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(El País, 13-01-2025) | Laboral

Más de seis millones de trabajadores perdieron poder de compra en 2024

Los precios ofrecieron un respiro a los españoles durante 2024, con un incremento promedio del 2,8%. Aunque todavía se sitúan por encima del 2% considerado ideal por las instituciones económicas, están por debajo del 3,6% registrado en 2023 y lejos del desmesurado aumento del 8,4% en 2022, impulsado por la crisis energética tras el inicio de la guerra en Ucrania. Al analizar la evolución del coste de la vida en relación con los salarios, se puede determinar cuántos ciudadanos ganaron o perdieron poder adquisitivo. Según cálculos realizados, al menos 6,3 millones de trabajadores (entre empleados públicos y ocupados en el sector privado) vieron reducido su poder adquisitivo en 2024, mientras que 3,39 millones de asalariados privados lograron mantenerlo estable. En contraste, nueve millones de pensionistas y 3,9 millones de empleados del sector privado experimentaron un incremento en su capacidad de compra. En términos porcentuales, un 27% de los grupos analizados perdió poder adquisitivo, mientras que un 58% lo aumentó. Este análisis abarca tres colectivos principales: los asalariados del sector privado, basándose en la estadística de convenios del Ministerio de Trabajo; los empleados públicos, que experimentaron una pérdida de capacidad de compra; y los pensionistas, cuyas prestaciones les permitieron mejorar su situación económica. No obstante, el estudio deja fuera a una parte considerable de trabajadores, ya que los datos de convenios solo reflejan la realidad de 10,6 millones de empleados cubiertos por estos acuerdos. En total, el sector privado emplea a 15,1 millones de asalariados, lo que deja fuera a aquellos cuyos convenios no están registrados, trabajadores fuera de convenio o aquellos remunerados mediante el salario mínimo interprofesional. Tampoco incluye a los 3,4 millones de autónomos. Dentro de los casi 11 millones de empleados privados analizados, hay 50.000 que no recibieron ningún aumento salarial en 2024, perdiendo 2,8 puntos de poder adquisitivo frente a la inflación. Otros 410.000 trabajadores se encuentran en una situación similar, con subidas salariales de hasta el 1,5%. Un grupo más amplio, de 1,42 millones, recibió incrementos entre el 1,5% y el 2%, mientras que 1,43 millones lograron alzas de entre el 2% y el 2,5%, perdiendo solo unas décimas frente al IPC del 2,8%. En total, estos grupos suman 3,3 millones de empleados privados con pérdida de poder adquisitivo. Los empleados públicos, por su parte, tuvieron un aumento salarial promedio del 2%, lo que resultó en una pérdida de 0,8 puntos porcentuales de poder de compra. Sin embargo, esperan una revisión retroactiva que podría reducir esta pérdida a solo 0,3 puntos, en función del dato de inflación acumulada para 2022, 2023 y 2024, que se confirmará el 15 de enero. Este ajuste podría traducirse en un incremento adicional del 0,5%. En el sector privado, 3,39 millones de trabajadores cuyos convenios incluyeron subidas salariales entre el 2,51% y el 3% lograron prácticamente empatar con el IPC, manteniendo estable su poder adquisitivo. Por último, los empleados en mejor situación son los 3,92 millones cuyos convenios contemplaron incrementos superiores al 3%. En promedio, sus salarios crecieron un 4,1%, lo que representa una ganancia de 1,3 puntos porcentuales en su poder de compra.

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(Cinco Días, 10-01-2025) | Laboral

