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(El País, 05-12-2024) | Laboral

Cuatro de cada diez personas que se estrenan en el mercado laboral lo hacen en la hostelería o el comercio

La reforma laboral ha reducido drásticamente el uso de contratos temporales en España. La tasa de temporalidad, que mide la proporción de contratos temporales sobre el total, ha disminuido del 25% al 16% en términos generales. Este tipo de contrato, caracterizado por una duración limitada, sigue siendo habitual en los primeros empleos, un aspecto analizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y BBVA Research en su Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo, publicado este miércoles. Según el informe, el 35% de los contratos de quienes acceden por primera vez al mercado laboral son temporales, una cifra significativamente inferior al 80% registrado antes de la reforma laboral. Los expertos destacan este notable descenso en los contratos temporales entre los nuevos trabajadores: "La reforma laboral de 2021 transformó significativamente el tipo de contrato asociado al primer empleo". En 2019, antes de la pandemia y sin la reforma en vigor, el 78% de los contratos en primeros empleos eran temporales, mientras que los indefinidos representaban el 23%, divididos en un 6% de fijos discontinuos y un 17% de fijos ordinarios. En 2023, estos porcentajes han cambiado: los temporales representan un 35%, los fijos discontinuos un 22%, y los fijos ordinarios alcanzan el 44%. El informe también examina cómo acceden las personas al mercado laboral en España, señalando que un gran número comienza su trayectoria en sectores como la hostelería y el comercio. Aproximadamente el 40% de las personas que acceden a su primer empleo lo hacen en estos sectores, con un 23% en hostelería y un 17% en comercio. "La hostelería se ha consolidado como la principal puerta de entrada al mercado laboral en España", señala el análisis. Otro aspecto que destaca el informe es la evolución de los contratos indefinidos en primeros empleos. Aunque el número de estos contratos ha aumentado gracias a la reforma, su duración se ha reducido, ya que en muchos casos no superan el año. Además, los salarios reales asociados a estos contratos se han mantenido estables en los últimos 20 años, pese al incremento del salario mínimo. Esta tendencia también se observa en los empleos posteriores al primer contrato. Por otro lado, el informe indica, basándose en datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales y las primeras altas en la Seguridad Social, que la población que accede a su primer empleo legal en España ha crecido significativamente tras la pandemia, alcanzando niveles similares a los de 2007. En 2023, un millón de personas se registraron por primera vez como afiliados, cifra comparable a la registrada antes de la Gran Recesión. Asimismo, se destaca un aumento en la participación de personas extranjeras entre quienes acceden a su primer empleo legal. El Observatorio también analiza indicadores clave como la creación de empleo. Según el informe, la generación de nuevos puestos de trabajo continuó en el tercer trimestre de 2024, concentrándose principalmente entre trabajadores por cuenta ajena, lo que compensó la disminución en el número de autónomos. Además, el crecimiento del empleo se dio principalmente entre personas extranjeras y jóvenes menores de 25 años, mientras que la población española de entre 25 y 44 años todavía no ha recuperado los niveles de empleo prepandemia. El informe también destaca el impacto del pluriempleo en el incremento del número total de empleos, con un crecimiento del 2,7% en la población ocupada con un empleo secundario durante el tercer trimestre del año. Asimismo, examina los efectos de la DANA en la provincia de Valencia, donde el aumento de la afiliación fue menor de lo esperado. Por último, los analistas anticipan un cierre de año positivo para el mercado laboral, basándose en los registros de afiliación de octubre y noviembre, que apuntan a un repunte del empleo en el cuarto trimestre.

