(Expansión, 13-01-2025) | Fiscal

La CNMC publica hoy el informe sobre el cumplimiento de los bancos del "impuestazo"

El tiempo es un elemento crucial, tanto de forma positiva como negativa, especialmente cuando se trata de evaluar el impacto de las decisiones tomadas o de verificar el cumplimiento de las normativas. Sin embargo, con frecuencia, estas constataciones llegan en un momento en el que su relevancia práctica ha disminuido considerablemente. Hoy, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presenta el informe solicitado por el Gobierno en julio de 2023 para determinar si los bancos han cumplido con la prohibición de trasladar a los clientes el coste del gravamen extraordinario impuesto a las principales entidades. Este gravamen, inicialmente aprobado para los años 2022 y 2023 y ampliado posteriormente a 2024, se ha transformado recientemente para aplicarse durante otros tres años (2024, 2025 y 2026), modificando tanto sus condiciones como las entidades afectadas. La solicitud formal a la CNMC para analizar si los bancos cumplían con la normativa llegó en julio de 2023. Desde entonces, la Comisión ha tardado aproximadamente un año y medio en completar su evaluación y emitir el informe correspondiente. Es llamativo que la publicación de este análisis coincida justo con el final de la prohibición para que los bancos repercutan estos costes a sus clientes. A partir de ahora, el nuevo impuesto podrá ser tratado como un coste adicional, al igual que otros impuestos y tasas que enfrentan las entidades financieras. Esto evidencia una discrepancia entre la decisión gubernamental de proteger a los clientes y la capacidad real de supervisión para garantizar su cumplimiento. Un obstáculo importante fue el acceso a los datos bancarios. Aunque la normativa establecía que el Banco de España debía colaborar con la CNMC, la información necesaria está bajo la jurisdicción del Banco Central Europeo (BCE) debido a la creación del Eurosistema. Esta situación dificultó la obtención de los datos, ya que el BCE mantiene estricta confidencialidad sobre la información de las entidades que supervisa. Finalmente, se llegó a un acuerdo que permitía consultar los datos sin copiarlos ni sacarlos del ámbito del BCE, lo que implicó un proceso más lento y restringido. El informe de la CNMC no ofrece conclusiones definitivas. No se puede afirmar categóricamente que los bancos hayan incumplido la normativa, pero tampoco se descarta. La falta de tensiones en los balances durante los años 2023 y 2024, junto con la elevada liquidez del sistema financiero español, ha contribuido a esta ambigüedad. Según los últimos datos disponibles, en septiembre de 2023, la ratio de cobertura de liquidez del sistema bancario español era del 181%, muy por encima del mínimo regulatorio del 100%. Por el lado del crédito (activo), los datos muestran que las entidades no han trasladado el coste del gravamen a los deudores. Durante estos años, el endeudamiento de empresas y familias se ha mantenido estable, lo que ha llevado a los bancos a limitar el aumento del coste de los créditos para mantener su competitividad. En septiembre de 2023, la deuda total de empresas y familias alcanzaba los 1,7 billones de euros, un 109% del PIB, cinco puntos menos que el año anterior. Aunque los controles establecidos por el Gobierno son positivos, su eficacia queda en entredicho cuando los resultados se conocen una vez que las normativas han perdido vigencia. Esto evidencia la necesidad de diseñar mecanismos de supervisión más ágiles y oportunos.

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(Expansión, 13-01-2025) | Fiscal

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP reducirán al 4% el impuesto sobre transmisiones patrimoniales a los jóvenes que adquieran una vivienda