Hecatombe en Muface

DKV sigue los pasos de Adeslas, que había anunciado su salida a finales de 2024, y ha confirmado este jueves que tampoco continuará. La aseguradora renuncia a participar en el nuevo concierto debido a la "insuficiencia de las condiciones económicas ofrecidas", aunque se muestra dispuesta a permanecer un año más en Muface Internacional, que brinda cobertura a los funcionarios en el extranjero. Así se confirma el peor de los escenarios posibles: a solo una semana de que venza el plazo dado por el Gobierno para aceptar la segunda oferta de licitación, ASISA queda como única opción para participar en el concierto. Sin embargo, de seguir adelante, esta compañía debería asumir la atención sanitaria de 1,5 millones de personas, una tarea que parece difícilmente viable. La situación en Muface atraviesa su segunda gran crisis en apenas dos meses, una problemática que ensombrece aún más el futuro del organismo, que en 2025 cumplirá 50 años. El "esfuerzo sin precedentes" que, según el Gobierno, se ha realizado para mejorar las condiciones del nuevo concierto, incluyendo un aumento del 33% en la prima para los próximos tres años, no ha convencido a las dos aseguradoras restantes tras la salida de Adeslas. Este miércoles, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, expresaba su confianza en que tanto DKV como ASISA aceptarían la oferta. Sin embargo, estas expectativas no se han cumplido. En un comunicado, DKV ha explicado que solicitaba un incremento de la prima del 40,6% para 2025, argumentando que las condiciones actuales resultan insostenibles tras haber acumulado pérdidas antes de impuestos superiores a 70 millones de euros en el último concierto. Además, estima que, de continuar, las pérdidas del nuevo contrato superarían las registradas previamente, situándose entre 70 y 100 millones de euros. La compañía considera que el modelo está "infrafinanciado", ya que los costes de las prestaciones médicas han sido notablemente superiores a las primas recibidas. Según datos de la aseguradora, en la última década, el gasto sanitario per cápita de las comunidades autónomas y mutuas colaboradoras ha aumentado un 60,6%, mientras que la prima de Muface solo creció un 31,6%. DKV se define como defensora del modelo de colaboración público-privada y asegura que trabajó durante el último año para lograr una reforma que lo hiciera sostenible, promoviendo una distribución equitativa de los recursos que garantizara una atención médica de calidad. Sin embargo, según señala, el nuevo concierto no cumple con las demandas clave de la compañía, como un convenio de un año, un aumento de prima del 40% y la vinculación del modelo al gasto sanitario público. Fernando Campos, consejero delegado de DKV, ha subrayado que "una empresa responsable y con buena reputación no puede permitirse continuar bajo estas condiciones", ya que esto afectaría tanto a la calidad de la atención a los mutualistas como a la retribución de los profesionales sanitarios. La salida de DKV, que cubría al 18% de los mutualistas, supone además un grave problema para el Gobierno, ya que esta aseguradora es la única que presta asistencia sanitaria a los funcionarios y sus beneficiarios en el extranjero a través de Muface Internacional. Aunque DKV asegura estar abierta a negociar para continuar prestando estos servicios durante 2025, condiciona su participación a que se cubran adecuadamente los costes. Por otro lado, la incertidumbre afecta a los funcionarios destinados en el extranjero, quienes, junto a sus familiares, comparten la preocupación por la falta de alternativas claras. Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), ha advertido sobre la "total incertidumbre" y la ausencia de un plan B para garantizar la atención sanitaria en el exterior. La respuesta tibia de las aseguradoras a la segunda oferta del Gobierno hacía prever un desenlace complicado. DKV y ASISA tenían de plazo hasta el 15 de enero para responder. El pasado 27 de diciembre, Adeslas, que representa al 47% de los mutualistas, fue la primera en anunciar su retirada, argumentando que las condiciones de la propuesta gubernamental no cubrían los costes reales. Ahora, solo queda ASISA, que tiene el 35% de la cobertura, pendiente de tomar una decisión. Adeslas ya había justificado su salida señalando que las pérdidas estimadas en el nuevo contrato (2025-2027) serían similares a las registradas en el periodo actual, con un total de 250 millones de euros en tres años. La aseguradora había solicitado un incremento de primas más acorde con los estudios realizados, algo que no fue aceptado. Sin embargo, Adeslas y ASISA sí participarán en los concursos de Isfas y Mugeju, donde las condiciones resultan más rentables. DKV, por su parte, ya había adelantado que tampoco concurriría al concierto de Mugeju.