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(El Economista, 05-12-2024) | Laboral

El Gobierno ya tiene las ofertas de las aseguradoras para rescatar Muface

Esta noche concluye el plazo otorgado por el Gobierno a las aseguradoras que gestionan el servicio de Muface para presentar sus propuestas de renovación del convenio, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre. DKV ha entregado su oferta, en la que propone un aumento de la prima actual del 40,6%, pasando de 1.032 euros por persona a 1.445 euros, lo que implicaría un mayor desembolso por parte del Ejecutivo. Además, la aseguradora, propiedad de Munich RE, plantea que el nuevo convenio tenga una duración de un año, la mitad de lo sugerido por el Gobierno el mes pasado. La postura de DKV contrasta con la de Asisa, ya que esta última no ha detallado cifras económicas en su propuesta. Sin embargo, la compañía liderada por Francisco Ivorra asegura que su planteamiento no busca obtener beneficios empresariales, sino evitar pérdidas. Tampoco se ha especificado la duración del contrato en su propuesta, aunque para la aseguradora este aspecto no parece ser prioritario. Por otro lado, Adeslas, que cuenta con el mayor número de pacientes dentro de Muface, también ha participado en la consulta preliminar lanzada por el Ministerio de Función Pública. Según fuentes de la compañía, han remitido una carta con anexos para reafirmar su postura y aportar datos que la respaldan, aunque sin precisar cifras concretas. Además, Adeslas evita confirmar el incremento del 24% que se manejó en licitaciones previas. Con las propuestas ya en manos del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, el próximo paso corresponde al ministro Óscar López. Según fuentes consultadas, la oferta final del Gobierno se anunciará en el Consejo de Ministros programado para el 10 de diciembre. Se prevé que la duración del nuevo convenio de Muface siga siendo de dos años. Sin embargo, queda por definir el porcentaje definitivo de aumento de la prima por funcionario, teniendo en cuenta que la última oferta del Ejecutivo proponía un incremento total del 17,1% en dos años, elevando la prima de 1.032 a 1.208 euros, una cantidad rechazada por las aseguradoras por considerarla insuficiente. Durante las negociaciones posteriores, se han discutido incrementos cercanos al 25%, cifra similar a la que Muface planteó antes de que las posturas se endurecieran. No obstante, el informe encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que debía determinar el coste del servicio, aún no ha sido entregado. Este estudio, que se externalizó con un plazo de diez meses, debería completarse este mes. Aunque existe la posibilidad de que se publique en los próximos días, las fuentes consultadas consideran poco probable que ocurra esta semana. Aun así, el Gobierno podría retrasar su decisión final a la espera de este informe.

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(El Periódico, 05-12-2024) | Laboral

Trabajadores en ERTE por la DANA no cobrarán la nómina hasta el 10 de enero

Un total de 30.417 trabajadores se encuentran actualmente acogidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, como consecuencia de la DANA ocurrida el pasado 29 de octubre. Este proceso afecta a 2.882 empresas. Sin embargo, un número indeterminado de estos empleados, muchos en situaciones económicas delicadas tras el devastador temporal, no podrán recibir su prestación económica "hasta el 10 de enero". Esto no ocurre de manera uniforme, ya que hay trabajadores bajo el mismo ERTE que ya han cobrado, mientras que otros no. En varios casos, funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han informado a empleados afectados que no percibirán el pago correspondiente ni en noviembre ni en diciembre. Desde el Ministerio de Trabajo, que no ha especificado cuántos trabajadores han recibido ya su prestación, se justifica el retraso señalando que "el cierre de nóminas del SEPE y de cualquier empresa se realiza a mes vencido". Para mitigar el impacto de esta demora, el organismo dirigido por Yolanda Díaz ha iniciado acuerdos con entidades financieras para adelantar los pagos en cuanto las prestaciones sean reconocidas. Por esta razón, los expedientes aprobados en diciembre se abonarán en enero. El plazo para que los trabajadores reciban sus prestaciones depende del momento en que la empresa presente la solicitud y de la aprobación por parte de la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Trabajo, encargada de validar los expedientes presentados por las empresas de la región. Según Labora, el organismo autonómico de empleo, ya se ha resuelto el 97,3% de las solicitudes recibidas desde el 29 de octubre, con una duración media de los ERTE de aproximadamente cuatro meses (127,9 días). A pesar de que algunos trabajadores ya han recibido el pago correspondiente del SEPE, existe un creciente descontento entre aquellos que aún no han percibido su prestación. Según declaraciones recogidas por Levante-EMV, trabajadoras de un centro educativo señalan que "muchas personas con cargas económicas están enfrentando retrasos en el cobro de algo tan esencial como su nómina". Aunque reconocen la complejidad burocrática del proceso, critican que se estén produciendo demoras incluso en casos presentados dentro de los plazos establecidos. En los ERTE por suspensión de contrato, los empleados reciben el 70% de su base reguladora durante los primeros seis meses, porcentaje que se reduce al 50% a partir del séptimo mes. Por ejemplo, un trabajador con un salario bruto de 1.000 euros recibiría 700 euros al mes durante los primeros seis meses y 500 euros a partir del séptimo. Según el SEPE, en condiciones normales, las prestaciones se abonan entre los días 10 y 15 del mes siguiente a la generación del derecho, aunque esto no siempre se cumple. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, destacó durante un encuentro en Madrid sobre los desafíos laborales de 2025 que "haber conseguido retener a 30.000 trabajadores en mecanismos de protección laboral, evitando despidos masivos, es un logro colectivo". Según explicó, medidas como la reforma laboral y las nuevas normativas de relaciones laborales, basadas en la estabilidad, han sido clave para mitigar el impacto de catástrofes como la DANA en el mercado laboral, tradicionalmente marcado por la temporalidad.