El Partido Popular (PP) ha planteado diez medidas relacionadas con la vivienda que serán implementadas por las comunidades autónomas bajo su gestión, como respuesta a lo que consideran una falta de acción del Gobierno frente a la actual emergencia habitacional. Sin embargo, el Ejecutivo ha advertido que este plan del PP podría llevar al país a una situación similar a la burbuja inmobiliaria de 2008, que tuvo graves consecuencias económicas para España. Entre las medidas anunciadas, las comunidades autónomas gobernadas por el PP reducirán al 4% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para facilitar a los jóvenes la compra de su vivienda habitual. Este compromiso fue incluido en la "Declaración de Asturias", un acuerdo alcanzado durante un encuentro privado entre los líderes autonómicos del PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, celebrado el pasado fin de semana. Feijóo presentó esta iniciativa públicamente en un acto en Oviedo como parte de un decálogo de propuestas en materia de vivienda. Dicho decálogo incluye, además, una apuesta por una nueva Ley del Suelo, la derogación de la actual Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, la reducción de impuestos, el aumento de suelo disponible para construcción, y mayores incentivos al alquiler. "Con un gran esfuerzo y compromiso por parte de todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, reduciremos el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4% para ayudar a los jóvenes a adquirir una vivienda con más respaldo por parte de la administración pública", afirmó Feijóo. No obstante, reconoció que esta medida tendrá implicaciones en los ingresos de las arcas autonómicas. En su intervención, Feijóo explicó que esta rebaja está dirigida a "jóvenes menores de 40 años", aunque el documento oficial de la declaración se limita a mencionar a "jóvenes" sin especificar un rango de edad. Cada comunidad autónoma establecerá los límites de renta y precio de la vivienda para aplicar esta medida. El plan también incluye una reducción del impuesto sobre la transmisión de viviendas protegidas, aunque no se detalla el porcentaje. Entre las iniciativas se encuentran: la simplificación de trámites burocráticos, la promoción de suelo público para construir viviendas protegidas, garantizar alquileres asequibles a un precio un 30% inferior al del mercado, y la extensión hasta los 40 años de las líneas públicas de avales hipotecarios. Además, el PP propone fomentar el alquiler mediante seguros de impago y multirriesgo, así como ayudas para reformar viviendas que se encuentren desocupadas y se destinen al alquiler. Feijóo destacó el trabajo de su partido en el diseño de estas propuestas, en contraste con lo que calificó como la falta de acción del Gobierno, al que acusó de estar centrado en intereses partidistas y no en las necesidades de los ciudadanos. El colectivo prioritario al que van dirigidas estas medidas incluye familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, y municipios afectados por la despoblación, así como cascos históricos y zonas rurales. "España atraviesa una situación crítica en materia de vivienda. Las familias, especialmente los jóvenes, enfrentan precios inaccesibles, salarios bajos y el mayor paro juvenil de Europa. Los propietarios sufren la ocupación de sus viviendas y los promotores enfrentan numerosas trabas administrativas para construir nuevas viviendas. Si no se construyen más, los precios seguirán subiendo", concluyó Feijóo.

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(Expansión, 10-01-2025) | Fiscal

Presión fiscal y costes salariales, los grandes frenos para la competitividad de la economía española

El 51% de los economistas españoles prevé un deterioro de la economía en los próximos meses, mientras que tres de cada cuatro señalan los elevados impuestos y las crecientes cargas laborales como "barreras" importantes, según el último Barómetro Económico del Consejo General de Economistas de España (CGE). A pesar de que el Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, ha destacado repetidamente la fortaleza y resiliencia de la economía nacional, calificándola de pasar de ir "como una moto" a "como un cohete", la percepción entre los expertos no es tan optimista. El crecimiento económico no se percibe de manera homogénea en todos los sectores, ni sus beneficios han llegado de igual forma a empresas y familias. En 2024, el número de procedimientos concursales alcanzó cifras récord en más de una década, con un aumento del 22% en comparación con el año anterior, lo que evidencia las dificultades económicas de muchas empresas. Aunque a nivel macroeconómico se observan indicadores positivos, los economistas advierten de la existencia de importantes desafíos que condicionan el crecimiento futuro, como la crisis de la vivienda, el alto endeudamiento público y las incertidumbres sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. A esto se suma la carga impositiva y laboral, que, según más del 70% de los economistas, representa uno de los principales obstáculos para la competitividad empresarial. El informe del CGE, correspondiente al segundo semestre de 2024, muestra que la presión fiscal preocupa al 74% de los economistas, mientras que el 72% señala los costes salariales como una barrera significativa. Estas preocupaciones se enmarcan en un contexto de cambios en el ámbito laboral y fiscal. El aumento previsto del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025 y la reducción de la jornada laboral han generado tensiones entre los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar. Por su parte, las recientes reformas fiscales han introducido nuevos impuestos que afectan a sectores estratégicos como la banca y la energía, lo que, para el 66,7% de los economistas, supone un freno a la competitividad. El impacto de estas medidas varía según el sector de actividad. Por ejemplo, el 83,3% de los economistas que trabajan en el comercio considera que los cambios fiscales tendrán efectos negativos, mientras que este porcentaje es del 71,4% en el sector bancario y del 70,5% en la industria. En términos generales, los economistas muestran una visión menos optimista que el Gobierno sobre el futuro económico. Más del 51% cree que la economía empeorará en los próximos seis meses, frente al 16,7% que espera una mejora. Además, el 45,1% anticipa una caída en la demanda interna y el consumo de los hogares en los primeros meses de 2025, mientras que solo el 16,1% detecta señales de recuperación en este ámbito.

