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(El Economista, 17-03-2025) | Fiscal

Los impuestos propios autonómicos ya suman casi 70 este año

La Constitución de 1978 otorga a las comunidades autónomas la facultad de establecer y aplicar tributos propios en sus territorios. Con el tiempo, las administraciones regionales han ido incorporando distintas figuras impositivas que se suman a los impuestos estatales, alcanzando este año un total de casi 70 tributos propios en las 15 comunidades que forman parte del régimen fiscal común, lo que supone un máximo histórico. Según el informe anual del Consejo General de Economistas, Cataluña es la comunidad autónoma con el mayor número de impuestos propios, superando la decena y representando aproximadamente el 20% del total de tributos autonómicos vigentes en España. En contraste, la Comunidad de Madrid, que tiene un PIB similar, no aplica ningún tributo de este tipo. Las comunidades han creado una amplia variedad de figuras impositivas y, en comparación con el año anterior, Galicia, Aragón y Castilla-La Mancha han incorporado nuevos tributos, elevando la cifra de 62 a 66. Aragón ha implementado una tasa medioambiental sobre parques eólicos y otra sobre instalaciones fotovoltaicas, mientras que Castilla-La Mancha ha establecido un canon ambiental vinculado a la Directiva Marco del Agua. Los expertos en fiscalidad destacan que el número de impuestos autonómicos ha ido aumentando con el tiempo, aunque en los últimos años el ritmo de crecimiento se ha desacelerado. En su mayoría, estos tributos están relacionados con cuestiones medioambientales. El Consejo General de Economistas los considera impuestos propios, aunque la Ley General Tributaria no los clasifica explícitamente como impuestos, tasas o contribuciones especiales. El informe señala que algunas comunidades, como Cantabria, Murcia, La Rioja y la Comunidad Valenciana, aplican un canon de saneamiento que definen como impuesto propio en su normativa. Galicia, por su parte, también lo considera un tributo autonómico sin especificar su clasificación. Sin embargo, en Castilla-La Mancha, figuras como el canon de aducción y el de depuración de aguas tienen la naturaleza jurídica de tasas y no de impuestos. Cataluña, al contar con el mayor número de tributos propios, también es la comunidad que más ingresos obtiene a través de ellos, representando un 39% de la recaudación total de su hacienda autonómica. No obstante, los datos más recientes disponibles corresponden a los ejercicios de 2021 y 2022, ya que la recopilación de información fiscal actualizada resulta compleja. Desde un punto de vista práctico, estos datos permiten evaluar la eficiencia de los tributos autonómicos. La teoría económica indica que un impuesto es ineficiente cuando genera distorsiones en la economía y su recaudación no compensa los costes administrativos de su aplicación. Según el informe de los economistas, los impuestos autonómicos representan apenas el 2,2% del total de ingresos tributarios de las comunidades en 2022, lo que pone en evidencia su escasa eficacia y, en algunos casos, su diseño defectuoso. Además, pueden generar dificultades para los contribuyentes al solaparse con tributos estatales o de otras comunidades. Los especialistas en fiscalidad advierten que, en algunos casos, lo que en unas comunidades se considera impuesto, en otras se grava mediante tasas, lo que añade complejidad al sistema. A pesar del aumento del número de tributos respecto al año anterior, se observa una tendencia progresiva hacia la reducción de impuestos autonómicos en el régimen común. La Comunidad de Madrid ha liderado esta dinámica al eliminar sus tasas, una estrategia que han seguido otras regiones, manteniendo solo un número limitado de tributos propios con menor impacto económico.

