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(El Economista, 18-02-2025) | Laboral

Empresarios catalanes vuelven a verse con Puigdemont para atar su "no" a la reducción de jornada

Nueva reunión en Waterloo entre el empresariado catalán y Carles Puigdemont. La influencia de Junts per Catalunya en la gobernabilidad de España ha llevado a representantes del sector empresarial a viajar a Bélgica para negociar directamente con el líder independentista. Su voto es clave para la aprobación de medidas como la reducción de la jornada laboral, sobre la cual Junts ha mantenido una postura ambigua en las últimas semanas. Según ha podido saber elEconomista.es, una delegación integrada por miembros de Cecot, Comertia y Retailcat se reunirá con Puigdemont el 19 de febrero en su residencia en Bruselas. No es la primera vez que empresarios catalanes se desplazan hasta Bélgica con este objetivo. Recientemente, un grupo de industriales del metal, liderados por Jaume Roura, también viajó para tratar de influir en la posición de Junts respecto al proyecto estrella del Ministerio de Trabajo, actualmente en tramitación parlamentaria. Se prevé que este tipo de encuentros continúe en las próximas semanas. Por parte de Cecot, acudirán Xavier Panés y Oriol Alba, presidente y secretario general de la patronal, respectivamente. Cecot, una confederación gremial con gran peso en el Vallès, está integrada en Foment del Treball y mantiene una estrecha relación con el entorno de Junts. De hecho, la entidad fichó en su momento a Josep Rull, actual presidente del Parlament, como comisionado de energía tras ser indultado. Aunque la organización mantiene contacto con todas las fuerzas políticas catalanas, su vínculo con el espacio posconvergente le otorga una vía directa para influir en las decisiones de Puigdemont. También formarán parte del viaje Ignasi Pietx, presidente de Comertia, y Joan Carles Calbet, presidente de Retailcat. Ambas asociaciones desempeñan un papel clave en el comercio catalán y tienen un peso económico considerable. Comertia agrupa a 60 empresas y 160 marcas comerciales con más de 3.200 puntos de venta y una facturación superior a los 10.000 millones de euros, mientras que Retailcat representa a 40.000 establecimientos comerciales, que en conjunto suponen el 8% del PIB catalán. Los empresarios expresarán a Puigdemont su preocupación por el impacto que la reducción de la jornada laboral podría tener en las pequeñas y medianas empresas. Junts ha insinuado su disposición a apoyar la jornada de 37,5 horas semanales si se acompaña de ayudas a las pymes, pero las patronales alertan de que la medida, si se aplica sin tener en cuenta la productividad y el esfuerzo fiscal, podría afectar negativamente al tejido productivo. Además, critican que la decisión se tome al margen del diálogo social. En el trasfondo de estas negociaciones, persiste el temor de que Junts llegue a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo en torno a la reducción de jornada a cambio de concesiones en otras áreas, como el traspaso de competencias en inmigración o incluso un posible indulto para Laura Borràs, cuya condena por prevaricación y falsedad documental fue ratificada por el Tribunal Supremo la semana pasada.

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(Expansión, 17-02-2025) | Laboral

El salario mínimo supera el 70% del sueldo medio en casi la mitad de las provincias

El nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ya supera el 60% del salario medio neto en el 92% de las provincias españolas. Cepyme alerta sobre el impacto negativo que esto puede tener en los márgenes y la rentabilidad de las pequeñas empresas. La reciente subida del SMI a 1.184 euros mensuales para 2025 se suma a un incremento acumulado del 61% en los últimos seis años, lo que no solo afecta a las empresas, sino también a los trabajadores que, por primera vez, deberán tributar el IRPF. El coste adicional para el tejido productivo, debido al aumento de la base mínima de cotización, se estima en unos 2.200 millones de euros, sin contar las gestiones administrativas que los empleadores deberán asumir en términos de retenciones, ingresos y declaraciones para los aproximadamente 2,4 millones de trabajadores afectados. Este contexto impacta especialmente a pequeñas y medianas empresas, así como a autónomos con empleados a su cargo, quienes ya enfrentan un aumento de los costes laborales debido a distintas medidas destinadas a reforzar los ingresos y la recaudación del Estado. En total, entre el incremento del SMI, la subida de la base máxima, el mecanismo de equidad intergeneracional y la nueva cuota de solidaridad, el coste adicional para las empresas en 2025 rondará los 8.000 millones de euros. Cepyme, la principal organización empresarial de pymes en España, advierte de las repercusiones económicas de esta fuerte revalorización del salario mínimo. No solo encarece los costes laborales, sino que también genera un efecto en cadena en las tablas salariales de muchas empresas, especialmente en los niveles más cercanos al SMI, dificultando la negociación de convenios colectivos. Además, afecta la rentabilidad de los negocios, en especial los más pequeños. Según el informe "Salarios. Repercusión de la subida del SMI en la pyme española" de Cepyme, el impacto es aún más perjudicial cuando el incremento salarial no está vinculado a la productividad, un factor que la organización ha intentado incluir en el debate sin éxito. De hecho, datos de Eurostat, la OCDE y el INE reflejan que, entre 2018 y 2024, España ha registrado la segunda peor evolución de la productividad entre los 34 países más avanzados, con una caída del 2,7%, mientras que la media de estos países ha aumentado un 4,7%. El estudio de Cepyme subraya que desvincular el crecimiento salarial de la productividad puede ser contraproducente, ya que eleva el coste laboral por unidad producida, fomenta el alza de precios, reduce la competitividad frente a mercados exteriores, incentiva la sustitución de trabajadores por tecnología y desincentiva la inversión y la contratación. El debate sobre la vinculación del salario mínimo al 60% del sueldo medio en España, en línea con la recomendación de la Carta Social Europea, ha sido la base para la revalorización del SMI en los últimos seis años. Actualmente, según Cepyme y datos del INE, el salario mínimo neto ya representa el 61,8% del sueldo medio neto en España. Sin embargo, esta proporción es aún mayor en el ámbito provincial, superando el 60% en el 92% de las provincias, salvo en Castellón (59,4%), Guipúzcoa (58,1%), Madrid (56,2%) y Álava (51,2%). En casi la mitad de las provincias, el SMI ya supone más del 70% del salario medio. Las cinco provincias con mayor impacto son Ávila (82,9%), Zamora (81,1%), Toledo (78,2%), Alicante (78%) y Salamanca (79,9%). Si se considera el salario medio de empresas con hasta 50 trabajadores dentro de cada provincia, el peso del SMI es aún más significativo, llegando a igualarse en algunos casos. En 35 provincias, supera el 75% del salario medio neto. En Ávila, por ejemplo, alcanza el 95,1%, en Zamora el 93,1% y en otras provincias como Toledo (89,7%), Alicante (89,4%), Salamanca (89,2%) y Badajoz (89,1%) roza el 90%.

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(El País, 17-02-2025) | Laboral