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(Expansión, 10-01-2025) | Fiscal

Amplia batería de rebajas tributarias y promesa de seguir bajando impuestos allá donde gobierne el PP

El presidente del Partido Popular (PP) y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha organizado este fin de semana en Asturias una reunión con sus líderes autonómicos para ajustar su estrategia contra el Gobierno central y fortalecer su propuesta como alternativa política, aprovechando el control de una docena de comunidades autónomas. Aunque el encuentro se centrará en nuevas iniciativas relacionadas con la vivienda y el fortalecimiento del mercado único, el eje principal será la apuesta común por una política de reducción de impuestos. Según documentos internos a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN, el PP planea destacar su enfoque fiscal, resaltando las más de cien rebajas impositivas implementadas en sus territorios en el último año y comprometiéndose a continuar con nuevas reducciones. La cumbre, que comenzará este sábado en Colunga y finalizará el domingo con una declaración en Oviedo, tiene como objetivo dar continuidad al compromiso asumido en Córdoba en marzo pasado. En el documento de balance del último año, el PP reafirma su intención de mantener una política de reducción de impuestos para ciudadanos y empresas. "Renovamos nuestro compromiso de alcanzar estándares más altos en la bonificación de los impuestos de sucesiones y donaciones, y rechazamos firmemente cualquier intento del Gobierno central de imponer medidas que limiten estas reducciones", señala el texto que será analizado por Feijóo, los once presidentes autonómicos del PP y el vicepresidente de Canarias, donde el partido gobierna en coalición con Coalición Canaria. El PP asegura que su modelo fiscal, aplicado en las comunidades que administra, fomenta una mayor riqueza para los ciudadanos y genera ingresos más efectivos para financiar servicios públicos, en contraste con lo que considera una excesiva presión fiscal impuesta por el Gobierno a personas con ingresos medios y bajos. Asimismo, el partido se compromete a replicar casos de éxito en otras regiones y a defender la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. La política tributaria ha sido, en los últimos años, uno de los principales puntos de confrontación entre el PP y el PSOE. Mientras el Gobierno se niega a ajustar la tarifa del IRPF a la inflación, las regiones gobernadas por el PP han liderado reducciones fiscales para aliviar el impacto de la mayor inflación de las últimas décadas. Por otro lado, las crecientes bonificaciones en impuestos como el de Patrimonio han llevado al Ejecutivo a crear el Impuesto a las Grandes Fortunas y a considerar medidas similares en Sucesiones y Donaciones. Además, el PP ha intentado influir en las reformas fiscales del Gobierno utilizando su mayoría en el Senado para proponer medidas como la reducción del IRPF para jóvenes, incentivos a bancos que rebajen hipotecas o inviertan en vivienda, y la exención fiscal para ayudas a afectados por desastres naturales, siendo esta última la única aprobada. De este modo, acusando al Gobierno de promover un "infierno fiscal", el PP aprovechará este encuentro en Asturias para destacar las más de cien rebajas tributarias implementadas en sus comunidades durante el último año, reforzando su posición como alternativa política en su camino hacia La Moncloa.

