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(Expansión, 10-02-2025) | Fiscal

Hacienda planea permitir el pago de la declaración de la Renta a través de Bizum

El Ministerio de Hacienda planea incorporar nuevas opciones de pago en la Campaña de la Renta 2024, que comenzará el 2 de abril. Según el proyecto sometido a audiencia pública, los contribuyentes podrán pagar con tarjeta de crédito bajo condiciones de comercio electrónico seguro o mediante Bizum, además de los métodos tradicionales como la domiciliación bancaria, el pago electrónico con cargo en cuenta o el Número de Referencia Completo (NRC). El calendario oficial establece que la presentación de declaraciones por internet estará disponible desde el 3 de abril hasta el 30 de junio de 2025. A partir del 6 de mayo y hasta el 30 de junio, la Agencia Tributaria podrá elaborar la declaración por teléfono, con cita previa solicitada entre el 29 de abril y el 27 de junio. La atención presencial en las oficinas estará disponible del 2 al 30 de junio, con cita previa desde el 29 de mayo. Sin embargo, las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria deberán presentarse antes del 25 de junio. Una de las principales novedades para esta campaña es la obligatoriedad de presentar la declaración para los desempleados que reciban prestación por paro, sin importar sus ingresos. Hasta ahora, solo debían hacerlo si superaban los 22.000 euros anuales o los 15.000 euros en caso de tener dos o más pagadores, con uno abonando más de 1.500 euros. Además, al igual que en la campaña anterior, los trabajadores autónomos y los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV) deberán presentar la declaración, aunque Hacienda aclara que esta obligación no es de carácter tributario, sino que responde a la normativa específica de ambas prestaciones. Para mejorar la gestión tributaria, se implementará un sistema único de corrección de autoliquidaciones a través de la figura de la autoliquidación rectificativa. Este mecanismo reemplazará el modelo actual de autoliquidaciones complementarias y solicitudes de rectificación, permitiendo a los contribuyentes modificar, completar o corregir su declaración sin necesidad de esperar una resolución administrativa. También se facilitará la presentación electrónica con un nuevo servicio para aquellos contribuyentes que no necesiten modificar el borrador de su declaración, simplificando el proceso de navegación. Por otro lado, Hacienda recuerda que, tras la reforma fiscal aprobada en el Congreso y las sentencias del Tribunal Supremo, se ha cambiado el procedimiento para la devolución del IRPF a mutualistas jubilados. Las devoluciones se distribuirán en cuatro años según la antigüedad del período impositivo. En 2025, los contribuyentes podrán solicitar la devolución correspondiente al ejercicio 2019 y anteriores no prescritos. Para gestionar estas devoluciones, la Agencia Tributaria habilitará un formulario de apoderamiento en su Sede Electrónica, disponible entre el 2 de abril y el 30 de junio. Este formulario será el único medio válido para solicitar la devolución, según lo estipulado en la Orden de aprobación del modelo de declaración.

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(El Economista, 10-02-2025) | Fiscal

La Seguridad Social deja de remitir el certificado de IRPF por carta y obliga a solicitarlo por internet

La Seguridad Social está enviando cartas a los ciudadanos que solían recibir por correo postal el certificado de retenciones del IRPF, como los pensionistas y otros beneficiarios de prestaciones, para informarles de que, a partir de este año, deberán solicitar dicho documento de forma telemática. El organismo argumenta que esta decisión responde a las recomendaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que promueve un uso más responsable del papel y fomenta la digitalización en la Administración Pública. Por ello, desde este año, quienes perciban prestaciones de la Seguridad Social ya no recibirán el certificado en formato físico, sino que deberán obtenerlo por medios digitales a través del sitio web www.run.gob.es/certificadointegral. Para acceder a este documento, los usuarios deberán identificarse mediante certificado digital, DNI electrónico, Cl@ve permanente o Cl@ve PIN/móvil, lo que puede suponer un reto para las personas de mayor edad. A pesar de este cambio, la Seguridad Social aclara que quienes no puedan obtener el certificado por internet tendrán la opción de solicitarlo en una oficina de forma presencial, siempre con cita previa. Además, recuerda que este documento no es necesario para la declaración de la Renta, ya que la Agencia Tributaria dispone de la información y la incluirá automáticamente en el borrador. La campaña del IRPF se llevará a cabo entre el 2 de abril y el 30 de junio de este año. Como novedad, quienes tengan que ingresar una cantidad a Hacienda podrán efectuar el pago por primera vez mediante Bizum o tarjeta de crédito, además de los métodos tradicionales como la domiciliación bancaria o la transferencia. Asimismo, los contribuyentes que residan en municipios pequeños contarán con asistencia por videollamada de personal de Hacienda para la presentación de su declaración, sin importar su edad.

