Noticias

(El País, 07-03-2025) | Laboral

El salario medio en España ha ganado 578 euros anuales de poder adquisitivo desde 2022

El salario medio anual nominal en España ha mantenido una tendencia de crecimiento desde 2021, coincidiendo con la recuperación tras la pandemia, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo con el Monitor Adecco, basado en cifras del INE, los salarios llevan 15 trimestres consecutivos al alza, alcanzando un promedio de 1.987 euros mensuales al cierre de 2024, lo que representa un incremento del 3,8% respecto al año anterior. Sin embargo, este aumento no siempre se traduce en una mejora real del poder adquisitivo, ya que es necesario compararlo con la evolución de los precios. Según el estudio de la multinacional de recursos humanos, tras dos años de pérdida, el salario medio en España recuperó 2,5 puntos de capacidad de compra en el último trimestre de 2024. En términos económicos, esto equivale a un aumento de 578 euros anuales en comparación con 2022. No obstante, esta mejora no ha sido uniforme en todo el país. Mientras que la mayoría de las comunidades autónomas registraron aumentos en el poder adquisitivo, en Cantabria y Canarias los salarios perdieron valor en términos reales, con descensos de 72 y 209 euros anuales, respectivamente. En el otro extremo, Baleares lideró el incremento con una mejora de 1.351 euros anuales en el poder adquisitivo de sus trabajadores, seguida por la Comunidad de Madrid, donde el salario medio subió 1.213 euros en el mismo período. Ambas regiones duplicaron la media nacional. Otras comunidades que superaron este promedio incluyen Murcia, Extremadura, Navarra, Aragón y la Comunidad Valenciana. Por otro lado, ocho comunidades autónomas experimentaron aumentos por debajo de la media, aunque aún positivos: Castilla y León (556 euros más); Cataluña (512 euros); Galicia (510 euros); Asturias (500); La Rioja (463); Castilla-La Mancha (332); Andalucía (198) y País Vasco (74 euros). En términos nominales, los salarios en todas las comunidades autónomas han alcanzado niveles récord. Por primera vez desde que hay registros, ninguna región tiene una remuneración media inferior a los 1.600 euros mensuales, que es el salario mediano en España. Cuatro comunidades superan la media nacional de 1.987 euros mensuales: Madrid encabeza la lista con 2.364 euros, tras un incremento del 4,1% en 2024; seguida del País Vasco con 2.248 euros (un aumento del 2,7%); Navarra con 2.154 euros (3,4% más); y Cataluña, con 2.120 euros (un crecimiento del 3,4%). En términos de crecimiento porcentual, Extremadura, a pesar de tener el salario medio más bajo del país (1.641 euros al mes), registró el mayor aumento, con un 7,4% de incremento en 2024. Le siguen Baleares, con un 5,5%, y Murcia, con un 5,4%. En estas regiones, el aumento del salario mínimo interprofesional, especialmente en sectores como la agricultura y la hostelería, ha influido en el crecimiento de las remuneraciones. En contraste, La Rioja, País Vasco, Castilla-La Mancha, Cantabria y Andalucía fueron las comunidades con menores incrementos, todas por debajo del 3%. A pesar de estos avances, Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, destacó que el poder adquisitivo del salario medio en España sigue siendo un 7,9% inferior al nivel más alto registrado en 2009. En aquel momento, los salarios aún reflejaban el auge económico previo a la crisis financiera, mientras que las empresas optaban por reducir plantilla en lugar de ajustar sueldos. El Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, en su decimotercera edición, analiza no solo la evolución salarial, sino también otros aspectos del mercado laboral. Evalúa cinco áreas clave: remuneración, seguridad en el empleo, oportunidades de desarrollo profesional, conciliación entre la vida laboral y personal, y conflictividad en el trabajo. Para medir estas condiciones, el informe asigna puntuaciones del 1 al 10 en 16 subcategorías. En la edición actual, la Comunidad de Madrid (7,2 puntos), Cataluña (6,9 puntos) y la Comunidad Valenciana (6,4 puntos) lideran el ranking con las mejores condiciones laborales del país, superando la media nacional de 6,3 puntos. En el lado opuesto, Castilla-La Mancha (5,3 puntos), Asturias (5,2 puntos) y Canarias (4,2 puntos) presentan las peores condiciones laborales, siendo esta última la única en suspender.

