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(Expansión, 24-01-2025) | Fiscal

Trump promete los impuestos más bajos del planeta a empresas en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó este jueves una invitación global a través de una intervención por videoconferencia en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Trump instó a "todas las empresas del mundo" a trasladarse a Estados Unidos para producir sus bienes, prometiéndoles un paraíso fiscal sin precedentes. "Mi mensaje para cualquier empresa es sencillo: vengan a América a fabricar sus productos", afirmó al inicio de su intervención. Añadió: "Les ofreceremos los impuestos más bajos de cualquier país en el mundo". Sin embargo, advirtió que aquellas empresas que no produzcan en suelo estadounidense deberán enfrentar un arancel variable. Trump asumió su segundo mandato como presidente el lunes anterior. Durante su mandato previo (2017-2021), asistió presencialmente al foro en Davos. En esta ocasión, se disculpó por no estar presente debido a la cercanía de fechas con su toma de posesión. A pesar de ello, su discurso fue uno de los más esperados entre los 60 líderes que sí asistieron presencialmente y, como en ocasiones anteriores, generó gran impacto. La temática de la semana en Davos giró en torno a Trump, quien desde el inicio de su nuevo mandato ha anunciado medidas drásticas, como aumentos significativos en los aranceles y la retirada del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Durante su intervención, Trump destacó estas políticas como parte de lo que él llama una "revolución del sentido común". El mandatario aseguró que su estrategia económica generará "cientos de miles de millones de dólares, e incluso billones", destinados a fortalecer la economía de Estados Unidos y reducir su deuda. Reafirmó que, bajo su gobierno, "Estados Unidos será el mejor lugar en el mundo para crear empleos, construir fábricas y hacer crecer empresas". Trump señaló que combatirá tres grandes problemas: "la inflación, la inmigración y el crimen". Además, destacó que, siendo Estados Unidos el país con las mayores reservas de petróleo y gas del mundo, estas se aprovecharán para fortalecer la economía y reducir los precios de los hidrocarburos. Acusó a otros países productores de energía de ser responsables de las guerras actuales, las cuales, según él, incrementan los precios. En contraste, prometió trabajar por la paz y la prosperidad. El expresidente también mencionó que Ucrania está "lista para llegar a un acuerdo" para detener la ofensiva rusa y aseguró que, si él hubiera estado en el poder, esa guerra nunca habría ocurrido. Según Trump, durante su mandato "Putin sabía que Ucrania era su prioridad, pero también sabía que no habría manera de avanzar". Criticó los errores cometidos tras su salida del cargo, los cuales, según él, condujeron a la situación actual. Además, la Administración de Trump confirmó que la próxima cumbre de la OTAN, programada para junio en La Haya, será la primera a la que asista en su nuevo mandato. En dicha reunión, se revisarán los compromisos de gasto en defensa, en particular el objetivo de invertir un 5% del PIB en armamento, una demanda que Trump ha reiterado a los países miembros de la OTAN. Por último, Trump utilizó su discurso en Davos para criticar la "lentitud" y el "engorro" de los procedimientos burocráticos en Europa, los cuales, según él, perjudican la competitividad de la Unión Europea. Recordó su experiencia con la burocracia europea tanto como empresario como en su primer mandato presidencial, mencionando que muchas empresas comparten su frustración por los prolongados procesos de aprobación y otros obstáculos regulatorios.

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(Expansión, 24-01-2025) | Fiscal

Las soluciones de jubilación flexible ya suponen el 10% de las nuevas jubilaciones