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(La Vanguardia, 17-03-2025) | Fiscal

Hacienda aplaza un año la obligación de los parados de presentar la declaración de la renta

El Gobierno ha decidido dar marcha atrás en la reforma normativa aprobada hace casi un año y finalmente no exigirá a los beneficiarios del desempleo presentar la declaración de la Renta en este ejercicio. Esta obligación, incluida en el real decreto de mejora del subsidio por desempleo aprobado en mayo de 2024, iba a aplicarse ya en la campaña que comienza en las próximas semanas. La modificación afectaba el artículo 299 de la Ley de Seguridad Social, estableciendo la exigencia de presentar anualmente la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sin embargo, una instrucción reciente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) indica que la medida se pospone hasta 2026, cuando entrará en vigor nuevamente para los ingresos correspondientes a 2025. Con esta rectificación, el Ministerio de Trabajo evita que aproximadamente 100.000 beneficiarios del desempleo se vean afectados por la obligación fiscal. Estas personas habrían tenido que presentar la declaración al superar los umbrales de 15.000 euros anuales en caso de contar con dos pagadores o de 22.000 euros con un solo pagador. Según cálculos del REAF-Consejo General de Economistas, la carga fiscal habría supuesto un pago adicional de hasta 180 euros en la declaración correspondiente a los ingresos de 2024. Hasta ahora, los contribuyentes con ingresos inferiores a 22.000 euros anuales de un solo pagador no estaban obligados a presentar la declaración. Sin embargo, al exigirse como requisito para mantener la prestación por desempleo, aquellos con ingresos de 16.000 euros anuales habrían tenido que tributar tanto en el tramo estatal como en el autonómico. De esta manera, se calculaba que la cantidad a pagar oscilaría entre los 10 euros para quienes percibieran una prestación de 16.000 euros y los 180 euros en el caso de ingresos de 18.000 euros anuales. El SEPE ha aclarado que no presentar la declaración en la campaña de este año no tendrá consecuencias en la tramitación de las prestaciones. En su momento, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, justificó la medida como un simple requisito documental destinado a mejorar el control de las rentas de los beneficiarios, con el objetivo de garantizar el derecho al cobro de la prestación contributiva y el subsidio por desempleo. No obstante, como en años anteriores, sí estarán obligados a presentar la declaración de la Renta los trabajadores autónomos, independientemente de sus ingresos, así como los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Desde el Ministerio de Trabajo se buscó normalizar la medida equiparándola a otras prestaciones, tanto contributivas como asistenciales. En esta campaña de la Renta correspondiente a 2024, estarán obligados a declarar aquellos contribuyentes cuyos rendimientos del trabajo sean inferiores a 22.000 euros pero superen los 15.876 euros anuales cuando procedan de más de un pagador y el segundo pagador o los siguientes aporten en conjunto más de 1.500 euros. Este umbral se ha incrementado con respecto a la Renta de 2023, cuando era de 15.000 euros. Asimismo, deberán presentar la declaración quienes superen los 15.876 euros anuales y perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas. También estarán obligados aquellos cuyos pagadores no estén sujetos a retención, como ocurre con algunas pensiones del extranjero, o quienes perciban rendimientos sujetos a un tipo fijo de retención.

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(El Economista, 17-03-2025) | Fiscal

Hacienda deja en el limbo la tributación de miles de autónomos a 15 días de pagar el IRPF