La mejora del 41% en las primas de Muface despierta el interés del sector

La licitación del nuevo concierto sanitario de Muface está en plena ebullición. El contrato con el que el Gobierno busca aseguradoras privadas para prestar atención médica a 1,53 millones de funcionarios y sus familiares pasó de quedar desierto el pasado 5 de noviembre a despertar el interés de compañías como Sanitas, Mapfre y Axa, que están analizando las condiciones del acuerdo tras años de ausencia en este modelo de colaboración público-privada. Estas empresas se suman a Adeslas, Asisa y DKV, que ya forman parte del concierto 2021-2024 (prorrogado hasta abril) y han confirmado que también están evaluando la nueva propuesta. El pliego actual contempla una mejora del 41,2% en la remuneración que recibirán las aseguradoras por atender a los empleados públicos, un incremento significativo que responde a la presión del sector para aumentar las aportaciones a un sistema que llevaba tiempo infrafinanciado y generando pérdidas. En un primer intento, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública propuso un alza del 17% en la prima media, pero no obtuvo ninguna oferta. Luego, en un segundo intento, elevó la propuesta hasta el 33,5%, con la única respuesta positiva de Asisa. Esto llevó al Gobierno a mejorar aún más la oferta actual, que también incluye la posibilidad de compensaciones en caso de pérdidas. El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, reconoció durante la presentación de resultados de la compañía que, hasta la última propuesta del ministerio, la aseguradora tenía claro que no participaría en el concierto de Muface. Sin embargo, ahora, con las nuevas condiciones, analizarán detenidamente el contrato antes de tomar una decisión definitiva. Aun así, Huertas subrayó que Mapfre se encuentra en una posición cómoda en el sector de seguros de salud y no siente presión para regresar a este modelo, del que salió en 2009. Otras compañías que en su momento formaron parte del concierto y luego optaron por retirarse también están revisando con detalle el nuevo marco contractual. Sanitas, la segunda mayor aseguradora de salud en España, dejó de participar en Muface en 2013 y, aunque ahora está estudiando el pliego, fuentes cercanas a la empresa señalan que es poco probable que cambie su postura, debido a las dificultades que históricamente ha supuesto este convenio. Axa es otra de las aseguradoras que está analizando las condiciones. Aunque nunca formó parte directamente del concierto, su filial Igualatorio de Cantabria sí estuvo presente hasta que la aseguradora francesa la adquirió hace cinco años y decidió abandonar el acuerdo. Con la reciente mejora del 41,2%, Axa ha optado por volver a evaluar la posibilidad de presentarse. Las compañías interesadas en participar tienen hasta el 4 de marzo para formalizar su candidatura. A diferencia de otras contrataciones públicas, este proceso no se basa en una licitación competitiva, sino en un contrato marco al que pueden sumarse todas las aseguradoras que cumplan con los requisitos establecidos. A pesar del renovado interés en el sector, persisten dudas sobre si alguna de las empresas que estaban fuera del concierto se atreverá a dar el paso. "Es una decisión compleja, porque entrar en Muface puede desviar el foco de otros negocios estratégicos. Hay que estudiarlo con mucha cautela", señala el consejero delegado de una de las compañías implicadas. Tanto Asisa como SegurCaixa Adeslas -participada en un 50% por Mutua Madrileña y CaixaBank- han declarado que la mejora de la prima propuesta por el Ejecutivo ahora sí responde a sus demandas. Por su parte, DKV también está revisando el contrato, aunque su interés por volver a participar parece menor. Las mutualidades de funcionarios tienen su origen en el franquismo, cuando se crearon para ofrecer asistencia médica a los empleados públicos antes de la instauración de la sanidad universal. Con la llegada de la democracia, el sistema se reorganizó y quedó reducido a tres grandes mutualidades: Muface, la más grande, que cubre a profesores, policías nacionales, funcionarios de prisiones e inspectores de Hacienda; Isfas, que atiende a militares y guardias civiles; y Mugeju, destinada a jueces, fiscales y personal de la administración de justicia. En total, estas mutualidades agrupan a 1,5 millones de funcionarios, y si se suman sus familiares directos, el número de beneficiarios supera los dos millones de personas. Sin embargo, solo un tercio de los empleados públicos en España está bajo el modelo Muface, ya que la mayoría de trabajadores municipales y autonómicos -excepto los docentes- no tienen acceso a este sistema. Con el actual modelo de mutualismo, los funcionarios pueden elegir cada año entre la sanidad pública o privada, aunque la tendencia ha ido cambiando con el tiempo: actualmente, el 75% sigue optando por la sanidad privada, aunque esta proporción ha ido disminuyendo en los últimos años.

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(El Economista, 17-02-2025) | Laboral

Sumar lleva al Congreso la extensión de la baja de paternidad hasta las 20 semanas