El Real Decreto-ley 11/2024, aprobado el pasado miércoles en el Congreso y fruto del acuerdo alcanzado en septiembre entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, promueve la jubilación parcial, activa y demorada. Este decreto, que busca facilitar una transición gradual hacia el retiro laboral y fomentar la incorporación de nuevos empleados, entró en vigor este jueves tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La normativa establece distintas opciones y requisitos para compaginar el trabajo con la percepción de una pensión, adaptándose a las nuevas realidades laborales, según destacó el Gobierno. Actualmente, las modalidades de jubilación flexible representan el 10% de las nuevas jubilaciones desde la reforma de pensiones de 2019. El texto fortalece el marco normativo de la jubilación flexible mediante una reforma de la Ley General de la Seguridad Social y otras disposiciones legales, con el objetivo de "incentivar la permanencia voluntaria de los trabajadores en activo más allá de la edad ordinaria de jubilación, mediante estímulos sociales, fiscales y laborales", explicó la ministra Elma Saiz. La ministra subrayó que la reforma introduce nuevos incentivos para la jubilación parcial, activa y demorada, permitiendo que los trabajadores tengan una salida del mercado laboral más gradual y adaptada. Asimismo, afirmó que esta medida elimina la separación entre la figura del trabajador y la del pensionista, mejora la sostenibilidad del sistema y aprovecha el talento de los trabajadores senior. También aclaró que acceder a estas modalidades es completamente voluntario, en respuesta a críticas de sectores que perciben la norma como un retraso encubierto de la edad de jubilación. La jubilación activa permite compatibilizar una pensión con un empleo durante un tiempo limitado tras acceder a la jubilación. Con esta nueva regulación, desaparece el requisito de haber completado una carrera de cotización completa, beneficiando especialmente a personas que han trabajado de forma intermitente, como muchas mujeres que interrumpieron su vida laboral para cuidar de hijos o familiares dependientes. Además, la jubilación activa será compatible con incentivos de demora. Cada año que se prolongue esta modalidad incrementará el porcentaje aplicado a la pensión. Por ejemplo: Un año de retraso equivale al 45% de la pensión. Dos años de retraso incrementan el porcentaje al 55%. Tres años suponen un 65%, y así sucesivamente hasta alcanzar el 100% tras cinco años de demora. En el caso de los trabajadores autónomos, el porcentaje de pensión compatible con el trabajo será del 75% durante los primeros tres años de demora, y el general a partir del cuarto año, siempre que cumplan ciertos requisitos, como contratar empleados con contratos indefinidos. La nueva regulación también modifica la jubilación parcial, que permite compaginar un empleo a tiempo parcial con una pensión proporcional. Ahora, la reducción de jornada puede llegar al 75% desde el 50% actual y se podrá acceder a esta modalidad hasta tres años antes de la edad legal de jubilación, siempre que la reducción inicial de jornada sea del 20%-33%. Además, para acogerse a esta fórmula, las empresas deberán contratar a otra persona mediante un contrato de relevo, que será siempre indefinido y a tiempo completo, con un compromiso de permanencia de al menos dos años tras la jubilación parcial del trabajador. La jubilación demorada introduce un incentivo adicional por cada seis meses de retraso a partir del segundo año de haber cumplido la edad legal de jubilación, en lugar de cada doce meses como hasta ahora. Este incentivo incrementará la pensión de quienes decidan prolongar su vida laboral más allá de la edad de jubilación ordinaria, contribuyendo así a mejorar su retribución futura.

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(Expansión, 23-01-2025) | Fiscal

El Supremo fija jurisprudencia sobre la compensación de bases imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades

El Tribunal Supremo (TS) ha emitido una relevante aclaración sobre la compensación de bases imponibles negativas (BIN) en el Impuesto sobre Sociedades (IS). Con esta resolución, el Supremo profundiza en su doctrina, estableciendo que "los procedimientos de regularización tributaria deben realizarse de forma integral y global". Una de las novedades de esta interpretación es que la Administración tiene la obligación de respetar las decisiones y hechos que ella misma haya establecido en relación con las consecuencias fiscales derivadas de la imputación a los socios. Asimismo, permite que la base imponible atribuida a un socio pueda ser automáticamente incorporada a su propia situación fiscal. En este contexto, los magistrados enfatizan que "la comprobación de una entidad considerada sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades debe generar efectos sobre las situaciones jurídicas vinculadas o dependientes de esta. Así, las bases imponibles reconocidas en favor de la Agrupación de Interés Económico (AIE) deben beneficiar también a los socios que tributan por ellas". El Supremo establece que "el sujeto pasivo tiene derecho a aplicar, para su compensación, una base imponible negativa que haya sido reconocida a otro obligado tributario, vinculado con él a través de su participación en dicha agrupación (AIE), siempre que esta base haya surgido como resultado de una regularización practicada a la AIE". El fallo concluye que la vulneración del principio de regularización íntegra implicaría, de igual forma, una transgresión del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto. Esto se debe a que la comprobación realizada a la AIE, que genera bases imponibles que esta no puede utilizar, perdería sentido si se impidiera a los socios aprovechar dichas bases.

