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(El Economista, 19-11-2024) | Fiscal

Hacienda endurece la deducción del IVA de los coches de empresa

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha endurecido los requisitos para la deducción del IVA en la compra o alquiler de vehículos de empresa, exigiendo a las compañías pruebas claras sobre su uso. El TEAC ha establecido que las empresas deberán demostrar de forma "fehaciente" ante la Agencia Tributaria que los vehículos adquiridos o arrendados (a través de renting o leasing) para directivos o empleados son utilizados con fines empresariales o profesionales. En caso contrario, no se permitirá la deducción del 50% del IVA asociado a estas operaciones. En tres resoluciones recientes, dos del 27 de septiembre y una del 18 de octubre, el TEAC determinó que las empresas están en mejor posición para probar el uso profesional de los vehículos, ya que pueden justificar para qué se utilizan. Por su parte, la Administración, ante la falta de pruebas por parte de las compañías, debe recurrir a indicios que respalden la conclusión de que los vehículos no se destinan a actividades empresariales. El TEAC subraya que es responsabilidad del contribuyente demostrar que el vehículo está afecto a la actividad económica para poder deducir el IVA soportado. Además, aclara que si se prueba que los vehículos cedidos a socios, administradores, directivos o empleados tienen un uso empresarial, aunque sea mínimo, se podrá deducir el 50% del IVA. Esta postura sigue la doctrina del Tribunal Supremo, que en una sentencia del 10 de julio de 2018 reconoció el derecho a deducir el IVA incluso cuando el uso empresarial del bien no sea exclusivo ni predominantemente significativo. En una resolución específica del 18 de octubre, el TEAC se pronunció sobre un conflicto entre una empresa y Hacienda, en el que esta última había denegado la deducción del 50% del IVA de un coche cedido a un socio. Hacienda argumentó que los usuarios del vehículo eran dos socios indirectos y un administrador que no percibían retribuciones de la empresa, por lo que consideraba que el uso del coche estaba relacionado con fines personales y no profesionales. La compañía alegó, en su defensa, que los socios disponían de sus propios vehículos, que realizaban labores de dirección o gerencia a través de empresas vinculadas que les retribuían, y que los coches también eran utilizados por empleados. No obstante, el TEAC desestimó estos argumentos al considerar que la empresa no aportó pruebas suficientes que demostraran la relación de los vehículos con la actividad profesional, basándose únicamente en declaraciones sin sustento documental. Por ello, respaldó los indicios recabados por Hacienda que concluían que los vehículos no estaban destinados a uso empresarial y ratificó la denegación de la deducción.

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(La Vanguardia, 19-11-2024) | Fiscal