Sumar mantiene su estrategia de presión sobre el PSOE y ha presentado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que insta al Gobierno a ampliar los permisos por nacimiento y cuidado de hijos e hijas hasta las veinte semanas para ambos progenitores, en lugar de las dieciséis actuales. Esta medida forma parte del acuerdo de coalición firmado antes de la investidura de Pedro Sánchez, en el que también se incluyó la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025 y la subida del salario mínimo hasta el 60% del salario medio. No obstante, la ampliación de este permiso podría entrar en conflicto con la estrategia del Ministerio de Economía para impulsar la productividad. Hace un año, el FMI advirtió en un informe que las bajas parentales podrían generar una brecha entre las horas trabajadas realmente y las habituales, lo que resultaría en una reducción efectiva del tiempo de trabajo sin modificar el horario oficial. En este sentido, el organismo considera que la ampliación del permiso de maternidad y paternidad, que en España es igualitario para ambos progenitores -a diferencia de lo que ocurre en muchos países europeos-, es uno de los factores que explican el lento crecimiento de la productividad en el país, que lo sitúa como el quinto socio de la UE con menor avance en este ámbito. A pesar de estos obstáculos, Sumar insiste en cumplir con el pacto de Gobierno y presiona al PSOE para que lo lleve a cabo. "Las mujeres dedican el doble de tiempo al cuidado de sus hijos que los hombres. Mientras ellas invierten 6,7 horas diarias en esta tarea, los hombres destinan 3,7 horas", señala la formación de Yolanda Díaz en su iniciativa. Además, reclaman la remuneración del permiso parental de ocho semanas, en cumplimiento con la normativa europea de junio de 2019. Esta exigencia ya provocó fricciones con el PSOE el pasado septiembre, cuando Sumar acusó al Ministerio de Hacienda de bloquear la medida, que aún no ha sido implementada. La incertidumbre sobre la capacidad de María Jesús Montero para sacar adelante unos Presupuestos viables en el Parlamento ha llevado a Sumar a intensificar su ofensiva legislativa, con el objetivo de presionar al PSOE para que apruebe el conjunto de medidas sociales pendientes desde noviembre de 2023. A esta disputa se suma el desacuerdo entre Sumar y Hacienda sobre la exención del IRPF tras la última subida del salario mínimo, una medida que el Ministerio se resiste a aplicar. Para contrarrestarlo, la formación ha presentado una proposición de ley en el Congreso para forzar una rectificación, aunque Díaz sigue explorando una posible solución negociada con el Ejecutivo. Paralelamente, Sumar insiste en que Montero acelere la implementación de la ayuda universal de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de seis años e integre esta prestación en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, una cuestión que aún está en negociación con diversas fuerzas parlamentarias. Sin embargo, la ofensiva social de Sumar no se detiene ahí. Entre las iniciativas registradas recientemente en el Congreso, destaca otra PNL que exige a Sánchez una reforma del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La propuesta busca reducir el tiempo entre la concesión de la prestación y su revisión, simplificar los trámites administrativos y permitir que los solicitantes solo necesiten presentar una declaración responsable en casos de emergencia, como ocurrió con la DANA en octubre. "Según la AIReF, solo un 36% de los hogares que podrían beneficiarse de esta ayuda la reciben, en gran parte debido a la complejidad burocrática. Es necesario solucionar esto", sostienen fuentes de Sumar. "La política social no recibe la atención que debería en el debate público, a pesar de que afecta directamente la vida de millones de personas", expresó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en una entrevista con Onda Cero el viernes. Mientras tanto, Hacienda mantiene en secreto las negociaciones sobre los Presupuestos.

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(El Economista, 17-02-2025) | Laboral

El Gobierno estudia amonestar a las firmas sin canal de denuncias antes de multarlas

