la residencia. Este cambio podría incrementar el atractivo de la Ley Beckham en España, consolidando su relevancia para atraer grandes patrimonios y profesionales de alto nivel.

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(El País, 18-12-2024) | Fiscal

La Autoridad Fiscal dice que el Gobierno “se aparta” de su recomendación de facilitarle más información

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado que el Gobierno no le ha proporcionado información suficiente o lo ha hecho de manera incompleta para cumplir con su labor de supervisar las cuentas públicas. En un comunicado emitido este martes, la AIReF destacó que el Ejecutivo "se apartó de la recomendación de facilitar más información [...] durante el proceso de aval" del plan de ajuste enviado a Bruselas. Este organismo, liderado por Cristina Herrero, basa su labor en el principio de "cumplir o explicar", lo que implica que las Administraciones deben acatar sus recomendaciones o justificar por qué no lo hacen. Durante el tercer trimestre de este año, la AIReF emitió nueve nuevas recomendaciones al Gobierno, sumando un total de 43 al considerar las dirigidas a diferentes entidades. Más de 30 estuvieron destinadas al Ministerio de Hacienda, mientras que el resto se repartieron entre el Ministerio de Economía, el INE y diversos ayuntamientos. Estas recomendaciones buscaban reforzar el cumplimiento de la regla de gasto -un compromiso con la UE para garantizar la estabilidad fiscal-, mejorar la transparencia y ajustar los calendarios de publicación al ciclo presupuestario. Según la AIReF, el Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, solo aceptó parcialmente la recomendación relacionada con la regla de gasto. El INE accedió a adelantar algunas publicaciones, pero la mayoría de las sugerencias dirigidas tanto a Hacienda como al Ministerio de Economía fueron rechazadas. El organismo recomendó a ambos ministerios proporcionar más detalles sobre las medidas presupuestarias y fiscales que acompañan al escenario macroeconómico del plan de ajuste a medio plazo, un requisito de las nuevas reglas fiscales europeas. Este plan, presentado en Bruselas en octubre, no desglosaba las acciones específicas para controlar el crecimiento del gasto público. El Gobierno había asegurado que estas medidas se detallarían en el Plan Presupuestario, pero este documento y el proyecto de Presupuestos de 2025 aún no se han presentado. Ante esta falta de información, la AIReF propuso un proceso de aval en dos etapas: primero, abordar el cuadro macroeconómico sin medidas fiscales y, después, incluir las acciones concretas. No obstante, los ministerios respondieron que un procedimiento de este tipo no es compatible con la normativa actual y se comprometieron a trabajar con los datos disponibles. La AIReF insistió en que contar con información completa sobre las medidas es clave para garantizar la coherencia del escenario fiscal. En relación con los calendarios de publicación, la AIReF pidió al INE adelantar las estimaciones económicas de las comunidades autónomas para que estas pudieran planificar mejor sus presupuestos. El INE solo pudo adelantar los datos a octubre, lo que la AIReF considera insuficiente. Tampoco accedió a anticipar las cifras de contabilidad nacional, argumentando que el actual calendario asegura la consistencia de los resultados. Sin embargo, ofreció al Ministerio de Economía una estimación preliminar para el 1 de septiembre de cada año, bajo embargo. La AIReF también recomendó activar medidas preventivas para comunidades autónomas y 13 ayuntamientos con riesgo de incumplir la regla de gasto, además de proponer comparecencias en el Congreso para explicar posibles desviaciones. Hacienda respondió que ya realiza un seguimiento continuo y destacó los beneficios de las entregas a cuenta del sistema de financiación. A pesar de esto, la AIReF considera que el riesgo de incumplimiento sigue presente en varias comunidades y municipios. Finalmente, la AIReF sugirió que Hacienda publicara una guía para calcular el gasto neto conforme al nuevo marco europeo. El ministerio argumentó que es pronto para elaborar manuales, ya que el nuevo marco permite utilizar indicadores diversos. Sin embargo, la AIReF insistió en que ya se conocen los elementos fundamentales y que disponer de una guía es esencial para el primer año de aplicación.

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(El Periódico, 18-12-2024) | Fiscal

La factura electrónica no será obligatoria para los autónomos "hasta 2027", según Upta

La facturación electrónica no será obligatoria para los trabajadores autónomos hasta, al menos, el año 2027, según ha afirmado este martes Upta (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos). La organización, presidida por Eduardo Abad, ha criticado a la Agencia Tributaria por generar confusión e incertidumbre entre los autónomos al no aclarar que la plena aplicación de la Ley Crea y Crece aún se encuentra a varios años vista. Upta ha explicado que la obligación de implementar la facturación electrónica se aplicará de manera progresiva. En primer lugar, el Ministerio de Hacienda deberá aprobar un reglamento que regule el proceso. Una vez aprobado, las primeras en adaptarse serán las empresas con una facturación anual igual o superior a ocho millones de euros, que dispondrán de un año para cumplir con la normativa. Posteriormente, los trabajadores autónomos tendrán un plazo de dos años para adaptarse, contado a partir de la entrada en vigor del reglamento. Cabe destacar que dicho reglamento aún no ha sido aprobado. El presidente de Upta, Eduardo Abad, ha subrayado la importancia de transmitir los cambios tributarios con la máxima transparencia y claridad. Según Abad, cualquier falta de información o interpretación errónea puede causar perjuicios económicos y burocráticos a los autónomos, que en su mayoría son pequeños empresarios. Por ello, ha instado a las administraciones a comunicar las modificaciones con mayor precisión. La introducción de la facturación electrónica tendrá un impacto significativo entre los autónomos, ya que, en su mayoría, siguen utilizando facturas en papel. Según un estudio realizado por TeamSystem, empresa especializada en software de facturación, el 69% de los autónomos y el 45% de las micropymes aún trabajan con facturas manuales, lo que refleja el retraso en la digitalización de este colectivo. Upta ha insistido en que es fundamental dar a los autónomos tiempo suficiente para adaptarse a esta nueva obligación y facilitar recursos que les permitan cumplir con la normativa sin que esto suponga una carga excesiva. La organización también ha señalado que es necesario un acompañamiento claro por parte de la Administración para evitar posibles problemas derivados de la implementación de la facturación electrónica.

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