Noticias

(El País, 03-12-2024) | Laboral

Yolanda Díaz: la reducción de la jornada laboral entrará en vigor dentro de unos "cinco o seis meses"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a no limitarse a "resistir" en el poder, destacando que "gobernar es transformar". En este sentido, ha subrayado la importancia de implementar medidas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que lamenta la falta de un "impulso transformador" en el Ejecutivo, algo que considera esencial para movilizar al electorado. Díaz también ha anunciado que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales será una realidad en 2025, aunque el proceso legislativo aún tardará "unos cinco o seis meses". Según explicó en una entrevista en Hora 25 de la Cadena Ser, el Gobierno cerrará primero un acuerdo con los sindicatos y luego llevará la medida al Consejo de Ministros con carácter prioritario y urgente. La vicepresidenta defendió la reducción de la jornada laboral como una iniciativa clave de nuestro tiempo, afirmando que no solo mejora la vida de las personas, sino que también incrementa la productividad. Este es, según Díaz, un debate central que refleja la necesidad de un cambio en el modelo laboral. En relación al anuncio de Glovo sobre la implementación de un modelo que empleará repartidores laborales en lugar de autónomos, Díaz aseguró que el Gobierno pondrá en marcha la "directiva rider", una normativa europea destinada a regularizar a los empleados del sector. Asimismo, adelantó que el Ministerio de Trabajo realizará "auditorías algorítmicas" para examinar las fórmulas matemáticas que algunas empresas utilizan para gestionar a sus empleados. Estas prácticas, explicó, pueden penalizar a trabajadores que se encuentran de baja por enfermedad o que participan en huelgas. Díaz resaltó que los algoritmos utilizados en estos casos "no son imparciales" y a menudo contienen sesgos perjudiciales. La ministra también anunció programas de "formación algorítmica" para las empresas y los representantes sindicales, complementando iniciativas ya existentes como los permisos relacionados con emergencias climáticas. Además, se desarrollarán indicadores para detectar y proteger a empleados que enfrenten problemas de estrés, patologías psiquiátricas o trastornos de salud mental vinculados a su entorno laboral. En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado, Díaz se mostró optimista sobre su aprobación, lo que, a su juicio, supone "una mala noticia para el Partido Popular". Por último, adelantó que los datos del paro de noviembre, que se publicarán mañana, serán positivos, reflejando una tendencia favorable en el empleo.

LEER MÁS

(El Economista, 03-12-2024) | Laboral

Los Veintisiete rechazan la propuesta húngara que diluía las condiciones de la norma contra los falsos becarios

La propuesta presentada por Hungría para suavizar la normativa europea sobre las condiciones laborales de los trabajadores en prácticas ha sido rechazada. Este lunes, los ministros de Empleo de la Unión Europea se opusieron al planteamiento húngaro, que como presidencia rotatoria del Consejo de la UE durante el segundo semestre del año, propuso un texto que rebajaba las protecciones previstas por la Comisión Europea en la directiva sobre prácticas laborales. En concreto, esta propuesta limitaba las medidas destinadas a proteger a los becarios. Dado que la directiva tiene como objetivo principal evitar la figura del falso becario, una decena de países, entre ellos España y Portugal, rechazaron el texto de compromiso de Hungría, al considerar que diluía las condiciones iniciales planteadas por Bruselas. Aunque Estados miembros como Alemania, Austria y Bélgica expresaron ciertas reservas sobre la negociación, países como Francia, Italia y Grecia mostraron su apoyo a la propuesta húngara. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, criticó a su llegada al Consejo en Bruselas el "recorte de derechos" que proponía el gobierno húngaro liderado por Víktor Orbán, señalando que seguía un modelo de relaciones laborales de bajo coste. Para Díaz, el texto significaría "precariedad para toda una generación". Roxana Minzatu, nueva vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de la cartera de Empleo, también expresó su rechazo. Minzatu subrayó que, según la propuesta húngara, solo un 24% de los becarios recibirían remuneración, lo que no cumpliría con el objetivo principal de la norma: eliminar la figura del falso becario, donde las prácticas encubren puestos de trabajo reales. La comisaria instó a continuar las negociaciones con mayor ambición bajo la próxima presidencia polaca del Consejo de la UE. En una rueda de prensa, Minzatu calificó la falta de acuerdo en esta reunión como una "oportunidad" para garantizar los derechos de los jóvenes europeos en el mercado laboral. "Proteger los derechos de las nuevas generaciones es una prioridad", afirmó. Además, recalcó que el objetivo de la directiva es ofrecer igualdad de condiciones y protección para los becarios, algo que el texto propuesto por Hungría no lograba. "No queremos una directiva que no tenga un impacto positivo para los becarios", insistió. La Comisión Europea presentó esta directiva en marzo, con el propósito de impedir el uso de las prácticas como sustitución de empleos regulares. La propuesta incluye controles laborales, inspecciones y equiparación de condiciones entre becarios y empleados, incluyendo la remuneración, salvo excepciones justificadas. En su planteamiento inicial, la norma abarcaba a todos los becarios, independientemente de su situación laboral.