LEER MÁS

(El Economista, 07-03-2025) | Laboral

Más de un tercio de las autonomías tiene menos de dos afiliados por pensionista

El envejecimiento de la población representa uno de los mayores desafíos que enfrentará nuestro país en los próximos años. La jubilación progresiva de la generación del 'baby boom' ya comienza a ejercer presión sobre el sistema de pensiones, pues el número de jubilados sigue creciendo en relación con la cantidad de trabajadores en activo que financian dichas prestaciones. En febrero, a pesar del buen momento que atraviesa el empleo, la proporción de pensionistas respecto a los ocupados se mantuvo en un 44%. Además, en seis de las 17 comunidades autónomas, la tasa de ocupados por pensionista fue inferior a 2, el umbral recomendado por los expertos, lo que representa el 35,29% del territorio nacional. Según los datos de la Seguridad Social, en el segundo mes del año se contabilizaron 21.196.154 afiliados al sistema, mientras que el número de pensionistas ascendió a 9.317.228. Esto significa que, por cada 100 trabajadores cotizando, 44 personas recibieron una pensión, o lo que es lo mismo, que por cada 10 empleados hubo más de 4 jubilados. Sin embargo, esta proporción varía significativamente entre comunidades autónomas. Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Extremadura y el País Vasco destacan como las regiones con la mayor cantidad de pensionistas en relación con los afiliados. En estas zonas, la cifra de trabajadores por jubilado es inferior a 2, con valores específicos de 1,41 en Asturias, 1,54 en Galicia, 1,67 en Castilla y León, 1,72 en Cantabria, 1,82 en Extremadura y 1,92 en el País Vasco. A nivel nacional, la media se sitúa en 2,27, aunque la última ratio oficial publicada en diciembre por el Ministerio de Seguridad Social fue de 2,44 cotizantes por pensionista. Este indicador es clave en el sistema español, donde los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados. El director de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, explica que la tasa de dependencia sigue en el 44% debido al retiro de la generación del 'baby boom' y al aumento de la esperanza de vida, factores que contrarrestan el impacto positivo del empleo. Por su parte, el presidente del Registro de Economistas Asesores Laborales del CGE, Jesús Fernández-Bravo, advierte que, aunque el crecimiento del empleo es favorable, no es suficiente para sostener el sistema a largo plazo. "El incremento de la ocupación es positivo, pero la proporción de jubilados continuará en ascenso en las próximas décadas, por lo que confiar únicamente en el empleo para financiar las pensiones no es una solución sostenible", señala. Ambos expertos coinciden en que la situación actual de la Seguridad Social es compleja, aunque podría mejorar con reformas que promuevan el retraso en la jubilación y fomenten una mayor participación laboral. Desde la reforma impulsada por el exministro José Luis Escrivá, se han implementado diversas medidas para aliviar la presión sobre el sistema, como el incremento de la edad de jubilación, la introducción de nuevos esquemas de cotización como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y la creación de incentivos para quienes decidan posponer su retiro, ya sea mediante la jubilación parcial, activa o demorada. Actualmente, el Ministerio estudia la posibilidad de una jubilación flexible, que permitiría a los pensionistas reincorporarse al mercado laboral. ¿Es posible frenar el aumento de la tasa de dependencia y, por ende, la presión sobre el sistema? Doménech cree que sí. "Retrasar la edad de jubilación, fomentar el empleo entre los mayores de 65 años y aplicar mecanismos automáticos de ajuste en las pensiones ayudaría a estabilizar la tasa de dependencia", explica. También considera que mejoras en la productividad contribuirían a mitigar temporalmente la presión sobre el sistema, aunque insiste en que es necesario reducir el actual desequilibrio financiero. Fernández-Bravo añade que, para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, es fundamental revisar aspectos como la edad de retiro, las contribuciones al sistema e incluso el modelo de pensiones, considerando la posibilidad de reforzar esquemas de ahorro privado o mixto. La última reforma de pensiones, aprobada en 2023 mediante el Real Decreto-ley 2/2023 de 16 de marzo, introdujo medidas para incrementar los ingresos destinados a financiar el sistema, aunque muchas de ellas han recaído sobre las empresas, afectando su competitividad. En particular, Fernández-Bravo se refiere a la implementación del MEI, que supone una carga adicional para el sector empresarial. Según Doménech, hay tres posibles escenarios para el futuro del sistema de pensiones. En primer lugar, si no se realizan más reformas, la tasa de dependencia y el gasto en pensiones aumentarán, comprometiendo la viabilidad del sistema. En un segundo escenario, si se aplican ajustes graduales, como el retraso en la edad de jubilación, la presión se reduciría parcialmente, pero no sería suficiente. Finalmente, en un tercer escenario, una reforma estructural con medidas más profundas, como vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, adoptar un sistema de reparto basado en cuentas nocionales para corregir el desequilibrio financiero y mejorar la productividad, garantizaría la sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo.

