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(El Economista, 08-01-2025) | Fiscal

Hacienda excluye a las grandes empresas del nuevo sistema de facturación digital

La Agencia Tributaria ha aclarado que las grandes empresas con ingresos superiores a seis millones de euros anuales no estarán obligadas a modificar sus sistemas informáticos de facturación para cumplir con las nuevas normativas aplicables a pymes y autónomos. A partir del 1 de enero de 2026, Hacienda requerirá que las empresas con ingresos menores compartan su facturación de forma inmediata, con el fin de reforzar el control sobre el IVA. En el caso de los autónomos, esta medida entrará en vigor el 1 de julio de 2026. Para ello, los programas de facturación deberán cumplir una serie de requisitos que garanticen el registro preciso, la trazabilidad y la integridad de los datos, evitando manipulaciones y la posibilidad de llevar una doble contabilidad. Los fabricantes de software deberán adaptar sus sistemas a estas exigencias antes del 29 de julio de 2025. La Dirección General de Tributos, en una consulta realizada el pasado 9 de diciembre, confirmó que las grandes empresas acogidas al Suministro Inmediato de Información (SII) no necesitarán implementar los nuevos programas exigidos por Hacienda. Estas compañías, que ingresan más de seis millones de euros y presentan su facturación de manera mensual, están obligadas desde 2017 a enviar sus libros de registro de facturas directamente a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, y podrán continuar operando de este modo. Tributos señaló que "a los clientes del consultante (una empresa de software) que estén acogidos al SII no les será aplicable el reglamento que establece los requisitos para los sistemas y programas informáticos o electrónicos utilizados en procesos de facturación, ni la estandarización de los formatos de los registros de facturación". Sin embargo, aunque las empresas acogidas al SII no tengan que utilizar los nuevos sistemas, las compañías de software deberán garantizar que sus productos cumplan con las normativas vigentes, con fecha límite para su adaptación fijada en el 29 de julio de 2025.

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(La Vanguardia, 08-01-2025) | Fiscal

Cataluña no bajará impuestos

"No bajaremos impuestos". Tajante, la 'consellera' de Economia, Alícia Romero, ha resumido en una entrevista en TV-3 la política tributaria que el Govern pretende ejecutar. Y ha rechazado las críticas del presidente de Foment del Treball de que Cataluña es un "infierno fiscal": "He hablado muchas veces con el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, y le he dicho muchas veces que no estamos de acuerdo. Nunca les hemos engañado, ni siquiera antes de las elecciones", ha declarado. Romero ha sido contundente: "No estamos de acuerdo en que la fiscalidad es la que perjudica la competitividad" y ha defendido que hay otras vías de mejorarla, como es la innovación. Respecto a los impuestos, el 'president' Salvador Illa también fue concreto hace unas semanas al defender una fiscalidad que permita financiar los servicios públicos y que no penalice el talento ni el crecimiento. Y descartó los "experimentos" con los impuestos. La titular de Economía ha admitido que en sus planes de cara a los presupuestos no están previstas bajadas de tributos y solo algunos retoques en algunos de ellos como el que grava las estancias en establecimientos turísticos. En la misma entrevista, en la que Romero ha anunciado que abrirá esta semana una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales para presentarles ya el borrador de los próximos presupuestos de la Generalitat, ha destacado que ya han comenzado las reuniones entre técnicos de la administración catalana y la estatal para ver las distintas vías posibles de cara a que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) pueda recaudar el IRPF en 2026, tal como prevé la fórmula de financiación pactada con ERC. Ha admitido que el objetivo de que se recauden todos los impuestos es "a muy largo plazo". También ha admitido que la intención es ampliar la dotación de la ATC en los presupuestos, ya que está previsto que sea el pilar sobre el que se apoya el plan de que la Generalitat recaude todos los tributos, incluidos todos los estatales.