Las Comunidades del PP pierden 2.200 millones en ingresos por rebajar el IRPF

Las rebajas del IRPF implementadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, una de las principales estrategias fiscales del partido que lidera los ejecutivos en 13 regiones, generarán una pérdida de recaudación cercana a los 2.200 millones de euros entre 2023 y 2029. Así lo detalla el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que analiza las políticas económicas de las administraciones autonómicas. La Comunidad de Madrid encabeza la lista, con una reducción en el tramo autonómico del IRPF que supera los 1.000 millones de euros. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 282 millones menos, y Andalucía, que dejará de ingresar 255 millones. Estas medidas de rebaja del IRPF han sido adoptadas por todas las comunidades autónomas, incluidas aquellas gobernadas por el PSOE, coincidiendo con los últimos ciclos electorales. Por ejemplo, Navarra perderá 163 millones de euros, mientras que Asturias y Castilla-La Mancha verán mermados sus ingresos en 45 y 41 millones, respectivamente, durante el periodo analizado. En conjunto, las comunidades autónomas dejarán de recaudar 2.340 millones de euros hasta 2029. En Cataluña, sin embargo, el impacto es mínimo, con una pérdida estimada de 13 millones. Las comunidades justifican estas reducciones, particularmente las lideradas por el PP, como una estrategia para atraer empresas y trabajadores. Sin embargo, un informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) advierte que estas políticas no logran compensar la pérdida de ingresos mediante migraciones fiscales ni con un aumento en la actividad laboral, lo que afecta negativamente a la recaudación total. El informe de la AIReF señala que, si se consideran las rebajas en todos los impuestos de competencia autonómica (como sucesiones y donaciones, patrimonio o actos jurídicos documentados), la pérdida de recaudación alcanza los 2.175 millones de euros hasta 2029. Este monto es menor que el del IRPF debido a la recuperación del impuesto sobre el patrimonio en Madrid, diseñada para evitar que el Ministerio de Hacienda recaude el nuevo impuesto a las grandes fortunas. La eliminación de la bonificación de patrimonio en la Comunidad de Madrid ha generado ingresos adicionales de 555 millones de euros, una medida que contrarresta parcialmente las pérdidas en otros tributos. En cuanto al gasto, las comunidades autónomas han incrementado notablemente sus partidas presupuestarias desde 2023, especialmente en retribuciones al personal, con un aumento total de 3.000 millones de euros. Cataluña lidera este incremento, con un aumento de 1.219 millones en los próximos años, mientras que en Madrid el incremento será de apenas 48 millones. Otra conclusión destacada del informe es que la no deflactación del IRPF para ajustarlo a la inflación ha supuesto ingresos adicionales para la Agencia Tributaria equivalentes al 1,5% del PIB. En 2024, este efecto generará una recaudación extra de 3.400 millones de euros debido a la denominada "progresividad en frío". El Gobierno central ha rechazado aplicar esta medida, una de las principales demandas del PP desde el inicio de la guerra en Ucrania. Según la AIReF, entre 2019 y 2029, esta progresividad en frío aportará 1,5 puntos adicionales del PIB, habiendo generado cinco décimas del PIB solo entre 2019 y 2023.

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(El Periódico, 19-11-2024) | Fiscal

Buenas noticias para estos autónomos: adiós al IVA trimestral en 2025

En 2025, los autónomos deberán estar atentos a algunos cambios relevantes. Una nueva directiva europea, que entrará en vigor el próximo año, podría llevar a una modificación en la forma en que determinados trabajadores por cuenta propia emitirán sus facturas a partir del 1 de enero. Hacienda y las asociaciones de autónomos están analizando la posibilidad de implementar este cambio fiscal en España. La decisión final dependerá de cada Estado miembro de la UE, ya que se trata de un régimen opcional conocido como el IVA franquiciado. Más de un millón de autónomos podrían acogerse a este nuevo sistema, que está dirigido a aquellos cuya facturación anual no supere los 85.000 euros (o 100.000 euros en caso de incluir operaciones intracomunitarias). Sin embargo, no todos los autónomos en esta situación se verían beneficiados por esta medida. El régimen de IVA franquiciado eximiría a los autónomos de incluir el IVA en las facturas que emitan, así como de presentar las declaraciones trimestrales del impuesto. No obstante, tendrían que presentar una declaración anual informativa detallando todas sus operaciones. Otro cambio significativo será la regularización automática de las cuotas de la Seguridad Social. A través del cruce de datos entre las cotizaciones y los ingresos declarados en la campaña de la renta, la Tesorería podrá ajustar automáticamente el tramo de ingresos del autónomo. Asimismo, deberán considerar el impacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que ha ido incrementándose progresivamente, pasando del 0,6% en 2023 al 0,8% en 2025. Esto implicará un aumento notable en las cuotas a pagar.

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(Expansión, 18-11-2024) | Fiscal

El coste del impuesto a fortunas en Madrid: 1.500 millones en inversión y 65.000 empleos