A tan solo dos semanas de que los autónomos deban abonar el primer pago fraccionado del IRPF correspondiente al primer trimestre del año, la incertidumbre sobre su régimen de tributación persiste. Hacienda aún no ha definido los límites de facturación que determinarán si estos trabajadores pueden acogerse al sistema de módulos (estimación objetiva) o si, por el contrario, deberán tributar mediante estimación directa. Desde 2016, los autónomos pueden tributar por módulos si su facturación anual no supera los 250.000 euros cuando venden a particulares o los 125.000 euros si facturan a empresas. Estos umbrales han sido prorrogados anualmente, pero para 2025 aún no se ha formalizado la prórroga. La extensión de estos límites estaba incluida en el Real Decreto-ley que entró en vigor el 25 de diciembre, conocido como decreto ómnibus, el cual contemplaba diversas medidas en materia fiscal, económica y de Seguridad Social. No obstante, el pasado 22 de enero, el Congreso rechazó su aprobación con los votos en contra de PP, Vox y Junts, dejando en suspenso la continuidad de esta normativa. Hasta el momento, el Gobierno no ha tomado medidas para restablecerla. Sin esta prórroga, los límites de facturación volverían a los valores previos a 2016, reduciéndose a 125.000 euros anuales para ventas a particulares y a 75.000 euros en el caso de operaciones con empresas. Esto obligaría a un mayor número de autónomos a abandonar el sistema de módulos y tributar mediante estimación directa, lo que conllevaría un aumento en sus obligaciones fiscales y contables. La incertidumbre es notable, ya que el 1 de abril los autónomos deberán presentar el primer pago fraccionado del IRPF sin saber aún si podrán acogerse al régimen de módulos o si deberán optar por la estimación directa en la declaración de la Renta de 2025, que se presentará en 2026. El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), Bernardo Bande, criticó este jueves la creciente inseguridad jurídica en materia tributaria. Durante la inauguración de la XVIII Jornada Nacional de Estudio organizada por la asociación, denunció que "cientos de miles de autónomos desconocen si en 2025 deberán tributar en estimación objetiva o directa debido a la falta de información sobre los límites aplicables". También mencionó el retraso en la devolución del IRPF a los mutualistas, calificando ambas situaciones de "inaceptables". Dado que la prórroga de estos límites está recogida en la Ley del IRPF, cualquier modificación solo puede realizarse mediante otra ley o a través de un real decreto-ley. El sistema de módulos permite calcular el IRPF en función de una estimación de las ventas anuales, utilizando parámetros como el número de empleados, el tamaño del local o la ubicación del negocio. Es un régimen diseñado especialmente para sectores que manejan grandes volúmenes de efectivo y cuya facturación real resulta difícil de comprobar, como bares o pequeños comercios. A pesar de sus ventajas, el sistema de módulos tiene detractores, ya que dificulta el cálculo exacto de los ingresos reales. Actualmente, 430.000 autónomos tributan bajo este régimen. En cambio, en la estimación directa, el IRPF se determina en función de los ingresos y gastos reales del negocio, lo que exige una mayor carga administrativa para los trabajadores por cuenta propia.

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(Expansión, 14-03-2025) | Fiscal

Gestha desglosa las cuatro principales novedades de la próxima campaña de la Renta

La Agencia Tributaria ha introducido diversas novedades en la campaña de la Renta 2024, entre ellas la posibilidad de pagar mediante Bizum, una mayor reducción fiscal para rentas del trabajo, la obligatoriedad de declarar para quienes perciben el paro y la implementación de un nuevo mecanismo de autoliquidación rectificativa. Pago de la declaración a través de Bizum. Por primera vez, los contribuyentes podrán abonar su declaración del IRPF a través de Bizum, una opción que se suma a los métodos tradicionales como la domiciliación bancaria, el cargo en cuenta con Número de Referencia Completo (NRC) o el pago en ventanilla en una entidad bancaria. No obstante, será necesario comprobar los límites que establece cada banco para este tipo de transacciones, así como sus condiciones específicas para pagos a organismos públicos. Ampliación de la reducción fiscal para rentas del trabajo. En la campaña de la Renta 2024, se mantiene el umbral de exención para trabajadores que perciban hasta 22.000 euros anuales de un solo pagador o, en caso de contar con múltiples pagadores, si los ingresos del segundo y siguientes no superan los 1.500 euros. Aunque inicialmente el Gobierno propuso elevar este límite a 2.500 euros para 2025, esta modificación no se ha aprobado debido al rechazo del Congreso al Real Decreto-ley 9/2024. Por otro lado, la obligación de declarar se ha ampliado para aquellos con rentas del trabajo inferiores a 15.876 euros, sin importar el número de pagadores, en consonancia con la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Asimismo, la reducción fiscal por rendimientos del trabajo ha aumentado, beneficiando a quienes tengan ingresos netos inferiores a 19.747,5 euros. En esta declaración, la reducción máxima asciende a 7.302 euros, frente a los 6.498 euros del ejercicio anterior. Obligación de declarar para quienes reciben prestaciones por desempleo. A partir de 2024, todas las personas que perciban prestaciones por desempleo estarán obligadas a presentar la declaración de la Renta, incluso si el importe recibido es inferior a 15.876 euros. Esta medida no responde a cambios fiscales, sino a un nuevo requisito de la Seguridad Social, según lo establece el Real Decreto-ley 2/2024. No cumplir con esta obligación podría conllevar la pérdida del subsidio por desempleo. De manera similar, ya existía la exigencia de que todos los beneficiarios del ingreso mínimo vital, incluidos los menores de la unidad de convivencia, presentaran su declaración individual o conjunta con sus progenitores. Nueva modalidad de autoliquidación rectificativa. Otra novedad importante es la creación de un sistema único para corregir declaraciones erróneas o incompletas. Esta nueva figura de autoliquidación rectificativa reemplazará el modelo actual, que diferenciaba entre autoliquidaciones complementarias y solicitudes de rectificación. Con esta modificación, los contribuyentes podrán rectificar, completar o modificar su declaración sin necesidad de esperar una resolución administrativa. La próxima Orden Ministerial incluirá casillas específicas en el modelo de declaración para identificar las autoliquidaciones rectificativas y detallar los motivos de la corrección. A partir del 19 de marzo, los contribuyentes podrán acceder a sus datos fiscales. La presentación de la declaración por internet (Renta Web) estará disponible desde el 2 de abril hasta el 30 de junio. Quienes prefieran hacer la declaración por teléfono podrán hacerlo entre el 6 de mayo y el 30 de junio, solicitando cita previa del 29 de abril al 27 de junio. La declaración de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria o en puntos habilitados podrá realizarse del 3 al 30 de junio, con cita previa disponible del 29 de mayo al 27 de junio. Para aquellas declaraciones con resultado a ingresar mediante domiciliación bancaria, el plazo de presentación finaliza el 25 de junio.