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(Cinco Días, 04-12-2024) | Laboral

La justicia concede una indemnización adicional de 10.000 euros por despedir a un empleado que no llevaba ni un año

El Juzgado de lo Social número 2 de Guadalajara ha condenado a una empresa a pagar una indemnización adicional de 10.000 euros por el despido improcedente de un trabajador con contrato a tiempo parcial y una antigüedad de menos de un año. Esta decisión supera ampliamente la indemnización prevista en el Estatuto de los Trabajadores, equivalente a 33 días de salario por año trabajado. Según la sentencia emitida el pasado 7 de noviembre, la empresa también deberá asumir las costas del proceso debido a su incomparecencia tanto en el acto de conciliación como en el juicio. El trabajador afectado desempeñaba funciones de auxiliar administrativo en una empresa de gestión de fincas, bajo un contrato indefinido a media jornada. En diciembre de 2023, fue despedido de forma verbal, un hecho confirmado posteriormente por la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que lo llevó a iniciar un procedimiento de conciliación al que la empresa no asistió. El fallo judicial declara el despido como improcedente y ordena a la empresa optar entre readmitir al trabajador, con el pago de los salarios de tramitación correspondientes, o abonarle 1.050,36 euros como indemnización por despido. A esta suma se añaden los 10.000 euros de indemnización adicional y 2.168,04 euros por salarios adeudados. Además, la empresa deberá cubrir los honorarios del abogado del trabajador, hasta un máximo de 400 euros. El juez recuerda que, en los casos de despido, es responsabilidad del empleador demostrar la causa que motivó la terminación del contrato, mientras que el trabajador debe probar la existencia de un acto que refleje la intención empresarial de finalizar la relación laboral. En este caso, al no justificar la empresa el cese, se declara improcedente el despido. La indemnización adicional, que excede la prevista en la normativa habitual, se justifica con base en criterios de la Organización Internacional del Trabajo y sentencias nacionales previas. Pedro Álvarez del Río, abogado del trabajador y miembro de Lexway Abogados, subraya que este caso es excepcional debido a las malas prácticas de la empresa, como retrasos e impagos de salarios, así como su incomparecencia en el proceso judicial. Según el letrado, el trabajador dejó otro empleo para incorporarse a esta empresa, lo que agrava las consecuencias del despido. La indemnización adicional, señala Álvarez del Río, corresponde al equivalente a un año de salario del empleado y cumple una función "resarcitoria y disuasoria", alineándose con las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales y precedentes como el del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de abril de 2021. Este tipo de resoluciones judiciales envía un mensaje claro a las empresas: un despido injustificado puede tener consecuencias económicas significativas. Finalmente, se espera una próxima sentencia del Tribunal Supremo que aborde las indemnizaciones adicionales por despidos improcedentes, aportando mayor claridad y uniformidad tras diversas resoluciones en la misma línea emitidas por tribunales nacionales.