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(El Periódico, 10-01-2025) | Fiscal

La Agencia Tributaria está intensificando el control sobre los autónomos y las empresas con el objetivo de reducir la economía sumergida

La Agencia Tributaria ha anunciado la implementación de nuevas iniciativas para fortalecer el control fiscal sobre autónomos y empresas. Estas medidas están orientadas a combatir la economía sumergida y optimizar la recaudación tributaria. Entre los principales cambios destaca la exigencia de información más detallada y frecuente sobre los ingresos de los profesionales, pasando de reportes anuales a mensuales. Este ajuste tiene como finalidad incrementar la transparencia en las transacciones económicas y facilitar la detección temprana de posibles irregularidades. El eje de esta estrategia radica en la modificación de las obligaciones informativas de las entidades financieras hacia la Agencia Tributaria. Actualmente, los bancos deben reportar anualmente los movimientos en las cuentas de sus clientes. Sin embargo, con la nueva normativa, deberán proporcionar datos mensuales sobre los cobros realizados por autónomos y empresas a través de tarjetas de crédito y débito, terminales de punto de venta (TPV), datáfonos y aplicaciones de pago móvil como Bizum. Hacienda argumenta que disponer de información con mayor periodicidad permitirá evaluar con mayor precisión los riesgos fiscales, agilizar la investigación de posibles fraudes y aplicar medidas cautelares o embargos de forma más eficiente. Además, destaca la importancia de identificar de manera temprana actividades fraudulentas o ingresos no declarados, contribuyendo así a un sistema tributario más equitativo. Estas nuevas obligaciones no se limitarán a los bancos nacionales, sino que también se extenderán a entidades financieras extranjeras que operen en España, incluidas las entidades de pago y de dinero electrónico. Estas deberán informar sobre la titularidad de cuentas de clientes españoles, los pagos realizados mediante tarjetas, Bizum, movimientos en efectivo y los cobros de autónomos y empresas, manteniendo la periodicidad mensual establecida. Con esto, se busca evitar posibles lagunas legales que faciliten la evasión fiscal. Otro punto relevante de la propuesta es el control sobre el uso de tarjetas prepago y virtuales, muy comunes en compras online. Hacienda pretende identificar a los titulares de estas tarjetas y exigir información sobre transacciones que superen un importe específico, aún no definido en el borrador de la normativa. El objetivo es evitar que estas modalidades se utilicen para ocultar ingresos y reforzar la transparencia en las operaciones económicas. Desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, se señala que estas medidas buscan solucionar la falta de información proveniente de entidades financieras extranjeras, dificultando la ocultación de bienes e ingresos. El propósito final es garantizar un sistema tributario más justo y eficiente, reduciendo el impacto de la economía sumergida en las arcas públicas. Estas nuevas disposiciones implicarán una fiscalización más estricta de la actividad económica de los autónomos, quienes deberán estar al tanto de los cambios y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales mediante una contabilidad clara y precisa. Aunque las medidas pueden generar inquietud en este colectivo, su finalidad es combatir el fraude fiscal y promover la equidad tributaria, en beneficio de todos los contribuyentes a largo plazo.

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(El Economista, 10-01-2025) | Fiscal

Jersey e Islas Vírgenes, los dos paraísos fiscales británicos acaparan el 90% de la inversión opaca española