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(Expansión, 14-03-2025) | Fiscal

Castigo fiscal en Euskadi a las rentas altas y a las grandes empresas

El nuevo acuerdo entre PNV, PSE y Podemos permitirá sacar adelante la reforma fiscal impulsada por las Haciendas forales, después de que la formación morada retirara recientemente su apoyo al primer pacto. Ante el riesgo de que la propuesta quedara estancada, nacionalistas y socialistas -que gobiernan conjuntamente en las tres Diputaciones vascas- han introducido modificaciones que afectan principalmente a grandes empresas y rentas altas, al tiempo que refuerzan los beneficios para las rentas más bajas. Dado que PNV y PSE no cuentan con mayoría en las Juntas Generales de Álava y Gipuzkoa, necesitaban el respaldo de otro partido. EH Bildu se descartó de la negociación, mientras que los socialistas vetaron al PP, lo que dejó a Podemos como el socio clave en las conversaciones. Podemos ha dado a conocer este jueves los principales puntos acordados: Aumento del tipo del Impuesto de Sociedades del 24% al 28% para gravar beneficios extraordinarios de grandes empresas (con ganancias superiores al 35% en la media de los últimos tres años). Establecimiento de un tipo mínimo efectivo del 19% en Sociedades (actualmente 15%) para empresas que no mantengan empleo ni realicen inversiones en Euskadi. Incremento del tipo máximo del impuesto al ahorro del 25% al 28%. Reducción de la exención en el rescate de aportaciones a entidades de previsión social al 30% con un límite de 10.000 euros (actualmente del 40% y 12.000 euros). Aplicación de un impuesto a las entidades financieras desde este año. Kutxabank y Laboral Kutxa, bajo regulación autonómica, estaban previstas para quedar exentas en 2025, pero el acuerdo anticipa su aplicación. Sin embargo, su entrada en vigor depende de la modificación del Concierto Económico en el Parlamento español y su posterior tramitación en las Diputaciones y Juntas Generales. Eliminación de deducciones por compra o alquiler de vivienda para rentas superiores a 68.000 euros, aunque quienes ya las disfrutan podrán mantenerlas. Recargo del 159% en el IBI para viviendas vacías. Envío de datos por parte de las Haciendas forales en marzo y abril para fijar precios de referencia en las zonas de alquiler tensionadas. Aumento del umbral para presentar declaración de renta a 20.000 euros. Posibilidad de deducirse el 35% del alquiler (hasta 2.800 euros) para quienes no lleguen al mínimo exigido para declarar, siempre que presenten la declaración de la Renta. Podemos ha subrayado que esta reforma marca un cambio estructural en el sistema fiscal, introduciendo por primera vez la "reembolsabilidad de las deducciones o imposición negativa", lo que permitirá que quienes cumplan los requisitos puedan recibir hasta 2.800 euros por alquiler sin necesidad de tributar. Según la formación morada, las medidas pactadas beneficiarán a un millón de personas en Euskadi. Desde las Diputaciones forales han valorado positivamente el acuerdo, mientras que los sindicatos y empresarios han expresado posturas divergentes. ELA, el sindicato mayoritario en Euskadi, considera que la medida del tipo mínimo efectivo en Sociedades tiene "letra pequeña que la invalida" y que la subida de impuestos solo afectará a empresas que no inviertan, lo cual "es fácil de sortear". Por su parte, la patronal Confebask sigue analizando el impacto del pacto, y asociaciones empresariales como Cebek critican que no se han tenido en cuenta sus demandas. El Círculo de Empresarios, a través de su portavoz Enrique Portocarrero, advierte que la reforma no contempla medidas para fomentar la inversión ni generar un entorno favorable para la actividad económica. Asimismo, sostiene que penalizar a quienes desempeñan un papel clave en la creación de empleo y bienestar social podría ser contraproducente. Por último, expertos fiscales consideran que el endurecimiento de la carga tributaria para rentas altas y grandes empresas podría ir en contra del objetivo del Gobierno vasco y las Diputaciones de atraer talento e inversiones.