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(Expansión, 07-01-2025) | Fiscal

La no deflactación de la tarifa del IRPF ha permitido incrementar la recaudación del impuesto en 3.400 millones de euros

El año 2024 ha finalizado con una recaudación fiscal histórica en España. Aunque los datos definitivos del cierre del ejercicio tardarán cerca de tres meses en publicarse, las cifras oficiales indican que los ingresos públicos acumulados en los primeros once meses del año ya superaron la totalidad de la recaudación registrada en 2023. Este incremento ha sido impulsado, en gran medida, por el efecto de la subida fiscal encubierta derivada de la decisión de Hacienda de no ajustar el Impuesto sobre la Renta a la evolución de precios y salarios. La negativa del Gobierno a deflactar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) genera un fenómeno conocido como "progresividad en frío" o "rémora fiscal", lo que implica que los contribuyentes tributan más pese a experimentar una pérdida de poder adquisitivo. Este es el caso de un trabajador que recibe un aumento salarial que lo ubica en un tramo impositivo superior, aunque dicho incremento no le compense el encarecimiento del coste de vida. A pesar de que la falta de ajuste en el IRPF lleva décadas sin aplicarse bajo gobiernos de diferentes signos, su impacto ha sido especialmente notable en los últimos años, marcados por una inflación sin precedentes en cuatro décadas. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), solo en 2024 la ausencia de deflactación en las tarifas del IRPF permitió recaudar 3.400 millones de euros adicionales, representando el 40% de los 8.500 millones de euros extra recaudados por este impuesto hasta noviembre. Este mecanismo se ha convertido en una de las principales herramientas de Hacienda para mejorar las cuentas públicas. La AIReF, en su informe sobre el Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo 2025-2028, estima que entre 2024 y 2031 la falta de ajuste del IRPF aportará 15.900 millones de euros de los 25.800 millones que el Gobierno planea obtener mediante medidas discrecionales de ingresos. Esto significa que seis de cada diez euros de ingresos adicionales provendrán de esta práctica. De no haberse considerado esta progresividad en frío como una política de aumento de ingresos, la Comisión Europea habría requerido a España presentar medidas adicionales o reducir sus proyecciones de gasto público, según advirtió la AIReF. Hasta noviembre de 2024, la recaudación total ascendió a 273.993 millones de euros, superando en más de 2.000 millones lo recaudado durante todo 2023. El IRPF representó el 44% de estos ingresos, con una recaudación de 121.069 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 7,53%, pese a que 11 comunidades autónomas, lideradas por el PP, aplicaron ajustes para mitigar parcialmente el impacto de la inflación en la tarifa autonómica del impuesto. De cara a 2025, la AIReF prevé que la falta de deflactación en el IRPF aportará 1.800 millones de euros adicionales. Paralelamente, la normalización de los precios de la energía ha impulsado significativamente los impuestos indirectos. El IVA, que representa un tercio de la recaudación, alcanzó 86.400 millones de euros hasta noviembre, un 7,45% más que en el mismo período de 2023, mientras que los Impuestos Especiales crecieron un 6,2%, llegando a 20.300 millones. Además, se espera que el fin de la rebaja del IVA de los alimentos en 2025 incremente aún más esta fuente de ingresos. Por otro lado, el Impuesto de Sociedades generó 34.000 millones de euros en los primeros once meses de 2024, registrando el mayor incremento porcentual, del 13,5%. En 2025, se anticipan ingresos adicionales por este impuesto, tras la entrada en vigor del tipo mínimo global del 15% para multinacionales y la corrección del vacío recaudatorio derivado del fallo del Tribunal Constitucional sobre las reformas previas del exministro Cristóbal Montoro.

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(El Economista, 07-01-2025) | Fiscal