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(Expansión, 04-12-2024) | Laboral

Las empresas españolas en Reino Unido piden más facilidad para contratar y menos impuestos

La inflación y la falta de mano de obra cualificada son los dos factores que más influyen en el desempeño de las empresas españolas en Reino Unido. Estas compañías tienen altas expectativas sobre el nuevo gobierno laborista, confiando en que cumpla su promesa de estrechar la relación con la Unión Europea y reducir la carga impositiva. Según el sexto Barómetro de la Inversión de España en Reino Unido, presentado hoy por la Cámara de Comercio de España en Reino Unido, el 46% de las empresas identifica la inflación como el principal factor que afectó a su actividad durante el último año. Esto a pesar de que el aumento de precios ha disminuido, pasando del 11,1% a finales de 2022 al 2,3% actual. Este fenómeno también llevó a un incremento en los tipos de interés, que alcanzaron el 5,25% y ahora se sitúan en el 4,75%. Por otro lado, el 37% de las empresas destaca la dificultad para encontrar empleados cualificados, un problema que ha crecido 10 puntos en solo un año. Douglas Alexander, secretario de Estado británico de Política Comercial y Seguridad Económica, reconoció esta situación como una prioridad para el gobierno de Keir Starmer. Durante su intervención, mencionó a empresas españolas como Iberdrola, Santander e Indra como ejemplos de actores que pueden impulsar el crecimiento económico del país, un objetivo que Downing Street aún no ha logrado alcanzar plenamente. Amparo López Senovilla, secretaria de Estado española de Comercio, corroboró que la carencia de mano de obra cualificada es el principal obstáculo señalado por las empresas españolas en Reino Unido. López confía en que un acercamiento entre Reino Unido y la Unión Europea aporte soluciones efectivas. Otros desafíos mencionados incluyen problemas en la cadena de suministro (13%) y huelgas laborales (4%). Eduardo Barrachina, presidente de la Cámara de Comercio en Reino Unido, subrayó la necesidad de "mayor certidumbre" en áreas como la política de neutralidad de carbono para asegurar las inversiones españolas. Además, expresó su apoyo a las reformas regulatorias que buscan flexibilizar los mercados financieros. El partido laborista se ha comprometido a reconstruir las relaciones entre Reino Unido y la UE, aunque enfrenta presiones externas, como el reciente mensaje desde Estados Unidos, donde aliados de Donald Trump sugieren que Londres debe decidir entre alinearse con Washington o con Bruselas. Sin embargo, Starmer afirmó en una reciente conferencia que su gobierno buscará mantener una relación equilibrada con ambos. Las empresas españolas esperan principalmente mejoras en el mercado laboral (63%), como mayores facilidades para visados de empleados extranjeros, especialmente europeos, e incentivos para la formación profesional. También esperan reducciones fiscales (43%) y una simplificación de los controles fronterizos (40%). En cuanto a los impuestos, las decisiones iniciales del gobierno laborista han ido en dirección contraria a las expectativas empresariales. De los 40.000 millones de euros contemplados en nuevas subidas fiscales, 35.000 millones recaen sobre las empresas, lo que podría limitar la inversión y el crecimiento del empleo. Entre las medidas destacan el aumento de las cotizaciones patronales a la Seguridad Social y un alza del salario mínimo superior al 6%. A pesar de estos retos, las perspectivas de las empresas españolas para 2025 son optimistas. Un 70% prevé aumentar sus ingresos, un 49% planea incrementar su plantilla y un 48% espera invertir más, aunque este último porcentaje ha disminuido cinco puntos respecto al año anterior. Las prioridades de inversión incluyen mejorar la productividad (40%), expandir instalaciones (21%) e innovar (13%). El Barómetro también reflejó una caída del 2,3% en el stock de inversión española en Reino Unido, que cerró 2022 en 79.490 millones de euros. Reino Unido sigue siendo el segundo destino más importante para la inversión española, con un 14,5% del total, solo superado por Estados Unidos (14,9%). Los sectores con mayor concentración son los servicios financieros, el comercio, el transporte aéreo, las telecomunicaciones y la energía. Sin embargo, tras un descenso en 2023, el flujo de inversión mostró un repunte en el primer semestre del año.