La Asociación Madrileña de Empresa Familiar (AMEF), una organización de carácter familiar en Madrid, ha advertido sobre el significativo impacto económico que podría generar en la región el Impuesto Temporal de Solidaridad de Grandes Fortunas (ITSGF). Según un informe elaborado por la AMEF, esta medida, que obligó a la Comunidad de Madrid a reactivar el Impuesto sobre el Patrimonio para retener la recaudación dentro de la región, ha provocado hasta ahora una pérdida estimada de 1.500 millones de euros en inversión extranjera. El informe también señala que esta situación habría afectado al empleo, con una pérdida aproximada de 65.000 puestos de trabajo, lo que se traduciría en una disminución de la actividad económica regional de unos 8.000 millones de euros. En cuanto al número de contribuyentes del Impuesto sobre el Patrimonio, el documento destaca que en la Comunidad de Madrid creció un 24% entre 2013 y 2021, en comparación con el 29,6% registrado a nivel nacional. Durante el mismo período, el patrimonio declarado en la región aumentó un 36,1%, frente al incremento del 21,7% observado en el conjunto de España. Este crecimiento también derivó en un aumento de la base liquidable y de la cuota minorada, que subió un 98,1% en Madrid, en contraste con el 77,3% registrado a nivel nacional. De acuerdo con el informe, si en 2013 se hubiese aplicado el Impuesto sobre el Patrimonio sin bonificaciones, se habrían recaudado en Madrid 612 millones de euros, cifra que habría aumentado a 1.212 millones en 2021. Tras el respaldo del Tribunal Constitucional al ITSGF, el Gobierno regional decidió reintroducir el Impuesto sobre el Patrimonio, que se recaudará nuevamente en Madrid por primera vez desde 2008. Los residentes con patrimonios superiores a 3 millones de euros, después de aplicar las exenciones correspondientes, estarán obligados a presentar la liquidación. En 2022, un total de 10.302 contribuyentes madrileños ya declararon este tributo temporal, aportando más de 555 millones de euros, lo que representó el 90% de la recaudación total nacional, que ascendió a 623 millones de euros. El informe también subraya que, ante la reintroducción o incremento del Impuesto sobre el Patrimonio, los contribuyentes no suelen trasladarse a territorios con una fiscalidad más favorable, sino que adoptan estrategias de elusión fiscal. Entre estas estrategias destacan la reducción de la base imponible del IRPF, la adquisición de activos exentos, como acciones cotizadas, o la distribución del patrimonio entre familiares. Por último, Antonio Barderas, director de la AMEF, advirtió que si los contribuyentes afectados optaran por cambiar su domicilio fiscal, la Comunidad de Madrid perdería aproximadamente 555 millones de euros por la recaudación directa del impuesto. Además, criticó que no se evalúe el impacto económico indirecto de este impuesto en términos de generación de empleo, gasto o uso alternativo del dinero recaudado. La AMEF, no obstante, reconoció que carece de datos sobre la magnitud de la salida de capitales, ya que esta información no está incluida en las estadísticas oficiales de la Agencia Tributaria.

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(El País, 18-11-2024) | Fiscal

Bruselas mejora nueve décimas su previsión de crecimiento para España en 2024 y lo eleva hasta el 3%