Las autonomías hacen sus Cuentas a ciegas ante la falta de Presupuestos

El Gobierno inicia el 2025 con el desafío de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, tras haber prorrogado en dos ocasiones los diseñados antes de las últimas elecciones. Aunque el Ministerio de Hacienda comenzó a trabajar en estas cuentas a mediados del año pasado, no logró cumplir con el plazo constitucional de presentarlas en septiembre en el Congreso, lo que ha generado complicaciones para las comunidades autónomas. Por segundo año consecutivo, estas regiones se han visto obligadas a planificar sus presupuestos sin certezas, debido a la falta de definición sobre los objetivos de déficit para este ejercicio. La principal causa de este retraso es que el Ejecutivo no logró asegurar el respaldo parlamentario a la senda fiscal, que establece los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para los próximos años. Aunque el Consejo de Ministros aprobó esta senda en dos ocasiones, fue rechazada en una primera votación en julio debido a los votos en contra de Junts, PP y Vox, y posteriormente retirada antes de una segunda votación en septiembre. A pesar de ello, varias comunidades autónomas, principalmente gobernadas por el PP, optaron por seguir estos objetivos provisionales para elaborar sus presupuestos, aunque persiste la incertidumbre sobre su validez definitiva. De acuerdo con el informe del Ministerio de Hacienda, al cierre de diciembre, once comunidades habían aprobado sus presupuestos basándose en un déficit del 0,1%, una cifra más flexible que el superávit del 0,1% establecido en la senda anterior. Estas regiones incluyen Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. Mientras tanto, otras comunidades trabajan con presupuestos prorrogados o enfrentan complicaciones, como en Castilla y León, donde las tensiones con Vox han influido en las negociaciones presupuestarias. El margen de déficit permitido a las comunidades será un tema clave en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado. Tanto los partidos catalanes como el PP presionan para ampliar este límite. Junts, por ejemplo, exige que Cataluña pueda alcanzar un déficit del 0,8%, lo que implicaría un aumento de su capacidad financiera de 1.626 millones de euros a 13.000 millones, argumentando que la senda más permisiva del Estado es injusta. Además, este debate presupuestario podría entrelazarse con la reforma del sistema de financiación autonómica y la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica, aspectos que Moncloa prevé discutir este mes con los presidentes autonómicos. A estas demandas se suma el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Sánchez con Junts para su investidura, incluida la amnistía, lo que podría complicar aún más el diálogo. Mientras tanto, el periodo de sesiones parlamentarias no comienza hasta febrero, aunque se espera que durante este mes se convoque una sesión para votar los decretos aprobados en el último Consejo de Ministros. En este tiempo, el Gobierno planea iniciar las negociaciones formales sobre los presupuestos. Sumar presentó en septiembre una propuesta con medidas como un impuesto a los bienes de lujo y cargas fiscales a las socimis, pero el acuerdo alcanzado con el PSOE en noviembre dejó fuera la mayoría de estas iniciativas. Aunque el pacto entre Sumar y el PSOE debía impulsar las negociaciones, parece que los socialistas, al frente de Hacienda, retomarán el liderazgo en las conversaciones con otros grupos parlamentarios. Moncloa centrará sus esfuerzos en acercar posturas con Junts, mientras que sectores como el de Ione Belarra han advertido que podrían bloquear los presupuestos si no se incluyen medidas como la reducción del precio de los alquileres o el cese de relaciones con Israel. En este contexto, el Gobierno tendrá que operar con presupuestos prorrogados, ajustando partidas del proyecto inicial, mientras continúa trabajando para alcanzar un consenso político que permita la aprobación definitiva de las cuentas públicas.

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(Cinco Días, 02-01-2025) | Fiscal

Ya se pueden rescatar los planes de pensiones con más de 10 años de antigüedad

Año nuevo, nuevas oportunidades. Aunque el comienzo de 2025 no traerá un cambio drástico inmediato para la mayoría, sí marcará una diferencia para muchos españoles que contrataron planes de pensiones hace una década. Desde este miércoles 1 de enero, quienes hayan invertido en estos productos financieros al menos diez años atrás podrán disponer de su dinero, según detalla Miguel Moreno Mendieta en un artículo de CincoDías. Los planes de pensiones fueron concebidos como un instrumento de ahorro a largo plazo, diseñado para acumular recursos que complementen la pensión pública. En condiciones normales, el dinero invertido solo puede recuperarse al alcanzar la edad legal de jubilación. Para facilitar este proceso de ahorro, las aportaciones realizadas se deducen de la base imponible del IRPF. Por ejemplo, si un trabajador percibe un sueldo bruto anual de 40.000 euros y aporta 1.500 euros a su plan, tributará únicamente por 38.500 euros. No obstante, en 2018, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó un real decreto que flexibilizó considerablemente este producto financiero, aumentando su liquidez para hacerlo más atractivo. Según el Ejecutivo de entonces, permitir la recuperación de los fondos tras diez años de inversión, sin necesidad de esperar a la jubilación, ofrecía "mayor libertad y garantías al ahorrador". Además, esta reforma legislativa incluyó reducciones en las comisiones cobradas por las gestoras. A lo largo del tiempo, también se han añadido supuestos excepcionales que permiten retirar el dinero antes, como en casos de enfermedad grave, desempleo prolongado, riesgo de desahucio o circunstancias extraordinarias, como la crisis de la Covid-19 o los daños por el volcán de La Palma y la DANA en Valencia. Estas situaciones excepcionales han llevado a que, anualmente, entre 150 y 300 millones de euros sean rescatados de los planes de pensiones. Ahora, siete años después de este cambio normativo, cualquier ahorrador que cumpla los requisitos puede acudir a su entidad financiera para solicitar el reembolso de las aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 2015, junto con los rendimientos obtenidos. Según estimaciones del sector, esta cifra supera los 64.000 millones de euros, lo que representa el 51% del total de los fondos acumulados en planes de pensiones. Es importante destacar que retirar dinero de un plan no impide seguir haciendo aportaciones para otras finalidades futuras, como la jubilación, incapacidad o fallecimiento. Sin embargo, los expertos advierten que es crucial analizar previamente el impacto fiscal del rescate, ya que las cantidades retiradas se consideran rendimientos del trabajo y tributan en el IRPF bajo el mismo tipo impositivo. Por tanto, calcular si es ventajoso desde el punto de vista fiscal resulta fundamental antes de tomar una decisión.