LEER MÁS

(El Periódico, 07-03-2025) | Laboral

20.000 parados que han encontrado empleo ya combinan sueldo y subsidio

En los últimos cuatro meses, 20.000 personas que se encontraban en situación de desempleo han conseguido trabajo y están combinando su nuevo salario con el subsidio de paro. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó este jueves el primer balance de la reciente reforma del sistema de protección por desempleo, aprobada el año pasado y cuya aplicación se ha realizado por fases. Entre sus principales novedades destaca la posibilidad, en vigor desde el 1 de noviembre, de compatibilizar salario y subsidio, una opción que antes no estaba permitida y que busca fomentar la búsqueda activa de empleo. Esta semana, el Gobierno publicó los últimos datos sobre empleo y desempleo correspondientes a febrero, que reflejan que España ha alcanzado un récord histórico de afiliados a la Seguridad Social, con 21,19 millones de trabajadores en activo. No obstante, las cifras de paro aún no han regresado a los niveles previos a la crisis de 2008. Actualmente, 2,59 millones de personas están registradas como desempleadas en el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), de las cuales 710.114 tienen derecho al subsidio de desempleo, que asciende a 570 euros mensuales y está destinado a quienes han agotado o no cumplen los requisitos para acceder a la prestación contributiva. Desde el 1 de noviembre, este subsidio puede combinarse con un salario durante un máximo de 30 meses. Su importe varía según si el empleo es a jornada completa o parcial y disminuye progresivamente con el tiempo. En el caso de un contrato a tiempo completo, el trabajador recibe inicialmente 480 euros de subsidio, además de su salario, pero la ayuda se va reduciendo cada trimestre hasta alcanzar los 120 euros antes de extinguirse por completo. El objetivo de esta medida es incentivar la aceptación de empleo sin que los desempleados tengan miedo de perder el subsidio. Hasta ahora, muchos evaluaban cuidadosamente si aceptar un contrato, ya que, si este finalizaba en poco tiempo, podían quedarse sin sueldo y sin ayuda económica temporalmente. La reforma del sistema de desempleo sigue implantándose por etapas. Actualmente, la compatibilidad entre subsidio y salario solo se aplica a quienes perciben el subsidio, pero a partir del 1 de abril también podrá aplicarse, en algunos casos, a quienes cobran la prestación contributiva, que es la que recibe la mayoría de los parados. En este momento, 958.466 desempleados perciben esta prestación. El envejecimiento de la población también se refleja en el mercado laboral, con un aumento significativo del desempleo entre los trabajadores de mayor edad. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuatro de cada diez desempleados en España tienen 45 años o más, un grupo que el Sepe considera de difícil inserción laboral. La vicepresidenta Yolanda Díaz destacó la evolución positiva del empleo en España, señalando que este dinamismo es clave para el crecimiento del PIB. Sin embargo, reconoció que aún hay desafíos pendientes, especialmente la reducción del desempleo entre los trabajadores mayores y los menores de 30 años. Reformas como la compatibilidad del subsidio con el salario buscan contribuir a este objetivo. En paralelo, el Sepe continúa su proceso de transformación hacia la futura Agencia Española de Empleo. Este nuevo organismo, junto con los servicios autonómicos de empleo, deberá garantizar un mínimo de servicios a los desempleados para facilitar su reincorporación al mercado laboral. Entre sus funciones se incluyen la elaboración de itinerarios personalizados de formación e inserción y la gestión de vacantes en empresas privadas.