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(El País, 04-12-2024) | Laboral

Trabajo advierte a todas las plataformas digitales

Glovo, que este lunes anunció el fin de su modelo basado en falsos autónomos, no es la única empresa en España que opera de esta manera. Aunque es la más conocida en el sector del reparto, sindicatos e inspectores denuncian que prácticas similares se extienden a otros ámbitos, como los cuidados, la limpieza, la psicología, la veterinaria, el periodismo o la fisioterapia. Ante esta situación, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, lanzó este martes un mensaje claro a las plataformas: "El compromiso del Ministerio de Trabajo con la ley es incuestionable. Hemos reforzado la presunción de laboralidad en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado la ley rider, modificado el Código Penal y condicionado la inversión de Delivery Hero [dueña de Glovo] a que cumpla la normativa. Si estas medidas se aplican a Glovo, también se aplican a cualquier plataforma que pretenda eludir la ley". Pérez Rey recordó que la ley rider, en vigor desde 2021, fue fruto de un consenso entre sindicatos, empresarios y el Parlamento. "Decidimos que el modelo laboral para el reparto en nuestro país es el único viable. Llámese Glovo, Uber Eats o cualquier otro nombre, no hay espacio para los falsos autónomos. Las empresas que persistan en este modelo se enfrentarán a las sanciones, la acción de la ley y el rechazo público por construir su negocio sobre la precariedad. No merece la pena", enfatizó. Sin embargo, reconoció que aún queda "mucho por hacer", especialmente en el contexto de la futura directiva europea de plataformas. Esta normativa amplía el alcance más allá del reparto, abarcando todo el espectro de plataformas digitales. "Es una oportunidad para extender los derechos laborales a otros sectores. Ya hemos iniciado conversaciones con las plataformas de cuidados y del hogar", señaló. Subrayó la importancia de identificar a todas las empresas que emplean este tipo de prácticas y presentan características de laboralidad. En relación con la situación de Glovo, algunos repartidores expresaron dudas sobre cómo se adaptarán a las nuevas condiciones: "Antes podía realquilar la cuenta, pero ahora no sé cómo funcionará eso", comentó uno de ellos. Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, adelantó en una entrevista en la Cadena SER que se implementarán auditorías algorítmicas para examinar cómo las empresas utilizan algoritmos en la gestión laboral. "Queremos garantizar que los trabajadores no sean penalizados ni reciban menos incentivos simplemente por decisiones automatizadas que carecen de transparencia", explicó. Pérez Rey dio más detalles sobre esta iniciativa, que se llevará a cabo a través de la Inspección de Trabajo y mediante directrices en la negociación colectiva. "Las relaciones laborales están profundamente influenciadas por los algoritmos, y debemos asegurar supervisión humana. Los trabajadores y sus representantes deben tener acceso a esta información para entender y fiscalizar estas reglas". También alertó sobre posibles sesgos discriminatorios en algunos sistemas algorítmicos, basados en género, afiliación sindical, participación en huelgas o bajas por enfermedad. "El objetivo de las auditorías algorítmicas es dar transparencia a estas herramientas y evitar que queden ocultas", concluyó Pérez Rey, abogando por programas de formación para que los representantes sindicales puedan comprender y supervisar el funcionamiento de los algoritmos en las empresas.