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(Expansión, 22-01-2025) | Fiscal

El Gobierno acelera el alza fiscal al diésel ante la caída del impuesto energético hoy

El Gobierno pondrá a prueba nuevamente hoy sus alianzas parlamentarias en el primer Pleno extraordinario del Congreso tras el receso navideño, en un contexto marcado por la presión del líder de Junts, Carles Puigdemont. Este último advirtió el pasado viernes a Pedro Sánchez que no contará con su apoyo a menos que se someta a una cuestión de confianza. En este escenario, el Ejecutivo asume que comenzará el año con un revés parlamentario inicial, lo que conllevará la eliminación definitiva del impuesto a las compañías energéticas. Paralelamente, trabaja en acelerar la subida del impuesto al diésel para compensar la pérdida de ingresos y desbloquear un pago de 25.000 millones de euros en ayudas europeas. La eliminación del impuesto a las energéticas era un desenlace esperado. Este gravamen se convirtió en una herramienta clave para el Gobierno al intentar asegurar los votos necesarios para su reforma fiscal. Sin embargo, para lograrlo, se comprometió simultáneamente a eliminarlo con Junts y PNV, mientras garantizaba su extensión a ERC, Bildu, BNG y Podemos. Aunque Hacienda intentó encontrar un equilibrio al mantener el impuesto pero bonificar ampliamente a las empresas que invirtieran en descarbonización, las diferencias entre los grupos políticos resultaron insalvables. Ante esto, el Ejecutivo optó por prorrogar el impuesto de forma urgente mediante un Real Decreto-ley en el último Consejo de Ministros de 2024, a pesar de saber que sería rechazado en la votación de convalidación en el Congreso, prevista para hoy. La desaparición de este tributo, que afecta a las compañías petroleras, gasistas y eléctricas con ingresos superiores a 1.000 millones al año, implicará una pérdida de recaudación estimada en 1.200 millones de euros y pone en peligro algunos compromisos con la Unión Europea. Como respuesta, el Gobierno ha decidido acelerar los esfuerzos para igualar fiscalmente el diésel con la gasolina, lo que implicará un aumento de casi 10 céntimos por litro en el precio del gasóleo, excluyendo al transporte profesional. Esta medida busca incrementar la recaudación en unos 1.500 millones y cumplir con los compromisos ambientales de la reforma fiscal vinculados al quinto tramo de ayudas europeas Next Generation. Además, permitiría equilibrar las cuentas públicas en línea con el Plan Fiscal Estructural. "Avanzaremos para aprobarlo cuanto antes", afirmó ayer el secretario de Estado de Economía, Carlos Cuerpo, en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea en Bruselas. En ese encuentro, el Ecofin dio luz verde a las modificaciones solicitadas por España en su Plan de Recuperación, lo que eleva el monto del quinto pago de ayudas a 25.000 millones de euros. Sin embargo, el desembolso completo está condicionado a que España equipare fiscalmente el diésel y la gasolina. Para evitar perder parte de los recursos europeos, el Gobierno debe aprobar la medida antes del 21 de marzo, con la posibilidad de solicitar una prórroga de un mes. Fuentes del Ejecutivo recuerdan que esta iniciativa casi se incluyó en la reforma fiscal, pero fue retirada tras el rechazo de Podemos. Ahora, será crucial obtener su apoyo y garantizar que otras fuerzas políticas, como Junts, respalden la propuesta. Pese a los desafíos, el Gobierno considera que hay margen para renegociar los apoyos y que la medida entre en vigor en abril, como estaba previsto. Por otro lado, ayer el Ejecutivo no tenía asegurado el apoyo al último decreto de medidas anticrisis, que incluye la revalorización del 2,8% de las pensiones públicas, la extensión de las subvenciones al transporte público, ayudas a los afectados por la DANA, la prórroga del escudo antiopas hasta 2027 y la reducción del umbral de ingresos para hacer la declaración del IRPF. El PSOE apeló tanto al PP, que respalda su reforma de las pensiones, como a Junts, con la esperanza de salvar al menos este conjunto de medidas.