LEER MÁS

(Expansión, 06-03-2025) | Laboral

Los trabajadores españoles no están motivados ni más contentos con su trabajo

La "gran renuncia", el aumento del absentismo laboral, la escasez de talento y la irrupción de la inteligencia artificial en la rutina de trabajo han sido algunos de los temas más destacados en 2024. A ello se suma el regreso del presentismo, una práctica que poco contribuye al bienestar de unos empleados cada vez más desencantados con su entorno laboral. Esta situación está generando un creciente desánimo entre los trabajadores, según revela el V Índice de Medición de Experiencia del Empleado de Lukkap, cuyos resultados adelanta EXPANSIÓN en exclusiva. Solo el 67% de los profesionales en España se siente a gusto en su empleo, un dato que, aunque positivo, dista del 80% que debería alcanzarse para que las empresas logren atraer y retener talento de manera efectiva. El informe indica una ligera mejora en aspectos como la experiencia diaria en el trabajo, el desarrollo profesional y el proceso de incorporación a la empresa. Sin embargo, persisten problemas en la relación con los superiores, la gestión de cambios de rol, las reestructuraciones y los despidos. La percepción del entorno laboral varía según el sector. El ámbito asegurador es el mejor valorado, superando la calificación de 6 en satisfacción y compromiso, y registrando un Employee Net Promoter Score (eNPS) positivo de 5. En cambio, sectores como gran consumo (-54), banca (-49) y retail (-38) presentan los índices más bajos. Uno de los datos más relevantes del informe es que, en promedio, el 13% de los empleados planea dejar su trabajo en el próximo año. Este porcentaje es aún mayor en sectores como retail (21%), construcción (16%) y servicios profesionales e industria (14%). En general, la satisfacción y el nivel de compromiso no superan el 6,5 en la mayoría de los sectores, salvo en educación (7 en compromiso) y seguros, que obtiene un notable con 7,4 en satisfacción y 7,2 en compromiso. Ningún sector alcanza el sobresaliente. El absentismo laboral sigue siendo un desafío para las empresas. Hasta septiembre de 2024, se registraron 468.093 bajas en la Seguridad Social por problemas de salud mental, representando el 7,1% del total. Además, su duración promedio es de 65 días, con un coste estimado de 6.000 euros por trabajador. En 2023, el impacto económico del absentismo para las empresas superó los 12.450 millones de euros. El malestar de los empleados se refleja en los datos del estudio: el 76% de los encuestados ha experimentado emociones negativas en el ámbito laboral. Como resultado, el eNPS ha descendido 50 puntos y la intención de abandonar el puesto de trabajo ha aumentado un 11%. El perfil predominante entre los afectados corresponde a profesionales técnicos sin equipo a su cargo, de entre 45 y 54 años, con más de quince años de antigüedad en la empresa. El informe destaca que el 25% de los trabajadores sufre síndrome de burnout, el 21% se siente frustrado y el 15% experimenta hastío. Según Lukkap, la experiencia del empleado se encuentra estancada, ya que tres de cada cuatro indicadores se mantienen sin cambios respecto al año anterior. Aunque la intención de salida ha disminuido un 4%, la falta de acción por parte de las empresas no contribuye a mejorar la situación. "No hacer nada no sirve de nada", advierte el estudio. En un contexto de creciente competencia por el talento, la falta de medidas concretas impide que los empleados se sientan más satisfechos en sus puestos de trabajo. El informe también señala que los sectores que invierten en la mejora de la experiencia del empleado obtienen mejores resultados. En estas empresas, el grado de recomendación mejora de -23 a 22, la intención de cambio baja al 10% y el compromiso de los trabajadores aumenta del 6,5 al 8. El liderazgo sigue siendo una asignatura pendiente en la gestión empresarial. Ser un buen líder no se limita a proporcionar retroalimentación, sino que implica guiar y acompañar a los empleados en su desarrollo profesional. Aunque el 65% de los trabajadores recibe comentarios sobre su desempeño, solo el 54% siente que sus superiores se involucran en su crecimiento profesional y les orientan sobre los pasos a seguir para avanzar en su carrera.

LEER MÁS

(Expansión, 06-03-2025) | Laboral

Las diferencias entre los presidentes de CEOE y Cepyme arrecian en la esfera pública

El presidente de la CEOE ha instado a dejar de lado los intereses personales, mientras que el líder de Cepyme ha dejado claro que no adoptará una postura "tibia" frente al Gobierno, pese a que algunos piensan que así le iría mejor. Aunque las diferencias entre ambos venían de tiempo atrás, fue a finales de enero cuando trascendió que Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, buscaba promover un cambio en la dirección de Cepyme, la organización que representa a las pequeñas y medianas empresas, apartando a su actual líder, Gerardo Cuerva, quien ya había manifestado su intención de presentarse a la reelección. Ayer, en medio de un clima de creciente tensión entre ambos, sus discrepancias quedaron en evidencia durante un acto público al que asistieron numerosos empresarios, así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El desencuentro tuvo lugar en la gala de los XI Premios Cepyme, un evento destinado a destacar el papel de las pymes, pero que terminó convirtiéndose en un cruce de declaraciones entre Garamendi y Cuerva, reflejando el conflicto interno que rodea al proceso electoral en Cepyme. "Las organizaciones empresariales representan los intereses del sector ante los gobiernos, los partidos y los sindicatos", señaló Garamendi, subrayando la importancia de la unidad y apelando a la necesidad de actuar con generosidad y visión estratégica, dejando de lado los intereses individuales. El mensaje iba claramente dirigido a Gerardo Cuerva, quien, por su parte, defendió su liderazgo en Cepyme y trasladó a Pedro Sánchez el "clamor" de las pymes contra las políticas económicas del Ejecutivo. "Seguiré defendiendo a las pequeñas y medianas empresas y alzaré la voz por ellas porque es lo que necesitan las empresas y también España", afirmó. Cuerva fue más allá y, dirigiéndose a Sánchez, declaró: "Podría adoptar una postura más institucional, moderada y complaciente, lo que algunos consideran que me beneficiaría. Pero, presidente, creo firmemente que ser institucional no debe estar reñido con ser responsable". Ambos dejaron claras sus posiciones, evidenciando la intensidad de la disputa interna dentro de CEOE-Cepyme. El enfrentamiento se produjo frente al propio presidente del Gobierno y numerosos representantes del sector empresarial, apenas unas horas después de que se conociera que Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios CEOE-Cepyme, disputará la presidencia de Cepyme a Cuerva, contando con el respaldo y la confianza de Garamendi. Durante su intervención, Cuerva reiteró su intención de presentarse a la reelección, asegurando que su compromiso es representar y dar voz a quienes lo eligieron. Asimismo, adelantó a Sánchez que, si continúa en el cargo, seguirá defendiendo a las pymes afectadas por el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) y a aquellas preocupadas por la reducción de jornada que el Gobierno busca aprobar en el Congreso. Aunque destacó la buena relación con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y su disposición a escuchar, también expresó dudas sobre el apoyo unánime del Ejecutivo al papel de las empresas. En particular, señaló que no estaba seguro de que todos en el Gobierno compartieran esa visión, en alusión a Yolanda Díaz, a quien acusó de haber marginado el diálogo social. La tensión entre CEOE y Cepyme se intensificó el pasado 18 de febrero, cuando Cuerva promovió una reforma en el reglamento interno de Cepyme para limitar la delegación de voto. La medida fue rechazada por la mayoría del Comité Ejecutivo, pero finalmente aprobada por la Junta Directiva, desatando un debate sobre su legalidad. Los críticos de Cuerva argumentan que la reforma no es válida, al haber sido rechazada inicialmente, mientras que un informe elaborado por María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, avala la decisión de Cuerva. Según este análisis, no existe ninguna irregularidad en la aprobación de la medida, ya que la propuesta del Comité Ejecutivo no tiene carácter vinculante en las modificaciones del reglamento interno de Cepyme.