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(Expansión, 14-03-2025) | Fiscal

Trump quiere eximir de impuestos a quienes ganen menos de 150.000 dólares al año

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene la intención de eximir del pago de impuestos a los ciudadanos que ganen menos de 150.000 dólares anuales, según reiteró este jueves el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en varias entrevistas con medios nacionales. "Conozco el objetivo de Trump: ningún impuesto para quienes ganen menos de 150.000 dólares al año. Esa es su meta y en eso estoy trabajando", afirmó Lutnick en declaraciones a la cadena CBS, señalando que esta medida se implementaría una vez se logre equilibrar el presupuesto estatal. Además, Lutnick sugirió la posibilidad de llevar a cabo una de las propuestas más llamativas de Trump en la última campaña electoral: eximir del pago de impuestos las propinas recibidas por trabajadores del sector servicios. También planteó otras ideas, como eliminar los impuestos sobre las horas extras o incluso sobre la seguridad social, aunque sin dar detalles concretos, según informa la agencia Efe. En defensa de las políticas económicas de Trump, que incluyen una disputa comercial con Canadá y México, Lutnick aseguró que estas medidas valen la pena, a pesar de los temores de una posible recesión en los mercados. "Estas políticas son las más importantes que ha tenido Estados Unidos. La única razón por la que podría haber una recesión es por las decisiones erróneas de Biden, con las que hemos tenido que lidiar. Las medidas de Trump generan ingresos", afirmó el secretario de Comercio. A finales de febrero, la Cámara de Representantes aprobó, por un margen reducido, una resolución presupuestaria alineada con la agenda de Trump. Esta contempla endurecer la política migratoria, ampliar los recortes fiscales y reducir significativamente el gasto público. En concreto, el plan prevé disminuir el gasto público en 1,5 billones de dólares y extender recortes fiscales por 4,5 billones de dólares durante la próxima década.