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(El País, 10-02-2025) | Fiscal

Hacienda baraja no elevar el mínimo exento que afectará a la subida del SMI

El Gobierno aprobará este martes un nuevo aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), que pasará de 1.134 a 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas. En años anteriores, junto con este incremento, el Ministerio de Hacienda solía elevar el mínimo exento de IRPF para evitar que los trabajadores con salarios más bajos vieran reducido el impacto positivo de la subida. Sin embargo, el SMI ha aumentado un 61% desde 2018, alcanzando a 2,5 millones de trabajadores y representando ya el 60% del salario medio, según cálculos del Ejecutivo. Esto ha generado un debate sobre el impacto fiscal de que un porcentaje tan alto de rentas laborales no tribute. Dentro del Gobierno hay posturas divididas. Hacienda, que tiene la competencia sobre esta decisión, aún no ha aclarado si actualizará el mínimo exento, aunque fuentes cercanas sugieren que podría no hacerlo. El Ministerio de Trabajo, en cambio, defiende mantener la práctica de los últimos años y ajustar el mínimo exento al nuevo SMI. La disputa ha generado tensiones dentro del Ejecutivo. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, criticó los "discursos populistas" en torno a este asunto, insistiendo en la necesidad de fomentar la "pedagogía fiscal" y asegurando que no se debe demonizar la contribución justa a los impuestos. Por su parte, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, respondió aludiendo a la importancia de la "justicia fiscal", que según ella debe empezar "por arriba y no por abajo". Desde el ámbito sindical, Luis Zarapuz, miembro del gabinete económico de CC OO, sostiene que todas las rentas deberían contribuir al sistema fiscal, aunque cree que este no es el momento adecuado para debatir la tributación del SMI. Desde su punto de vista, antes sería necesario abordar una reforma fiscal progresiva y ambiciosa, pero las actuales condiciones políticas no lo permiten. Además, critica que se plantee gravar a los trabajadores con menores ingresos mientras se discuten exenciones fiscales del 100% para propietarios de viviendas en alquiler. Entre los expertos en fiscalidad, hay consenso en que el IRPF debe tender a la universalización, es decir, que cada vez más personas lo declaren. Esto responde a dos razones: una recaudatoria y otra ligada a la gestión eficiente de las políticas públicas. Olga Cantó, catedrática de Economía en la Universidad de Alcalá, explica que sin información completa sobre los ingresos de los hogares, es difícil diseñar medidas de redistribución eficaces. Por ello, considera que seguir aumentando el mínimo exento va en la dirección equivocada. Otros economistas, como Julio López Laborda, de la Universidad de Zaragoza, o Violeta Ruiz Almendral, de la Universidad Carlos III, abogan por ampliar la obligación de declarar el IRPF a toda la población. Esto permitiría, por ejemplo, que las personas con rentas bajas puedan recibir beneficios fiscales mediante deducciones reembolsables, una herramienta que haría que quienes paguen menos impuestos reciban un ingreso adicional por parte del Estado. Jesús Ruiz-Huerta, presidente del grupo de expertos para la reforma fiscal, señala que este modelo ayudaría a eliminar el estigma de la dependencia económica y reforzaría la equidad tributaria. El principal problema es que, mientras se avanza hacia una reforma integral del IRPF, si no se ajustan los mínimos exentos, los trabajadores con rentas más bajas podrían enfrentarse a un aumento de retenciones, con tipos impositivos efectivos superiores al 40% en algunos casos. Para evitarlo, el economista Santiago Lago Peñas propone crear un tramo impositivo inicial inferior al 10%, mientras que el inspector de Hacienda Francisco de la Torre sugiere aumentar el mínimo exento, pero menos que la subida del SMI, de modo que los trabajadores mantengan más ingresos, pero a la vez contribuyan en cierta medida. Desde el ámbito político, Carlos Martín, portavoz económico de Sumar, defiende que el mínimo exento debe ajustarse al nuevo SMI, argumentando que en otros países europeos como Francia, Alemania, Portugal o Grecia, los salarios mínimos no tributan en el IRPF. Además, rebate la idea de que el número de trabajadores beneficiados sea demasiado alto, asegurando que el problema radica en que el SMI ha crecido muy rápido en pocos años para corregir una situación que debió solucionarse de manera progresiva en dos décadas. Confía en que, a medida que los salarios generales sigan subiendo, el SMI volverá a afectar solo a los trabajadores con menos experiencia y menor cualificación, y afirma que las empresas tienen margen suficiente para asumir esta evolución, ya que están obteniendo beneficios récord.