El Gobierno está evaluando la posibilidad de advertir a las empresas que aún no cuentan con un canal de denuncias interno antes de proceder a imponer sanciones. Es importante recordar que las multas por incumplimiento de esta obligación pueden oscilar entre 600.001 euros y un millón de euros en el caso de las empresas, y entre 30.001 y 300.000 euros para los autónomos que tengan más de 50 trabajadores a su cargo. Esta normativa entró en vigor el 13 de junio de 2023 para las empresas con 250 o más empleados, mientras que aquellas que cuentan con entre 50 y 249 trabajadores están obligadas a cumplirla desde el 1 de diciembre de 2023. A pesar de que ha pasado más de un año desde que las compañías deben disponer de estos canales, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes aún no ha aprobado la Orden Ministerial necesaria para que la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante, responsable de la aplicación de sanciones, pueda comenzar a multar. Aunque este organismo se creó a finales de 2024, todavía no ha comenzado a operar. Según fuentes jurídicas cercanas a la comisión legislativa, el Ejecutivo está considerando emitir advertencias públicas como medida previa a la imposición de sanciones, con el objetivo de evitar una reacción alarmista por parte de las empresas ante el elevado importe de las multas. Sin embargo, señalan que, a partir de una fecha determinada por el legislador, se procederá a aplicar las sanciones. La obligación de establecer estos canales de denuncia se estableció en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones y lucha contra la corrupción. Esta normativa no solo impone esta obligación a las empresas, sino también a organismos públicos, universidades, partidos políticos, sindicatos y fundaciones que reciban fondos públicos. Además de las sanciones económicas, las entidades que incumplan la normativa podrían enfrentarse a otras consecuencias, como la pérdida de subvenciones y beneficios fiscales durante cuatro años o la prohibición de acceder a contratos públicos por un período de tres años. El canal de denuncias debe garantizar el anonimato de los empleados que informen sobre infracciones, malas prácticas laborales, abusos o corrupción dentro de sus organizaciones.

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(El Economista, 17-02-2025) | Laboral

El Supremo rechaza que el plus contra el absentismo cuente las faltas por conciliación

El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado que las empresas no pueden aplicar incentivos para reducir el absentismo laboral cuando estos contemplen como faltas, y por tanto afecten al cobro de un plus, las ausencias relacionadas con enfermedades o medidas de conciliación. En una sentencia del 20 de enero, con ponencia del magistrado Juan Molins García-Atance, el alto tribunal recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su fallo del 18 de enero de 2018, ya estableció que las empresas pueden tomar medidas para combatir el absentismo, siempre que estas no vulneren la Constitución, la Ley de igualdad de trato y no discriminación, ni la Ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Según el Supremo, si estos incentivos reducen o eliminan el pago del plus a quienes han estado de baja por enfermedad, se estaría incurriendo en una discriminación, ya que la normativa vigente prohíbe que la enfermedad sea motivo de desigualdad en el ámbito laboral. Asimismo, considerar como absentismo el cuidado de los hijos o la lactancia supondría una discriminación indirecta por razón de género, dado que son mayoritariamente las mujeres quienes solicitan estos permisos. Además, si se penalizan ausencias por hospitalización de familiares o por llevar a los hijos al médico, se generaría una discriminación por asociación. La sentencia aclara que las ausencias que pueden contabilizarse para estos incentivos no deben estar relacionadas con enfermedad ni con medidas de conciliación, ni pueden causar discriminación por asociación. No obstante, sí pueden considerarse faltas aquellas ausencias injustificadas o permisos que no supongan discriminación. Por ejemplo, podrían computarse las ausencias por cambio de domicilio habitual o por asistencia a exámenes, siempre que no impliquen un trato desigual. En este caso, el Supremo se ha pronunciado sobre el recurso de una empresa que había establecido en su convenio colectivo un plus para reducir el absentismo, excluyendo del cómputo las ausencias por fallecimiento de familiares. Los sindicatos impugnaron el convenio ante la Audiencia Nacional, argumentando que, al no mencionar otras causas de conciliación, implícitamente las consideraba absentismo. La Audiencia les dio la razón y anuló la parte del convenio que regulaba el cobro del plus en función de las ausencias. La empresa recurrió al Supremo alegando que la eliminación de cualquier referencia al absentismo desvirtuaba el incentivo, ya que se otorgaría el plus a todos los trabajadores sin distinción. El alto tribunal ha fallado a favor de la compañía, señalando que es legítimo establecer un complemento salarial para combatir el absentismo siempre que este tenga en cuenta únicamente las ausencias injustificadas o aquellas que no impliquen discriminación. Además, precisa que, si en la práctica se detecta una conducta ilegal por parte de la empresa, los afectados pueden presentar una demanda, pero no se puede anular el convenio en su conjunto, ya que ello eliminaría el propósito del incentivo.