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(Expansión, 02-01-2025) | Fiscal

El año 2025 arranca con la segunda prórroga consecutiva de los Presupuestos de 2023

A la espera de confirmar si el Gobierno logra impulsar un nuevo proyecto de presupuestos en los primeros meses del año, enero comienza con la implementación de una docena de importantes novedades fiscales, en su mayoría derivadas de la reciente reforma tributaria aprobada por el Parlamento. Los Presupuestos Generales del Estado para 2025 ascienden a 380.822 millones de euros, gracias a la prórroga de las cuentas públicas ratificada en el último Consejo de Ministros de 2024. Aunque la extensión se realiza de manera automática en ausencia de nuevos presupuestos, el Gobierno ha establecido criterios de adaptación para ajustarse a los cambios en la estructura de los ministerios. Cabe destacar que la prórroga no incluye los créditos para gastos correspondientes a proyectos que concluyeron en 2024 ni para obligaciones extinguidas en el mismo ejercicio. Por ejemplo, se ha dispuesto que cada ministerio adapte los fondos prorrogados vinculados a las ayudas europeas del programa Next Generation hasta la aprobación de nuevos presupuestos. Asimismo, se han reasignado fondos comunitarios para reparar los daños causados por la DANA. Esta es la décima vez que España inicia el año bajo una prórroga presupuestaria, algo que ya ocurrió en 1978, 1982, 1995, 2011, 2016 y 2017. Sin embargo, la prórroga por dos años consecutivos solo se había registrado anteriormente con los presupuestos de 2018 y, ahora nuevamente, con los de 2023. Aunque la prórroga aporta estabilidad en el gasto público, el inicio de 2025 viene marcado por importantes cambios en materia de ingresos fiscales. En primer lugar, la reforma fiscal incluye la adaptación de la directiva europea que establece un tipo mínimo global del 15% en el Impuesto de Sociedades para multinacionales y grandes empresas con ingresos superiores a 750 millones de euros anuales. Según la asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), esta medida podría incrementar la recaudación en 3.600 millones de euros al año. Adicionalmente, se ha elevado al 30% el tipo marginal del IRPF para los rendimientos del capital que superen los 300.000 euros anuales, lo que implica que el Fisco se quedará con 30 céntimos por cada euro excedente de esa cifra. Entre otras medidas, la reforma incluye un nuevo impuesto para las entidades financieras, que grava de manera progresiva el margen de intereses y comisiones de sus operaciones en España, con tipos que oscilan entre el 1% y el 7%. Este gravamen beneficiará directamente a las comunidades autónomas. Además, se han mantenido los ingresos derivados del triple incremento fiscal en el Impuesto de Sociedades que fue aprobado en su momento por el exministro Cristóbal Montoro y que el Tribunal Constitucional anuló en enero pasado. Con esta reforma, se limitan las deducciones por pérdidas pasadas que las grandes empresas podían utilizar para reducir su carga tributaria. Por otro lado, las pymes con ingresos de hasta un millón de euros verán una reducción gradual del Impuesto de Sociedades, que pasará del 23% actual al 17% para los primeros 50.000 euros en 2027, con un tipo del 20% para el resto. El paquete fiscal también contempla un aumento en los impuestos al tabaco y la introducción de un gravamen al vapeo, aunque su aplicación se ha retrasado hasta abril. Por último, el Gobierno prorrogó el impuesto temporal a las entidades energéticas durante 2025. Sin embargo, la recaudación efectiva dependerá de que las bonificaciones del 60% en inversiones para la descarbonización logren convencer a partidos como PNV y Junts, que han mostrado su intención de bloquear el decreto. Por otro lado, el inicio del nuevo año trae consigo el fin de las reducciones temporales de impuestos sobre la energía y los alimentos implementadas para combatir la inflación. No obstante, el IVA del aceite de oliva y de productos fermentados, como los yogures, no volverá al 10%, sino que se mantendrá de forma permanente en el 4%.