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(El País, 04-12-2024) | Laboral

El mercado laboral pierde 30.050 afiliados en noviembre por el bajón en hostelería y a la espera de la campaña de Navidad

En una economía tan estacional como la española, salvo eventos excepcionales como una pandemia o una crisis económica severa como la de 2008, la evolución de la afiliación a la Seguridad Social y del paro registrado suele seguir patrones similares cada mes. Noviembre, marcado por el fin de la temporada turística de verano y a la espera de la campaña navideña, no es tradicionalmente un mes positivo para el mercado laboral. En este contexto, España perdió 30.050 empleos en noviembre, dejando la afiliación media en 21.302.463 trabajadores. Este descenso es el mayor registrado en un mes de noviembre desde 2019. La caída se concentra especialmente en el sector de la hostelería, que perdió 120.000 empleos respecto a octubre, afectando de manera significativa a Baleares, una región altamente dependiente del turismo. En cuanto al paro registrado, el retroceso fue de 16.036 personas, un descenso moderado que se queda por debajo de las cifras de los tres años anteriores, pero que tiene un dato alentador: el número total de parados en noviembre es el más bajo desde 2007. Además, el número de ocupados alcanzó su máximo histórico en este mes, con 21.302.463 trabajadores. Los datos difundidos por la Seguridad Social muestran que en noviembre hubo 30.000 trabajadores menos que en octubre, un retroceso mayor al de años recientes. En 2023, la caída fue de 11.583 trabajadores, y en 2022, apenas 156. Excluyendo 2020 y 2021, marcados por la pandemia, el promedio de la última década señala un descenso del 0,12% en noviembre, cifra similar a la de este año (-0,14%). El análisis sectorial destaca que la hostelería es el ámbito más afectado, con una pérdida de 118.721 empleos en noviembre, lo que representa una caída del 7,61%, en línea con descensos similares en 2023 (-7,72%) y 2022 (-7,22%). También se redujo el empleo en actividades artísticas, con 1.828 bajas. Estas caídas se ven compensadas por el crecimiento en sectores como la educación, que sumó 27.430 trabajadores, y el comercio, con 23.297 más. A nivel anual, eliminando la estacionalidad, los sectores que más crecieron fueron el sanitario y de servicios sociales (+65.788 empleos, +3,56%), la hostelería (+60.111, +4,35%), la educación (+59.318, +4,87%), el comercio (+52.412, +2,03%) y el transporte y almacenamiento (+41.502, +4,95%). Por otro lado, el empleo doméstico fue el sector que más retrocedió, con 16.197 empleos menos (-4,35%). En términos regionales, la hostelería marca los datos de ocupación, con Baleares como la comunidad más afectada, perdiendo 93.535 empleos (-15,5%). Castilla y León registró la segunda mayor caída, con 6.727 empleos menos (-0,68%). En contraste, regiones como la Comunidad Valenciana (+12.618), Andalucía (+22.412) y Madrid (+29.895) registraron incrementos notables, aunque estos se explican en parte por su alta población. En términos porcentuales, Murcia (+0,92%) y Canarias (+0,81%) lideraron los avances. En cuanto al paro registrado, el Ministerio de Trabajo informó una disminución de 16.036 personas, un dato inferior al de 2023 (-24.573), 2022 (-33.512) y 2021 (-74.381), pero mejor que el de 2019 (+20.525) y 2020 (+25.269). Por sexos, el desempleo femenino bajó en 10.811 personas (-0,69%), mientras que el masculino retrocedió en 5.225 (-0,51%). En total, el número de parados se situó en 2.586.018, el más bajo para un mes de noviembre desde 2007. Esto supone 148.813 desempleados menos que hace un año, una caída ligeramente superior a la registrada entre 2022 y 2023 (-146.549). Asimismo, los 21.302.463 trabajadores afiliados marcan un récord histórico para noviembre, con un aumento anual de 496.389 empleados, aunque este crecimiento es algo menor al del año anterior (+522.443).