LEER MÁS

(El Periódico, 03-12-2024) | Laboral

España, uno de los seis países donde se desinflan los fondos de pensiones

Los planes de pensiones en España han perdido protagonismo en los últimos años, especialmente desde que el Gobierno comenzó a reducir los incentivos fiscales asociados a sus aportaciones. Esta tendencia continuó en 2023, según refleja el informe Pension Markets in Focus 2024 de la OCDE, que sitúa a España entre los seis países con salidas netas en estos planes. En los últimos cinco años, España también figura entre los ocho países donde los pagos a los beneficiarios superaron a las aportaciones de los titulares. En 2023, la OCDE estima que las aportaciones a los planes de pensiones en España fueron un 3% inferiores a las prestaciones y otros gastos. Otros países como Luxemburgo (-24,3%), Portugal (-20,9%), Canadá (-1,5%), Chequia (-1,7%) y Finlandia (-0,4%) también registraron balances negativos, mientras que en la mayoría de jurisdicciones las contribuciones superaron los gastos. En el caso español, este saldo negativo se vincula a la reducción de ingresos provocada por el recorte de deducciones fiscales para aportaciones individuales, medida aplicada desde 2021 por el Ejecutivo. A cambio, se han potenciado las ventajas fiscales para las contribuciones a los planes de pensiones de empleo, promovidos en empresas y sectores productivos mediante negociación colectiva. No obstante, este modelo aún no ha alcanzado un desarrollo significativo. Según la patronal Inverco, las aportaciones al sistema individual en 2023 sumaron 1.548 millones de euros, un 9% menos que en 2022. Desde la primera rebaja del límite de aportaciones en 2021, el ahorro en planes individuales ha caído más de 7.100 millones de euros. Paralelamente, las aportaciones al sistema de empleo aumentaron un 13%, alcanzando los 1.298 millones de euros. El informe también señala que España cuenta con el fondo de reserva público más pequeño entre los países de la OCDE, equivalente a 6.000 millones de euros o el 0,4% del PIB en 2023. Esto contrasta con países como Corea (46,3%), Japón (38,3%) o Suecia (31,4%), situando a España a niveles similares a México (0,4%), Polonia (1,9%) o Chile (2,7%). Según la OCDE, esta diferencia responde a factores como la fecha de creación de los fondos, sus objetivos y límites de tamaño, y su agotamiento a lo largo de los años. España, junto a países como Francia y Estados Unidos, ha experimentado una disminución prolongada de su fondo de reserva, pero en 2023 inició medidas para revertir esta tendencia. A través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y el excedente de las mutuas, el fondo ha mostrado un crecimiento significativo, aumentando un 160,6% en 2023. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se prevé que cierre 2024 con 9.300 millones de euros, el nivel más alto desde 2017. Creado en el año 2000, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzó su máximo histórico en 2011, con 66.815 millones de euros (6,25% del PIB). Sin embargo, tocó fondo en 2020, con apenas 2.138 millones. Ahora, el Gobierno planea reforzarlo con 26.000 millones de euros en la próxima década, apoyándose en el MEI.