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(El País, 10-01-2025) | Laboral

Trabajo ve casi imposible que la reducción de jornada aplique en 2025 si la medida no se tramita por vía de urgencia cuanto antes

Así lo detalla el equipo liderado por Yolanda Díaz, al explicar las razones detrás de su insistencia en que la medida sea abordada de inmediato en el Consejo de Ministros con carácter urgente. Según fuentes del ministerio, critican que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), controlada por el Ministerio de Economía, ha retrasado la inclusión de este tema en las reuniones más cercanas del gabinete. Además, cuando finalmente lo acepta, lo hace bajo el procedimiento ordinario, lo que prolonga los tiempos de tramitación. Desde el Ministerio de Trabajo calculan que, si se sigue el procedimiento ordinario, el trámite parlamentario no comenzaría hasta después del verano. Según sus estimaciones, esto dejaría un margen demasiado ajustado para que el proceso legislativo finalice en 2025, poniendo en riesgo el cumplimiento del compromiso de que la reducción de jornada laboral sea efectiva para todos los trabajadores asalariados antes del 31 de diciembre de ese año. Además, recuerdan que PSOE y Sumar ya han incumplido el paso intermedio previsto para 2024, que contemplaba una reducción de la jornada a 38,5 horas semanales. "Es falso que el Ministerio de Economía haya bloqueado la tramitación urgente de la reducción de la jornada laboral. Por el contrario, dada su relevancia, ha dispuesto que sea tratada en la primera reunión posible de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos", respondieron este miércoles fuentes del ministerio liderado por Carlos Cuerpo. Según explican, debido a las importantes implicaciones económicas de la iniciativa, Economía considera esencial un debate profundo con la participación de todos los ministerios involucrados. Aunque subrayan su compromiso con la reducción de la jornada laboral, no respaldan su tramitación urgente. En una comunicación dirigida al Ministerio de Trabajo, que ha sido consultada por El País, el Ministerio de Economía argumenta que, dada la trascendencia de la medida y su impacto en la economía, así como la necesidad de coordinación interministerial, el procedimiento ordinario es el más adecuado. Además, señalan que el tema no se incluirá en la reunión de la CDGAE del 13 de enero, sino que podría abordarse en la del 27 de enero. Por su parte, Trabajo critica que la frecuencia de estas reuniones ha disminuido respecto a la legislatura anterior, lo que reduce aún más las oportunidades de avanzar con rapidez en este tipo de asuntos. El procedimiento ordinario, según detalla el equipo de Díaz, implica que la propuesta pase dos veces por el Consejo de Ministros, además de requerir informes de varios ministerios y organismos, lo que puede alargar el proceso considerablemente. En cambio, el trámite urgente permitiría acelerar estos pasos: los informes deberían elaborarse rápidamente, su ausencia no detendría el proceso, y no sería necesario un segundo paso por el Consejo de Ministros. Por ello, el Ministerio de Trabajo insiste en que la medida sea tratada por la vía urgente para garantizar que el anteproyecto de ley se ponga en marcha lo antes posible. Un argumento clave del PSOE para no priorizar su implementación en 2025 es la compleja "realidad parlamentaria", como ha señalado Carlos Cuerpo en varias entrevistas. Economía sostiene que, dada la dificultad de alcanzar acuerdos en un Congreso con mayoría conservadora, se necesita una propuesta equilibrada. Sin embargo, desde Trabajo interpretan estas declaraciones como una falta de respaldo al texto consensuado con los sindicatos y rechazado por la patronal. Tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos asumen que el proyecto se modificará durante su paso por el Parlamento para atraer el apoyo de partidos nacionalistas de derechas, pero consideran que esos cambios no deberían realizarse en el Consejo de Ministros. Recientemente, Yolanda Díaz mantuvo conversaciones con Carles Puigdemont, líder de Junts, cuya posición es clave en el actual escenario político, mientras que el PNV y otros socios de izquierdas han mostrado predisposición favorable. Es relevante señalar que el PP no ha expresado una oposición categórica a la medida y que, cuando Sumar presentó una propuesta similar en el Congreso, optó por abstenerse, al igual que Junts, dejando únicamente a Vox como opositor directo.

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(El País, 10-01-2025) | Laboral

La construcción enfría sus expectativas por la falta de mano de obra: la previsión de nuevos empleos cae más de 15 puntos