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(Expansión, 02-01-2025) | Fiscal

Senda fiscal y subida del diésel, las tareas pendientes del Gobierno

El Gobierno inicia el año con tareas pendientes heredadas de 2024. Uno de los principales atrasos es la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025, un proceso que debía haberse iniciado en septiembre pero que continúa estancado en la negociación de la senda fiscal. Además, la falta de consenso ha impedido que Hacienda lograra en 2024 avanzar en la equiparación fiscal entre el diésel y la gasolina, un compromiso asumido con la Unión Europea en dos ocasiones. Cabe destacar que el Ejecutivo ya había aprobado un techo de gasto histórico de 199.171 millones de euros para 2025, acompañado de una senda de reducción del déficit que fue rechazada por el Parlamento en julio. Ante la perspectiva de un nuevo rechazo en septiembre, debido a la alianza de Junts con PP y Vox, el Gobierno decidió retirar la propuesta. Posteriormente, el presidente Pedro Sánchez anunció la suspensión de las negociaciones sobre la senda fiscal hasta que los congresos políticos de Junts, ERC y el PSOE definieran sus liderazgos y objetivos. Junts, por su parte, endureció su posición al exigir que las autonomías reciban un tercio del margen de déficit, lo que ha bloqueado hasta ahora cualquier acuerdo sobre la senda fiscal. Mientras tanto, ERC busca obtener concesiones específicas a cambio de mantener su apoyo. El establecimiento de una nueva senda fiscal es un requisito fundamental para avanzar en la elaboración del libro amarillo de los Presupuestos, que marca el inicio del complejo proceso de tramitación parlamentaria. Por otro lado, Hacienda se comprometió con la Comisión Europea a aumentar la recaudación en 1.500 millones de euros anuales mediante medidas de fiscalidad ambiental, incluida la equiparación impositiva entre el diésel y la gasolina. Sin embargo, la oposición de Podemos impidió incluir esta medida en la reforma fiscal. Ahora, el Gobierno enfrenta el desafío de persuadir a sus socios para garantizar que convalidarán la medida en caso de que sea aprobada por decreto.

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(El Economista, 02-01-2025) | Fiscal

El Gobierno gana tiempo y retrasa a junio el primer pago del impuesto a las energéticas