LEER MÁS

(Cinco Días, 03-12-2024) | Laboral

El paro desciende en 16.036 personas en noviembre hasta un total de 2.586.018

El número de personas en paro registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al término del mes de noviembre ha bajado en 16.036 personas en relación con el mes anterior (-0,62%). El total de parados y de paradas se sitúa en 2.586.018 personas, la cifra más baja en un mes de noviembre desde el año 2007. La reducción del desempleo con respecto a octubre abarca a todos los sectores económicos. Desciende en Servicios en 8.693 personas (-0,46%), en Industria en 2.268 personas (-1,12%), en Construcción en 2.124 personas (-1,08%), en Agricultura en 1.902 personas (-2,17%) y, finalmente, entre el Colectivo Sin Empleo Anterior en 1.049 personas (-0,43%). El desempleo femenino disminuye en 10.811 mujeres (-0,69%) hasta un total de 1.556.800 en el mes de noviembre respecto del mes anterior. El desempleo masculino se sitúa en 1.029.218 al descender en 5.225 personas (-0,51%). Si lo comparamos con noviembre de 2023 el paro femenino cae en 88.293 (-5,37%) y el paro masculino baja en 60.520 (-5,55%). El desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de noviembre en 3.796 personas (-1,89%) respecto al mes anterior, hasta los 196.704. En el mes de noviembre, el paro baja en 11 comunidades autónomas. Las mayores caídas en cifras absolutas corresponden a Andalucía (-8.464 personas), Comunidad de Madrid (-4.451 personas) y Cataluña (-2.307 personas). El número total de contratos registrados durante el mes de noviembre ha sido de 1.301.482. De ellos, 544.519 contratos de trabajo son de carácter indefinido, representan el 41,84% de todos los contratos apuntalando un mes más el giro a la estabilidad en el mercado de trabajo en España. Los beneficiarios y beneficiarias existentes a final del mes de octubre fueron un total de 1.757.250 personas. La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de octubre de 2024 ha sido del 72,17%, la más alta desde 2010. El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de octubre de 2024 ha sido de 1.117,5 euros que suponen un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 44,4 euros (4,1%). Los gastos totales de octubre de 2024 ascendieron a 1.922,1 millones de euros.

LEER MÁS

(El Economista, 02-12-2024) | Laboral

Las empresas aumentan la flexibilidad

Los beneficios que las empresas ofrecen a sus empleados impactan directamente en su productividad y lealtad. Por esta razón, muchas compañías buscan atender las demandas de sus trabajadores, siempre que sean compatibles con sus objetivos. Estas solicitudes y tendencias quedan reflejadas en el estudio Gestión de los planes de beneficios de empleados en las empresas, elaborado por MercerMars Benefits. Uno de los aspectos más solicitados a lo largo de los años en este informe ha sido una mayor flexibilidad, según las respuestas de aproximadamente 6.000 profesionales. Las principales demandas incluyen flexibilidad horaria (implementada por el 97% de las empresas), políticas de teletrabajo (presentes en el 90%, aunque solo un 37% las aplican a toda la plantilla), jornadas intensivas los viernes (adoptadas por el 88%) y durante el verano (27%), así como días adicionales de vacaciones (ofrecidos por el 50% de las empresas). Estos beneficios son más comunes en pequeñas empresas que en multinacionales. En cambio, aquellas con una mayoría de empleados en trabajos manuales o técnicos y horarios por turnos enfrentan más dificultades para flexibilizar las jornadas, aunque suelen ofrecer estas opciones al personal de servicios centrales. Las compañías suelen agrupar estas medidas en un Plan de Beneficios, el cual debe ser accesible para todos los empleados para garantizar que comprendan el valor que se les ofrece y el esfuerzo invertido en satisfacer sus necesidades. Sin embargo, en 2023, más del 40% de los trabajadores afirmaron no tener información sobre estos planes, y más del 70% desconocía los conceptos de salario emocional y flexibilidad laboral disponibles para ellos. El estudio actualizado de MercerMarsh Benefits para 2024 destaca que el acceso a plataformas digitales que centralicen la información sobre beneficios y compensaciones mejora significativamente la percepción de los empleados sobre el compromiso de sus empresas con su bienestar. A pesar de esto, el 42% de las empresas no comunica de manera directa el paquete de compensación total, lo que obliga a los empleados a buscar información en fuentes externas. Actualmente, las empresas están ajustándose a las demandas de los trabajadores y, en promedio, ofrecen 18 beneficios, destacando las ventajas sociales y la retribución flexible. Los seguros de salud lideran los planes de beneficios, presentes en el 87% de las empresas. Aunque requieren una inversión significativa, son altamente valorados por los empleados, junto con el pago de comidas durante el horario laboral. No obstante, muchas empresas enfrentan obstáculos para implementar un Plan de Beneficios. La principal barrera es la falta de presupuesto (72%), seguida de la falta de recursos (44%) y la dificultad para identificar medidas beneficiosas (37%). Entre las empresas que están diseñando un plan, la flexibilidad laboral es el aspecto más considerado (67%), seguido de la ampliación de beneficios (55%) y la estrategia de comunicación (54%). Otras propuestas incluyen el desarrollo de plataformas de bienestar (33%), planes de pensiones, formación, pagos de comida y anticipos salariales (27% cada uno). En conclusión, contar con un Plan de Beneficios bien estructurado es esencial para aumentar la satisfacción y reconocimiento de los empleados, lo que a su vez mejora la atracción y retención de talento. De hecho, el 53% de las empresas considera que sus planes son diferenciadores y clave para mejorar su competitividad en el mercado laboral.