El 2024 dejó un balance dispar para el sector de la construcción en España, reflejando las tensiones económicas actuales. A pesar de la incertidumbre global, el sector mostró una notable resistencia tras tres años de dinamismo. No obstante, enfrentó dos problemas crecientes: una desaceleración en el ritmo de construcción de viviendas y un retroceso en las expectativas de creación de empleo, que cayeron 15,7 puntos porcentuales en comparación con diciembre de 2023. Estos desafíos se reflejaron en el Indicador de Clima de la Construcción (ICC), el principal barómetro del sector, que elabora mensualmente el Ministerio de Industria. Este indicador cerró el año en uno de sus niveles más bajos en 12 meses, con un repunte mensual de solo 0,9 puntos y un promedio anual que se quedó a 8 puntos. Aunque las carteras de pedidos crecieron 10,6 puntos, las expectativas de empleo, un indicador clave de confianza empresarial, cayeron casi nueve puntos, con un descenso interanual de más de 10 puntos respecto al año anterior. Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), señaló que esto no implica una crisis, pero sí una ralentización. "El sector no está en caída libre, pero la escasez de mano de obra está empezando a frenar proyectos, especialmente en el ámbito de la vivienda. Si no solucionamos este problema, será difícil mantener el ritmo que demanda el mercado", explicó. El ICC se basa en las previsiones de 285 empresas encuestadas a nivel nacional sobre los próximos tres meses. La vivienda se ha convertido en el mayor desafío del sector. En diciembre, este segmento registró una caída interanual de 11,4 puntos y un desplome mensual de 22,3 puntos, alcanzando uno de sus peores resultados en tres años. Este retroceso se debe, por un lado, a los altos costes de construcción y, por otro, a la falta de personal cualificado. Según Fernández Alén, "para resolver la crisis de vivienda, primero debemos abordar la falta de mano de obra". Propone un plan de choque que fomente la incorporación de jóvenes, mujeres y migrantes al sector, además de estrategias formativas, para cumplir con la demanda de vivienda y los objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia. El contexto económico también ha influido negativamente. Las políticas del Banco Central Europeo para contener la inflación elevaron las hipotecas y dificultaron el acceso al crédito, lo que impactó indirectamente al sector. Además, eventos puntuales como la DANA en Valencia desviaron recursos y mano de obra hacia la reconstrucción de las zonas afectadas, dejando menos personal disponible para otros proyectos. Por otro lado, aunque la obra civil tuvo un mejor desempeño que la edificación, también cerró diciembre con una caída interanual de 9,2 puntos. Sin embargo, grandes proyectos de infraestructuras, como redes ferroviarias y carreteras, han sostenido el sector gracias al uso intensivo de maquinaria y tecnologías avanzadas, menos dependientes de la mano de obra. Estos proyectos han sido impulsados, en parte, por el Plan de Recuperación y Resiliencia, aunque en algunas regiones donde ya se ha ejecutado gran parte del presupuesto, se espera una desaceleración en 2025. Mientras los resultados varían entre sectores, los precios de venta se estabilizaron durante el segundo semestre de 2023, dejando atrás los picos inflacionarios de años anteriores. No obstante, las expectativas son prudentes, ya que los analistas coinciden en que es improbable que el ritmo de construcción satisfaga la alta demanda actual. De cara a 2025, la falta de personal cualificado se presenta como el mayor desafío. Las expectativas de empleo cerraron el año con una caída interanual de casi 16 puntos, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas del sector. Fernández Alén destacó que, aunque las grandes compañías pueden absorber esta presión, las constructoras más pequeñas enfrentan mayores dificultades. Pese a estas adversidades, las perspectivas del sector son optimistas gracias a la moderación de los costes de materiales y energía, así como a las sucesivas reducciones en los tipos de interés por parte del BCE. Estas condiciones han permitido al ICC mantener sus expectativas a largo plazo en niveles históricos, superando incluso los valores previos a la crisis de 2008. Según el informe del Ministerio, la media a largo plazo del indicador se sitúa actualmente en niveles máximos de los últimos 17 años y en terreno positivo, algo que no ocurría desde 2007.

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(El País, 10-01-2025) | Laboral