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(Expansión, 22-01-2025) | Fiscal

La Agencia Tributaria ha disparado el control sobre la residencia: el límite son 183 días

Para los teletrabajadores, es esencial no permanecer más de 90 días en el mismo país para evitar complicaciones fiscales. Al inicio de cada año, surge una cuestión clave entre altos directivos, profesionales y empresarios que pasan largos períodos fuera de sus países: determinar dónde establecerán su residencia fiscal, una decisión que tiene importantes implicaciones para sus obligaciones tributarias. A este grupo tradicional se han sumado en los últimos años numerosos autónomos y teletrabajadores que, gracias a la tecnología, trabajan desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, este estilo de vida no está exento de la creciente vigilancia de la Agencia Tributaria (AEAT). Según su Plan Anual de Control Tributario, se ha detectado que algunas personas no nacionales residen en España más de 183 días al año sin tributar como residentes por su renta global, limitándose a declarar únicamente los ingresos generados en España mediante el Impuesto sobre la Renta de No Residentes. Estos casos están siendo objeto de revisión. Aunque el criterio de los 183 días sigue siendo fundamental, no es el único. La AEAT también evalúa si la persona tiene en España su centro de intereses económicos, como patrimonio o empleo. Además, si el contribuyente puede demostrar su residencia fiscal en otro país, debe presentar un certificado válido. En estos casos, se aplican las reglas de desempate recogidas en los convenios internacionales para evitar la doble imposición. El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha establecido directrices para calcular los días de estancia en España. Se consideran tres elementos principales: días de presencia certificada (probados con evidencia), días presuntos (calculados entre dos fechas de presencia certificada) y ausencias esporádicas (que también pueden sumarse al total). Además, se ha precisado que cualquier día en el que la persona haya estado físicamente en España, aunque solo fueran unas horas, cuenta como un día completo de estancia. La tenencia de un inmueble en España no basta para ser considerado residente fiscal, siempre que se pueda acreditar la residencia en otro país. El Tribunal Supremo ha determinado que los certificados de residencia fiscal emitidos por otros Estados deben ser respetados, especialmente cuando existe un convenio de doble imposición en vigor. Para los teletrabajadores, evitar permanecer más de 90 días en un país también tiene sentido práctico. Aunque la residencia fiscal se define generalmente por los 183 días, muchos convenios internacionales establecen obligaciones fiscales específicas para trabajadores y empresas que superan los 90 días. Destinos con visas para nómadas digitales, como Bermudas, Bahamas, Costa Rica, Panamá, Barbados o Argentina, se han convertido en opciones atractivas. La AEAT ha reforzado su control mediante herramientas digitales avanzadas, como el rastreo de la geolocalización móvil, el análisis de redes sociales, los movimientos de tarjetas de crédito y las facturas de suministros. Estos datos permiten reconstruir el calendario de estancias del contribuyente en España y otros países, estableciendo la residencia fiscal con precisión. Las investigaciones suelen incluir informes detallados que evidencian la permanencia en territorio español durante más de 183 días. El análisis de la actividad digital, junto con otros indicadores, se ha convertido en un método habitual para que la Agencia Tributaria verifique la ubicación real de los contribuyentes y asegure el cumplimiento de las normativas fiscales.