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(El País, 14-03-2025) | Fiscal

La Autoridad Fiscal cifra en 1.000 millones anuales el coste de las sentencias judiciales contrarias al Estado

La economía española enfrenta de manera constante una serie de riesgos fiscales que pueden desviar significativamente los objetivos inicialmente planteados. Estos riesgos, en su mayoría, son de naturaleza macroeconómica, ambiental y legal, y pueden ejercer un fuerte impacto en las finanzas públicas, especialmente en un contexto donde la sostenibilidad fiscal es analizada con detalle. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha llevado a cabo un análisis y cuantificación de estos riesgos por primera vez, con el propósito de mejorar la planificación ante este tipo de contingencias en el futuro. Según sus cálculos, los riesgos de origen legal representan un coste aproximado de 1.000 millones de euros anuales, mientras que los de carácter natural ascienden a unos 2.600 millones por año. En este análisis, la Airef ha identificado además limitaciones en el funcionamiento del Fondo de Contingencia, que debería ser el principal mecanismo para afrontar estos imprevistos. Sin embargo, más del 40% del gasto financiado con este fondo se destina a partidas recurrentes, lo que reduce su efectividad para cubrir gastos inesperados. Los riesgos fiscales son factores que pueden generar desviaciones en las previsiones macroeconómicas. Estos pueden surgir de crisis sanitarias y económicas, como la provocada por la pandemia de la covid-19; desastres naturales, como los provocados por fenómenos meteorológicos extremos; o sentencias judiciales adversas para el Estado. En un contexto donde la frecuencia e intensidad de estos riesgos tiende a aumentar, la Airef subraya la importancia de una adecuada gestión, ya que esta contribuye a mejorar la planificación a medio plazo y a garantizar unas finanzas públicas más estables y sólidas. Uno de los riesgos más relevantes es el de carácter legal, derivado principalmente de litigios contra el Estado. Entre 2014 y 2023, el coste de las resoluciones judiciales confirmadas ha supuesto un impacto medio de 1.000 millones de euros anuales para las arcas públicas, y existen aún numerosos casos pendientes cuyo efecto es incierto. Muchas de estas sentencias están relacionadas con impuestos como el de sociedades, la plusvalía municipal o el impuesto especial sobre los hidrocarburos, además de otras vinculadas a cánones y tasas. Un ejemplo significativo es la sentencia del Tribunal Supremo en 2023, que determinó que ciertos contribuyentes que cotizaban en antiguas mutualidades habían realizado pagos indebidos a la Administración y debían ser compensados, lo que supondrá un impacto de al menos 1.700 millones de euros, cifra que podría aumentar en el futuro. También destaca la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos, vigente entre 2013 y 2018, cuyo coste fiscal potencial se estima en 6.500 millones de euros para la Hacienda pública. La Airef señala que algunos de estos problemas recurrentes se deben al uso inadecuado de herramientas legislativas, como el real decreto ley, o a una extralimitación normativa con respecto a lo establecido en la legislación vigente. Además, advierte que muchas de las sentencias adversas para España han surgido por incumplimientos de la normativa europea, como ocurrió con el impuesto sobre hidrocarburos. Por ello, la Autoridad Fiscal recomienda al Gobierno adoptar políticas fiscales más prudentes y estrategias que reduzcan la exposición a litigios. Entre sus propuestas, sugiere al Ministerio de Hacienda reforzar la evaluación del impacto financiero y legal antes de introducir cambios normativos relevantes y consultar con organismos europeos e internacionales para evitar disputas legales. Asimismo, considera fundamental la implementación de una estrategia judicial proactiva para reducir la duración de los litigios y minimizar los costos asociados a estos procesos.

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(El Periódico, 14-03-2025) | Fiscal

Cuerpo adelanta un "tratamiento fiscal favorable" en el producto financiero que impulsa para que los particulares inviertan en la UE