LEER MÁS

(El País, 02-12-2024) | Laboral

España rechaza la propuesta de Orbán sobre la directiva de prácticas laborales

España se posicionará en contra de la propuesta impulsada por la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea (UE) respecto a la directiva sobre prácticas laborales durante la reunión de ministros de Trabajo de este lunes. La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, buscará frenar la iniciativa liderada por el Gobierno de Viktor Orbán reuniendo un grupo de países suficiente para formar una minoría de bloqueo, evitando así que la propuesta avance. Según el Ministerio de Trabajo español, el texto propuesto por Hungría podría deteriorar las condiciones laborales de las personas en prácticas con contrato de trabajo. Para bloquear la iniciativa, Díaz necesita que al menos tres países se sumen al rechazo. Si logran formar un grupo de cuatro Estados en contra, no importará que Hungría consiga la mayoría cualificada en el Consejo (que requiere el apoyo del 55% de los Estados miembros que representen al menos el 65% de la población de la UE), ya que esta minoría de bloqueo detendría la propuesta. La Comisión Europea presentó en marzo una directiva para mejorar y controlar las condiciones de los trabajadores en prácticas. Tras las elecciones europeas, el Parlamento y el Consejo han estado definiendo sus posiciones para negociar la versión final del texto legal, que después deberá integrarse en las legislaciones nacionales. La directiva busca establecer un marco legal básico que distinga las prácticas formativas de las relaciones laborales. Sin embargo, las competencias de la UE en regulación laboral son limitadas, y la directiva propuesta se centra más en definir lo que no son las prácticas para becarios. El Ministerio de Trabajo español considera que la propuesta húngara representa un retroceso y desvirtúa el objetivo inicial de la directiva, que era garantizar prácticas de mayor calidad. Según Trabajo, el texto planteado por Hungría no regula adecuadamente aspectos como la calidad de la formación, el número de horas o el tipo de supervisión, a diferencia del Estatuto del Becario en España, que establece normas claras en estos ámbitos. España busca apoyo de otros Estados para impedir que avance la propuesta de Hungría. Si logra su objetivo, la presidencia polaca del Consejo, que asumirá el cargo en 2024, tendrá que retomar el expediente y trabajar en una nueva posición común entre los países miembros para negociar con el Parlamento Europeo. El Gobierno español aboga por mantener estándares como los reflejados en su legislación nacional, donde los contratos formativos están vinculados a estudios oficiales y a un plan de formación que incluye una supervisión adecuada del trabajador en prácticas. Díaz advierte que la propuesta de Orbán permitiría que los trabajadores en prácticas sustituyan a empleados regulares, y aboga por una regulación que permita a las inspecciones laborales intervenir en estos casos. Este no es el primer desacuerdo de Díaz con la presidencia del Consejo de la UE. En el pasado, ya bloqueó una propuesta de la República Checa sobre la directiva de trabajadores de plataformas digitales, defendiendo una posición crítica que finalmente se negoció y cerró en 2023 bajo la presidencia española del Consejo.