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(Expansión, 22-01-2025) | Fiscal

Trump rompe el pacto global del impuesto mínimo a multinacionales y amenaza con una guerra fiscal

En su regreso a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos ha revocado el acuerdo alcanzado con 140 países para establecer un impuesto mínimo global del 15% a las grandes empresas. Esta decisión abre la posibilidad de una guerra fiscal y arancelaria contra países que han adoptado esta medida, como España y los miembros de la Unión Europea. "Hoy comienza la edad de oro de Estados Unidos. A partir de este momento, nuestro país prosperará y recuperará el respeto mundial. Seremos la envidia de las naciones y no permitiremos más abusos hacia nosotros. Cada día de mi Administración pondré a Estados Unidos en primer lugar", aseguró Donald Trump el lunes durante su discurso de toma de posesión como el 47º presidente del país. En línea con estas palabras, Trump rompió con el pacto global firmado por su predecesor, Joe Biden, para garantizar una tributación mínima a las multinacionales y dejó entrever el inicio de un conflicto fiscal global. El fin de este acuerdo quedó formalizado en una de las primeras órdenes ejecutivas firmadas por Trump. Según el documento, "el Acuerdo Fiscal Global de la OCDE, apoyado por la Administración anterior, permite una jurisdicción extraterritorial sobre los ingresos de Estados Unidos y limita nuestra capacidad de implementar políticas fiscales beneficiosas para nuestras empresas y trabajadores". Además, Trump sostiene que este pacto y otras medidas fiscales internacionales "discriminatorias" podrían derivar en represalias contra las empresas estadounidenses. Por ello, decretó que "el Acuerdo Fiscal Global no tendrá fuerza ni efecto en Estados Unidos". El acuerdo que ha sido descartado consistía en aplicar un impuesto mínimo global del 15% a las empresas que facturan más de 750 millones de euros anuales, un compromiso asumido por más de 140 países en 2021. Esta medida, conocida como el Pilar 2 de la OCDE, pretendía evitar que las multinacionales eludieran impuestos trasladando beneficios a territorios con baja fiscalidad. También se planteaba el Pilar 1, que buscaba redistribuir los ingresos fiscales de estas empresas entre los países donde operan, aunque no mantengan presencia física. A pesar de que existían dudas sobre la implementación del Pilar 1, la retirada de Estados Unidos del Pilar 2 debilita una medida que ya está vigente en economías como Reino Unido, Japón, Canadá, la Unión Europea y España. En este último país, el Gobierno incluyó el impuesto en su reforma fiscal de diciembre pasado para cumplir con la directiva europea, que debería haberse adoptado un año antes. "Había ciertas dudas sobre si Estados Unidos aplicaría el Pilar 2, pero la decisión de Trump confirma que la Unión Europea debe buscar una forma menos conflictiva de implementarlo", explicó Roberta Poza Cid, experta en política fiscal de Deloitte. De lo contrario, los Estados miembros podrían verse obligados a gravar a las empresas estadounidenses con el tipo mínimo, lo que podría desencadenar represalias por parte de EEUU, como aranceles más altos o nuevos impuestos. Trump ya ha ordenado al secretario del Tesoro y al representante comercial investigar posibles violaciones de tratados fiscales o la existencia de impuestos "discriminatorios" contra empresas estadounidenses. En un plazo de 60 días, deben elaborar una lista de represalias que podría incluir gravámenes adicionales a empresas y ciudadanos extranjeros o aranceles contra los países que apliquen el impuesto mínimo global. Empresas tecnológicas estadounidenses como Alphabet (Google), Apple, Amazon o X (antes Twitter) están entre las más afectadas por esta política. Curiosamente, algunos de sus líderes acompañaron a Trump en su investidura, y Elon Musk incluso formará parte de su administración. La asociación Gestha, que agrupa a técnicos de Hacienda, advirtió de las "graves amenazas arancelarias" para España que supone la decisión de Trump. A pesar de esta ruptura, la OCDE reafirmó su compromiso de colaborar con Estados Unidos. "Seguiremos trabajando con EEUU y con todos los países para promover la cooperación internacional, evitar la doble imposición y proteger la base imponible", declaró Matthias Cormann, secretario general de la organización. Aunque los países firmantes pueden abandonar el acuerdo, Cormann destacó que las multinacionales seguirán interactuando con los sistemas fiscales de diferentes jurisdicciones soberanas.