La Comisión Europea se une al conjunto de organismos nacionales e internacionales, incluido el Gobierno, que se muestran gratamente sorprendidos por la evolución de la economía española. La institución ha revisado al alza su previsión de crecimiento para este año, situándola en un 3%, casi un punto más de lo estimado previamente, y ha mejorado también en cuatro décimas la proyección para el próximo año, alcanzando el 2,3%. De confirmarse estas cifras, España se convertiría en la economía con mejor desempeño entre las grandes naciones de Europa, en una zona euro que, aunque crece mejor de lo esperado, sigue sin despegar del todo. Para 2024, se espera un crecimiento del 0,8% en la región, que aumentará al 1,3% en 2025. El alcance de esta "sorpresa positiva", como lo describe el propio informe de la Comisión, se percibe al compararlo con otras revisiones recientes, como la del FMI y el Banco de España, que ajustaron sus estimaciones al alza en medio punto. Aunque la Comisión ha pasado de ser menos optimista que estos organismos a mostrar un mayor optimismo ahora, todos coinciden en un crecimiento cercano al 3%. Este rendimiento sobresaliente se debe al dinamismo del consumo, respaldado por un mercado laboral resistente, la fortaleza del turismo y el impulso de la inversión prevista para 2025 y 2026. Sin embargo, este panorama alentador no está exento de riesgos. Uno de ellos, identificado en el informe, es el turismo, uno de los principales motores económicos del país. Una posible ralentización debido a la debilidad de economías emisoras como la alemana podría revertir esta sorpresa positiva. Otro riesgo señalado es el impacto de fenómenos meteorológicos extremos, como las recientes inundaciones en Valencia, cuyo costo en términos de reconstrucción aún no está claro y podría afectar las cuentas públicas. Además, la Comisión advierte sobre el aumento de eventos climáticos adversos en Europa, citando inundaciones en países como Grecia, Polonia, Eslovenia y Bosnia. Mientras tanto, la economía europea sigue avanzando a un ritmo lento. Según el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, "la recuperación es gradual". Gentiloni confía en que la disminución de la inflación y el aumento del consumo y la inversión, junto con tasas de desempleo históricamente bajas, impulsarán un crecimiento más sólido en los próximos años. Por su parte, Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión, destacó la necesidad de abordar retos estructurales como la productividad y la competitividad para mantener el dinamismo económico. A pesar de los esfuerzos, ni la Unión Europea en su conjunto ni la zona euro lograrán crecer por encima del 2% en los próximos dos años. El débil desempeño de Alemania, el estancamiento de Italia y Países Bajos, y el consumo privado reducido han limitado la recuperación. Aunque España y, en menor medida, Francia han ofrecido resultados mejores de lo esperado, el consumo en Europa sigue siendo frágil, con una tasa de ahorro del 15%, superior a la media histórica. La relajación de la política monetaria por parte del BCE, tras reducir los tipos de interés en varias ocasiones desde junio, podría favorecer una ligera aceleración económica. Con la inflación controlada y proyectada en un promedio del 2,6% este año y del 2% en 2026, se espera que el crédito bancario también muestre signos de recuperación, aunque todavía presenta debilidad en términos nominales. El mercado laboral continúa siendo un pilar de estabilidad, con una tasa de desempleo del 6% en la zona euro. Sin embargo, España sigue destacando como un caso particular, ya que su tasa de paro no bajará del 10% durante los próximos tres años, según las previsiones, a diferencia de Alemania, que mantiene un escenario cercano al pleno empleo con solo un 3% de desempleo.

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(El Economista, 18-11-2024) | Fiscal

Cataluña quiere fichar inspectores del Estado para su Agencia Tributaria

El Govern de la Generalitat de Cataluña, liderado por Salvador Illa, sigue avanzando en la implementación del concierto económico pactado con ERC. Tras crear un grupo asesor encargado de definir los detalles del denominado modelo de financiación singular y designar al nuevo director de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), el Ejecutivo autonómico estudia diversas estrategias para fortalecer esta última institución. La principal opción sería incorporar a los altos funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que operan en Cataluña. Actualmente, la "Hacienda propia" de Cataluña cuenta con 852 empleados, de los cuales solo el 34,2% pertenece a cuerpos especializados en la gestión e inspección tributaria. En detalle, el organismo dispone de apenas 23 inspectores y 269 gestores, cifras que palidecen frente a los casi 5.000 empleados que la AEAT tiene asignados en la región, incluyendo 1.612 técnicos y 498 inspectores. La ATC, de momento, tiene competencias limitadas a la gestión de tributos propios (como el impuesto sobre bebidas azucaradas o el canon del agua) y cedidos (como Sucesiones y Patrimonio), además de la lucha contra el fraude fiscal y la recaudación ejecutiva de deudas tributarias y otros ingresos públicos de la Generalitat y administraciones catalanas. Illa y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, han planteado objetivos ambiciosos para expandir la ATC. Inicialmente, el president habló de cuadruplicar su tamaño, mientras que Romero sugirió un incremento hasta alcanzar entre 4.000 y 5.000 efectivos. Sin embargo, expertos consultados por elEconomista.es consideran poco probable que este crecimiento se logre exclusivamente mediante nuevas convocatorias de empleo público, dada la lentitud del proceso. De hecho, Romero ya ha mencionado que están explorando "incentivos" y una "fórmula jurídica" para atraer a los funcionarios de alto rango de la AEAT, aunque esta opción enfrenta obstáculos legales. En 2015, el Tribunal Supremo bloqueó el traspaso de inspectores de la AEAT a la ATC, lo que dificulta la implementación de esta estrategia. Además, si la Generalitat pretende asumir la gestión completa del IRPF en 2026, como establece el pacto entre PSC y ERC, necesitará reforzar significativamente su plantilla en un plazo corto, algo que parece inviable con los métodos tradicionales. A estas complicaciones se suma el retraso en los presupuestos autonómicos debido a la situación interna de ERC, lo que dificulta la planificación de nuevas convocatorias de empleo. Según datos recientes, la ATC ha realizado solo tres procesos selectivos en los últimos seis años. En 2022, por ejemplo, se convocaron 120 plazas de gestores tributarios, la mayor oferta en su historia, pero esta convocatoria se retrasó cuatro años y no se resolvió hasta 2023. En 2024, se han sumado 20 inspectores y 85 gestores estabilizados, cifras insuficientes para alcanzar los objetivos planteados. Ante este panorama, la opción más viable para aumentar rápidamente la plantilla sería captar empleados de la AEAT, una medida que ha generado controversia. Gestha ha calificado este objetivo como "irrealizable", argumentando que la mayoría de los funcionarios estatales no estarían interesados en integrarse en la ATC debido a la falta de incentivos suficientes y a las ya elevadas demandas de movilidad en Cataluña. Por su parte, IHE ha rechazado frontalmente cualquier intento de integración forzosa. En un comunicado, la asociación advirtió que tomará medidas legales para impedirlo, señalando que la ATC no puede considerarse una "agencia tributaria nacional catalana" dentro del actual marco jurídico español. Además, criticó al Govern por "engañar a la ciudadanía" con propuestas que consideran inviables.

