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(El Periódico, 27-11-2024) | Laboral

Sánchez reclama a la patronal que vuelva a negociar la reducción de jornada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a la patronal CEOE a retomar las negociaciones con el Ejecutivo y los sindicatos para avanzar en la aprobación de una ley que reduzca la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Este llamado lo realizó durante el congreso de la UGT que se celebra en Barcelona, pocos días después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, diera por finalizadas las conversaciones con los empresarios, argumentando que alcanzar un acuerdo era inviable. "Tenemos pendiente la reducción de la jornada laboral y pido a la patronal que se siente con los sindicatos y el Gobierno para ponerla en marcha durante esta legislatura", declaró Sánchez. Con este mensaje, el líder del Ejecutivo busca tender un puente hacia los empresarios, a pesar de que desde su socio de Gobierno ya consideran agotada esta vía tras 11 meses de diálogos infructuosos y la negativa de la CEOE a abordar un tema que entienden como competencia exclusiva de la negociación colectiva entre empresas y trabajadores. Desde el Ejecutivo, las críticas hacia la postura de la CEOE han sido contundentes. La semana pasada, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, expresó su frustración tras la última reunión: "No parece razonable que, después de 11 meses, sin un solo documento ni contrapropuesta, ahora el argumento sea que solo la negociación colectiva puede reducir la jornada. Esto no es más que una tomadura de pelo. Hasta aquí hemos llegado". Mientras tanto, Sánchez ha mostrado una visión diferente a la de sus socios de Gobierno. Durante su intervención en el congreso de la UGT, insistió en la importancia de dialogar con los empresarios, contrastando con Yolanda Díaz, quien ya centra su estrategia en conseguir apoyos parlamentarios en el Congreso para sacar adelante la medida. "¿Van a hacer lo mismo con la reducción de la jornada que con la reforma laboral?", cuestionó Díaz a Alberto Núñez Feijóo en el mismo foro un día antes. El evento también sirvió para que Sánchez y el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, intercambiaran elogios por el trabajo conjunto en reformas clave como la laboral o la de pensiones. Álvarez destacó que "nunca en tan poco tiempo se había logrado tanto" y mencionó avances como la ley de igualdad, la ley Rider y la regulación del teletrabajo, aunque aprovechó para reclamar mayor financiación para los sindicatos. "Desde 1978 tenemos una deuda pendiente. El Estado nos exige cada vez más trabajos, pero estos son financiados únicamente por nuestros afiliados. Es hora de que el Estado asuma esa responsabilidad", declaró Álvarez. Sánchez recogió parcialmente la petición, señalando que uno de los objetivos de esta legislatura será aprobar una ley de participación institucional que reconozca el papel de los agentes sociales en la estabilidad y la paz laboral. Aunque los sindicatos ya reciben financiación pública, esta representa solo una pequeña parte de su presupuesto. En 2023, según el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, el Gobierno destinó 16,98 millones de euros en transferencias directas a organizaciones sindicales con representación.

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(Expansión, 26-11-2024) | Laboral

No se puede discriminar a una empleada por la forma de distribuir su jornada

Una trabajadora con contrato indefinido a tiempo parcial, cuya jornada laboral se distribuía de manera irregular y prestaba servicios efectivos 270 días al año, fue inicialmente reconocida como beneficiaria de la prestación por desempleo tras la aplicación de un ERTE por fuerza mayor durante la pandemia. Esta resolución, emitida el 26 de enero de 2021, cubría el periodo del 23 de noviembre de 2020 al 7 de octubre de 2021. Sin embargo, el 19 de julio de 2022, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) revocó la resolución inicial alegando que no tenía derecho a la prestación, reclamándole la devolución de 6.218,20 euros correspondientes al periodo mencionado. Ante esta decisión, la trabajadora interpuso una demanda, que fue estimada en primera instancia, revocando la decisión del SEPE por considerar que había prescrito el plazo de un año para revisar la resolución inicial, según lo estipulado en el artículo 146 de la Ley de la Jurisdicción Social. El caso llegó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que analizó los hechos probados y consideró varios aspectos clave. En primer lugar, el tribunal destacó que la trabajadora, aunque tenía un contrato a tiempo parcial, estaba dada de alta durante todo el año, con una jornada anual efectiva equivalente al 74%. Asimismo, la empresa aplicó un ERTE de suspensión por fuerza mayor a toda la plantilla desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2022. El tribunal concluyó que la revocación del SEPE era improcedente por dos razones principales. Primero, porque la revisión se realizó fuera del plazo de un año establecido legalmente. Segundo, porque la resolución del SEPE era confusa al referirse a prestaciones de fijos discontinuos, condición que no aplicaba a la trabajadora, quien cotizaba por 12 meses anuales con un salario prorrateado. Además, el tribunal subrayó que no era válido discriminar a la empleada por la distribución de su jornada, ya que su base reguladora diaria era equivalente a la de cualquier trabajador a tiempo parcial con cotización anual. En consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoció el derecho de la trabajadora a percibir las prestaciones por desempleo correspondientes a los periodos comprendidos entre el 23 de noviembre y el 31 de diciembre de 2020, del 15 de enero al 1 de junio de 2021, del 2 de junio al 7 de octubre de 2021, y del 27 de febrero al 31 de marzo de 2022. Este fallo reafirma la protección de los derechos laborales y la correcta aplicación de las normas en materia de prestaciones por desempleo.