El 90% de la inversión española en paraísos fiscales se concentra en Jersey y las Islas Vírgenes Británicas, ambos territorios bajo la jurisdicción de la Corona británica. De los 799,11 millones de euros destinados a estas jurisdicciones entre 2020 y septiembre de 2024, 733,9 millones fueron canalizados hacia estas dos regiones, según datos de DataInvex, dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio. En detalle, las Islas Vírgenes recibieron 390,5 millones y Jersey 343,4 millones. El resto de la inversión en territorios opacos fue dirigido a lugares como Guernsey, otra isla del Canal de la Mancha bajo jurisdicción británica, así como a Liberia y Bahréin. La Comunidad de Madrid concentra el grueso de estos flujos, con un 93,6% del total (748,1 millones de euros). Cataluña ocupa el segundo puesto con 38,5 millones, seguida del País Vasco con 4,6 millones. El año 2023 destaca como el periodo con mayor volumen de inversión en paraísos fiscales, alcanzando un récord de 741,6 millones de euros. En paralelo, durante el mismo periodo (enero de 2020 a septiembre de 2024), España destinó 144.783 millones de euros a inversiones en el extranjero. Solo en los primeros nueve meses de 2024, se invirtieron 20.728 millones fuera del país. Entre los principales destinos destacan Luxemburgo (22.238 millones), Países Bajos (2.714 millones) e Irlanda (2.598 millones), todos ellos estados de la Unión Europea con regímenes fiscales más favorables. También sobresalen las inversiones en Estados Unidos (27.415 millones), Reino Unido (26.781 millones), México (8.750 millones), Alemania (7.723 millones) y Brasil (5.801 millones), entre otros. Por otro lado, España atrajo entre 2020 y septiembre de 2024 un total de 141.528 millones de euros en inversión extranjera. En 2023, esta cifra alcanzó los 28.215 millones, con Estados Unidos como principal emisor (28,9%), seguido de Reino Unido (13,1%), Alemania (10,6%) y Francia (9,2%). Además, países como Australia, Suiza, Canadá y México aumentaron su participación, demostrando, según el Gobierno, una mayor diversificación de la confianza en España. El sector servicios, incluyendo turismo y hostelería, captó el 54,3% de la inversión extranjera, mientras que el 42,2% se dirigió a la industria y el 3% a la construcción. Entre los subsectores destacados figuran el comercio mayorista, las telecomunicaciones, la energía eléctrica y los combustibles. Por comunidades autónomas, Madrid lidera como el principal receptor de inversiones extranjeras, concentrando más del 54% en 2023, aunque con un leve descenso respecto a la media de los últimos cinco años. Cataluña ocupa el segundo lugar con un 16,5%, y la Comunidad Valenciana es tercera con un 12%. Estas cifras, según el Gobierno, confirman que España ha consolidado un nivel de atracción de inversiones extranjeras cercano a los 30.000 millones de euros anuales, mejorando su posición competitiva frente a otros destinos internacionales.

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(El Economista, 10-01-2025) | Fiscal

Hacienda exigirá que se le informe de los dueños reales de las empresas a partir del 3 de febrero

A partir del próximo 3 de febrero, las empresas estarán obligadas a informar directamente a la Agencia Tributaria sobre quiénes son los propietarios reales de la sociedad, es decir, las personas físicas que están detrás de las compañías. Esta nueva exigencia se formaliza con la actualización del modelo 036, utilizado por los profesionales para registrarse o darse de baja en el Censo de Empresarios, así como para comunicar cambios en sus datos. El modelo incluye ahora una nueva página, la número 10, destinada a identificar a los titulares reales. En esta sección, las empresas deberán proporcionar el DNI o número de identificación extranjero del propietario, junto con su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia y país de expedición del documento de identidad. Esta información deberá ser presentada para cada titular real. La orden ministerial que introduce este cambio fue publicada en el BOE este jueves y entrará en vigor el 3 de febrero, aplicándose a todos aquellos que presenten el modelo 036 desde esa fecha en adelante. Esta medida responde a la Ley aprobada en mayo de 2023, que incorporó la Directiva europea de cooperación administrativa en materia fiscal, conocida como DAC 7. Esta directiva obliga a modificar la Ley General Tributaria para requerir que las personas jurídicas o entidades informen a la Administración Tributaria sobre la identidad de sus titulares reales. El objetivo de esta nueva normativa es fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Además, en enero de 2024 se modificó el Reglamento General de las actuaciones de gestión e inspección tributaria, añadiendo la obligación de comunicar la titularidad real en el Censo de Obligados Tributarios. La normativa establece que cualquier persona que posea o controle, directa o indirectamente, más del 25% del capital o de los derechos de voto de una empresa, o que ejerza control sobre ella por otros medios, será considerada titular real. En caso de que no exista ninguna persona física que cumpla este criterio, se designará como titular real al administrador de la sociedad. Si el administrador también es una entidad jurídica, se identificará como titular real a la persona física nombrada por dicha entidad. En los casos de fideicomisos, como los trust anglosajones, los titulares reales serán los fideicomitentes, fiduciarios, protectores (si los hay) y beneficiarios, o las personas con funciones equivalentes en figuras similares de otros países. Por otro lado, la nueva versión del modelo 036 permitirá a los empresarios autorizar el uso del teléfono y correo electrónico registrados para recibir notificaciones y comunicaciones tanto de los órganos económico-administrativos, como de los tribunales regionales o el central, así como de la Dirección General de Tributos, a través de la aplicación de la Agencia Tributaria.