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(El Confidencial, 22-01-2025) | Fiscal

La primera tacada de aranceles de la nueva ‘era dorada’ de Trump: 25% a México y Canadá

Los aranceles anunciados por Donald Trump serán una realidad, aunque aún no se conoce su alcance exacto. Lo que sí está claro es que la primera reacción de los mercados tras su discurso de investidura fue un debilitamiento del dólar, moneda que podría ser la más beneficiada si se incrementan los aranceles, dado que la Reserva Federal adoptaría una postura más cautelosa respecto a las tasas de interés. Este lunes, el dólar retrocedió alrededor de un 1%, marcando una leve caída después de cuatro meses consecutivos de fortalecimiento que lo acercaron a la paridad con el euro. En su primer día como presidente, Trump adelantó la posibilidad de imponer aranceles del 25% a México y Canadá, sus socios en el Tratado de Libre Comercio, aunque sin especificar plazos. Según los mercados, la implementación de estas medidas podría no ser inmediata, a pesar de algunas declaraciones previas del mandatario. Esto sugiere que, por ahora, los actores económicos están adoptando una postura de espera. No obstante, una vez que los aranceles entren en vigor, tendrán un impacto significativo en el comercio mundial y en la economía de Estados Unidos. El Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE) ya advertía recientemente que los consumidores estadounidenses enfrentarán precios más altos en productos importados si Trump cumple con su política arancelaria. Esto responde a una lógica sencilla: los aranceles encarecen la venta de bienes en un territorio, lo que inevitablemente aumenta el precio final para el comprador. Además, estas tarifas no solo afectarán productos terminados, como los que se encuentran en tiendas, sino también bienes intermedios, utilizados en la fabricación de otros productos. Este último caso impacta directamente a China, que domina sectores como la maquinaria eléctrica y electrónica. China, según el PIIE, es el principal proveedor de juguetes y equipos deportivos de Estados Unidos, responsable del 40% de las importaciones de calzado y cerca del 25% de productos electrónicos, textiles y prendas de vestir. Solo la maquinaria y la electrónica procedentes de China representan un valor de aproximadamente 120.000 millones de dólares, lo que subraya la magnitud del posible impacto arancelario. Europa también se encuentra en la mira de Trump, aunque con ciertas particularidades. Las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea están reguladas, en parte, por una Declaración conjunta firmada en 2021, lo que implica que cualquier cambio en las reglas actuales, como la imposición de aranceles, podría tener implicaciones geopolíticas. A pesar de ser el principal socio comercial y de inversión de la UE, no existe un tratado de libre comercio específico entre ambos bloques, lo que da a la administración de Trump un amplio margen de maniobra. Las negociaciones para establecer la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP) comenzaron en 2013, pero fracasaron en 2016. Actualmente, el comercio transatlántico opera bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con aranceles promedio inferiores al 3%. Sin embargo, Trump ha prometido establecer aranceles de entre el 10% y el 60%, dependiendo de la región, siendo más bajos para aliados estratégicos y más altos para otras zonas, aunque estos detalles están sujetos a negociación. La relación transatlántica es crucial para la economía global, ya que ambos territorios representan un tercio del comercio mundial de bienes y servicios y una proporción similar del PIB global en términos de poder adquisitivo. Por ello, la Comisión Europea ha adoptado un enfoque prudente frente a las amenazas de Trump, quien ya ha anunciado su intención de aprobar de manera urgente un centenar de órdenes ejecutivas, algunas de las cuales podrían afectar directamente al comercio.