El Gobierno aprobó mediante un Decreto-ley la reactivación del gravamen temporal a las empresas energéticas durante el último Consejo de Ministros, a pesar de no contar con el respaldo asegurado de Junts y PNV para su convalidación en el Congreso. Ante la posibilidad de que este impuesto sea derogado antes de finales de enero, Hacienda ha optado por retrasar el primer pago de la tasa de febrero a junio, ganando tiempo para negociar un futuro proyecto de ley. Esta decisión implica una modificación importante en el funcionamiento del gravamen, que desde su creación en 2022 exigía a las empresas energéticas realizar un pago anticipado del 50% de la liquidación en febrero, además de abonar el resto en septiembre. Con el cambio, el Ejecutivo evita la inseguridad jurídica que supondría exigir el pago en febrero de un impuesto que podría ser eliminado, lo que expondría al Estado a posibles impugnaciones y a la obligación de devolver lo recaudado con intereses. El retraso del pago otorga a Hacienda cinco meses adicionales para clarificar si el gravamen se mantendrá o no, dependiendo de la convalidación del Decreto-ley en el Congreso y de las condiciones que se fijen en su eventual transformación en proyecto de ley. Según el texto publicado en el BOE, las empresas deberán realizar el pago anticipado en los primeros 20 días de junio de 2025, siempre que la norma sea respaldada por los diputados. El Ejecutivo tiene un plazo de 30 días desde la publicación del Decreto-ley en el BOE, el 24 de diciembre, para lograr el apoyo necesario y evitar que el gravamen sea anulado. Superado este trámite, el Gobierno podría tramitar la norma como proyecto de ley, con tiempos más flexibles para definir su configuración final, incluyendo bonificaciones o exenciones. Además, este cambio permitiría concertar el impuesto con las haciendas forales, un aspecto clave para obtener el apoyo del PNV y evitar cuestionamientos de inconstitucionalidad. Sin embargo, la aprobación del Decreto-ley dependerá en gran medida de los acuerdos que el PSOE alcance con Junts y PNV, quienes han planteado reservas sobre el gravamen. Junts teme que pueda perjudicar las inversiones en Cataluña, mientras que el PNV se muestra reticente a respaldar un impuesto temporal que no beneficie directamente a las haciendas forales. En caso de que el gravamen sea anulado, Hacienda evitaría los problemas derivados de haber recaudado un impuesto posteriormente declarado nulo. A pesar de que enero no suele ser un mes activo en la actividad parlamentaria, el Congreso tendrá que reunirse de forma extraordinaria para pronunciarse sobre el Decreto-ley dentro del plazo constitucional de 30 días. Esto obliga al Gobierno a intensificar las negociaciones con los grupos parlamentarios durante el mes de enero, un periodo en el que las conversaciones han estado ralentizadas por el parón navideño. La relación entre Hacienda y los nacionalistas vascos y catalanes ha sido tensa, a pesar de haber colaborado previamente en la negociación de los Presupuestos Generales. Por su parte, el Ministerio ha buscado alianzas con otros grupos, como Bildu, ERC y BNG, logrando un compromiso para tramitar el gravamen como proyecto de ley e introducir bonificaciones solicitadas por otras formaciones. Mientras tanto, el PP mantiene su postura de rechazo a cualquier subida de impuestos y ha aprovechado la coyuntura para impulsar medidas que buscan la derogación del gravamen temporal. Este escenario ha complicado aún más el panorama para el Ejecutivo, que trabaja contrarreloj para consolidar los apoyos necesarios y dar forma definitiva a un impuesto que sigue generando divisiones políticas y económicas.

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(El Periódico, 02-01-2025) | Fiscal

La campaña de la renta en la que los parados deberán presentar la declaración comenzará el 2 de abril

Con el inicio del nuevo año, se aproxima también la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en la que se regularizan las cuentas fiscales correspondientes a los ingresos de 2024. Las declaraciones podrán presentarse por internet a partir del 2 de abril. El 6 de mayo será la fecha de inicio para quienes opten por realizar el trámite por teléfono, previa solicitud desde el 29 de abril. Para la presentación en oficinas de Hacienda o entidades colaboradoras, el plazo comenzará el 2 de junio, con posibilidad de pedir cita a partir del 29 de mayo. La campaña finalizará el 30 de junio, excepto para aquellos que deban pagar mediante domiciliación bancaria, cuyo plazo cerrará el 25 de junio. Como novedad, todos los beneficiarios de prestaciones por desempleo estarán obligados a presentar la declaración, independientemente de sus ingresos anuales. Otra modificación destacada es el aumento del mínimo exento de retención a cuenta para quienes tienen más de un pagador. Este umbral sube de 15.000 a 15.876 euros anuales, ajustándose al incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, en abril de 2024, se elevó un 5% retroactivo desde enero, alcanzando los 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas. Aunque aún no se ha aprobado un nuevo SMI para 2025, se espera que esto ocurra próximamente y que impacte en el mínimo exento de cara a la declaración de renta de 2026. Además, los contribuyentes con más de un pagador no estarán obligados a declarar si no superan los 22.000 euros de ingresos anuales, siempre que la suma de los pagos de otros empleadores no exceda los 2.500 euros, ampliando así el límite previo de 1.500 euros. En lo relativo a los perceptores de prestaciones por desempleo, el Real Decreto-ley 2/2024 establece su obligación de declarar, independientemente de los ingresos obtenidos. Según esta norma, el incumplimiento de esta obligación conllevaría la pérdida automática del derecho a recibir la prestación. Hacienda estima que, de no haberse introducido este cambio, los beneficiarios habrían debido pagar unos 330 euros. Para facilitar el proceso, se han implementado medidas como la posibilidad de pagar mediante Bizum, en línea con la estrategia de digitalización de la Agencia Tributaria. En esta campaña también se incrementa la cuantía de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo, que pasa de 6.498 a 7.302 euros anuales, beneficiando especialmente a los salarios más bajos. Esta reducción disminuirá progresivamente en dos tramos según aumenten los ingresos. Por ejemplo, para rendimientos netos del trabajo inferiores a 19.747,5 euros, siempre que no se tengan otras rentas superiores a 6.500 euros, el rendimiento neto del trabajo se reducirá en 7.302 euros. Para ingresos entre 14.852 y 17.673,52 euros, la reducción será de 7.302 euros menos el resultado de multiplicar por 1,75 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 14.852 euros. Si los ingresos están entre 17.673,52 y 19.747,5 euros, se aplicará una reducción de 2.364,34 euros menos el resultado de multiplicar por 1,14 la diferencia entre el rendimiento y 17.673,52 euros. Por otro lado, están exentos de presentar la declaración quienes perciban ayudas extraordinarias por actos de terrorismo, pensiones vinculadas a condecoraciones en ese contexto, indemnizaciones legales por daños personales, ayudas reguladas para afectados por el VIH, víctimas de la Guerra Civil, beneficiarios de anualidades por alimentos fijadas judicialmente, y receptores de ayudas por acogimiento de menores o personas dependientes. También se incluyen deportistas de alto nivel y premiados con galardones como los Premios Princesa de Asturias, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Según el Gobierno, estos beneficios alcanzarán a aproximadamente 5,2 millones de personas, quienes seguirán disfrutando de una tributación más favorable o estarán exentos del pago del IRPF.