LEER MÁS

(La Vanguardia, 02-12-2024) | Laboral

Los sindicatos convocan concentraciones para forzar el acuerdo sobre Muface

Los sindicatos de empleados públicos han anunciado movilizaciones y concentraciones para el próximo 11 de diciembre con el objetivo de presionar por un acuerdo en torno a la licitación de Muface. Este proceso, clave para garantizar la cobertura sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y beneficiarios, quedó desierto el pasado 5 de noviembre, una situación sin precedentes. Las protestas se llevarán a cabo en Madrid. Por la mañana, los manifestantes se concentrarán frente a la sede de Unespa, la patronal de las aseguradoras, a la que han reclamado "responsabilidad y decoro" en el proceso de nueva licitación. Por la tarde, las movilizaciones continuarán tanto en Madrid como en las capitales de provincia frente a las delegaciones de Muface. Entre los convocantes se encuentran sindicatos como Comisiones Obreras (CC.OO.), UGT, la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), la Unión Federal de Policía (UFP), USIE, la Asociación de Inspectores de Educación (ADIDE), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) y el Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria (SIAT). Por su parte, CSIF, otro sindicato representativo de los funcionarios, no participará en esta convocatoria y ha programado su propia movilización para el 14 de diciembre. "Es fundamental renovar el convenio de Muface", han declarado los sindicatos convocantes, quienes aseguran que, en este momento, no existe "ninguna alternativa viable" y piden al Gobierno que acelere el proceso. Han exigido un acuerdo estable y satisfactorio que garantice la calidad de la asistencia sanitaria para los empleados públicos y mejore las prestaciones actuales. Los sindicatos también han instado a las aseguradoras a actuar con responsabilidad, subrayando que este proceso trata sobre la salud de los mutualistas y no únicamente de resultados económicos. Criticaron que algunas aseguradoras han enviado cartas a los mutualistas asegurando que a partir del 31 de enero se quedarán sin asistencia sanitaria, lo que calificaron como una acción que genera "incertidumbre y temor" entre personas vulnerables. "Esto no puede convertirse en una negociación despiadada en la que los afectados sean rehenes", denunciaron. Dentro de sus demandas, los sindicatos exigen una solución inmediata a la licitación y plantean la creación de una mesa de debate una vez resuelto este proceso, para abordar a largo plazo la situación de la cobertura sanitaria de los mutualistas. Su objetivo es garantizar estabilidad y tranquilidad para los funcionarios, quienes, denuncian, se enfrentan a una incertidumbre recurrente cada vez que se renueva la licitación. Los representantes sindicales, que aseguran representar a funcionarios de todos los sectores, reconocieron la gravedad del problema y destacaron la necesidad de trabajar de forma conjunta. "Hemos priorizado la protección sanitaria de 1,5 millones de personas por encima de nuestras demandas específicas", señalaron. Sobre la ausencia de CSIF en esta convocatoria, los sindicatos recalcaron que están apostando por la unidad en este asunto crítico.