Elma Saiz defiende agilizar la llegada de empleados foráneos de más sectores

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, presentó este jueves las principales prioridades de su departamento para 2025. Entre sus objetivos se encuentran fomentar el crecimiento del empleo, implementar un plan de integración y convivencia intercultural, y fortalecer la protección social dentro del sistema público. Uno de los puntos destacados de su agenda es la intención de "ampliar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura", un listado que permite a las empresas contratar trabajadores en el extranjero debido a la falta de mano de obra en determinadas áreas. Esta propuesta, sin embargo, difiere de la postura del Ministerio de Trabajo, encargado de elaborar dicho catálogo a través del SEPE. El equipo liderado por Yolanda Díaz ha mostrado reticencias a ampliar la lista, argumentando que España no enfrenta un problema generalizado de vacantes. Además, recalca que la elaboración de este documento es una de sus competencias exclusivas. Por su parte, Seguridad Social defiende que ciertos sectores sí sufren una marcada escasez de mano de obra y reclama mayor protagonismo en la actualización del listado. Este desacuerdo se suma a otros puntos de fricción dentro del Ejecutivo, aunque de momento se mantiene en un nivel moderado. Hasta hace poco, el catálogo incluía principalmente profesiones muy específicas, como maquinistas navales o pilotos de buques mercantes. Bajo el liderazgo de José Luis Escrivá, se presionó para incorporar oficios como fontaneros, soldadores y camioneros, logrando finalmente que se añadieran ocupaciones técnicas en la construcción, tales como instaladores electricistas, montadores de carpintería metálica y operadores de grúas móviles, tras un fuerte impulso de la patronal. Ahora, Saiz quiere ir más allá y avanzar hacia una mayor inclusión de personas extranjeras en el mercado laboral. Este jueves afirmó que trabajará en dos líneas estratégicas: la ampliación del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura y una nueva estrategia de movilidad laboral. La ministra aseguró que identificará los sectores con déficit de mano de obra de manera objetiva y rechazó adelantar qué profesiones podrían incluirse, afirmando que cualquier incorporación se basará en criterios claros y medibles. El debate de fondo entre Migraciones y Trabajo refleja enfoques opuestos sobre las vacantes laborales en España. Seguridad Social, alineada con otras áreas económicas del PSOE, considera que la escasez de mano de obra está limitando el crecimiento económico del país y que la contratación en origen puede ser una solución. Según un estudio del Banco de España, el 42,8% de las empresas señalaron en el tercer trimestre de 2024 que la falta de personal afecta negativamente a su actividad, el doble de lo registrado hace tres años. Por el contrario, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos argumentan que este problema se concentra en sectores muy específicos y no es generalizado. Las cifras oficiales parecen respaldar esta visión: en España hay 150.541 vacantes sin cubrir, lo que representa solo el 0,9% del total de empleos, una de las tasas más bajas de Europa, lejos del promedio de la UE (2,3%) y de países como Alemania (3%). Además, la ralentización económica en Europa central ha mitigado este fenómeno incluso en las naciones más afectadas. El INE, por su parte, reconoce que su estadística de vacantes puede mejorarse y estudia la posibilidad de incorporar datos de portales de empleo para obtener una visión más precisa.

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(La Vanguardia, 10-01-2025) | Laboral

La Seguridad Social relanza el proyecto de las altas progresivas

En octubre surgió la controversia tras el anuncio del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social sobre la implementación de un sistema de bajas flexibles que permitiría la reincorporación gradual al trabajo tras un periodo prolongado de incapacidad. La propuesta contemplaba la posibilidad de compatibilizar la baja médica con la actividad laboral. Sin embargo, los sindicatos reaccionaron con fuertes críticas, lo que llevó a Seguridad Social a reconsiderar y ajustar tanto el enfoque como la denominación del proyecto. El cambio en la forma se reflejó en el nombre: pasó de "bajas flexibles" a "altas progresivas". Según fuentes del Ministerio, este cambio no es menor, ya que el término "altas progresivas" tiene una carga simbólica más positiva. En cuanto al fondo, se aclaró que la propuesta busca facilitar una reincorporación gradual al trabajo, pero solo después de que el trabajador reciba el alta médica. Este proceso estaría supervisado por profesionales médicos y dirigido especialmente a quienes hayan atravesado patologías graves o de larga duración, como el cáncer. Pese a estas precisiones, la iniciativa no convenció a los sindicatos durante la reunión de diálogo social celebrada a mediados de octubre, aunque recibió una mejor acogida por parte de la patronal, que descartó posibles abusos del sistema. Ahora, la Seguridad Social retomará el tema. La ministra Elma Saiz ha anunciado que presentará de nuevo esta propuesta en la reunión de diálogo social prevista para finales de mes, donde participará personalmente. Según sus declaraciones, el proyecto busca modernizar la Seguridad Social y colocar la salud de los trabajadores como prioridad. Saiz destacó que las altas progresivas responden a una demanda social y tienen como objetivo central el bienestar de los empleados. A pesar de estas declaraciones, los sindicatos mantienen una postura inicial de desconfianza. El ministerio intentará calmar estos temores explicando las medidas diseñadas para reforzar el papel de los médicos en este proceso y garantizar que las altas progresivas no supongan presión adicional sobre los trabajadores en baja médica para acelerar su retorno al puesto. Con este enfoque renovado, Seguridad Social intentará relanzar el proyecto a comienzos de año, buscando superar las reticencias sindicales. Ya en octubre, la ministra enfatizó que esta medida no tiene un trasfondo económico, sino que pretende ampliar derechos laborales y priorizar la salud de los trabajadores.