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(Expansión, 09-01-2025) | Fiscal

¿Hace falta autorizar a Hacienda el acceso concreto al ordenador?

El Tribunal Supremo (TS) ha emitido un fallo relevante en relación con los registros realizados por la Inspección de Hacienda en empresas. En su decisión, el Tribunal descarta que los funcionarios de la Agencia Tributaria se hayan excedido en sus funciones al inspeccionar un ordenador que contenía exclusivamente información vinculada a la actividad empresarial, sin datos personales del empleado que lo utilizaba. Los magistrados del Supremo señalan que "no consta que el acceso de los funcionarios de la AEAT se haya realizado en espacios que puedan considerarse como domicilio protegido constitucionalmente, lo que habría requerido una autorización judicial previa o el consentimiento del titular". El recurso presentado ante el Supremo planteaba si, en casos donde el titular del domicilio protegido consiente el acceso de la Administración tributaria, o cuando existe una autorización judicial que permite dicha entrada, pero no incluye específicamente el acceso a dispositivos informáticos, sería necesaria una autorización adicional, tanto del juez como del propietario del dispositivo. El Tribunal aclara que "en el escrito del recurso de casación no se identifica de manera específica ningún derecho fundamental que haya sido vulnerado a través del examen y uso de la información contenida en el ordenador de un empleado de la empresa". Además, el fallo subraya que, aunque podría discutirse la necesidad de una autorización específica para examinar el contenido de un ordenador, el recurrente no ha argumentado de manera concreta qué derecho fundamental habría sido violado ni ha proporcionado razones claras para fundamentar dicha vulneración. Por ello, el Supremo concluye que no se ha demostrado la afectación de ningún derecho fundamental en este caso.

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(El País, 09-01-2025) | Fiscal

La campaña de la renta de 2024 comenzará el 2 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio

La campaña para presentar la declaración del IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2024 comenzará el 2 de abril y finalizará el 30 de junio, según el calendario publicado en la página web de la Agencia Tributaria. Los contribuyentes que presenten su declaración de manera telemática, ya sea a través del programa Renta Web o de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria, podrán hacerlo a partir del 2 de abril. Aquellos que prefieran realizar el trámite por teléfono tendrán acceso al servicio desde el 6 de mayo, mientras que quienes opten por la vía presencial en oficinas deberán esperar hasta el 2 de junio. El plazo general para presentar las declaraciones concluye el 30 de junio, salvo en los casos en que el resultado sea a ingresar y se opte por la domiciliación bancaria, en cuyo caso la fecha límite será el 25 de junio. En esta campaña estarán obligados a declarar quienes hayan obtenido ingresos del trabajo superiores a 22.000 euros de un único pagador, o más de 15.876 euros de varios pagadores. También estarán incluidos aquellos que hayan trabajado como autónomos o recibido prestaciones por desempleo, entre otros casos. Este calendario se ha anunciado poco después de que la Agencia Tributaria realizara un balance de la campaña de 2023. Durante la última campaña, correspondiente al IRPF de 2023, la Agencia Tributaria devolvió un total de 12.907 millones de euros a 15.852.000 contribuyentes, lo que representa un 97,4% de las devoluciones solicitadas y un 94,9% del importe total reclamado, cifras en línea con años anteriores. Asimismo, se registró un aumento en el número de declaraciones presentadas, alcanzando las 24.131.000, un 4,9% más que en 2022. De estas, el 67,5% resultaron a devolver y 6.239.000 tuvieron un saldo a ingresar. En cuanto a los canales de presentación, el servicio telefónico "Le Llamamos" siguió siendo el principal método de asistencia personalizada, con cerca de 1.128.000 declaraciones realizadas, un 5,4% más que el año anterior. Las oficinas físicas gestionaron 831.600 declaraciones, un incremento del 6,6%. En total, más de 1.959.000 declaraciones fueron presentadas con asistencia específica, lo que supone un aumento de casi 110.000 respecto al año anterior, destacando la creciente aceptación de estas alternativas entre quienes necesitan ayuda individualizada. No obstante, la mayoría de los contribuyentes (casi el 92%) continúa optando por presentar su declaración de forma online, con 22.171.000 declaraciones realizadas por esta vía. De estas, 21.519.000 se presentaron a través de la sede electrónica, un 4,3% más que el año anterior, y 651.000 mediante la aplicación móvil, que experimentó un crecimiento del 23,4%. De estas últimas, más de 485.000 se completaron íntegramente en la "app", mientras que el resto implicó algún ajuste previo en Renta Web. La pasada campaña también destacó por el uso creciente de los canales digitales de asistencia, que ofrecieron 775.000 respuestas durante el periodo de declaraciones y más de 1.136.000 a lo largo del año, contribuyendo a resolver dudas sobre el impuesto de manera eficiente. Entre las novedades, se implementaron avisos preventivos enviados por carta, además de aparecer en Renta Web y en la aplicación móvil. Estos avisos buscaban evitar errores u omisiones que pudieran derivar en regularizaciones posteriores. Más de 26.500 contribuyentes rectificaron sus declaraciones tras recibir estas notificaciones, evitando comprobaciones futuras, intereses o sanciones. Para facilitar este proceso, Renta Web ofreció propuestas de declaraciones complementarias con los datos actualizados.