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha adelantado este jueves que el nuevo producto financiero europeo en el que lleva meses trabajando contará con un "tratamiento fiscal favorable" y estará sujeto a la condición de que una parte de la inversión se dirija a empresas e industrias de la Unión Europea. Así lo ha explicado tras su reunión en Madrid con la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Alburquerque, quien ha respaldado la iniciativa del Gobierno español para impulsar este instrumento: "Nuestra postura es favorable a todo lo que ayude a los ahorradores europeos a poner su dinero a trabajar". Como ya había informado este medio, dos elementos clave aún están en proceso de definición: el régimen fiscal que se aplicará en cada país para incentivar su contratación y el porcentaje mínimo de inversión que deberá destinarse a compañías o proyectos europeos. En este sentido, Cuerpo ha señalado que "el punto de partida debe ser, como mínimo, un tratamiento fiscal equivalente al más ventajoso de los instrumentos de inversión existentes en cada país". No obstante, ha matizado que "las condiciones fiscales varían considerablemente entre los Estados miembros, por lo que es crucial diseñar incentivos adecuados que redirijan el ahorro hacia opciones más rentables". El pasado lunes, el ministro logró dar el primer paso en uno de sus proyectos más ambiciosos: la creación del Laboratorio Europeo de Competitividad. Este espacio servirá como un banco de pruebas donde varios países -entre ellos Alemania, Francia, Italia, España, Polonia, Luxemburgo y Países Bajos- podrán desarrollar y evaluar proyectos innovadores en el mercado de capitales en coordinación con la Comisión Europea. Más adelante, estos proyectos podrían ser ampliados legislativamente al resto de la UE. Según ha explicado Cuerpo, los países involucrados están definiendo los primeros proyectos específicos con el objetivo de tener detalles concretos en junio y comenzar su implementación a principios de otoño. Uno de los primeros proyectos será la creación de esta "etiqueta o producto de ahorro europeo", cuyos detalles aún están siendo negociados entre los países participantes. "El objetivo es establecer unas características comunes que otorguen a estos productos una identidad europea homogénea", ha indicado el ministro. Cuanto más alineadas estén estas características, mayor será la similitud de los productos financieros en toda la UE. Entre los aspectos clave que se están debatiendo figuran: La obligación de destinar parte de la inversión a empresas e industrias europeas. Un tratamiento fiscal ventajoso. Un conjunto mínimo de características comunes que permitan su identificación y compatibilidad en distintos países. Cuerpo ha subrayado la importancia de definir un marco que permita que estos productos sean "lo más parecidos posible, al menos en un 90%, para que sean fácilmente intercambiables dentro de la UE". El ministro ha recordado que actualmente los ciudadanos europeos acumulan unos 11 billones de euros en cuentas corrientes o depósitos a plazo, los cuales no ofrecen una rentabilidad atractiva. En este sentido, ha defendido la necesidad de crear productos financieros más atractivos, combinando ventajas fiscales con la inversión en sectores estratégicos del continente. Por su parte, la comisaria Alburquerque ha respaldado la iniciativa, destacando que los europeos son de los que más ahorran en el mundo, pero obtienen bajos rendimientos. Según Alburquerque, el objetivo es doble: "Primero, garantizar una rentabilidad adecuada para los ahorradores de la UE. Y segundo, canalizar esos fondos hacia inversiones dentro de la propia Unión, generando un círculo virtuoso".

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(El Confidencial, 14-03-2025) | Fiscal

El Cercle d’ Economia pide que Madrid sea más solidaria en la nueva financiación autonómica