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(Expansión, 03-12-2024) | Laboral

El Banco de España avisa de la pérdida de competitividad respecto a la eurozona por los costes laborales

El Banco de España, liderado por el exministro José Luis Escrivá desde septiembre pasado, ha evaluado las consecuencias principales de las revisiones estadísticas realizadas por el INE sobre la evolución de la economía española tras la pandemia. Estas actualizaciones, que se han intensificado desde la llegada de Elena Manzanero a la presidencia del instituto en agosto de 2022, han sido frecuentes y, en ocasiones, significativas. El análisis refleja una imagen cada vez más favorable del PIB español. Según el Banco de España, las revisiones estadísticas publicadas en septiembre aumentaron en un punto porcentual el crecimiento acumulado de España entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2024. Como resultado, para el segundo trimestre de este año, el PIB español estaba un 5,7% por encima de su nivel previo a la pandemia, superando el crecimiento promedio de la Unión Económica y Monetaria (UEM), que fue del 4,2%, según destaca el informe presentado ayer por la entidad. Además, el Banco de España señala que estas revisiones están alineadas con las realizadas en otros países como Francia e Italia, donde el crecimiento acumulado del PIB desde 2019 también se revisó al alza (1,3 y 0,8 puntos, respectivamente). En contraste, Alemania registró una corrección a la baja de 0,1 puntos. Los datos revisados posicionan a España como una de las economías líderes en recuperación y crecimiento dentro del bloque europeo, superando a países como Italia (5,5%), Francia (3,7%) y Alemania (0,2%). Sin embargo, aún queda lejos de los avances de Grecia y Portugal, cuyos PIB se sitúan un 8,5% y un 6,8% por encima de los niveles prepandemia, respectivamente. No obstante, el panorama económico español presenta sombras. Por un lado, España ha perdido competitividad frente al promedio de la eurozona, debido al aumento de los costes laborales unitarios, que se han incrementado un 21,5%, 1,7 puntos más de lo inicialmente estimado, mientras que en la zona euro el alza ha sido del 18,3%. Esta situación ocurre justo cuando el Gobierno planea medidas como la reducción de la jornada laboral y un nuevo aumento del salario mínimo. Por otro lado, gran parte del crecimiento entre 2019 y 2024 se ha sustentado en un mayor dinamismo del consumo público y la inversión, lo que ha compensado el impacto negativo de la demanda externa. Sin embargo, el Banco de España advierte que el consumo privado y la inversión, claves para el crecimiento futuro, muestran una recuperación más lenta. En concreto, el consumo público creció un 16,8% en el periodo analizado, mientras que el gasto privado apenas subió un 1,4% y la inversión en capital fijo aumentó un modesto 0,4%. A pesar del notable crecimiento del PIB, que ha llevado a organismos nacionales e internacionales a mejorar sus previsiones para España, el PIB per cápita español sigue avanzando a un ritmo menor que el promedio de la eurozona. Entre finales de 2019 y el segundo trimestre de 2024, aumentó un 2,5%, por debajo del 2,7% de la media de la eurozona, y muy lejos de los incrementos de países como Grecia (10,9%), Italia (6,8%) y Portugal (3,9%).

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(Expansión, 03-12-2024) | Laboral