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(Expansión, 21-01-2025) | Fiscal

El Supremo libra a los bares de pagar el tributo de transmisiones patrimoniales por sus terrazas

La Justicia ha eximido a los bares del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP) por el uso de terrazas en la vía pública. Así lo ha determinado la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha rechazado las pretensiones de la Generalitat de Cataluña y ha anulado la liquidación que la Agencia Tributaria catalana había realizado. En su sentencia, el Supremo establece que "el uso especial del dominio público, autorizado mediante permisos municipales para la instalación y explotación de terrazas destinadas a actividades de restauración en la vía pública, no constituye un hecho imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas". Los magistrados también aclaran que la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que equipara concesiones administrativas y autorizaciones para el uso especial de bienes de dominio público, como las terrazas, debe interpretarse de forma que "no todo uso especial del demanio implica, por sí solo, un desplazamiento patrimonial sujeto a gravamen por este impuesto". El caso se originó cuando la Agencia Tributaria de Cataluña solicitó a una contribuyente que presentara una autoliquidación del impuesto por la instalación de una terraza autorizada por el Ayuntamiento de Badalona. La afectada alegó que ya abonaba la tasa correspondiente por la ocupación del espacio y no estaba obligada a declarar el impuesto. Sin embargo, la administración insistió y emitió una propuesta de liquidación del ITP en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Tras un prolongado litigio, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Generalitat contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que respaldaba la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional. Este último había estimado la reclamación de la contribuyente, declarando que el impuesto no era aplicable en este caso. El abogado de la Generalitat argumentaba que la autorización administrativa para instalar y explotar terrazas en espacios públicos ya sea mediante uso especial o privativo con instalaciones desmontables, encajaba dentro del hecho imponible del ITP. No obstante, el Supremo ha rechazado este razonamiento, sentando jurisprudencia sobre la materia.

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(Expansión, 21-01-2025) | Fiscal

Las primeras medidas de Trump: una Agencia Tributaria para cobrar aranceles y declarar la emergencia nacional en la frontera

Justo al asumir el cargo como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha declarado su intención de "reclamar la soberanía de EE.UU.". Como primera acción, firmó la "declaración de emergencia nacional en la frontera sur". Su objetivo principal es combatir lo que denomina "invasión extranjera" y restablecer la política de "Quédate en México". Además, planea declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, entre otras iniciativas, incluyendo cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. En segundo lugar, proclamará la "emergencia nacional energética", impulsando la industria petrolera con el fin de "reducir la inflación", una de las prioridades de su equipo de gobierno. Según sus palabras, "volveremos a ser una nación rica gracias al oro líquido bajo nuestros pies". Otra medida anunciada es la creación de una Agencia Tributaria de Recaudación Extranjera, encargada de gestionar los ingresos provenientes de los aranceles. Trump aseguró que cambiará el modelo comercial: "En lugar de gravar a nuestros ciudadanos y empobrecerlos, cobraremos a los países extranjeros para enriquecer a nuestro pueblo". En este marco, también se refirió al Canal de Panamá, prometiendo "recuperarlo". Acusó a Panamá de "incumplir el acuerdo" firmado con Estados Unidos cuando este país cedió el control de la infraestructura. "China opera el Canal de Panamá, y vamos a recuperarlo", afirmó en su discurso de investidura. Trump también se comprometió a "reequilibrar la balanza de la justicia" y aseguró que pondrá fin al uso del Departamento de Justicia para persecuciones políticas. Este comentario parece aludir tanto a los casos judiciales abiertos contra él como al indulto preventivo que Joe Biden otorgó a varios miembros de su familia antes de dejar el cargo. Entre otras medidas, Trump firmará una orden ejecutiva para "acabar con la censura y restaurar la libertad de expresión", aunque no detalló cómo se implementará. Asimismo, eliminará las políticas de diversidad en las escuelas promovidas por la administración Biden. Según él, "el país será ciego al color y se basará en méritos", y declaró que "a partir de ahora solo habrá dos géneros: masculino y femenino". En su afán de desmantelar la agenda de Biden, también prometió eliminar el "mandato obligatorio" para los coches eléctricos, permitiendo a los ciudadanos elegir libremente el tipo de vehículo que deseen y apoyando a los trabajadores de la industria automotriz estadounidense. Finalmente, en materia de defensa, aseguró que construirá "el mayor ejército del mundo, no solo para ganar guerras, sino para ponerles fin", mencionando los conflictos en Israel, Hamás y Ucrania como ejemplos.