LEER MÁS

(El País, 06-03-2025) | Laboral

La presidenta de la patronal de Valladolid, Ángela de Miguel, disputará la dirección de Cepyme a Cuerva

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha elegido a Ángela de Miguel como su candidata para competir contra Gerardo Cuerva en la carrera por la presidencia de Cepyme, la patronal de las pymes. La noticia, adelantada por La Razón y confirmada por EL PAÍS, se da a conocer en una fecha clave: justo antes de la entrega de los Premios Cepyme, un evento que contará con la presencia de destacados empresarios y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De Miguel, presidenta de la CEOE en Valladolid desde 2014, también ocupa cargos de relevancia dentro de la organización empresarial, como la vicepresidencia y portavocía de CEOE en Castilla y León, además de ser miembro de la junta directiva de CEOE y Cepyme. En el ámbito profesional, es socia fundadora del despacho de abogados Negotia, especializado en internacionalización empresarial y Derecho Colaborativo, y tiene un papel destacado en diversas entidades empresariales, como la Asociación Empresarial México-España y AMMDE. Además, ejerce como profesora de Derecho Mercantil en el MBA CEU San Pablo. En un comunicado emitido este miércoles, la abogada ha expresado su entusiasmo por asumir este reto, destacando su compromiso con las pymes españolas. Asimismo, ha manifestado su preocupación por la gestión de Cuerva al frente de Cepyme, criticando la falta de convocatoria de elecciones dentro del plazo establecido y denunciando intentos de modificar el régimen electoral sin seguir los estatutos. La candidatura de De Miguel ha sorprendido, ya que su nombre no figuraba en las listas previas de posibles contendientes, donde sí aparecían empresarios como Salvador Navarro, presidente de CEOE en Valencia, y Fermín Albadalejo, líder de los jóvenes empresarios (Ceaje). Su designación ha sido vista como un movimiento estratégico en medio de la disputa interna entre la CEOE y Cepyme. El mandato de Cuerva concluye el 16 de marzo, y se espera que las elecciones sean convocadas en la junta directiva de Cepyme el próximo 11 de marzo, con una votación que, según los estatutos, debería celebrarse como máximo en mayo. Las tensiones entre CEOE y Cepyme se han intensificado desde que Garamendi respaldó la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz en 2021, una decisión con la que Cuerva no estuvo de acuerdo. Sin embargo, el conflicto se hizo más visible en enero de este año, cuando Garamendi anunció su intención de presentar un candidato alternativo a Cuerva y le propuso otro cargo dentro de la CEOE, oferta que fue rechazada. Desde entonces, la disputa ha escalado hasta llegar a un punto álgido el 18 de febrero, cuando Cuerva promovió una reforma para restringir el voto delegado en los órganos de gobierno de Cepyme. Aunque inicialmente fue rechazada en el comité ejecutivo, finalmente se aprobó en la junta directiva, generando un fuerte rechazo por parte de los partidarios de Garamendi, quienes incluso contemplan impugnarla en los tribunales. El enfrentamiento continúa abierto y, este martes, el comité ejecutivo de Cepyme volvió a reunirse sin lograr una conclusión definitiva sobre la validez de los cambios en el reglamento de votación. Este miércoles, la pugna por la presidencia de la patronal de las pymes suma un nuevo capítulo, con la presentación oficial de la candidatura de De Miguel en un evento de gran visibilidad.