España pone deberes a las empresas con los nuevos planes LGTBI+

Las empresas con más de 50 empleados enfrentan, antes del próximo mes de abril, desafíos legales relacionados con la protección de datos personales y las normativas laborales para elaborar los planes LGTBI+, una regulación pionera a nivel global. "Sin precedentes en los países desarrollados". Así describe Samuel González, socio responsable del área laboral en Pinsent Masons, la nueva obligación que recae sobre las empresas españolas tras la entrada en vigor, el pasado 10 de octubre, del Real Decreto 1026/2024. Este decreto exige a las compañías con más de 50 trabajadores implementar un protocolo que prevenga el acoso y la violencia contra el colectivo LGTBI+. Estos planes de acción y protección, que serán obligatorios a partir de abril de 2025 para todas las empresas que operen en España, representan un avance significativo en términos normativos si se comparan con las legislaciones de otros países. "España ha dado un paso único, ya que mientras otros países de nuestro entorno aplican medidas voluntarias de sensibilización y apoyo interno, nuestro legislador ha optado por imponer protocolos obligatorios", explica González. También destaca que "esta decisión responde a la evidencia de que las políticas internas implementadas unilateralmente por las empresas no han logrado mejorar la visibilidad del colectivo ni garantizar un acceso pleno a derechos laborales inclusivos". El reto ahora recae en las empresas de más de 50 trabajadores, que deben iniciar negociaciones para desarrollar sus propios planes LGTBI+, y en los despachos de abogados, que ya están recibiendo múltiples consultas sobre cómo implementar estas normativas. No obstante, el camino no será sencillo. El éxito de estas políticas depende de cómo se aborden aspectos sensibles, como la confidencialidad de los empleados que prefieran no revelar su identidad de género u orientación sexual. "El protocolo podría verse limitado por el deseo del trabajador de mantener su situación en privado, ya que cualquier divulgación no autorizada podría violar la normativa de protección de datos", advierte González. Además, deberán incluirse medidas para gestionar el trato al público y códigos de vestimenta que respeten el derecho del colectivo LGTBI+ a expresar plenamente su identidad. Por otra parte, las empresas también podrían enfrentarse al rechazo ideológico de algunos empleados hacia estos planes. "El incumplimiento directo sería sancionable como desobediencia a las instrucciones del empresario. Sin embargo, el verdadero desafío surge cuando los empleados expresan su desacuerdo de manera abierta pero sin incurrir en conductas que puedan ser sancionadas", añade González. En definitiva, las empresas en España se enfrentan a un nuevo escenario en el que no solo deben diseñar y negociar estos planes, sino también actuar como mediadores en un tema complejo que ya empieza a generar debates en sus entornos laborales.

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(Expansión, 03-12-2024) | Laboral

Siete de cada diez jóvenes creen que tardará un año en encontrar trabajo

Al enfrentarse al mercado laboral, más del 72% de los jóvenes consideran que podrían tardar hasta un año en encontrar empleo. De este grupo, un 38% estima que lo lograría en un plazo de hasta seis meses, especialmente entre aquellos de 26 a 30 años y quienes ya tienen algún trabajo, mientras que un 34,27% cree que el proceso se extendería entre seis meses y un año. Estas son algunas de las conclusiones de un estudio realizado por The Adecco Group y la Universidad de Navarra, que analiza cómo perciben los jóvenes el mercado laboral actual y recoge también las opiniones de las empresas sobre la Generación Z en este ámbito. Las prioridades laborales de los jóvenes están experimentando una transformación significativa. A diferencia de generaciones anteriores, ya no se centran exclusivamente en buscar estabilidad o prestigio, sino que valoran un equilibrio entre vida personal y profesional, oportunidades de desarrollo y trabajos alineados con sus valores. Este cambio refleja una redefinición de lo que las nuevas generaciones consideran éxito y satisfacción en el trabajo. Según Luca Barca, director de marketing y ventas digitales de The Adecco Group, "la Generación Z está marcando un punto de inflexión en el mundo laboral, reformulando las expectativas tradicionales y promoviendo un cambio en la cultura organizativa". En cuanto a sus prioridades, los jóvenes destacan la retribución salarial como el factor más importante (con una puntuación media de 18,83 sobre 100), seguido del teletrabajo y los días libres (16,31 de media) y la conciliación entre vida laboral y familiar (15,28). Curiosamente, más de un 30% de los jóvenes afirman que no preguntarían sobre las vacaciones durante una entrevista de trabajo, mientras que un 28% no mencionaría el salario, y un 25% evitaría hablar de teletrabajo y días libres. No obstante, mejorar su salario es el principal motivo que llevaría a más del 62% de los jóvenes a buscar un nuevo empleo. Otros factores importantes incluyen enfrentarse a nuevos retos profesionales (37%), aprender cosas nuevas (34%) y la insatisfacción con sus responsabilidades actuales (30%).

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