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(El Confidencial, 18-11-2024) | Fiscal

El bloqueo de la reforma fiscal prorrogará nuevamente los Presupuestos

El año 2025 comenzará nuevamente con los presupuestos de 2023 prorrogados. La falta de respaldo político ha llevado al Gobierno a desistir de intentar siquiera la tramitación de unas nuevas cuentas, a pesar de sus reiteradas declaraciones sobre cumplir con su responsabilidad constitucional. Desde el Ministerio de Hacienda ya han asumido que no será posible aprobar los presupuestos antes de fin de año. "Ya no hay tiempo", confirman fuentes ministeriales. Aunque la tramitación presupuestaria tiene carácter prioritario en las Cortes, el proceso requiere más de dos meses en el mejor de los casos, un plazo que ya no está disponible. El procedimiento incluye una serie de etapas, como las comparecencias de altos cargos, debates a la totalidad, discusión de enmiendas y, en caso de veto en el Senado, la devolución al Congreso para su aprobación definitiva. Incluso si el Gobierno contara con el apoyo necesario, los plazos hacen inviable completar el trámite. Sin embargo, el problema no es solo de tiempo, sino también de falta de apoyos. El Gobierno se ha visto obligado a posponer nuevamente la Comisión de Hacienda en el Congreso para ganar margen en la negociación de la reforma fiscal. Actualmente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha logrado reconstruir la mayoría parlamentaria que permitió la investidura de Pedro Sánchez. Si se materializa una derrota en la votación de la reforma fiscal, prevista para la próxima semana, sería el tercer revés para la vicepresidenta en el camino hacia la aprobación de los presupuestos. Previamente, ya perdió la votación de la senda de déficit y tuvo que abandonar un segundo intento ante el rechazo de los partidos que respaldaron la investidura. Sin nuevos presupuestos, el Ejecutivo deberá buscar alternativas normativas para implementar las políticas de gasto previstas en los PGE. Algunas medidas, como la actualización de las pensiones, podrán aprobarse mediante real decreto sin necesidad de pasar por el Congreso, como se ha hecho en años anteriores. Sin embargo, el incremento salarial de los funcionarios y la actualización del IPREM, índice vinculado a múltiples prestaciones públicas, sí requieren aprobación parlamentaria. En cambio, el Ingreso Mínimo Vital subirá automáticamente gracias a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2023. El retraso en la votación de la reforma fiscal en la Comisión de Hacienda refleja la urgencia del Gobierno por encontrar nuevos recursos. El ritmo actual del gasto público complica el cumplimiento del objetivo de déficit para este año y el próximo. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el déficit público alcanzará el 2,7% en 2024, dos décimas por encima del objetivo gubernamental. Además, esta previsión no incluye los gastos derivados de la DANA, que serán excluidos del cálculo del déficit. Respecto al límite de gasto, la AIReF estima que, manteniendo las políticas actuales, el gasto primario neto crecerá un 3,7%, alcanzando el tope permitido por la Comisión Europea. Esto implica que, sin nuevos ingresos fiscales, no habrá margen para aumentar el gasto público. Aunque el Gobierno aún tiene tiempo para prolongar las negociaciones de la reforma fiscal, los trámites pendientes (votaciones en la Comisión y el Pleno del Congreso, paso por el Senado y posible retorno al Congreso en caso de veto) tomarían al menos un mes. Incluso podría posponer una semana más la remisión al Pleno, pero el margen es cada vez más limitado. En cuanto a la senda de estabilidad, el plazo también está agotándose. En el mejor escenario, la propuesta llegaría al Congreso a finales de mes, y el Senado podría retrasar su aprobación un mes adicional. Esto obligaría a una vuelta al Congreso con un calendario muy ajustado. Sin embargo, la senda de estabilidad ha pasado a un segundo plano en las prioridades del Gobierno. Para desbloquear los presupuestos en el primer trimestre de 2024, el Ejecutivo necesita reconstruir sus alianzas parlamentarias. No obstante, los plazos siguen extendiéndose semana tras semana. Lo que ya es un hecho es que 2025 comenzará con las cuentas prorrogadas de 2023, una situación que en otros tiempos habría llevado a un Gobierno a dimitir, pero que ahora se asume con relativa normalidad. Mientras tanto, los socios de investidura siguen inmersos en una interminable negociación fiscal que abarca temas como la financiación autonómica, los objetivos de déficit, el aumento de impuestos y las quitas de deuda, sin concretar acuerdos en ningún ámbito.