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(Expansión, 09-01-2025) | Laboral

Unai Sordo se presentará por última vez a la reelección como secretario general de CCOO

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, anunció este miércoles que se postulará por tercera y última vez para liderar el sindicato, según comunicó a través de un mensaje en redes sociales. "He informado al Consejo Confederal -máximo órgano de dirección entre congresos de CCOO- de mi intención de presentar candidatura a la Secretaría General en nuestro próximo Congreso, por tercera y última vez", expresó en X. Nacido el 2 de octubre de 1972 en Barakaldo (Vizcaya), Sordo asumió el cargo de secretario general de CCOO a finales de 2017, sucediendo a Ignacio Fernández Toxo tras obtener el respaldo del 88,8% de los delegados en el 11º Congreso del sindicato. La propuesta para que Sordo tomara el relevo partió del propio Toxo, siendo ratificada casi por unanimidad por el Consejo Confederal. En octubre de 2021, durante el 12º Congreso, Sordo logró renovar su liderazgo con el 93,09% de apoyo por parte de los delegados sindicales, superando incluso el respaldo obtenido en su elección inicial. Cabe destacar que el cargo de secretario general en CCOO está limitado a un máximo de tres mandatos, dos ordinarios y uno extraordinario, cada uno con una duración de cuatro años.

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(El País, 09-01-2025) | Laboral

UGT exige que el Consejo de Ministros no cambie el pacto para reducir la jornada, pero sí asume modificaciones posteriores en el Congreso

La disputa entre los ministerios de Trabajo y Economía sobre la reducción de jornada ha sido el tema central de la rueda de prensa en la que Pepe Álvarez, secretario general de UGT, expuso las prioridades del sindicato para 2025. "Nosotros negociamos con el Gobierno, y es este quien decide sus interlocutores. Hasta que el presidente nos diga lo contrario, nuestro interlocutor es el Ministerio de Trabajo", afirmó Álvarez al ser consultado sobre las diferencias internas entre los ministerios. También criticó al Ejecutivo por airear estas discrepancias públicamente: "Estamos acostumbrados a este tipo de debates abiertos, pero creemos que deberían tener lugar en el Consejo de Ministros. No aportan nada positivo. El Gobierno nos tiene habituados a esta dinámica". Asimismo, exigió que el Consejo de Ministros apruebe el texto acordado entre Trabajo y los sindicatos, aunque reconoció que el contenido podría modificarse durante su tramitación parlamentaria. Al ser preguntado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería pronunciarse sobre el asunto, Álvarez señaló: "No sé si el presidente ha tenido la oportunidad de responder a esa pregunta. No creo que esté evitando el tema; les invito a preguntárselo". Al mismo tiempo, opinó que el hecho de que Sánchez no se haya expresado no es un "mal síntoma" en cuanto al respaldo al acuerdo entre Trabajo y los sindicatos. Álvarez también destacó que no ha mantenido ningún contacto con el Ministerio de Economía para tratar la reducción de jornada y añadió: "Conocemos su postura por lo que escuchamos y leemos en los medios". Además, expresó su sorpresa ante algunos argumentos atribuidos a miembros del Gobierno que, según él, se asemejan mucho a los de ciertos empresarios caracterizados por su "inmovilismo absoluto". Consideró que esta postura "no es razonable". Pese a las dudas sobre el momento en que la norma llegará al Consejo de Ministros, Álvarez no mostró preocupación: "El acuerdo no especificaba en qué Consejo de Ministros debía presentarse. No creo que estemos perdiendo el tiempo". Subrayó la importancia de asegurar una mayoría parlamentaria para garantizar el éxito de la medida y aseguró que se está trabajando en esa dirección dentro del Gobierno. En línea con Yolanda Díaz, pidió que el texto que se apruebe en el Consejo de Ministros sea el mismo que Trabajo pactó con los sindicatos, afirmando que "no debería cambiarse ni una coma". No obstante, mostró disposición a que se introduzcan modificaciones durante el trámite parlamentario para atraer apoyos políticos: "Entendemos que los grupos parlamentarios quieren tener protagonismo". Sobre las declaraciones de Díaz respecto al ministro Carlos Cuerpo, a quien calificó de "mala persona", Álvarez evitó entrar en valoraciones personales: "No me dedico a juzgar si los miembros del Gobierno son buenas o malas personas". Sin embargo, destacó que tiene una opinión personal positiva del ministro y agregó: "Cada uno es responsable de sus calificativos. Si algún día hago una declaración de esa contundencia, explicaré mis razones". Finalmente, se refirió al prolongado bloqueo del Estatuto del Becario, otro acuerdo entre Trabajo y los sindicatos que lleva más de un año paralizado debido a divisiones internas en el Gobierno. "Le advierto al Gobierno de manera clara: no permitiremos que con la reducción de jornada ocurra lo mismo que con el Estatuto del Becario. No quedará archivada sin ser tramitada". Álvarez advirtió que, de suceder, esto generaría una "frustración" que el sindicato canalizaría mediante protestas.