LEER MÁS

(El Economista, 06-03-2025) | Laboral

España, el país donde los nuevos trabajadores siguen siendo los que más probabilidades tiene de perder su puesto

España es el país de la Unión Europea que más empleo genera, según los datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Sin embargo, esos nuevos trabajadores también son los más propensos a perder su empleo, lo que explica por qué España sigue liderando la tasa de desempleo en los Veintisiete. La clave de esta paradoja radica en la elevada transición del empleo al paro: cada trimestre, el 2,9% de los empleados en España pierde su trabajo, más del doble del promedio europeo, que se sitúa en el 1,3%. A pesar de la reforma laboral implementada hace tres años, esta brecha sigue sin cerrarse. Este fenómeno a menudo pasa desapercibido debido a la fortaleza del crecimiento económico español en un contexto europeo de estancamiento. Según los últimos datos comparables de Eurostat, en el tercer trimestre del año, alrededor de 761.000 desempleados en España encontraron trabajo, la cifra más alta de la UE. Esto representa el 27,1% de los desempleados, aunque España no encabeza la lista en términos de tasa de inserción laboral, ocupando la sexta posición detrás de Dinamarca, Países Bajos, Estonia, Austria e Irlanda. La razón es que estos países tienen una población desempleada mucho menor en comparación con España, que sigue teniendo el mayor número de parados de la UE. El problema persiste porque, en el mismo período, aproximadamente 605.000 trabajadores pasaron al desempleo, lo que equivale al 2,9% de los empleados del trimestre anterior. En este aspecto, España lidera tanto en términos absolutos como porcentuales dentro del continente europeo. A pesar de que el saldo neto sigue siendo positivo, esta tendencia plantea diversas incógnitas sobre la estabilidad del empleo. Un estudio reciente de Fedea y BBVA Research señala que este porcentaje ha disminuido significativamente desde 2016, cuando la media era del 4,2%. No obstante, los expertos advierten que la reducción se ha estancado desde 2022. Este estancamiento no concuerda ni con la mejora del empleo ni con los efectos de la reforma laboral sobre la reducción de la temporalidad, lo que indica que la nueva normativa no ha tenido impacto en la disminución de la pérdida de puestos de trabajo. A pesar de los avances en los últimos años, el hecho de que España siga teniendo la mayor probabilidad de pérdida de empleo no solo representa un problema para el mercado laboral, sino también para la competitividad de la economía. Esto resulta aún más preocupante considerando que la reforma laboral se planteó como una solución para reducir drásticamente la inestabilidad laboral. En los últimos tres años, España ha pasado de ser el país con más asalariados con contrato temporal al tercero, por detrás de Países Bajos y Portugal. Sin embargo, este cambio no se ha traducido en una reducción de las tasas de despido, que llevan prácticamente estancadas desde 2022. El estudio, dirigido por Florentino Felgueroso y Rafael Doménech, compara la evolución de España con la de otros países como Francia, Italia, Países Bajos y Portugal para analizar esta tendencia. Los datos de Eurostat muestran que solo Luxemburgo (2,6%), Estonia (2,2%) y Finlandia (2,1%) superan el umbral del 2% en la tasa de transición del empleo al desempleo, mientras que España se mantiene cerca del 3%. En el extremo opuesto, países como Bulgaria, República Checa, Polonia y Hungría registran tasas inferiores al 0,5%, al igual que Grecia, Italia y Alemania, que se sitúan en el 0,8%. Este análisis estaría incompleto sin considerar otro factor: los empleados que, tras perder su trabajo, no buscan uno nuevo de inmediato y, por lo tanto, no se contabilizan como desempleados en el trimestre siguiente, sino que pasan a formar parte de la población inactiva. En España, este grupo representa un 3%, lo que eleva la tasa total de salida del empleo al 5,9%. A pesar de ser un dato significativo, sigue siendo inferior al de Finlandia (7,8%) y Luxemburgo (6,2%).

LEER MÁS

(El Economista, 06-03-2025) | Laboral

El Supremo aboca a los interinos a acudir al tribunal europeo de derechos humanos como última salida para lograr su fijeza