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(Expansión, 15-11-2024) | Fiscal

Los impuestos a la banca "no deben afectar ni a la solvencia del sector ni a la concesión del crédito

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, advirtió este jueves que los impuestos dirigidos al sector bancario no deben comprometer la solvencia de las entidades ni limitar la concesión de crédito, enviando un mensaje claro al Gobierno español. Durante su participación en un encuentro financiero organizado por Deloitte y ABC, De Guindos fue consultado sobre el impuesto a la banca en España y señaló que no todos los gravámenes al sector son iguales, poniendo como ejemplo el caso de Italia. En el modelo italiano, explicó, los bancos pueden reducir la carga fiscal si destinan parte de sus beneficios a reforzar su solvencia, una medida que, según De Guindos, estaría en línea con los principios del BCE de no perjudicar la estabilidad financiera ni el acceso al crédito. Sin embargo, en el caso español, afirmó que desconoce el impacto que podría tener este impuesto, pero dejó claro que cualquier cambio será evaluado por el BCE con esos criterios en mente. Desde su anuncio, las entidades financieras en España han expresado preocupación por este tipo de impuesto, argumentando que es discriminatorio y podría reducir su capacidad para otorgar créditos al erosionar su capital. Sobre la situación económica en Europa, De Guindos reconoció que la recuperación no ha sido como esperaba el BCE, aunque destacó como positivo que la inflación haya disminuido sin que el continente haya caído en recesión. No obstante, subrayó que, pese a la mejora del poder adquisitivo por la combinación de menores precios y aumentos salariales, esto no se ha traducido en un incremento del consumo. Según el vicepresidente del BCE, esto podría deberse a que las familias anticipan posibles subidas de impuestos destinadas a reducir el déficit público, lo que las lleva a ser más cautelosas con sus gastos. De Guindos también enfatizó que la política monetaria tiene limitaciones y que el objetivo principal del BCE es controlar la inflación. El crecimiento económico, añadió, depende de factores como los mercados de bienes y servicios, el mercado laboral, las reformas estructurales y la competitividad de cada país. Asimismo, destacó las disparidades entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea en términos de crecimiento económico, mencionando factores como el gasto público o el aumento de población derivado de la inmigración, como ha ocurrido en España. Por otra parte, alertó sobre el riesgo de una "guerra comercial" tras el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, si este decide imponer nuevos aranceles. Advirtió que una respuesta similar de otros países podría agravar la situación. Sobre las diferencias en la valoración bursátil de los bancos europeos frente a los estadounidenses, De Guindos señaló que en Europa las valoraciones son más bajas debido al menor potencial de crecimiento económico, la falta de una unión bancaria y la incertidumbre en torno a los impuestos. Sin embargo, rechazó la tesis de algunos banqueros españoles que atribuyen esta diferencia a la regulación. "Es fácil culpar a la regulación, pero creo que la brecha en las cotizaciones responde a otros factores", afirmó. Finalmente, abogó por avanzar en la integración europea y destacó la importancia de fomentar fusiones transfronterizas en el sector financiero.