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(El Confidencial, 10-02-2025) | Fiscal

El nuevo impuesto a la banca penalizará más a las entidades que arrastran créditos fiscales

El impuesto a la banca diseñado por el Ministerio de Hacienda, en acuerdo con Junts, estará vigente entre 2025 y 2027 y afectará principalmente a las entidades de mayor tamaño o aquellas que aún arrastran créditos fiscales por pérdidas acumuladas en el pasado, especialmente entre 2008 y 2012 o durante la crisis de la COVID. Como resultado, bancos como Openbank e ING no tendrán que tributar. Este nuevo tributo amplía el número de bancos sujetos al impuesto, ya que se aplicará a todas las entidades con ingresos superiores a 100 millones de euros en margen de intereses y comisiones netas, en lugar de los 850 millones establecidos en el diseño anterior. Además, introduce un tipo impositivo progresivo en lugar del 4,8% fijo previo, lo que penaliza especialmente a las entidades de mayor tamaño. La escala impositiva comienza en un 1% para bases de hasta 750 millones de euros y aumenta hasta un 7% para aquellas que superen los 5.000 millones. Esta estructura afectará en mayor medida a CaixaBank y a BBVA si finalmente absorbe a Sabadell. De hecho, el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha señalado que podrían considerar retrasar la fusión debido a las implicaciones fiscales del impuesto. A pesar de la ampliación del impuesto, algunas entidades presentarán una declaración con una cuota a pagar de cero euros. ING, por ejemplo, ha confirmado que no tendrá que abonar nada, manteniendo intacto su beneficio neto de 356 millones de euros. Openbank, el banco digital de Santander, también quedará exento de pago. Esto se debe a una deducción incluida en el gravamen, que permite reducir la cuota en un 25% del Impuesto sobre Sociedades efectivamente pagado. Las entidades financieras están sujetas a un tipo del 30% en este impuesto, superior al 25% del resto de grandes empresas. Sin embargo, muchas de ellas cuentan con créditos fiscales acumulados por pérdidas pasadas, lo que les permite reducir significativamente su carga tributaria. Las pérdidas registradas durante la crisis financiera de 2008-2012, exacerbadas por los decretos Guindos que obligaron a provisionar pérdidas contra resultados, generaron un gran volumen de activos fiscales que siguen disminuyendo la tributación de numerosas entidades. También hubo bancos medianos que sufrieron pérdidas durante el período de tipos de interés al 0%, así como en 2020 debido a la pandemia. Sin embargo, entidades como ING, que no disponen de créditos fiscales acumulados, quedan menos afectadas o incluso exentas del impuesto. En su primer año de aplicación, la filial española del banco holandés no experimentará impacto alguno. Según fuentes jurídicas, el nuevo impuesto también tendrá un impacto menor en bancos como Allfunds o Bankinter. En el caso de este último, su consejera delegada, Gloria Ortiz, ha señalado que el impacto del tributo será inferior al de años anteriores, pese a que el banco incrementó su beneficio un 13%, alcanzando los 953 millones de euros. En 2024, Bankinter pagó 95 millones de euros por este impuesto temporal.