La negativa del Tribunal Supremo (TS) a aplicar la normativa europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para conceder la fijeza a los interinos que han encadenado contratos temporales de manera abusiva les deja como única opción recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en busca de estabilidad laboral. Francisco Javier Ramón Sierra, socio responsable del departamento de Derecho Público en BDO Abogados, destaca que si un interino no consigue ser reconocido como fijo en España, aún puede presentar su caso ante las instancias europeas. El experto explica que, para acudir al TEDH, es necesario haber agotado previamente todos los recursos judiciales dentro del sistema español. Esto implica que cualquier funcionario interino que decida iniciar una reclamación debe primero presentar su caso por vía administrativa, recurrir ante los tribunales, agotar las instancias hasta llegar al Tribunal Superior de Justicia correspondiente, interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y, finalmente, recurrir al Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo. Solo tras este proceso, se habilita la posibilidad de presentar una demanda ante el TEDH, dado que, según su criterio, existe una vulneración de derechos fundamentales. El pasado 25 de febrero, el Tribunal Supremo dictó dos sentencias en las que rechazó la petición de fijeza de dos funcionarios interinos, aunque reconoció que habían sido víctimas de abuso en la contratación. El argumento del TS es que convertirlos en trabajadores fijos vulneraría la Constitución, ya que el acceso a la función pública debe regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad, garantizados a través de oposiciones o pruebas de acceso. No obstante, el TJUE, en su fallo de junio pasado, concluyó que la conversión en fijos es la medida más adecuada para corregir estos abusos. Además, señaló que si una norma española, incluso de rango constitucional, obstaculiza la aplicación efectiva de una directiva europea, debe ser dejada de lado. También recordó a los tribunales inferiores que, si la jurisprudencia nacional es contraria al derecho europeo, esta no debe prevalecer. Javier Ramón sostiene que las resoluciones del Supremo evidencian una vulneración de derechos fundamentales, como el principio de igualdad y no discriminación. En este sentido, señala que los funcionarios interinos españoles afectados por estos abusos están siendo tratados de forma distinta en comparación con otros trabajadores de la UE. En España, a pesar de que la normativa europea exige adoptar medidas para sancionar estos abusos y remediar la situación, no se ha implementado ninguna solución efectiva. "Se reconoce el abuso, pero como en nuestro ordenamiento jurídico no existen medidas para corregirlo y la única posible, que es la conversión a fijo, se descarta por ser contraria a la Constitución, no se toma ninguna acción", resume el abogado. La Directiva europea de 1999, diseñada para prevenir la precariedad derivada del empleo temporal, aún no ha sido transpuesta plenamente en España. Su único reflejo se encuentra en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que un trabajador con contratos temporales encadenados durante dos años debe ser reconocido como fijo. Sin embargo, esta disposición solo se aplica en el sector privado, dejando fuera a la Administración Pública. El TJUE insiste en que, ante la existencia de abuso en la contratación, el Estado debe implementar medidas para sancionarlo y prevenirlo. Si no existen tales medidas, la conversión a fijo se convierte en la solución adecuada. Según el socio de BDO Abogados, no se trata de otorgar derechos sin haber superado un proceso selectivo, sino de reconocer derechos cuando se ha producido una situación de abuso y precariedad laboral.

LEER MÁS

(El Economista, 06-03-2025) | Laboral

UGT encara siete denuncias en Inspección de Trabajo por "vulnerar derechos laborales"

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de Madrid (FesMC), integrada en la Unión General de Trabajadores (UGT), enfrenta siete denuncias ante la Inspección de Trabajo por presuntas irregularidades laborales, entre ellas, la vulneración del derecho a la libertad sindical. Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, un grupo de delegados acusa al sindicato de no cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales y de carecer de un protocolo específico para abordar los riesgos psicosociales, incumpliendo así la legislación vigente. La Inspección de Trabajo constató que el sindicato no dispone de una evaluación de riesgos psicosociales, a pesar de ser un requisito legal, y estableció un plazo para su cumplimiento, el cual posteriormente fue ampliado. Sin embargo, los denunciantes aseguran que, a pesar de la advertencia del inspector, la organización no ha implementado ningún cambio hasta la fecha. Además, presentaron otra denuncia por la ausencia de un protocolo de acoso moral, cuya resolución -según los afectados- fue errónea, ya que la Inspección lo confundió con el protocolo de acoso sexual. El inspector advirtió a la federación que, en caso de no cumplir con las disposiciones legales, se procedería a imponer las sanciones correspondientes. Entre las denuncias interpuestas también se encuentran acusaciones por despidos improcedentes de trabajadores con discapacidad, así como represalias y amenazas contra quienes han expuesto estas irregularidades. Uno de los delegados sostiene que, debido a que han sido "incómodos" al señalar estos problemas ante la Inspección, la dirección del sindicato convocó elecciones sindicales anticipadas con el objetivo de apartarlos de sus cargos, a pesar de que solo llevaban un año de mandato. Los denunciantes denuncian una "violación continuada de los derechos laborales" y represalias contra ellos. Según sus declaraciones, el sindicato no ha evaluado ni la carga de trabajo ni las condiciones de salud laboral de sus empleados, a pesar de las reiteradas solicitudes para hacerlo. La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación de que empresas y organizaciones adopten medidas y realicen evaluaciones para prevenir riesgos laborales derivados de su actividad. Los delegados han recurrido las resoluciones de la Inspección de Trabajo tras el archivo de sus denuncias y han demandado a la organización por vulnerar su derecho a la libertad sindical. Mientras tanto, están a la espera del juicio, que se celebrará este mes de marzo. Además, han solicitado información sobre la gestión económica del sindicato y los contratos con otras entidades, como el firmado con la empresa Civex para la prestación de servicios de asesoría jurídica, al sospechar posibles irregularidades en dicho acuerdo. No obstante, UGT se habría negado a proporcionar esta información. Ante lo que consideran una falta de actuación por parte de la Inspección de Trabajo, los denunciantes han decidido presentar una queja ante el Defensor del Pueblo.