LEER MÁS

(Expansión, 29-11-2024) | Laboral

Las pensiones subirán un 2,8% en 2025 por la evolución de la inflación

El próximo año, más de 11 millones de pensiones se incrementarán al menos un 2,8%. Este ajuste corresponde a la inflación media anual, calculada tras conocerse el avance del IPC de noviembre: los precios subieron un 2,4% interanual, seis décimas más que en octubre, impulsados por el aumento en los costes de carburantes y electricidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este indicador es fundamental para determinar la revalorización de las pensiones, cuya fórmula establece la media de la inflación anual entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, que provisionalmente se sitúa en 2,8%. Aunque este porcentaje no es definitivo, suele haber pocas variaciones respecto al dato oficial que el INE publicará a mediados de mes. El incremento del 2,8% supondrá, en promedio, unos 600 euros más al año para quienes reciben una pensión de jubilación media, y aproximadamente 500 euros anuales para las pensiones promedio del sistema. Beneficiará a los 9,3 millones de personas que perciben las 10,3 millones de pensiones contributivas, así como a los 720.148 beneficiarios del Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también verán sus prestaciones ajustadas según este índice. Además, los pensionistas que perciban pensiones mínimas o no contributivas podrían recibir un incremento superior, pendiente de aprobación por el Gobierno, siguiendo la recomendación 15ª del Pacto de Toledo. Esta propone que estas prestaciones más bajas aumenten en mayor proporción. Así ocurrió en 2024, cuando las pensiones generales subieron un 3,8%, pero las mínimas y no contributivas aumentaron un 6,9%. Esta será la tercera vez que las pensiones se actualizan conforme a la evolución de los precios, una medida introducida para preservar el poder adquisitivo de los pensionistas. En 2022, las pensiones subieron un 2,5%; en 2023, durante la crisis inflacionaria, el incremento fue del 8,5%; y en 2024, del 3,8%. Aunque el coste exacto de la revalorización para 2025 se conocerá cuando se confirme el IPC de noviembre, se estima que el aumento del 2,8% implicará un gasto cercano a los 6.000 millones de euros, sin incluir el posible ajuste adicional para las pensiones mínimas y no contributivas. Por otro lado, este ajuste también determinará el aumento de la pensión máxima, que pasará de 3.174 euros mensuales (en 14 pagas) a cerca de 3.300 euros, y de la base máxima de cotización, que alcanzará los 5.000 euros mensuales (60.000 euros anuales). Además, se mantendrán los cambios previstos por las reformas del sistema de pensiones iniciadas en 2011, como el aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 y la mayor exigencia para acceder al 100% de la pensión. En 2025, la edad legal de jubilación será de 66 años y 8 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. Aquellos con mayor tiempo cotizado podrán retirarse a los 65 años. El mínimo de años cotizados para acceder a una pensión pública seguirá siendo de 15, de los cuales al menos dos deberán estar dentro de los últimos 15 años previos a la jubilación. Con 15 años cotizados se tendrá derecho al 50% de la base reguladora, mientras que para alcanzar el 100% será necesario haber cotizado al menos 36 años y 6 meses, requisito que aumentará a 37 años en 2027. Por último, a partir de 2026, se comenzará a aplicar de manera gradual un nuevo método para calcular la base reguladora, que permitirá elegir entre los últimos 25 años cotizados o bien 29 años excluyendo los dos peores años, con el fin de beneficiar al trabajador.

LEER MÁS

(Expansión, 29-11-2024) | Laboral

La base máxima rozará los 5.000 euros al mes

No obstante, continuarán aplicándose las reformas en el ámbito de los ingresos, incluyendo nuevos incrementos en las cotizaciones sociales. En 2025, volverá a aumentar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), implementado desde 2023. Esta sobrecotización, que en 2024 fue del 0,7% de la base reguladora, ascenderá al 0,8% en 2025. El coste se distribuirá entre el empleador, que aportará un 0,66%, y el empleado, que asumirá un 0,14% deducido de su salario. Este porcentaje seguirá incrementándose en una décima cada año, alcanzando el 1,2% en 2029. Asimismo, en 2025 continuará el proceso de destope de las bases máximas de cotización, lo que implica un aumento gradual en el salario máximo sujeto a cotización a la Seguridad Social, generando mayores ingresos para el sistema. Según la reforma de pensiones de la legislatura anterior, hasta 2050 estas bases máximas subirán anualmente el mismo porcentaje que el IPC promedio más un incremento fijo de 1,2 puntos. De este modo, la base máxima de cotización prevista para 2025 se incrementará alrededor de un 4%, situándose cerca de los 5.000 euros mensuales (60.000 euros anuales), frente a los 4.720,5 euros mensuales (56.646 anuales) de 2024. Por otro lado, las pensiones máximas que corresponden a los trabajadores con mayores bases de cotización no aumentarán al mismo ritmo que estas. Según la misma reforma, dichas pensiones máximas crecerán conforme al IPC promedio anual, más un 0,115% adicional cada año, acumulándose hasta 2050. Desde ese año y hasta 2065, las pensiones máximas deberán incrementarse de forma que para ese último año el aumento total alcance un 20%. En cambio, para 2050, las bases máximas de cotización habrán crecido un 38%, 18 puntos más que las pensiones generadas. Además, a partir del 1 de enero de 2025, la Seguridad Social comenzará a aplicar una nueva cuota de solidaridad a los salarios que superen la base máxima de cotización, gravando la parte del sueldo que actualmente no cotiza. Esta cuota será progresiva y se dividirá en tres tramos: uno para ingresos que excedan la base máxima en un 10%, otro para los que superen dicha base en un 50% y un último para los que la dupliquen. Sin embargo, esta nueva cotización no generará derechos adicionales de pensión.