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(El Economista, 09-01-2025) | Fiscal

Hacienda acelera los embargos y retendrá bienes sin pedir información previa de ellos

La Agencia Tributaria ha intensificado el proceso de embargos y ahora puede retener bienes directamente sin necesidad de solicitar previamente información específica al deudor sobre estos. Según una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), Hacienda no está obligada a realizar una investigación previa para determinar el valor exacto de los bienes que serán embargados ni a requerir información al deudor antes de emitir una diligencia de embargo. El TEAC permite que la Agencia Tributaria emita una diligencia en la que solicite información sobre los bienes y, simultáneamente, ordene su embargo. El fallo, emitido el pasado 15 de noviembre, respalda que Hacienda pueda solicitar un "embargo anticipado" de los bienes del deudor al mismo tiempo que recopila información sobre ellos. El caso en cuestión involucraba a un contribuyente con una deuda de 7.500 euros. Ante el impago, Hacienda identificó que esta persona realizaba ventas a una empresa y procedió a dirigir diligencias de embargo a la compañía. En estas, solicitó información sobre los bienes adeudados al contribuyente mientras declaraba el embargo de los mismos para cubrir la deuda. La empresa afectada recurrió la decisión, y el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía falló inicialmente a su favor, indicando que Hacienda debía investigar previamente el valor de los bienes antes de embargarlos. Sin embargo, el TEAC ha unificado criterio, concluyendo que la Administración solo necesita tener conocimiento de la existencia de un bien o derecho propiedad del deudor, sin necesidad de determinar su valor exacto en el momento del embargo. El TEAC señala que la normativa tributaria no obliga a la Administración a especificar el valor exacto del bien embargado en la diligencia, sino únicamente a comunicar su existencia. Esto permite al destinatario de la diligencia cumplir con su obligación de retener los bienes y realizar el ingreso correspondiente en Hacienda hasta cubrir la deuda. El tribunal aclara que no detallar el valor exacto del bien no supone "embargos excesivos", ya que la retención solo se efectúa hasta el importe necesario para saldar la deuda. Además, recuerda que el destinatario de la diligencia tiene una doble obligación: informar sobre los créditos pendientes con el deudor y retener e ingresar las cantidades adeudadas en el Tesoro Público. Finalmente, el TEAC concluye que las diligencias de embargo pueden incluir un requerimiento de información al destinatario sobre los créditos pendientes con el deudor, sin que sea necesario que Hacienda emita primero un requerimiento independiente para conocer la cuantía exacta antes de ordenar el embargo.

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