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(Expansión, 15-11-2024) | Fiscal

La Comunidad de Madrid aprueba ocho bajadas fiscales con ahorro de 150 millones de euros en vivienda

La Asamblea de Madrid aprobó este jueves dos nuevas leyes que incluyen ocho recortes fiscales, centrados especialmente en la compra y el alquiler de vivienda, además de incentivos para atraer inversión extranjera. Estas medidas contrastan con la política del Gobierno central, encabezado por Pedro Sánchez, que desde 2018 ha implementado más de 80 subidas de impuestos y prepara 46 nuevos gravámenes. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha convertido la reducción progresiva de impuestos en un pilar de su estrategia económica, basada en la idea de que bajar impuestos fomenta la inversión, impulsa la actividad económica y el empleo, y genera más ingresos gracias al aumento de las bases imponibles. Este modelo, vigente en la región desde hace más de dos décadas, se ha acelerado bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, con más de 20 bajadas de impuestos desde 2019, a las que ahora se suman casi una decena más. Con la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid, las nuevas leyes incluyen reducciones fiscales que supondrán un ahorro de 150 millones de euros solo en el ámbito de la vivienda. Además, se han introducido incentivos destinados a captar talento e inversión extranjera, en un contexto en el que la mayor presión fiscal a nivel nacional sobre sectores como la banca, las energéticas y grandes patrimonios ha dificultado la atracción de capital foráneo. En cuanto a vivienda, un tema prioritario para las Administraciones Públicas debido al creciente malestar social, se han aprobado cinco deducciones en el IRPF. Estas medidas van desde incentivos para promover el alquiler de viviendas vacías hasta bonificaciones para quienes trasladen su residencia habitual a municipios menos poblados de la región, pasando por ayudas para paliar el impacto del encarecimiento de las hipotecas. Entre las medidas destacadas se encuentra una deducción de 1.000 euros en el IRPF para pequeños propietarios que alquilen viviendas vacías durante al menos tres años, lo que beneficiará a unos 20.000 contribuyentes con un ahorro total de 20 millones de euros. Asimismo, para combatir la despoblación en municipios con menos de 2.500 habitantes, los menores de 35 años que establezcan su residencia habitual en estas localidades podrán deducirse 1.000 euros en el IRPF, ya sea que alquilen o compren vivienda. En caso de compra, podrán acceder a una deducción adicional del 10% del precio, con un límite de 1.546 euros anuales durante diez años, medida que se espera beneficie a unos 1.200 jóvenes con un ahorro total de 1,6 millones de euros. A estas deducciones se suma una bonificación del 100% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de viviendas de segunda mano, y en Actos Jurídicos Documentados para viviendas nuevas, lo que supondrá un costo fiscal de 7 millones de euros para la región. Otra medida aprobada amplía de 35 a 40 años la edad máxima para deducirse el alquiler de vivienda habitual en el IRPF, beneficiando a 45.000 nuevos contribuyentes y generando un ahorro anual de 50 millones de euros. Además, se ha introducido una bonificación de hasta 300 euros al año para quienes afronten el encarecimiento de las hipotecas variables, lo que supondrá un alivio fiscal de 90 millones para 450.000 hipotecados. Finalmente, se ha aprobado una deducción del 20% en el IRPF para extranjeros o españoles residentes en el extranjero que establezcan su residencia habitual e inviertan en la Comunidad de Madrid. Aunque esta medida excluye la inversión en inmuebles, incluye activos como bonos, acciones y participaciones en empresas, siempre que la residencia fiscal y la inversión se mantengan en la región durante al menos seis años.