LEER MÁS

(El País, 29-11-2024) | Laboral

Los salarios reales se recuperan en todo el mundo y crecen un 2,7%, la mayor subida en más de 15 años

El año 2024 se ha consolidado como el periodo de recuperación salarial a nivel global. Tras los altos niveles de inflación registrados en 2022 y 2023, los salarios reales -descontando el impacto del aumento de los precios- cayeron a valores negativos en la mayoría de las economías, lo que provocó una pérdida significativa de poder adquisitivo para los trabajadores. Sin embargo, según el Informe Mundial sobre Salarios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presentado en Ginebra, los datos preliminares de la primera mitad de 2024 muestran un crecimiento mundial de los salarios reales del 2,7%, el mayor aumento en más de 15 años. A pesar de ello, aunque la desigualdad salarial sigue siendo un problema importante en la mayoría de los países, esta se ha reducido en dos tercios de las naciones analizadas desde el comienzo del siglo. El repunte salarial global está influido en gran medida por China, cuyo acelerado crecimiento de los sueldos eleva significativamente el promedio mundial. Sin incluir al gigante asiático, el aumento de las remuneraciones reales en 2024 se sitúa en un 2,3%. En el caso de los países del G-20, tras dos años de retroceso en los salarios reales, las economías avanzadas registraron un crecimiento modesto del 0,9% este año, frente a un notable 5,9% en las economías emergentes del grupo. En términos generales, el informe destaca que los salarios nominales -antes de ajustar por inflación- crecieron por encima de los precios en todas las regiones del mundo durante el primer semestre de 2024. Las subidas oscilaron entre un 19,4% en Asia Central y Occidental, y un moderado 0,3% en América del Norte, donde los aumentos salariales han sido los más contenidos. A pesar de estos avances, la OIT subraya la importancia de mantener políticas de salario mínimo sólidas, dado el impacto que la inflación tiene en las rentas más bajas. Aunque en 2022 y 2023 más países de lo habitual ajustaron sus salarios mínimos, solo una minoría logró superar la inflación. De una muestra de 160 países, el 60% ajustó sus salarios mínimos en 2022, pero solo uno de cada cuatro los incrementó por encima del aumento de los precios. En 2023, aunque el 55% superó la inflación, en muchos casos los aumentos no compensaron las pérdidas acumuladas en años anteriores. La OIT insta a que el ajuste del salario mínimo continúe siendo una prioridad, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con ingresos bajos, sin descuidar los factores económicos. No obstante, la recuperación salarial global no ha logrado eliminar las significativas desigualdades internas en cada país. Según el informe, en los países con ingresos más bajos, el 22% de los trabajadores reciben un salario inferior a la mitad de la mediana nacional. Además, las mujeres y los empleados del sector informal se concentran en los tramos más bajos de la distribución salarial. El estudio también confirma que, en todos los niveles de ingreso, los hombres ganan más que las mujeres, evidenciando una brecha salarial persistente. A nivel global, las disparidades salariales entre países son igualmente marcadas. El 10% de los trabajadores con menores ingresos representa apenas el 0,5% de la masa salarial mundial, mientras que el 10% mejor pagado acumula casi el 38%. A pesar de estos desequilibrios, el informe señala que la desigualdad salarial se ha reducido en aproximadamente dos tercios de los países analizados, especialmente en aquellos con ingresos bajos y medianos, donde las reducciones han sido más pronunciadas. Para continuar avanzando en la equidad salarial, la OIT propone fomentar el diálogo social entre empresarios y trabajadores para fijar salarios justos, adoptar enfoques integrales que consideren tanto las necesidades de los empleados como las condiciones económicas, y diseñar políticas que promuevan la igualdad de género. También recomienda basar las decisiones salariales en datos fiables y abordar las causas estructurales de los salarios bajos, como la baja productividad, el empleo informal y la subvaloración de ciertos sectores, como el de los cuidados.

LEER MÁS

¿ESTAS BUSCANDO

ASESORÍA PERSONAL O EMPRESARIAL?

Realiza tu consulta online o ven a visitarnos

CONTACTAR CON GAF