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(El Economista, 14-02-2025) | Laboral

Las empresas negocian los planes LGTBi "in extremis" para evitar multas de 7.500 euros

Las empresas están ultimando la negociación de los planes LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales) para evitar sanciones de hasta 7.500 euros. El Real Decreto que regula estos planes, obligando a las compañías con 50 o más empleados a implementar medidas para garantizar la igualdad y evitar la discriminación del colectivo LGTBI, entró en vigor el pasado 10 de octubre. Desde entonces, las empresas tenían un plazo de tres meses, hasta el 10 de enero, para conformar las comisiones negociadoras. A partir de esa fecha, aquellas compañías sujetas a un convenio colectivo o empresarial con representación de los trabajadores disponen de otros tres meses, hasta el 10 de abril, para negociar y poner en marcha los planes. De no hacerlo, se enfrentarán a multas de 7.500 euros, la misma cantidad que se aplica en caso de incumplimiento de los planes de igualdad. Cristina Grande, directora del departamento de Derecho Laboral y Protección de Datos de Ashurst, advierte que muchas comisiones negociadoras están teniendo dificultades para llegar a un acuerdo dentro del plazo estipulado. "Las empresas se preguntan qué pasará si el convenio colectivo no se publica o actualiza a tiempo. Nosotros transmitimos calma, ya que el legislador debe ser consciente de que muchas negociaciones no avanzan tan rápido como se espera", explica. Grande recuerda que la falta de un plan para garantizar la igualdad y prevenir la discriminación en el colectivo LGTBI implica una sanción de 7.500 euros. Además, si en la empresa se produce un caso de acoso o discriminación sin contar con este plan, podrían derivarse responsabilidades adicionales. Sin embargo, la abogada señala que el Real Decreto contempla una regulación específica con medidas supletorias que las empresas pueden aplicar hasta que finalicen las negociaciones. Para evitar sanciones, sugiere incorporar este protocolo temporalmente. Otra alternativa sería solicitar una notificación formal a las comisiones negociadoras de los convenios colectivos, indicando que el acuerdo está en proceso, aunque con retraso, para así cubrirse legalmente. Las compañías sin representación sindical interna, que deben acudir a los sindicatos más representativos del sector, tienen un plazo de seis meses desde octubre para iniciar las negociaciones. Si tras tres meses (hasta el 10 de julio) no logran un acuerdo, podrán aprobar las medidas de manera unilateral. Además, si los sindicatos no responden a la convocatoria en un plazo de 20 días hábiles, la empresa tendrá vía libre para aplicar el plan sin necesidad de acuerdo previo.

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(El Economista, 14-02-2025) | Laboral

CEOE baraja quitar los complementos salariales durante las bajas

La patronal estudia la posibilidad de eliminar o modificar los complementos salariales que las empresas añaden a las prestaciones de la Seguridad Social para cubrir el sueldo de los trabajadores durante sus bajas laborales. Así lo afirmó este jueves Rosa Santos, directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de la CEOE, en declaraciones recogidas por APM. Según su criterio, estos complementos pueden llegar a cubrir casi la totalidad del salario del empleado, lo que podría incentivar el absentismo. El informe sobre absentismo laboral de 2024, elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat) y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), revela que el año pasado se registraron más de 8,7 millones de bajas por enfermedad o accidente no laboral. Esto supuso un coste superior a los 28.987 millones de euros en prestaciones de la Seguridad Social y gastos directos para las empresas, lo que representa un aumento del 99% en los últimos seis años. Ante esta situación, la CEOE plantea abordar el cambio a través de la negociación colectiva, revisando los convenios que incluyen estos complementos salariales mientras el trabajador se encuentra de baja. Sin embargo, fuentes de la patronal han aclarado a este diario que no buscan impulsar una reforma legal al respecto, sino que el tema se debatirá en cada sector y siempre con el compromiso de proteger a los trabajadores. "Analizaremos cada caso y tomaremos medidas. Si aumenta el número de bajas por incapacidad temporal, tenemos un problema de salud que debe ser atendido", han señalado. Además, la patronal propone reducir mediante una reforma legal el porcentaje aplicado a la base reguladora para calcular la prestación económica por incapacidad temporal derivada de enfermedades comunes, ajustándolo en función de la gravedad de la dolencia. Otra de sus propuestas es eliminar la obligación de las empresas de pagar la prestación económica por contingencias comunes entre el cuarto y el decimoquinto día de baja, trasladando esa responsabilidad exclusivamente a la Seguridad Social en caso de que la baja se prolongue. Por otro lado, Santos adelantó que la gestión de los procesos de baja por enfermedades traumatológicas de origen común pasará a ser competencia de las mutuas en breve, ya que el acuerdo en esta materia está prácticamente cerrado. En esta línea, la CEOE defiende que las mutuas asuman una "gestión integral" de las bajas por contingencias comunes, especialmente en patologías traumatológicas y psicológicas, e incluso que tengan la facultad de conceder el alta médica. Asimismo, la patronal aboga por devolver a las mutuas la capacidad de intervenir en bajas por contingencias comunes de más de 365 días de duración y propone mejorar la financiación de la incapacidad temporal en estos organismos. Para ello, plantean aumentar al 8% el coeficiente general de la fracción de cuota que perciben y establecer un mecanismo adicional de financiación para las mutuas que lo requieran, con el objetivo de equilibrar sus cuentas en la gestión de las contingencias comunes.