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(El País, 09-01-2025) | Laboral

Los expertos de Trabajo aconsejan una subida del salario mínimo de hasta 50 euros, 1.184 euros al mes

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, que beneficia a unos 2,5 millones de trabajadores, ha experimentado un aumento del 54% desde 2018, superando ampliamente el incremento de los precios durante ese periodo (19%). Esto ha generado una notable mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables. Desde los 736 euros brutos mensuales en 14 pagas que se fijaron en 2018, el SMI ha ascendido a 1.134 euros y se prevé que continúe creciendo este año. Según las recomendaciones de la comisión de expertos, podría aumentar entre un 3,44% y un 4,41%. El informe elaborado por esta comisión, que incluye académicos, representantes sindicales y miembros de los ministerios de Trabajo, Hacienda y Economía, sugiere un incremento de entre 39 y 50 euros al mes. Esto llevaría el SMI a 1.173 euros brutos (16.422 euros anuales) en el escenario más conservador, y a 1.184 euros (16.576 euros anuales) en el más ambicioso. Estas cifras aseguran que el salario mínimo mantenga su poder adquisitivo y continúe representando el 60% del salario medio, conforme a los objetivos marcados por la Carta Social Europea. El aumento del SMI no solo beneficia directamente a quienes lo perciben, contribuyendo a reducir la desigualdad salarial, sino que también tiene un efecto indirecto sobre otras categorías salariales. Al quedar desfasados los niveles más bajos de los convenios colectivos, estos se renegocian, elevando el suelo salarial general. A diferencia de otras iniciativas sociales, el aumento del SMI no enfrenta obstáculos parlamentarios, ya que el Ejecutivo puede decidir su incremento tras consultar con los agentes sociales. Sin embargo, existen diferencias de criterio dentro del Gobierno: mientras el Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, apuesta por un incremento moderado, el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, prefiere una subida más ambiciosa. El informe de los expertos recalca que para cumplir con el compromiso de que el SMI alcance el 60% del salario medio neto, el incremento para 2025 debería situarse entre el 3,44% y el 4,41%. Ambas propuestas superan la evolución de los precios, que en 2024 se estima en un 2,8% en diciembre y un promedio anual del 2,4%, garantizando así una ganancia de poder adquisitivo de entre uno y dos puntos porcentuales. La referencia al 60% del salario medio no es casual, sino que se basa en la Carta Social Europea, ratificada por España en 2021, que reconoce el derecho a una remuneración suficiente para garantizar un nivel de vida digno. El Comité Europeo de Derechos Sociales estipula que el SMI no debe ser inferior a ese porcentaje del salario medio de un trabajador a tiempo completo, compromiso que el Gobierno ha ratificado en su programa. No obstante, calcular con precisión el 60% del salario medio enfrenta dificultades debido a la falta de datos actualizados en las estadísticas salariales en España. La Encuesta de Estructura Salarial del INE, considerada la más fiable, tiene un retraso significativo (su último dato es de 2022), mientras que otras fuentes, como las estadísticas de convenios colectivos o la Encuesta de Población Activa, también presentan limitaciones temporales. El Ministerio de Trabajo considera que el SMI de 2024 ya cumple con el 60% del salario medio, pero el reto de mantener esa proporción requiere ajustes que reflejen el avance de las retribuciones en general. La comisión de expertos trabaja con estos parámetros para garantizar que el incremento de este año no solo mantenga el poder adquisitivo, sino que refuerce el compromiso del Gobierno con la mejora continua del SMI.