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(El País, 15-11-2024) | Fiscal

El Gobierno aplaza de nuevo la votación de la reforma fiscal ante la falta de apoyos

Para evitar su fracaso definitivo. Ante la falta de apoyos suficientes para sacar adelante su propuesta tributaria, PSOE y Sumar decidieron suspender la votación por segunda vez en la misma semana, con el objetivo de ganar tiempo hasta el lunes para continuar negociando. Esta decisión deja en suspenso el futuro del paquete fiscal pactado por la coalición, que incluye nuevos impuestos a banca, vapeo y bienes de lujo, un aumento de la presión fiscal sobre el ahorro y las Socimis, así como la recuperación de subidas fiscales anuladas por los tribunales. Además, compromete los acuerdos de recaudación con la Unión Europea y la implementación del tipo mínimo global para multinacionales. En la construcción de esta reforma, el PSOE priorizó alcanzar un acuerdo con el PNV y Junts antes que con Sumar, su socio de coalición. Este pacto implicó renunciar al impuesto al sector energético, algo que ha generado el rechazo de Unidas Podemos, ERC, Bildu y BNG, aliados habituales del Gobierno, que ahora son el foco de las negociaciones. Al constatar que no lograba el consenso necesario en la Comisión de Hacienda del Congreso, prevista para este jueves tras el Pleno, el Ejecutivo volvió a posponer la reunión hasta el lunes. Esta comisión debe debatir las propuestas fiscales presentadas como enmiendas al proyecto de ley para transponer el tipo mínimo global del 15% para multinacionales, entre las que se incluye el paquete de reforma fiscal del Gobierno. El acuerdo inicial del PSOE con Junts y PNV incluyó la eliminación del impuesto a las empresas energéticas tras las amenazas de deslocalización de Repsol. A cambio, se acordó prorrogar durante tres años el gravamen a la banca, con condiciones más suaves, y compensar la eliminación del impuesto energético igualando los tributos sobre el diésel y la gasolina, aunque excluyendo el gasóleo profesional. Posteriormente, Sumar exigió incluir sus propias propuestas en la reforma, como aumentar en dos puntos el tipo marginal del IRPF sobre las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros, hasta un 30%; reactivar alzas fiscales en el Impuesto de Sociedades previamente anuladas por el Tribunal Constitucional; implementar impuestos a bienes de lujo y vapeo; subir los gravámenes sobre tabaco; aplicar un IVA del 21% a los pisos turísticos; eliminar el régimen fiscal especial de las Socimis y las exenciones fiscales para seguros sanitarios. Sin embargo, estas propuestas de Sumar han llevado a Junts y PNV a reconsiderar sus apoyos, al tiempo que han generado nuevas demandas por parte de los aliados de izquierda, como Unidas Podemos, ERC, Bildu y BNG, quienes insisten en mantener el impuesto al sector energético. Ante este panorama, el Gobierno suspendió la votación por segunda vez, tras haber hecho lo mismo el lunes pasado. Incluso, durante las negociaciones, se consideró como una posibilidad que la Comisión aprobara únicamente el proyecto de ley para transponer el tipo mínimo global, dejando de lado la reforma fiscal para ser renegociada. El PP se ofreció a apoyar esta transposición si el Gobierno renunciaba a las medidas tributarias adicionales. A pesar de ello, el Ejecutivo decidió hacer un último intento para lograr un acuerdo contrarreloj. El Gobierno confía en que este retraso no impida aprobar la reforma antes de fin de año. Aunque la Comisión se ha pospuesto al lunes, la votación final en el Pleno del Congreso sigue prevista para el jueves siguiente. Incluso podría darse el caso de que las enmiendas no se cierren en la Comisión y sean debatidas y votadas directamente en el Pleno, lo que ampliaría el plazo de negociación hasta tres días más. Después de eso, el texto deberá pasar por el Senado, donde el PP tiene mayoría, y posiblemente volver al Congreso, lo que podría llevar las votaciones hasta las festividades navideñas.

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