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(El Economista, 14-02-2025) | Laboral

Seguridad Social recauda 180 millones de euros más con el nuevo sistema de cotización de autónomos

La Seguridad Social ha recaudado 180 millones de euros adicionales gracias al nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos basado en sus rendimientos netos, según informó esta mañana la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Este mecanismo de regularización entró en vigor en enero de este año, y ayer el Ministerio finalizó la primera fase del proceso. A partir de marzo, la Tesorería de la Seguridad Social comenzará a devolver los importes a aquellos autónomos que hayan cotizado por encima de la base correspondiente a sus ingresos reales. Como resultado, 900.000 autónomos verán reducida su carga contributiva, mientras que más de 880.000 deberán asumir una cotización adicional. De acuerdo con UPTA, la implantación de este sistema "está permitiendo restablecer la justicia contributiva, ajustando las cotizaciones a los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia". Además, el ajuste ha generado un impacto positivo en la recaudación de la Seguridad Social, con un incremento de más de 180 millones de euros en los ingresos. Sin embargo, desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) critican la lentitud del proceso. "Han pasado ya dos años desde 2023", recuerdan, señalando que esta regularización afecta a cuotas de ejercicios pasados, lo que puede perjudicar a algunos autónomos que han cambiado su situación económica, ya sea por haber cesado su actividad o por haber aumentado sus ingresos. Según los datos publicados por la Seguridad Social y recogidos por elEconomista.es, un 50,7% de los autónomos tendrán que modificar su tramo de cotización. De este grupo, el 23,8% ha cotizado por debajo de lo que les correspondía y deberá abonar una media de 450 euros adicionales (aproximadamente 38 euros más al mes). Por otro lado, el 26,8% (unos 990.000 autónomos) ha cotizado por encima de su tramo y recibirá un reembolso medio de 600 euros. El resto de los autónomos que ya estaban dados de alta en 2023 no experimentará cambios en sus cotizaciones. Tras analizar las cotizaciones de 3.729.782 trabajadores por cuenta propia presentadas por la Agencia Tributaria, se ha determinado que el 49,3% no necesitará ajustar su tramo de cotización. De este porcentaje, el 21,9% no tiene periodos regularizables y el 28,11% ha cotizado dentro de su tramo correcto. Es relevante destacar que, dentro del 26,8% de autónomos que cotizaron por encima de lo que les correspondía, el 60% ha decidido mantener su base de cotización a pesar de tener derecho a una devolución, lo que les permitirá acceder a mejores prestaciones sociales en el futuro.

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(El País, 14-02-2025) | Laboral

796 personas murieron en el trabajo en España en 2024

El año pasado, cerca de 800 personas perdieron la vida en su entorno laboral, según los datos provisionales difundidos este jueves por el Ministerio de Trabajo. En total, se registraron 796 fallecimientos, lo que supone un aumento del 10,4% respecto al año anterior. Este incremento es "alarmante", según Mariano Sanz, especialista en salud laboral de CC OO, quien descarta la idea de que el alza de la siniestralidad esté ligada al crecimiento del empleo, ya que la ocupación solo aumentó un 2,4% en el mismo periodo, una diferencia de ocho puntos. "Demasiadas personas mueren en el lugar donde deberían ganarse la vida. Estos datos se asemejan más a un parte de guerra que a un informe de accidentes laborales", lamenta José de las Morenas, coordinador de la secretaría confederal de Salud Laboral de UGT. Del total de fallecimientos, 646 ocurrieron durante la jornada laboral, 65 más que el año anterior, lo que representa un incremento del 11,2%. También aumentaron las muertes in itinere, es decir, aquellas que suceden en el trayecto de ida o vuelta al trabajo, con 150 casos, un 7,1% más. Este es el segundo peor registro de la serie histórica, solo superado por el de 2022, cuando se alcanzaron 826 muertes. Entre las principales causas de los accidentes mortales, destaca el aumento de fallecimientos por impacto con un objeto en movimiento, que se duplicaron en un año, pasando de 22 en 2023 a 46 en 2024. También se registraron más muertes por infartos, derrames cerebrales y otras causas naturales (266, un incremento de 21), por accidentes de tráfico durante la jornada laboral (96, cinco más) y por atrapamientos, aplastamientos o amputaciones (99, con 12 casos adicionales). Al ser consultada sobre este incremento, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó: "La siniestralidad ha aumentado en España y a nivel mundial. Es un problema gravísimo en el que estamos trabajando junto a los agentes sociales, especialmente en la prevención de riesgos laborales". Además, hizo un llamado a empresarios y trabajadores para reforzar la prevención en el ámbito laboral. Por sectores, los servicios registraron el mayor número de accidentes mortales con 326 casos, 44 más que el año anterior. Le siguen la construcción (135, con un aumento de cuatro), la industria (116, con 20 más) y el sector agrario (69, con tres menos). No obstante, al analizar la incidencia -es decir, la proporción de accidentes en relación con el número de trabajadores- el mayor incremento se observó en la industria, donde pasó de 4,07 a 4,84 por cada 100.000 empleados. En los servicios, subió de 1,83 a 2,06; en la construcción, de 9,49 a 9,61; y en el sector agrario, aunque descendió de 10,33 a 9,73, sigue siendo la actividad con mayor tasa de siniestralidad. Una vez más, la mayoría de las víctimas fueron hombres, con 728 fallecimientos (91% del total), lo que supone un aumento de 70 respecto al año anterior. En el caso de las mujeres, se registraron 68 muertes, cinco más que en 2023. Este desequilibrio se debe en gran parte a que los hombres predominan en sectores con mayor índice de accidentes, como la construcción y la agricultura. A pesar del aumento en la mortalidad laboral, el número de accidentes con baja apenas varió, pasando de 624.911 en 2023 a 628.300 en 2024, un leve incremento del 0,5%. Para Mariano Sanz, esta diferencia es una "anomalía" y señala tres factores que explican el aumento de los fallecimientos: la falta de recursos en la Inspección de Trabajo, la escasa formación en prevención entre empresarios y gerentes, y la desregulación en materia de seguridad laboral. "Las reformas impulsadas por el Partido Popular han convertido la prevención en un negocio donde prima el costo sobre la calidad", sostiene. Por otro lado, algunos expertos apuntan al envejecimiento de la población trabajadora como un factor determinante en el aumento de la siniestralidad. "La edad, al igual que el género, es un aspecto clave en la seguridad laboral. No es la persona quien debe adaptarse al trabajo, sino el trabajo a la persona. Las condiciones laborales afectan de manera muy distinta a un joven de 18 años que a un trabajador de 60", explica De las Morenas. Además, subraya que el estrés y la sobrecarga laboral están detrás del incremento de infartos y derrames cerebrales, problemas agravados por la conectividad permanente y los entornos laborales con altos niveles de presión. "Los riesgos psicosociales siguen siendo de los menos evaluados", concluye.

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