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(El Economista, 09-01-2025) | Laboral

Los sindicatos reclamarán una subida del SMI que supere el 4% señalado por Economía

A la espera de que el grupo de trabajo haga pública su recomendación sobre el aumento del salario mínimo para 2025, los sindicatos consideran insuficiente el incremento propuesto por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien mencionó la posibilidad de subirlo un 4%, alcanzando los 1.179 euros brutos. Según explicó, esta cifra está basada en el crecimiento del salario medio registrado el año pasado según ciertas estadísticas. La ministra de Seguridad Social respaldó esta postura, lo que fue interpretado por la titular de Trabajo como una posible interferencia en su área, que aún no se ha pronunciado oficialmente hasta recibir el informe del grupo de expertos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló este miércoles que su sindicato propondrá un aumento del salario mínimo de entre un 5% y un 6%. Aunque afirmó que no habrá líneas rojas antes de las negociaciones con el Ministerio de Trabajo y las patronales CEOE y Cepyme, dejó claro que exigirán superar el 4% mencionado por el Ministerio de Economía. Álvarez minimizó las disputas internas del Gobierno y destacó que las negociaciones aún no han comenzado, subrayando que los sindicatos no se verán afectados por conflictos entre ministerios. CCOO y UGT presentaron una propuesta conjunta para la subida del salario mínimo, que servirá como base en las negociaciones con las organizaciones empresariales. El Gobierno espera cerrar un acuerdo antes de final de mes y llevar la nueva cuantía al Consejo de Ministros en enero. Un incremento del 5% situaría el SMI en 1.190,7 euros mensuales, mientras que una subida del 6% lo elevaría a 1.202,04 euros, frente a los actuales 1.134 euros. Estas conversaciones se desarrollarán en un contexto de tensiones con la CEOE, tras once meses de negociaciones infructuosas sobre la reducción de la jornada laboral. Desde 2020, las actualizaciones del salario mínimo no han contado con el apoyo de la CEOE, lo que ha inclinado la balanza a favor de las propuestas sindicales dentro del marco fijado por la comisión de expertos. En 2024, UGT rechazó aceptar una subida inferior al 5%, y finalmente esa fue la cifra aplicada, después de que las patronales se opusieran a un aumento del 4% sin medidas complementarias como la actualización de la normativa de contratación pública o la reducción de cotizaciones en el sector agrario, demandas que no fueron respaldadas ni por Trabajo ni por los sindicatos. El grupo de trabajo encargado del análisis incluye representantes de los ministerios de Economía, Hacienda y Trabajo, además de académicos y economistas propuestos por CCOO y UGT, aunque no hay miembros designados por la patronal. Su análisis se basa en datos como la Encuesta de Estructura Salarial de 2022 y la Encuesta de Costes Laborales, que ofrecen información sobre el gasto en salarios, pero excluyen otros factores contemplados en el Estatuto de los Trabajadores, como la evolución de la economía o la productividad. Para UGT, es fundamental definir con precisión el salario medio y calcular el 60% de este, tal como establece la Carta Social Europea. El sindicato ha expresado su desacuerdo con los criterios actuales que excluyen ciertos datos, como los de Eurostat, que sitúan el salario medio en 32.587 euros anuales (2023) y podrían elevar el SMI a cerca de 1.300 euros mensuales. Este año, por primera vez, UGT ha podido incluir a un economista en el grupo de expertos y espera que esto permita introducir nuevos criterios en el cálculo final. El grupo de trabajo acordó reunirse nuevamente esta semana para cerrar su recomendación. Se espera que, antes del fin de semana, el Ministerio de Trabajo convoque a los representantes de sindicatos y patronales para iniciar las negociaciones, con el objetivo de aprobar la nueva cuantía lo antes posible y minimizar la incertidumbre en las empresas.

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