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(Expansión, 07-02-2025) | Fiscal

Trump dinamita la fiscalidad global y perpetúa la tasa Google española

La decisión de Estados Unidos de retirarse del impuesto mínimo global para multinacionales frena el progreso hacia una fiscalidad común y exime a España y otros países de su compromiso de eliminar sus impuestos digitales. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha provocado un impacto global, generando inestabilidad geopolítica, comercial y económica a nivel internacional. Uno de sus primeros actos como presidente fue anular el acuerdo alcanzado por 138 países para establecer un impuesto mínimo a las multinacionales. Esta medida no solo debilita el primer gran instrumento fiscal global, que la Unión Europea ahora trata de mantener sin sufrir represalias, sino que también frena las negociaciones sobre otros avances en materia tributaria y perpetúa la existencia de tasas digitales como la Tasa Google en España y otros países. En menos de 24 horas en el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva que eliminó el Pilar 2 de la OCDE, por el cual 138 naciones habían acordado aplicar un tipo impositivo mínimo del 15% a las empresas con ingresos superiores a 750 millones de euros en, al menos, dos de los últimos cuatro años. "Estados Unidos ya está fuera del Pilar 2", señala Cástor Gárate, experto en fiscalidad internacional de EY Abogados, recordando que aunque Joe Biden firmó el acuerdo, nunca logró implementarlo, y ahora Trump lo ha descartado por completo. Esto implica que si una empresa estadounidense tributa por debajo del 15%, la diferencia deberá ser cubierta por alguna de sus filiales europeas, dado que la UE sí ha adoptado este impuesto. "Esto supone una pérdida de ingresos para EE.UU., lo que el sector republicano considera un ataque a su soberanía fiscal", explica Gárate. Como respuesta, Trump ha dado un plazo de 60 días para diseñar represalias contra los países que apliquen impuestos "desproporcionados" a empresas estadounidenses. Gárate advierte que esta divergencia entre EE.UU. y el resto del mundo generará un reajuste en las regulaciones globales y forzará nuevas negociaciones para simplificar el Pilar 2. Roberta Poza, experta en política fiscal de la UE en Deloitte, coincide en que Bruselas tendrá que reconsiderar la aplicación del impuesto mínimo, prevista para 2026. Una opción viable sería reconocer el modelo GILTI (Global Intangible Low Taxed Income), que establece una tributación mínima calculada de forma global. De lo contrario, la UE tendría que aplicar la UTPR (Undertaxed Profits Rule) a las empresas estadounidenses, lo que podría desencadenar represalias de Washington en forma de aranceles. Poza considera que Europa debería replantearse su estrategia fiscal para fomentar la competitividad y atraer inversiones. Mientras se decide el futuro del Pilar 2, lo que sí ha quedado descartado es el Pilar 1, que buscaba redistribuir los impuestos pagados por las multinacionales entre los países en los que operan, incluso sin presencia física. Su implementación dependía de la ratificación de al menos 30 jurisdicciones que representaran el 60% de las multinacionales, pero con EE.UU. controlando el 45%, la iniciativa ha quedado paralizada por completo tras la decisión de Trump. Irónicamente, la eliminación del Pilar 1 consolida la permanencia de los impuestos digitales como la Tasa Google. En 2021, España, Francia, Italia y Reino Unido acordaron con EE.UU. suprimir estas tasas cuando Washington impulsara el Pilar 1, en un intento por cerrar la disputa arancelaria de la anterior presidencia de Trump. Aunque el convenio expiraba en 2024, ninguna de las partes lo había abandonado hasta ahora, cuando el regreso del republicano lo ha dinamitado. "La retirada de EE.UU. ha hecho que los compromisos de eliminar estos impuestos se desvanezcan, por lo que muchos países comenzarán a aplicarlos inmediatamente", señala Gárate, quien prevé que EE.UU. responderá con medidas "contundentes y agresivas", posiblemente nuevos aranceles. La Tasa Google, oficialmente el impuesto sobre determinados negocios digitales, grava con un 3% las operaciones de publicidad online, intermediación digital y venta de datos de empresas con ingresos globales de al menos 750 millones de euros (y tres de ellos en España). Aunque el Gobierno estimaba recaudar cerca de 1.000 millones anuales, los ingresos han sido inferiores: 166 millones en 2021, 278 millones en 2022, 303 millones en 2023 y 375 millones en 2024, según datos de Hacienda. A la espera de si estos impuestos digitales vuelven a ser objeto de disputa en la guerra arancelaria de Trump, la ruptura del acuerdo fiscal global también pone fin a cualquier negociación para desarrollar una tributación común sobre la renta o el patrimonio, frenando así los avances logrados en la fiscalidad empresarial.

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(Expansión, 07-02-2025) | Fiscal

Las empresas vascas acabarán en 2026 con diez años de "agravio" en el IVA

Madrid y Vitoria han alcanzado este jueves un acuerdo para poner fin a esta situación desigual, aunque su implementación se retrasará debido a los cambios normativos y técnicos que requiere. Los importadores del País Vasco deberán esperar hasta 2026 para que se elimine el trato diferenciado que han sufrido durante los últimos 10 años con respecto al adelanto del IVA a la importación. El Gobierno central y el Ejecutivo vasco acordaron a finales del año pasado buscar una solución a este problema, que se originó en 2015 tras la reforma del IVA a la importación, un impuesto cuya regulación es competencia exclusiva del Estado. Este jueves, en el marco de la comisión mixta del Concierto Económico, ambas Administraciones, reunidas de manera telemática, han acordado la creación de un mecanismo específico para los importadores que tributan en las Haciendas forales, con el objetivo de eliminar la diferencia de trato. Desde 2015, las empresas españolas que presentan declaraciones de IVA de forma mensual pueden optar por no pagar el impuesto en la aduana y, en su lugar, incluirlo en su declaración ordinaria del mes siguiente, evitando así el adelanto del pago y reduciendo su carga financiera. Sin embargo, las empresas importadoras del País Vasco no han podido beneficiarse de esta medida y han seguido adelantando el IVA a la importación, ya que este impuesto es competencia del Estado, mientras que su declaración ordinaria de IVA se realiza ante las Haciendas forales. El acuerdo alcanzado este jueves entre la Administración central y el Gobierno vasco establece una "encomienda de recaudación", que en la práctica funcionará como un mecanismo de diferimiento del ingreso del IVA a la importación. El Estado continuará manteniendo la competencia exclusiva sobre este impuesto, pero gracias a un acuerdo de colaboración, serán las Haciendas forales las que recauden el importe correspondiente y lo transfieran posteriormente a la Agencia Tributaria. De este modo, las empresas importadoras vascas ya no tendrán que adelantar el pago en la aduana, sino que podrán incluirlo directamente en sus declaraciones ordinarias ante las Haciendas forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. La aplicación de este nuevo sistema implicará una mayor carga administrativa para las Haciendas forales, que deberán gestionar la recaudación del IVA a la importación y su posterior transferencia al Estado. Antes de que este cambio entre en vigor, será necesario modificar la normativa del IVA a la importación, así como el Concierto Económico. Por ello, Madrid y Vitoria han acelerado la tramitación del acuerdo para incluirlo dentro de las modificaciones del Concierto pactadas a finales de 2024, las cuales deberán ser aprobadas por el Parlamento español. Asimismo, la implementación del nuevo sistema requerirá la actualización de las interconexiones informáticas entre la Agencia Tributaria y las Haciendas forales para garantizar un correcto funcionamiento del mecanismo de recaudación y traspaso de fondos.

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(El Economista, 07-02-2025) | Fiscal

Los tribunales permiten a administradores y socios la exención en el IRPF de las dietas por viajes

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha dictaminado que las dietas por viaje abonadas por las empresas a administradores y socios pueden estar exentas del IRPF, siempre que estos desempeñen también una función laboral dentro de la empresa y no solo ejerzan tareas de representación o toma de decisiones propias del cargo. En una resolución del 30 de enero, que reafirma otra del 19 de julio y unifica criterios, el TEAC establece que los administradores de empresas pueden beneficiarse de la exención en el IRPF por las dietas de viaje, al igual que cualquier otro empleado, siempre que estas se perciban por funciones desempeñadas en calidad de trabajador y no de administrador. Si las dietas se abonan por actividades relacionadas con la administración de la empresa, como representar a la compañía, entonces no estarán exentas y la empresa deberá aplicar la retención correspondiente. Con este fallo, el TEAC contradice la doctrina vigente desde el año 2000, sostenida por la Dirección General de Tributos (DGT), que negaba la exención a los administradores sin considerar si, además, realizaban labores como empleados de la empresa. La Agencia Tributaria se basaba en esta interpretación para exigir la retención del IRPF en las dietas abonadas a administradores y socios. Sin embargo, el tribunal recuerda que, tal como ha señalado el Tribunal Supremo en varias sentencias, la relación mercantil de un individuo con la empresa no anula su posible vínculo laboral. Por lo tanto, el TEAC determina que, en sus inspecciones, la Agencia Tributaria deberá examinar el origen y la finalidad de las dietas abonadas a los administradores. Si estas se pagan por funciones inherentes al cargo de administrador, no podrán beneficiarse de la exención. En cambio, si se otorgan en el marco de una relación laboral con la empresa, sí podrán acogerse a dicho régimen fiscal. La justificación de esta exención en la Ley del IRPF radica en su naturaleza resarcitoria, es decir, busca compensar al trabajador por los gastos en los que incurre por necesidad y en cumplimiento de su labor. En este sentido, la Agencia Tributaria permite la exención de los gastos de desplazamiento, ya sea cubriendo el importe total del billete en transporte público con la debida factura o compensando con 0,19 euros por kilómetro en caso de uso de vehículo privado, además de los gastos de peajes. En cuanto a los límites exentos por alojamiento, si el trabajador pernocta fuera de su municipio, se permite la exención del coste total de la estancia, siempre que se justifique con la documentación correspondiente. Para manutención en restaurantes, el límite exento es de 53,34 euros diarios dentro de España y de 91,35 euros al día en el extranjero. Si no se pernocta fuera del municipio, los límites exentos para manutención son de 26,67 euros diarios en España y 48,08 euros en el extranjero. Los empleados deben presentar los tickets y facturas justificativas a la empresa, que deberá conservarlos en caso de que la Agencia Tributaria solicite su comprobación.

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(El Economista, 07-02-2025) | Fiscal

La UE impulsará un IVA verde

El comisario de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra, presentó ayer en el Parlamento Europeo las principales líneas de trabajo de su departamento para los próximos cinco años. Entre sus prioridades destaca la revisión del IVA con el objetivo de simplificar su aplicación e introducir un tipo reducido para productos que favorezcan la sostenibilidad en áreas como el transporte, la economía circular y los artículos de segunda mano. Durante su primera intervención ante la subcomisión de Asuntos Fiscales, Hoekstra anunció su intención de facilitar la normativa sobre fraude fiscal en la UE, pese a los avances recientes en la materia. Además, avanzó que agilizará la implementación del CBAM (mecanismo de ajuste de carbono en frontera) con el propósito de reducir en un 80% el número de empresas afectadas por la medida, clave en las relaciones comerciales con Estados Unidos y China. El comisario también abordó la Directiva de fiscalidad energética, una medida incluida en el paquete Fit for 55 que quedó paralizada en la legislatura anterior debido a la falta de consenso y la crisis energética. Ahora, Hoekstra quiere impulsar su aprobación para aumentar la fiscalidad de los combustibles fósiles y reducir la carga impositiva sobre las energías limpias. Según explicó, existen conversaciones en marcha y algunos países están dispuestos a avanzar en la iniciativa, aunque persisten resistencias. Esta directiva vincula los impuestos a las emisiones de CO2, lo que implicaría una subida de tributos para el diésel y la gasolina, mientras que favorecería una reducción impositiva en la electricidad. En relación con la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo sobre el impuesto mínimo global para multinacionales, Hoekstra calificó la decisión como "lamentable" y afirmó que la UE debe seguir adelante con su implementación. En este contexto, varios eurodiputados pidieron aclaraciones sobre la estrategia a seguir con Washington en materia fiscal. El comisario insistió en que la UE debe mantenerse firme en sus posiciones, basadas en criterios sólidos, y apostar por un diálogo constructivo con la administración Trump. No obstante, advirtió que Europa debe estar preparada para defender sus intereses en caso de que las decisiones estadounidenses perjudiquen a sus empresas. "No buscamos guerras comerciales, pero tampoco permaneceremos inactivos si Estados Unidos adopta medidas en nuestra contra", subrayó. Los eurodiputados también solicitaron más información sobre el 28º régimen fiscal propuesto en la Brújula de Competitividad por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en particular sobre qué empresas podrían acogerse a él. Asimismo, reclamaron un compromiso claro con la revisión de la directiva contra la elusión fiscal y la introducción de un impuesto sobre los servicios digitales. En relación con el comercio digital, Hoekstra destacó que cada año llegan a la UE unos 4.000 millones de envíos, lo que genera problemas medioambientales debido al exceso de cartón y plástico. Por ello, subrayó la necesidad de abordar la competitividad y la eficiencia en la recaudación fiscal antes que recurrir únicamente a subidas de impuestos o recortes de gasto. Finalmente, el comisario respondió a preguntas sobre la directiva del tabaco y los desafíos que plantea la imposición de un tributo a los multimillonarios y la regulación fiscal del sector financiero. También insistió en la urgencia de establecer un impuesto a los servicios digitales y gravar los vapeadores, afirmando tajantemente: "Fumar mata, aunque tenga sabor a fresa".

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(El País, 07-02-2025) | Fiscal

Las comunidades prevén disparar un 25% la recaudación de los impuestos ligados al ladrillo

Las comunidades autónomas esperan beneficiarse del repunte del mercado inmobiliario, que en 2025 podría superar incluso las cifras de 2022, cuando se registraron más de 650.000 compraventas de viviendas en España, un hito no visto desde la crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria. De los 11 gobiernos regionales que han presentado sus proyectos de Presupuestos Generales para este año, todos prevén un incremento superior al 25% en la recaudación de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y actos jurídicos documentados (AJD), tributos que gravan principalmente la compraventa de viviendas de segunda mano, que dominan el mercado. En términos económicos, esta previsión conjunta elevaría la recaudación hasta los 6.000 millones de euros, frente a los 4.700 millones de 2024. El Ministerio de Hacienda elabora anualmente un informe con los datos presupuestarios de las comunidades autónomas. En esta edición, analiza las cuentas de 11 territorios, quedando fuera Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana, por no haber presentado aún sus presupuestos. Según el informe, se esperan incrementos generalizados en la recaudación del ITP y el AJD, salvo en Castilla-La Mancha, donde se proyecta una caída del 8%. En contraste, Andalucía y Madrid anticipan subidas del 33% y 40%, respectivamente. Estos aumentos reflejan la previsión de que el mercado inmobiliario de segunda mano continúe con su dinamismo en 2025, siguiendo la tendencia observada en 2024. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta noviembre del año pasado se habían registrado unas 590.000 compraventas de viviendas, de las cuales casi el 80% correspondían a inmuebles de segunda mano. Además, la estadística registral indica que el año cerró con más de 636.000 operaciones. El ITP y el AJD son impuestos indirectos que gravan, respectivamente, las transacciones inmobiliarias y ciertos actos financieros. Su gestión está descentralizada en las comunidades autónomas, que pueden ajustar los tipos impositivos. El ITP se aplica a la compraventa de bienes patrimoniales, la constitución de hipotecas y la cesión de derechos sobre inmuebles. Por su parte, el AJD grava documentos notariales y mercantiles, como escrituras hipotecarias y pólizas de seguros. Dado que el número de operaciones y los precios de las viviendas están en alza, la recaudación de estos impuestos también aumenta. María Cadaval, profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela, explica que el crecimiento económico sostenido previsto para 2025 impulsará tanto el volumen de compraventas de viviendas de segunda mano como el valor de mercado de los inmuebles, lo que justifica las expectativas de mayor recaudación. Las comunidades planean aprovechar este auge para fortalecer sus cuentas. Andalucía, por ejemplo, prevé aumentar en más de 550 millones su recaudación por estos impuestos, debido al inesperado dinamismo del mercado inmobiliario en 2024. Galicia también espera una evolución positiva tanto en el número de operaciones como en los precios. Según Caixabank Research, el número de transacciones en 2025 rondará las 650.000, igualando el registro de 2022, mientras que los precios podrían subir casi un 6%. El encarecimiento de la vivienda es otro factor clave para entender estas previsiones. Desiderio Romero, economista senior de Funcas, señala que la presión en el mercado del alquiler continuará empujando a los compradores hacia la compraventa, sector ya tensionado. Esto no solo elevará el número de transacciones, sino que también incrementará los precios, ampliando así la base imponible del ITP, que se calcula en función del valor de referencia catastral o, si es superior, del precio de compraventa, lo que ocurre en la mayoría de los casos. A esto se suma un nuevo elemento que podría incrementar aún más la recaudación y que las autonomías no han considerado en sus previsiones: una reciente sentencia del Tribunal Supremo, emitida en diciembre, que permite a Hacienda ajustar el valor declarado por el contribuyente al valor de tasación, lo que podría incrementar ligeramente las bases imponibles. Dado que la sentencia se publicó a finales de año, su impacto aún no ha sido reflejado en los presupuestos. Romero destaca que este aumento en la recaudación se produce en un contexto en el que muchas comunidades han continuado con políticas de reducción de impuestos, aplicando deducciones y bonificaciones. Sin embargo, aunque estas medidas alivian la carga fiscal para ciertos colectivos, su efecto es limitado y queda compensado por el crecimiento en el número de transacciones y el incremento del valor de mercado de los inmuebles. Según los datos del Ministerio de Hacienda, la recaudación del ITP y AJD ha ido recuperándose tras la caída de 2020 debido a la crisis sanitaria. Ese año, los ingresos se desplomaron hasta los 7.500 millones de euros en toda España, pero desde entonces han aumentado, alcanzando los 12.600 millones en 2022, impulsados por el auge de compraventas. En 2024, hasta noviembre, las comunidades habían recaudado unos 11.000 millones. Si las previsiones se cumplen, 2025 podría marcar un nuevo récord. Aunque aún no hay datos oficiales de las seis comunidades que no han presentado sus presupuestos, el mercado inmobiliario suele mostrar un comportamiento homogéneo a nivel nacional. Por ello, se espera que esas regiones también proyecten aumentos en sus ingresos, especialmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, que junto con Madrid y Andalucía concentran el mayor volumen de operaciones. Cataluña, por ejemplo, presupuestó 2.400 millones en 2023, mientras que la Comunidad Valenciana alcanzó los 2.000 millones y Baleares los 850 millones. Finalmente, Cadaval señala que, además del dinamismo del mercado, algunas comunidades han implementado estrategias de inspección más rigurosas, lo que podría contribuir a aumentar la recaudación mediante una reducción del fraude fiscal.

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(Expansión, 06-02-2025) | Fiscal

Los inspectores denuncian que Hacienda dificulta la devolución de IRPF a los mutualistas

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) denunció ayer que el nuevo sistema implementado por Hacienda para la devolución del IRPF a los mutualistas, que prolonga el proceso durante años, vulnera los principios constitucionales y legales que rigen la actuación de la Administración frente a los contribuyentes afectados por una doble tributación que la Justicia ha ordenado compensar. Los inspectores critican que el procedimiento anterior, caracterizado por su rapidez y eficacia para garantizar devoluciones ágiles, haya sido sustituido por un trámite burocrático innecesario y sin justificación. El origen de este conflicto se encuentra en una sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2023, que determinó que los jubilados de las antiguas mutualidades laborales habían sido objeto de una doble imposición en el Impuesto sobre la Renta, por lo que debían ser indemnizados. La resolución, que inicialmente beneficiaba a los cotizantes de la Mutualidad Laboral de la Banca, sentó un precedente para que otros mutualistas pertenecientes a sectores como astilleros, metalurgia, electricidad, comercio, pesca o construcción pudieran reclamar compensaciones similares. El Tribunal Supremo concluyó que estos mutualistas habían tributado tanto por las cuotas que aportaron en su momento como por las pensiones que posteriormente recibieron. En consecuencia, reconoció su derecho a deducir de la base imponible del IRPF el 25% de las cuotas abonadas entre el 1 de enero de 1967 y el 31 de enero de 1978, así como el 100% de las efectuadas antes del 31 de diciembre de 1966. Para dar cumplimiento a este fallo, Hacienda estableció inicialmente un mecanismo de devolución sencillo y rápido mediante un formulario en línea, lo que permitió la devolución de 1.325 millones de euros hasta noviembre de 2024 por el ejercicio de 2023 y los años no prescritos. No obstante, tras este elevado volumen de compensaciones, el Ministerio decidió modificar el procedimiento, implementando un nuevo sistema más complejo que escalona las devoluciones hasta el año 2028. Los Inspectores de Hacienda del Estado consideran que esta decisión es "incomprensible" y han instado al ministerio encabezado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, a rectificar. Recuerdan que la Constitución Española establece que la Administración debe actuar con objetividad en favor del interés general y que la normativa tributaria garantiza los principios de proporcionalidad, eficacia y reducción de costes indirectos. Además, subrayan que la jurisprudencia consagra el principio de "Buena Administración" y que la propia Agencia Tributaria presume de situar al ciudadano en el centro de su estrategia. Los mutualistas, que hasta ahora podían solicitar la devolución en una única petición de manera rápida y efectiva, han visto cómo se les impone un proceso burocrático innecesario que contradice estos principios y que, en algunos casos, podría retrasar la devolución hasta después del fallecimiento del beneficiario. La denuncia de los inspectores se suma a la ya expresada por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que también ha criticado el cambio de criterio adoptado por Hacienda.

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