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(El País, 21-01-2025) | Fiscal

Fedea defiende suprimir el impuesto a la generación eléctrica y subir temporalmente los cargos

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha propuesto eliminar el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) y sustituirlo temporalmente por un incremento en los cargos del sistema eléctrico, que este año permanecerán congelados. Según el centro de estudios, esta medida sería necesaria para mantener el equilibrio financiero del sistema eléctrico y permitiría reducir el coste del suministro eléctrico para la mayoría de los consumidores. En su informe, Fedea señala que el aumento de los cargos tendría un carácter provisional, ya que se espera una importante disminución de los costes no relacionados con las redes en los próximos años, debido a la finalización del pago de la deuda del sector eléctrico. Además, argumenta que la eliminación del IVPEE solucionaría la paradoja de un impuesto "circular", que recae sobre los consumidores eléctricos a través del precio de la energía y se utiliza para financiar parcialmente los costes del sistema. Sin embargo, advierte que esta sustitución podría tener un impacto mínimo en los consumidores domésticos, con un incremento aproximado del 2% en la factura anual. A pesar de ello, Fedea destaca otras ventajas de eliminar el IVPEE, como la eliminación de distorsiones competitivas en los intercambios de energía con países vecinos, donde no existe un impuesto similar. Este gravamen se traslada actualmente como un coste variable en las ofertas que realizan las empresas generadoras al mercado. Además, Fedea subraya que el IVPEE contribuye a reducir los costes regulados del sistema eléctrico, ya que forma parte de los costes reconocidos a las plantas de generación que operan bajo sistemas de retribución específicos, como renovables, cogeneración y residuos, así como a las plantas térmicas en territorios no peninsulares. Por ello, insiste en la importancia de estabilizar en el futuro los flujos financieros del sistema, tanto en relación con otros impuestos previstos en la Ley 15/2012 como con los ingresos derivados de las subastas de derechos de emisión. La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, introdujo el IVPEE con un tipo impositivo del 7% sobre los ingresos de las empresas generadoras por la venta de energía, como parte de las medidas fiscales para garantizar la sostenibilidad energética. Aunque el impuesto estuvo suspendido desde julio de 2021 hasta bien entrado 2024 para aliviar la crisis energética, fue reintroducido de forma gradual. En 2023, el debate sobre la continuidad del IVPEE cobró fuerza. Aunque PP y Junts presentaron una enmienda para su suspensión, finalmente PSOE y Sumar lograron aplazar la comisión encargada de analizar el tema. Mientras tanto, las empresas generadoras también han solicitado su eliminación, argumentando que el sistema eléctrico ya presenta superávit. Por su parte, el Panel de Funcas ha revisado al alza su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) español en 2025, hasta el 2,4%, una décima más de lo esperado en noviembre, pero ha advertido de que la desaceleración de la economía respecto al impulso del año pasado (3,1%) se percibirá en el consumo público y en el sector exterior. Las estimaciones de los expertos para este año se sitúan ligeramente por debajo de la del Banco de España y AIReF y por encima de la de organismos internacionales como la Comisión Europea y la OCDE. En concreto, los panelistas esperan un avance del 0,6% en el primer trimestre, seguido de crecimientos del 0,5% en cada uno de los tres restantes. La demanda nacional aportará 2,5 puntos, dos décimas más respecto a la anterior previsión, mientras que el sector exterior restará una décima. Así, la desaceleración de la economía en relación con 2024 se percibirá en el consumo, especialmente en el público, y en el sector exterior, por un avance mayor de las importaciones que de las exportaciones, según las proyecciones avanzadas este lunes.

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