El Cercle d'Economia insta a que la reforma del sistema de financiación autonómica, postergada por más de una década, se convierta en una prioridad en esta legislatura. Como novedad, plantea que la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, asuma un mayor compromiso solidario con el resto de España. Sin embargo, no se menciona esta misma exigencia para las comunidades forales, Euskadi y Navarra, a diferencia de lo que en su momento propuso la Sindicatura de Cuentas de Cataluña. Según el comunicado del Cercle, "es necesario reforzar la solidaridad de la Comunidad de Madrid con el resto del país". Argumentan que el sistema actual no refleja esta realidad y permite que la capital absorba recursos del resto de comunidades. Esta situación se ha visto agravada por la competencia fiscal que ha impulsado Madrid, lo que ha generado un flujo de población y actividad económica desde otras regiones, incrementando así la desigualdad territorial y afectando al conjunto de España. El Cercle destaca que la reforma del modelo de financiación debe reconocer el papel de Madrid como capital del país y los beneficios económicos que obtiene de su posición privilegiada. En este sentido, cita estudios del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) que documentan cómo la estructura institucional actual favorece esta concentración económica. Además, denuncia que la Comunidad de Madrid se beneficia de una elevada concentración de empleo público estatal. Aparte de los ministerios, la capital también acoge numerosas entidades dependientes de la Administración central que podrían estar distribuidas en otras regiones. A esto se suma un sesgo persistente en la contratación pública en favor de empresas con sede en Madrid y la concentración de infraestructuras estratégicas. Según el Cercle, una distribución más equitativa de estos recursos contribuiría a fortalecer la cohesión territorial, económica y social de España. El comunicado también supone un respaldo a la propuesta de Salvador Illa sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y subraya la urgencia de su implementación, sin más demoras. Sin embargo, la incertidumbre persiste, dado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejará su cargo en 2026 para presentarse como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas. El Cercle apoya la Generalitat en su propuesta de un nuevo modelo de financiación, en el que la solidaridad entre comunidades se estructure desde la Administración central. De este modo, se garantizaría que todas las autonomías dispongan de los recursos necesarios para financiar servicios básicos, evitando la percepción de que cualquier mejora en una comunidad perjudica a las demás. Así, se reforzaría el consenso sobre el funcionamiento del sistema. Para dotar de mayores recursos a las comunidades autónomas, el Cercle insiste en que los mecanismos de solidaridad deben ser transparentes, eficaces y equitativos, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, accedan a servicios públicos en igualdad de condiciones y con la misma carga fiscal. Como modelo, propone calcular anualmente el coste de los servicios prestados por el Estado a Cataluña y, a partir de ahí, asignar una parte de los tributos estatales para cubrir esos recursos. Otra opción sería establecer una cuota fija de recursos a transferir, una solución más sencilla y similar al sistema vigente en el País Vasco y Navarra. Estos mecanismos, según el Cercle, contribuirían a equilibrar la distribución de recursos entre la Administración central y las comunidades autónomas, evitando la creciente desigualdad en la financiación autonómica.

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(Expansión, 13-03-2025) | Fiscal

El juez de lo Penal puede discutir pruebas de la Agencia Tributaria

El Tribunal Constitucional (TC) ha fijado un criterio relevante sobre la validez de las pruebas obtenidas en registros realizados por la Agencia Tributaria. Ha determinado que los tribunales penales tienen la facultad de decidir sobre la admisibilidad de dichas pruebas, incluso cuando el registro haya sido autorizado por un juez del ámbito contencioso-administrativo. El caso examinado involucra a una mujer acusada de delitos contra la Hacienda Pública, cuya absolución en primera instancia se basó en la nulidad del auto que autorizó la entrada y registro en su empresa. El motivo fue la falta de una justificación adecuada, lo que invalidó las pruebas documentales obtenidas. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona revocó esta decisión, argumentando que el juzgado de lo penal no tenía competencia para anular una resolución firme de otra jurisdicción, y ordenó la repetición del juicio. Ante esta situación, la defensa de la acusada recurrió al TC, alegando que la Audiencia no se pronunció sobre la legalidad de la prueba, ya que el registro se realizó sin que existiera previamente un procedimiento de inspección tributaria. El TC ha concedido el amparo a la mujer, al considerar que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva. Aunque reconoce que el juez penal no podía anular el auto dictado por el juez contencioso-administrativo, sí tenía la potestad de evaluar si la prueba obtenida en el registro era ilícita y, por lo tanto, debía ser excluida del proceso penal. Según el Constitucional, la acusada tenía derecho a recibir una argumentación fundamentada sobre la legalidad de la documentación obtenida, dado que no existía una inspección tributaria previa en su contra. Esta sentencia marca un precedente clave, al establecer que los tribunales penales deben examinar la legalidad de las pruebas obtenidas en registros avalados por otros jueces, garantizando así la protección de los derechos fundamentales de los acusados.

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