LEER MÁS

(El País, 05-03-2025) | Laboral

La creación de empleo se acelera al sumar 100.340 nuevos afiliados en el segundo mejor febrero en 17 años

El mercado laboral mostró una recuperación en febrero tras la habitual pérdida de empleo que se registra a comienzos de año. Durante el segundo mes, el número de desempleados se redujo en 5.994 personas, dejando el total en 2.593.449, la cifra más baja en un mes de febrero en los últimos 17 años. Además, se generaron 100.340 nuevos puestos de trabajo, con el sector educativo como principal impulsor de esta mejora. Este aumento representa el segundo mayor incremento en un mes de febrero desde 2007 y eleva el número de afiliados medios a la Seguridad Social hasta 21.196.154, el nivel más alto registrado en este periodo. Según los datos publicados por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, el sector educativo lideró la creación de empleo con 31.118 nuevos afiliados, seguido por la hostelería (27.076) y la construcción (20.572). En contraste, el comercio (-9.740) y las actividades sanitarias (-7.761) fueron los sectores más afectados por la destrucción de puestos de trabajo. El crecimiento del empleo se ha extendido por todo el país, con Cataluña (23.373), Baleares (14.670) y Andalucía (13.784) como las regiones que más nuevos afiliados sumaron. Solo Castilla-La Mancha y Melilla registraron un saldo negativo en febrero, con una pérdida de 2.136 y 114 empleos, respectivamente. En términos de género, aunque los hombres ocuparon un mayor número de nuevos puestos (51.831 frente a 48.509 mujeres), la distribución se mantiene equilibrada (52,71% y 47,29%). Tras la caída de enero, las mujeres superaron nuevamente los 10 millones de cotizantes. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, destacó el avance en la reducción de la brecha de género en el mercado laboral, resaltando que el empleo femenino crece a un ritmo más dinámico y con mejores condiciones laborales. Además, señaló que el número de mujeres con contrato indefinido ha aumentado un 4,4% en el último año, con mejoras especialmente visibles en sectores de mayor valor añadido. Desde Randstad explican que en febrero el empleo suele aumentar más que la reducción del paro debido a un incremento en la población activa. Por su parte, la patronal Cepyme valora positivamente los datos de empleo, destacando el esfuerzo de las empresas para mantener y generar puestos de trabajo a pesar del difícil contexto de costos elevados y alta presión tributaria y burocrática. No obstante, Asempleo advierte sobre una desaceleración progresiva en el crecimiento del empleo en los últimos meses. Su presidente, Andreu Cruañas, señala que España se acerca al pleno empleo, lo que plantea un desafío, ya que existen sectores donde el paro sigue siendo elevado y las empresas encuentran dificultades para contratar mano de obra cualificada. El crecimiento del empleo también ha beneficiado a los trabajadores autónomos, cuyo número ascendió a 3.377.146 en febrero, con un aumento de 8.196 respecto a enero y cerca de 40.000 más que en el mismo mes de 2024. La mayor parte de los nuevos autónomos se concentró en la construcción (2.135), las actividades profesionales científicas y técnicas (1.787) y la educación (1.078). Según los registros de la Seguridad Social, las mujeres representan el 36,95% del total de autónomos, la proporción más alta en la serie histórica. Desde 2021, casi el 70% del empleo generado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha sido ocupado por mujeres, con un crecimiento del 6,8%, superando en 5,1 puntos el aumento registrado entre los hombres. Los datos ministeriales también reflejan que hay alrededor de 14,8 millones de empleados con contrato indefinido, de los cuales más de 9,8 millones trabajan a jornada completa. Los contratos fijos-discontinuos se han estabilizado y representan el 4,8% del total de afiliados. Además, por primera vez, la proporción de empleados temporales cae por debajo del 12% (11,9%), cuando en febrero de 2022 alcanzaba el 26,3%. La mejora del empleo en febrero se ha visto impulsada principalmente por la reducción del paro en el sector servicios, con 5.764 desempleados menos, seguido de la construcción (-3.409) y la industria (-2.214). Sin embargo, el desempleo aumentó en la agricultura (+210) y entre quienes no han trabajado anteriormente (+5.183). En términos interanuales, el número de desempleados es 166.959 menor que en febrero de 2024. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebró los datos positivos, aunque con cautela, señalando que el desempleo estructural sigue siendo un desafío en España. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, subrayó que el mercado laboral continúa mostrando fortaleza y resistencia en un contexto de incertidumbre.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF