El Gobierno inicia el año con tareas pendientes heredadas de 2024. Uno de los principales atrasos es la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025, un proceso que debía haberse iniciado en septiembre pero que continúa estancado en la negociación de la senda fiscal. Además, la falta de consenso ha impedido que Hacienda lograra en 2024 avanzar en la equiparación fiscal entre el diésel y la gasolina, un compromiso asumido con la Unión Europea en dos ocasiones.
Cabe destacar que el Ejecutivo ya había aprobado un techo de gasto histórico de 199.171 millones de euros para 2025, acompañado de una senda de reducción del déficit que fue rechazada por el Parlamento en julio. Ante la perspectiva de un nuevo rechazo en septiembre, debido a la alianza de Junts con PP y Vox, el Gobierno decidió retirar la propuesta. Posteriormente, el presidente Pedro Sánchez anunció la suspensión de las negociaciones sobre la senda fiscal hasta que los congresos políticos de Junts, ERC y el PSOE definieran sus liderazgos y objetivos.
Junts, por su parte, endureció su posición al exigir que las autonomías reciban un tercio del margen de déficit, lo que ha bloqueado hasta ahora cualquier acuerdo sobre la senda fiscal. Mientras tanto, ERC busca obtener concesiones específicas a cambio de mantener su apoyo. El establecimiento de una nueva senda fiscal es un requisito fundamental para avanzar en la elaboración del libro amarillo de los Presupuestos, que marca el inicio del complejo proceso de tramitación parlamentaria.
Por otro lado, Hacienda se comprometió con la Comisión Europea a aumentar la recaudación en 1.500 millones de euros anuales mediante medidas de fiscalidad ambiental, incluida la equiparación impositiva entre el diésel y la gasolina. Sin embargo, la oposición de Podemos impidió incluir esta medida en la reforma fiscal. Ahora, el Gobierno enfrenta el desafío de persuadir a sus socios para garantizar que convalidarán la medida en caso de que sea aprobada por decreto.
El Gobierno aprobó mediante un Decreto-ley la reactivación del gravamen temporal a las empresas energéticas durante el último Consejo de Ministros, a pesar de no contar con el respaldo asegurado de Junts y PNV para su convalidación en el Congreso. Ante la posibilidad de que este impuesto sea derogado antes de finales de enero, Hacienda ha optado por retrasar el primer pago de la tasa de febrero a junio, ganando tiempo para negociar un futuro proyecto de ley.
Esta decisión implica una modificación importante en el funcionamiento del gravamen, que desde su creación en 2022 exigía a las empresas energéticas realizar un pago anticipado del 50% de la liquidación en febrero, además de abonar el resto en septiembre. Con el cambio, el Ejecutivo evita la inseguridad jurídica que supondría exigir el pago en febrero de un impuesto que podría ser eliminado, lo que expondría al Estado a posibles impugnaciones y a la obligación de devolver lo recaudado con intereses.
El retraso del pago otorga a Hacienda cinco meses adicionales para clarificar si el gravamen se mantendrá o no, dependiendo de la convalidación del Decreto-ley en el Congreso y de las condiciones que se fijen en su eventual transformación en proyecto de ley. Según el texto publicado en el BOE, las empresas deberán realizar el pago anticipado en los primeros 20 días de junio de 2025, siempre que la norma sea respaldada por los diputados.
El Ejecutivo tiene un plazo de 30 días desde la publicación del Decreto-ley en el BOE, el 24 de diciembre, para lograr el apoyo necesario y evitar que el gravamen sea anulado. Superado este trámite, el Gobierno podría tramitar la norma como proyecto de ley, con tiempos más flexibles para definir su configuración final, incluyendo bonificaciones o exenciones. Además, este cambio permitiría concertar el impuesto con las haciendas forales, un aspecto clave para obtener el apoyo del PNV y evitar cuestionamientos de inconstitucionalidad.
Sin embargo, la aprobación del Decreto-ley dependerá en gran medida de los acuerdos que el PSOE alcance con Junts y PNV, quienes han planteado reservas sobre el gravamen. Junts teme que pueda perjudicar las inversiones en Cataluña, mientras que el PNV se muestra reticente a respaldar un impuesto temporal que no beneficie directamente a las haciendas forales. En caso de que el gravamen sea anulado, Hacienda evitaría los problemas derivados de haber recaudado un impuesto posteriormente declarado nulo.
A pesar de que enero no suele ser un mes activo en la actividad parlamentaria, el Congreso tendrá que reunirse de forma extraordinaria para pronunciarse sobre el Decreto-ley dentro del plazo constitucional de 30 días. Esto obliga al Gobierno a intensificar las negociaciones con los grupos parlamentarios durante el mes de enero, un periodo en el que las conversaciones han estado ralentizadas por el parón navideño.
La relación entre Hacienda y los nacionalistas vascos y catalanes ha sido tensa, a pesar de haber colaborado previamente en la negociación de los Presupuestos Generales. Por su parte, el Ministerio ha buscado alianzas con otros grupos, como Bildu, ERC y BNG, logrando un compromiso para tramitar el gravamen como proyecto de ley e introducir bonificaciones solicitadas por otras formaciones.
Mientras tanto, el PP mantiene su postura de rechazo a cualquier subida de impuestos y ha aprovechado la coyuntura para impulsar medidas que buscan la derogación del gravamen temporal. Este escenario ha complicado aún más el panorama para el Ejecutivo, que trabaja contrarreloj para consolidar los apoyos necesarios y dar forma definitiva a un impuesto que sigue generando divisiones políticas y económicas.
Con el inicio del nuevo año, se aproxima también la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en la que se regularizan las cuentas fiscales correspondientes a los ingresos de 2024. Las declaraciones podrán presentarse por internet a partir del 2 de abril. El 6 de mayo será la fecha de inicio para quienes opten por realizar el trámite por teléfono, previa solicitud desde el 29 de abril. Para la presentación en oficinas de Hacienda o entidades colaboradoras, el plazo comenzará el 2 de junio, con posibilidad de pedir cita a partir del 29 de mayo. La campaña finalizará el 30 de junio, excepto para aquellos que deban pagar mediante domiciliación bancaria, cuyo plazo cerrará el 25 de junio. Como novedad, todos los beneficiarios de prestaciones por desempleo estarán obligados a presentar la declaración, independientemente de sus ingresos anuales.
Otra modificación destacada es el aumento del mínimo exento de retención a cuenta para quienes tienen más de un pagador. Este umbral sube de 15.000 a 15.876 euros anuales, ajustándose al incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que, en abril de 2024, se elevó un 5% retroactivo desde enero, alcanzando los 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas. Aunque aún no se ha aprobado un nuevo SMI para 2025, se espera que esto ocurra próximamente y que impacte en el mínimo exento de cara a la declaración de renta de 2026. Además, los contribuyentes con más de un pagador no estarán obligados a declarar si no superan los 22.000 euros de ingresos anuales, siempre que la suma de los pagos de otros empleadores no exceda los 2.500 euros, ampliando así el límite previo de 1.500 euros.
En lo relativo a los perceptores de prestaciones por desempleo, el Real Decreto-ley 2/2024 establece su obligación de declarar, independientemente de los ingresos obtenidos. Según esta norma, el incumplimiento de esta obligación conllevaría la pérdida automática del derecho a recibir la prestación. Hacienda estima que, de no haberse introducido este cambio, los beneficiarios habrían debido pagar unos 330 euros. Para facilitar el proceso, se han implementado medidas como la posibilidad de pagar mediante Bizum, en línea con la estrategia de digitalización de la Agencia Tributaria.
En esta campaña también se incrementa la cuantía de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo, que pasa de 6.498 a 7.302 euros anuales, beneficiando especialmente a los salarios más bajos. Esta reducción disminuirá progresivamente en dos tramos según aumenten los ingresos. Por ejemplo, para rendimientos netos del trabajo inferiores a 19.747,5 euros, siempre que no se tengan otras rentas superiores a 6.500 euros, el rendimiento neto del trabajo se reducirá en 7.302 euros. Para ingresos entre 14.852 y 17.673,52 euros, la reducción será de 7.302 euros menos el resultado de multiplicar por 1,75 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 14.852 euros. Si los ingresos están entre 17.673,52 y 19.747,5 euros, se aplicará una reducción de 2.364,34 euros menos el resultado de multiplicar por 1,14 la diferencia entre el rendimiento y 17.673,52 euros.
Por otro lado, están exentos de presentar la declaración quienes perciban ayudas extraordinarias por actos de terrorismo, pensiones vinculadas a condecoraciones en ese contexto, indemnizaciones legales por daños personales, ayudas reguladas para afectados por el VIH, víctimas de la Guerra Civil, beneficiarios de anualidades por alimentos fijadas judicialmente, y receptores de ayudas por acogimiento de menores o personas dependientes. También se incluyen deportistas de alto nivel y premiados con galardones como los Premios Princesa de Asturias, siempre que cumplan los requisitos establecidos. Según el Gobierno, estos beneficios alcanzarán a aproximadamente 5,2 millones de personas, quienes seguirán disfrutando de una tributación más favorable o estarán exentos del pago del IRPF.
A partir del 1 de enero de 2025, los planes de pensiones enfrentarán un momento crucial, ya que por primera vez desde su creación hace 38 años, los partícipes podrán retirar íntegramente los fondos acumulados, siempre y cuando las aportaciones tengan más de 10 años de antigüedad. Esto significa que estarán disponibles 64.000 millones de euros, equivalentes a la mitad del patrimonio total acumulado en estos vehículos de ahorro para la jubilación.
Este cambio legal representa un alivio para personas como Pilar, una profesora interina en dificultades económicas. "Tengo varias deudas y apenas llego a fin de mes, pero podré rescatar una cantidad significativa de dinero que ingresé hace años en un plan de pensiones, lo que me permitirá saldar mis créditos. Para mí, será un gran respiro", comenta.
La medida tiene su origen en un real decreto impulsado por Mariano Rajoy en 2018, que buscaba aumentar la liquidez de estos productos y fomentar las aportaciones. Originalmente, los planes de pensiones se concibieron como una herramienta de ahorro para complementar la pensión pública. Los participantes podían deducir las aportaciones de su base imponible del IRPF, con la condición de que el dinero solo estuviera disponible al alcanzar la edad de jubilación. Sin embargo, al momento de rescatar los fondos, estos tributan como rentas del trabajo, generando un diferimiento fiscal.
Con la nueva normativa, esta concepción cambia. A partir de enero, cualquier persona podrá solicitar a su entidad financiera el reembolso de las aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 2015, junto con los rendimientos generados. Este monto supera los 64.000 millones de euros, lo que equivale al 51% del total acumulado en estos planes.
Aunque ya existían supuestos excepcionales para retirar fondos, como casos de enfermedad grave, desempleo prolongado o situaciones de emergencia (desahucio, afectados por covid-19 o catástrofes naturales), el nuevo criterio de antigüedad es el más amplio hasta la fecha y podría desencadenar retiros masivos. Inverco, la asociación que representa a las gestoras de fondos y planes, ha expresado su preocupación, señalando que esta medida podría desvirtuar la naturaleza de los planes de pensiones. A pesar de ello, estima que el impacto podría ser moderado, como ha ocurrido en las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) del País Vasco, donde un mecanismo similar ha tenido un efecto limitado. No obstante, en países como Reino Unido, una medida equivalente sí provocó un éxodo significativo de fondos.
Uno de los principales disuasores para retirar el dinero será el impacto fiscal. Los fondos rescatados tributan como rentas del trabajo en el IRPF, aplicándose el tipo marginal correspondiente. Por ejemplo, un trabajador con ingresos superiores a 60.000 euros que retire 50.000 euros de su plan de pensiones deberá pagar el 37% en impuestos, lo que equivale a entregar 18.500 euros a Hacienda. Por ello, especialistas como Paula Satrústegui, de Abante, aconsejan que, salvo necesidad extrema o conveniencia fiscal, no se rescaten los fondos antes de la jubilación. De hecho, este efecto fiscal se aplicará igualmente en el momento del retiro al alcanzar la edad de jubilación.
La supresión de la bonificación al impuesto de hidrocarburos para el diésel, comprometida por Hacienda con la Unión Europea como parte de los acuerdos para recibir fondos comunitarios, se encuentra paralizada debido a la compleja configuración del Parlamento. El Gobierno carece de los apoyos necesarios para aprobar la medida y muestra pesimismo respecto a lograr los votos de sus socios en los próximos meses.
Aunque Hacienda tiene listo el plan para encarecer el precio del diésel, la falta de respaldo político bloquea su implementación. Según fuentes del sector, el incremento sería de 9,36 céntimos por litro sin impuestos y de 11,30 céntimos con IVA, un aumento que asumirían los consumidores. La intención de esta medida es promover una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, el gasóleo profesional, utilizado por transportistas, empresas de pasajeros y taxistas, estaría exento. Se estima que esta modificación permitiría recaudar entre 1.200 y 1.400 millones de euros anuales.
En un principio, los partidos que apoyaron la investidura del Gobierno, tanto de izquierda como de derecha, acordaron respaldar la medida en una enmienda incluida en el paquete fiscal que entrará en vigor el 1 de enero. Sin embargo, en el debate parlamentario, el PSOE incorporó la iniciativa junto con otras propuestas, como la reforma del régimen fiscal de las socimis, lo que llevó a Podemos a votar en contra. Ante este revés, el Gobierno barajó aprobar el incremento impositivo mediante un real decreto-ley, pero la situación se ha complicado con el paso del tiempo.
Podemos, por su parte, ha condicionado su apoyo a la equiparación del impuesto del diésel al de la gasolina a la prórroga del impuesto temporal a las energéticas. Aunque esta figura fiscal se prolongará a partir del 1 de enero, deberá ser convalidada en el Congreso durante el mes. Junts y el PNV ya han manifestado su oposición a la medida, lo que pone en riesgo su continuidad. Si este gravamen decae, es previsible que Podemos no respalde la subida del diésel.
La eliminación de la bonificación al diésel responde al objetivo de reducir la contaminación y forma parte de los compromisos adquiridos por España en el marco del Plan de Recuperación presentado a la Comisión Europea. De no cumplir con este acuerdo, el Gobierno podría enfrentarse a la necesidad de renegociar los términos con Bruselas para evitar el bloqueo de una parte de los fondos europeos. Hacienda, sin embargo, cuenta con un margen de tres meses, hasta el 30 de marzo, para intentar aprobar la medida, que inicialmente estaba prevista para entrar en vigor el 1 de abril de 2025.
Si Podemos mantiene su postura, la única alternativa para Hacienda sería buscar el apoyo del Partido Popular (PP) en el Parlamento. No obstante, el principal partido de la oposición ha destacado su éxito en la negociación de rebajas fiscales para familias y empresas, gracias a sus pactos con Junts, y no parece dispuesto a facilitar la aprobación de este ajuste fiscal.
Las estafas de phishing, que consisten en el envío de mensajes fraudulentos que aparentan ser de la Agencia Tributaria, pueden considerarse como una pérdida patrimonial en la declaración de la Renta siempre que se justifiquen de manera adecuada. Según Raquel Jurado, técnica del Servicio de Estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), esta justificación requiere presentar una denuncia ante la Guardia Civil u otra autoridad competente.
En este sentido, los afectados por estas estafas tienen la posibilidad de incluir la pérdida patrimonial en la base general de su declaración de la Renta, siempre que esté "suficientemente" acreditada. La Dirección General de Tributos (DGT) establece que dicha pérdida debe imputarse en el ejercicio fiscal en el que haya tenido lugar el fraude.
La Agencia Tributaria advierte en su sitio web que los correos electrónicos y mensajes SMS fraudulentos que suplantan su identidad tienen como objetivo obtener datos personales o bancarios de las víctimas. Esto puede hacerse redirigiéndolas a una página web falsa que imita a la de la Agencia Tributaria o mediante la descarga de archivos infectados con virus.
Asimismo, la Agencia recalca que nunca solicita información confidencial, financiera o personal, como números de cuentas bancarias o tarjetas de crédito, a través de correos electrónicos o mensajes de texto. Tampoco envía documentos anexos con detalles de facturas u otro tipo de información.
En 2024, Hacienda ha detectado varias campañas de suplantación de identidad. Un ejemplo destacado es el envío de SMS fraudulentos dirigidos a mutualistas jubilados, en los que se les pedían los datos de sus tarjetas bancarias. Posteriormente, las víctimas recibían una llamada en la que se les solicitaba realizar transferencias desde sus cuentas bancarias bajo el pretexto de gestionar una supuesta devolución relacionada con la campaña "Solicitudes de devolución del IRPF 2020-2023 por pensionistas que realizaron aportaciones a mutualidades" mediante un nuevo método.
Otro tipo frecuente de fraude consiste en mensajes en los que se informa al ciudadano de una supuesta incidencia grave en su declaración de la Renta. En estos casos, se exige el envío inmediato de documentación para evitar sanciones o se proporciona un enlace para acceder a una nueva notificación, indicando que solo se dispone de 48 horas para responder. Hacienda alerta sobre la importancia de no caer en este tipo de engaños y verificar siempre la autenticidad de las comunicaciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha determinado que la Agencia Tributaria debe probar de manera concreta la existencia de ahorro fiscal o fraude para justificar una regularización tributaria respecto a ciudadanos extranjeros que adquieren viviendas de lujo en España a través de sociedades. Según el tribunal, no es suficiente que Hacienda argumente que el contribuyente pagó menos en el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) porque la propiedad del inmueble estaba a nombre de una sociedad controlada al 100% por el extranjero.
La sentencia, fechada el 30 de octubre, aborda el caso de un ciudadano ruso que era propietario de una sociedad, la cual a su vez poseía otra empresa titular de un apartamento de lujo en Marbella. Este ciudadano residía en el inmueble pagando un alquiler a la empresa, hasta que la sociedad vendedora cedió la firma, incluyendo el piso.
Tras una inspección, Hacienda decidió regularizar tanto a la empresa propietaria del inmueble como al ciudadano ruso, bajo la presunción de que se simulaba un alquiler para eludir impuestos. La Agencia argumentó que la empresa no ejercía una actividad real de arrendamiento y, por ende, no podía declarar los ingresos por alquiler en el Impuesto de Sociedades ni deducir los gastos relacionados con la vivienda.
Además, Hacienda afirmó que el dinero pagado en concepto de alquiler realmente cubría los salarios y la Seguridad Social de una persona contratada para el mantenimiento del inmueble, lo que implicaba que el contribuyente debía tributar en el IRNR tanto por las rentas generadas como por las ganancias obtenidas tras la venta de la empresa propietaria.
No obstante, el TSJM concluyó que la sociedad contaba con los recursos necesarios para desempeñar la actividad de arrendamiento. Estaba registrada en el Impuesto de Actividades Económicas y tenía contratada a una persona a tiempo completo para gestionar la propiedad en Marbella. Según la sentencia, Hacienda no presentó pruebas suficientes para respaldar sus afirmaciones de simulación.
El tribunal también señaló que el hecho de que una empresa fuera propietaria del 100% de la entidad que tenía el inmueble, y que esta a su vez perteneciera al ciudadano ruso, no implica necesariamente una simulación o fraude. Además, destacó que la titularidad de las sociedades fue declarada, por lo que no hubo ocultación.
El fallo establece que no se demostró que la sociedad actuara como una pantalla o fuera ficticia para obtener beneficios fiscales. Asimismo, subraya que no basta con alegar que la tributación mediante el Impuesto sobre Sociedades supuso un ahorro fiscal en comparación con el IRNR; Hacienda debía fundamentar esa afirmación con datos concretos. Por todo ello, el TSJM anuló las regularizaciones efectuadas por la Agencia Tributaria.
La llamada financiación singular de Cataluña, que emula al modelo del concierto económico vigente en el País Vasco y Navarra, se ha convertido en el eje central del gobierno de Salvador Illa. ERC condicionó la investidura del líder socialista a la reforma del sistema de financiación autonómica, un compromiso que el Govern ha asegurado cumplir a pesar del rechazo evidente por parte de altos funcionarios del Ministerio de Hacienda. Aunque el nuevo modelo llevará años en implementarse, el ejecutivo catalán ha fijado como primer objetivo gestionar la Campaña de la Renta de 2025.
Para alcanzar esta meta, será necesario establecer a lo largo del próximo año las bases legales y técnicas que permitan a los contribuyentes presentar sus declaraciones en 2026 ante la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en lugar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Sin embargo, fuentes consultadas por elEconomista.es destacan los importantes retos que supone este cambio en el control de los ingresos fiscales, especialmente considerando los ajustados plazos disponibles.
La ATC enfrenta no solo una falta de personal -Illá ha reconocido que será necesario cuadruplicar los recursos humanos de la Hacienda catalana, que actualmente cuenta con solo 852 empleados, de los cuales solo el 34% pertenece a cuerpos tributarios-, sino también que las retenciones actuales no se ingresan en una cuenta bajo control de la Generalitat.
Además, hasta el momento no se ha desarrollado ninguna campaña informativa dirigida ni a los trabajadores de la ATC ni a las empresas sobre cómo adaptarse a la futura Campaña de la Renta autonómica. Esto ha llevado a que tanto la IHE como Gestha -organizaciones que agrupan a inspectores y técnicos de Hacienda- critiquen duramente los acuerdos de financiación pactados entre PSC y ERC.
Ambas entidades han advertido de los riesgos que podría generar este modelo, como dificultar la lucha contra el fraude fiscal al fragmentar la base de datos única de Hacienda, considerada una de las instituciones más eficientes del Estado. También alertan de que este cambio podría complicar las devoluciones del IRPF y obstaculizar el control sobre grandes patrimonios, multinacionales y contribuyentes relevantes.
Estas preocupaciones fueron resaltadas por la IHE durante un congreso celebrado en octubre, donde se expuso que la desconexión de la administración tributaria en Cataluña agravaría los problemas de gestión. La oposición de los inspectores es tan contundente que han planteado la posibilidad de recurrir a los tribunales para frenar cualquier intento de romper la estructura tributaria estatal.
Un desafío adicional radica en la dificultad para atraer a los trabajadores más cualificados de la AEAT hacia la Generalitat. Según las fuentes consultadas, la mayoría prefiere mantenerse en la Administración General del Estado para tener la opción de trasladarse a otras comunidades autónomas si lo consideran necesario. Además, estos profesionales perciben salarios elevados, lo que complica seducirlos con ofertas económicas más atractivas. Cabe recordar que la Generalitat ya intentó en el pasado facilitar el traslado de inspectores y gestores a la ATC mediante un mecanismo que tuvo escasa acogida y que, para colmo, fue anulado por el Tribunal Supremo en 2015.
El Consejo General de Economistas (CGE) ha expresado su desacuerdo con los nuevos impuestos dirigidos a la banca y las energéticas, que entrarán en vigor en 2025, al considerar que estos tributos sectoriales carecen de una justificación económica sólida. Según Valentín Pich, presidente del CGE, "parece que los impuestos se crean y eliminan en función de intereses meramente políticos, sin considerar la recaudación ni los posibles beneficios que puedan generar". Además, criticó que estas medidas puedan contribuir a una percepción negativa de las empresas simplemente por generar beneficios. También cuestionaron la forma en que estas reformas han sido aprobadas, de manera fragmentada y apresurada al final del año, lo que genera "inseguridad jurídica e incertidumbre", según Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-CGE).
El impuesto a la banca, que se estableció en 2022 de forma temporal para gravar los beneficios extraordinarios derivados del alza de los tipos de interés, se prolongará por tres años más y será progresivo, ajustándose al volumen del margen de intereses y comisiones generado por las entidades. Por su parte, el nuevo gravamen a las grandes energéticas, aprobado por decreto el pasado 23 de diciembre, incluye incentivos para inversiones en energías verdes. Sin embargo, este impuesto enfrenta un futuro incierto debido a la falta de apoyos suficientes en las Cortes para su convalidación.
Pich expresó su escepticismo respecto a estos gravámenes específicos: "No estamos de acuerdo con los impuestos sectoriales. Cuando las empresas tienen ganancias, ya pagan el impuesto de sociedades; si tienen pérdidas, es su problema. Aplicar tributos específicos a sectores concretos puede generar un efecto adverso, transmitiendo la idea de demonizar a ciertas industrias". Añadió que, en lugar de imponer impuestos adicionales, sería más apropiado ofrecer incentivos para fomentar la reinversión.
Además de los tributos mencionados, el Gobierno ha impulsado un paquete fiscal que incluye cambios significativos en diversas áreas impositivas. En el IRPF, se incrementa en dos puntos el tipo aplicado a la base del ahorro para ingresos superiores a 300.000 euros, lo que, según el REAF-CGE, genera una disparidad entre la tributación de personas físicas y empresas. También se introducen exenciones fiscales para los fondos destinados a cubrir daños por fenómenos naturales y se amplían las deducciones por eficiencia energética en viviendas y la compra de vehículos eléctricos.
Por otra parte, en el impuesto de sociedades, se contemplan reducciones de tipos para pymes y micropymes, además de prorrogar hasta 2025 la libertad de amortización para inversiones en energías renovables. Asimismo, se han introducido mejoras en la reserva de capitalización y se han mantenido los límites para la compensación de bases negativas. En el IVA, los yogures y algunos aceites tendrán un tipo superreducido del 4%, y se implementarán medidas para combatir el fraude en el comercio de combustibles.
El paquete fiscal también prevé un aumento de los impuestos sobre el tabaco y la entrada en vigor de un tributo sobre los vapeadores. Sin embargo, el CGE considera que todas estas medidas debieron ser aprobadas en un marco más estructurado, como una ley de presupuestos, en lugar de incluirse a última hora en leyes ya existentes. "Hubiera sido más apropiado aprobar estas reformas tributarias de forma específica y planificada", concluyó el organismo.
El próximo año estará marcado por una progresiva estabilización de los precios en distintos sectores y un enfoque en la contención tras los cambios generados desde la pandemia. Las proyecciones sugieren que la inflación continuará disminuyendo, el transporte público mantendrá los descuentos introducidos en 2022, las pensiones se incrementarán según el índice de precios al consumo, y los costes hipotecarios y de financiación se reducirán debido a una probable bajada del euríbor, favorecida por la relajación de la política monetaria.
Por otro lado, habrá cambios que impactarán negativamente a algunos sectores. Finalizarán las rebajas fiscales en alimentos y energía, se aplicarán mayores cotizaciones tanto para trabajadores como para empresas, se introducirá un nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos, y las grandes compañías de telecomunicaciones incrementarán sus tarifas. Asimismo, el acceso a la vivienda seguirá siendo un desafío, ya que no se esperan disminuciones significativas en los precios de alquiler ni de compra.
Quedan además temas pendientes en un contexto de incertidumbre generalizada. Todavía no se han concretado las subidas del salario mínimo y de los sueldos de los funcionarios, y sigue pendiente el aumento fiscal al diésel exigido por la Unión Europea. A pesar de que los bancos centrales han iniciado una etapa más expansiva, mantienen la vigilancia ante el riesgo de un repunte de la inflación. Además, un posible regreso de políticas proteccionistas con la vuelta de Trump podría desencadenar nuevas tensiones en los precios.
Cambios destacados en 2025: Energía. El recibo de la luz se verá afectado por el regreso del IVA al 21%, tras el fin de las medidas excepcionales por la crisis energética. Este ajuste impactará tanto a los clientes del mercado regulado como del libre. Sin embargo, podría haber cierta compensación si prospera la eliminación del impuesto sobre la producción eléctrica, lo que beneficiaría a los consumidores finales. Por otro lado, los descuentos del bono social se reducirán progresivamente: en enero, la bonificación para consumidores vulnerables pasará del 57,5% al 50%, y la de los vulnerables severos del 72,5% al 65%. En julio, estos descuentos bajarán aún más, al 35% y al 50%, respectivamente. En cuanto al gas, se esperan ajustes en las tarifas reguladas y en el precio de la bombona de butano, mientras que el bono social térmico ya volvió a los niveles previos a la crisis a mediados de 2024.
Carburantes. Antes de marzo, el Gobierno deberá aplicar un incremento fiscal al diésel para equiparar su carga impositiva con la de la gasolina, lo que podría encarecer este combustible en unos 11 céntimos por litro. Además, el fortalecimiento del dólar podría influir al alza en los precios, aunque esta tendencia podría ser compensada por la debilidad del crudo debido al exceso de oferta global.
Salarios y pensiones. En 2025, las pensiones contributivas aumentarán un 2,8% en general, mientras que las mínimas lo harán en un 6%. Las no contributivas y el ingreso mínimo vital subirán un 9%. El salario mínimo, actualmente en 1.134 euros mensuales, también será objeto de negociación para una nueva subida. Además, los empleados públicos recibirán un aumento adicional del 0,5% a partir de enero para ajustar el IPC de 2024. Por otro lado, las cotizaciones sociales aumentarán tanto para empresarios como para trabajadores. También se aplicarán nuevas sobrecotizaciones, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad para los salarios que excedan la base máxima de cotización.
Impuestos. Finalizan las reducciones fiscales en alimentos y energía. El IVA en alimentos básicos, como pan y verduras, volverá al 4%, mientras que pastas y aceites de semilla regresarán al 10%. El aceite de oliva, sin embargo, se mantendrá en el tipo superreducido del 4%. Además, entrará en vigor un impuesto a los vapeadores, se incrementará el IRPF para rentas altas, y habrá nuevas medidas fiscales para las grandes empresas y multinacionales.
Vivienda. La actualización anual de las rentas de alquiler perderá el límite del 3% vigente en 2024, quedando regulada por el IPC o un nuevo indicador para contratos firmados tras mayo de 2023. Sin embargo, los precios de alquiler podrían subir entre un 7% y un 10% a lo largo del año, mientras que las viviendas en venta también se encarecerán, al menos un 4%. Por el contrario, las cuotas de las hipotecas variables o mixtas continuarán reduciéndose, favorecidas por la caída del euríbor.
Transporte. Las ayudas al transporte público se mantendrán hasta junio. Esto incluye descuentos del 100% en abonos de Cercanías y Media Distancia, y del 50% en transporte urbano. En julio, se introducirán nuevas medidas como un billete único mensual de Cercanías por 20 euros, gratuidad para menores de 15 años y descuentos para jóvenes.
Telecomunicaciones y correos. Las principales operadoras de telecomunicaciones incrementarán sus tarifas durante el primer trimestre, con subidas de hasta seis euros mensuales en algunos casos. En cuanto a Correos, el precio de los sellos y los envíos nacionales e internacionales también experimentará un alza, reflejando los ajustes inflacionarios. En general, 2025 será un año de ajustes significativos, marcado por mejoras parciales en algunos sectores y desafíos en otros, en medio de una lenta recuperación económica.
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