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(Cinco Días, 31-12-2024) | Fiscal

Los clientes de planes de pensiones podrán retirar de golpe 64.000 millones desde el miércoles

A partir del 1 de enero de 2025, los planes de pensiones enfrentarán un momento crucial, ya que por primera vez desde su creación hace 38 años, los partícipes podrán retirar íntegramente los fondos acumulados, siempre y cuando las aportaciones tengan más de 10 años de antigüedad. Esto significa que estarán disponibles 64.000 millones de euros, equivalentes a la mitad del patrimonio total acumulado en estos vehículos de ahorro para la jubilación. Este cambio legal representa un alivio para personas como Pilar, una profesora interina en dificultades económicas. "Tengo varias deudas y apenas llego a fin de mes, pero podré rescatar una cantidad significativa de dinero que ingresé hace años en un plan de pensiones, lo que me permitirá saldar mis créditos. Para mí, será un gran respiro", comenta. La medida tiene su origen en un real decreto impulsado por Mariano Rajoy en 2018, que buscaba aumentar la liquidez de estos productos y fomentar las aportaciones. Originalmente, los planes de pensiones se concibieron como una herramienta de ahorro para complementar la pensión pública. Los participantes podían deducir las aportaciones de su base imponible del IRPF, con la condición de que el dinero solo estuviera disponible al alcanzar la edad de jubilación. Sin embargo, al momento de rescatar los fondos, estos tributan como rentas del trabajo, generando un diferimiento fiscal. Con la nueva normativa, esta concepción cambia. A partir de enero, cualquier persona podrá solicitar a su entidad financiera el reembolso de las aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 2015, junto con los rendimientos generados. Este monto supera los 64.000 millones de euros, lo que equivale al 51% del total acumulado en estos planes. Aunque ya existían supuestos excepcionales para retirar fondos, como casos de enfermedad grave, desempleo prolongado o situaciones de emergencia (desahucio, afectados por covid-19 o catástrofes naturales), el nuevo criterio de antigüedad es el más amplio hasta la fecha y podría desencadenar retiros masivos. Inverco, la asociación que representa a las gestoras de fondos y planes, ha expresado su preocupación, señalando que esta medida podría desvirtuar la naturaleza de los planes de pensiones. A pesar de ello, estima que el impacto podría ser moderado, como ha ocurrido en las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) del País Vasco, donde un mecanismo similar ha tenido un efecto limitado. No obstante, en países como Reino Unido, una medida equivalente sí provocó un éxodo significativo de fondos. Uno de los principales disuasores para retirar el dinero será el impacto fiscal. Los fondos rescatados tributan como rentas del trabajo en el IRPF, aplicándose el tipo marginal correspondiente. Por ejemplo, un trabajador con ingresos superiores a 60.000 euros que retire 50.000 euros de su plan de pensiones deberá pagar el 37% en impuestos, lo que equivale a entregar 18.500 euros a Hacienda. Por ello, especialistas como Paula Satrústegui, de Abante, aconsejan que, salvo necesidad extrema o conveniencia fiscal, no se rescaten los fondos antes de la jubilación. De hecho, este efecto fiscal se aplicará igualmente en el momento del retiro al alcanzar la edad de jubilación.

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