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(El País, 26-11-2024) | Laboral

Trabajo anuncia un pacto “inminente” con los sindicatos para reducir la jornada e inicia un difícil trámite parlamentario

El Ministerio de Trabajo está a punto de alcanzar un acuerdo con los sindicatos UGT y CC OO para reducir la jornada laboral ordinaria de 40 a 37,5 horas semanales a partir de 2025. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, anunció este jueves que el pacto con los sindicatos es "inminente" tras la última reunión mantenida en el ministerio, aunque la CEOE ha reiterado su rechazo a esta medida. Además, Pérez Rey confirmó que este viernes se iniciará el trámite parlamentario con la apertura de la consulta pública. El Gobierno ha descartado implementar una jornada intermedia de 38,5 horas en 2024 debido a la falta de tiempo para llevarla a cabo. "Estamos muy cerca del acuerdo, apenas faltan algunos ajustes técnicos", aseguró Pérez Rey, quien espera que el consenso con UGT y CC OO se cierre en los próximos días. Los representantes sindicales también se mostraron optimistas: Fernando Luján, de UGT, afirmó que solo quedan "detalles" por ajustar sobre el texto ya debatido en julio, mientras que Carlos Gutiérrez, de CC OO, reconoció que existe "una visión compartida" y que el acuerdo podría alcanzarse rápidamente. La reunión, que ha sido la última con los tres actores sociales (Gobierno, empresarios y sindicatos), tuvo una duración mucho menor de lo habitual, apenas una hora. La negativa de la patronal, formalizada en el Comité Ejecutivo de la CEOE hace dos semanas, complica considerablemente la aprobación de la ley en el Parlamento, ya que, además del apoyo de la izquierda, se requeriría el respaldo de Junts y el PNV. Aunque los vascos parecen estar más cercanos al sí, los catalanes aún no han definido su postura, aunque fuentes empresariales afirman que están en contra de la reducción de la jornada. El plan del Gobierno, presentado en junio y ajustado en julio, mantiene el límite de 80 horas extra al año, permite aplicar la reducción en cómputo anual y refuerza el registro horario. Esto último incluye sanciones individuales por empleado, lo que incrementaría los costos en caso de incumplimiento, y la obligatoriedad de un sistema de registro digital accesible directamente para la Inspección de Trabajo. Quedan fuera del acuerdo las ayudas directas a pequeñas y medianas empresas (pymes) y las bonificaciones a la contratación, propuestas inicialmente por Trabajo para intentar atraer a la CEOE. No obstante, fuentes cercanas a la negociación creen que estas medidas podrían incorporarse durante el trámite parlamentario, como estrategia para obtener el respaldo de partidos nacionalistas de derecha. Pérez Rey criticó duramente la postura de las patronales, calificándola de "inexplicable" y subrayando que la patronal tendrá que justificar su rechazo ante los 12 millones de trabajadores que se beneficiarían de la medida. Según él, la reducción de la jornada es una "consecuencia lógica" de los avances tecnológicos, la automatización y el incremento de la productividad. Desde Cepyme, la patronal de las pymes, advierten que estas empresas serían las más afectadas y defienden que la negociación colectiva es la única forma viable de implementar cambios en la jornada laboral. El secretario de Estado expresó "sorpresa" por la postura de CEOE y Cepyme, señalando que tras 11 meses de negociaciones, ambas organizaciones insisten en que la reducción solo puede hacerse a través de convenios colectivos, cuando la jornada máxima ya está regulada en el Estatuto de los Trabajadores. Pérez Rey calificó esta actitud como "una tomadura de pelo". Acuerdos laborales sin el respaldo de la patronal han sido frecuentes desde mediados de la anterior legislatura, como ocurrió con las subidas del salario mínimo o el estatuto del becario. El último acuerdo alcanzado con empresarios fue sobre la no discriminación del colectivo LGTBI+ en el ámbito laboral. Ahora, el trámite parlamentario se realizará por vía de urgencia, como confirmó la ministra Yolanda Díaz, para cumplir los compromisos del pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar. Sin embargo, fuentes empresariales consideran improbable que la norma prospere en el Congreso sin el respaldo de la patronal. En este sentido, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha reiterado que la patronal no participará, animando al Gobierno a buscar el apoyo parlamentario necesario para su aprobación.

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(El Economista, 26-11-2024) | Laboral

Díaz prepara la subida del SMI para 2025 con la meta de acercarlo a 1.200 euros

El Ministerio de Trabajo se encuentra ultimando un nuevo aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), cuya preparación arranca este martes con la reunión de la comisión asesora. Este grupo de expertos emitirá una recomendación para el departamento dirigido por Yolanda Díaz. Aunque la propuesta formal aún no se ha presentado, los sindicatos CCOO y UGT ya han fijado como objetivo un incremento del 5%, cifra que podría influir en la decisión final del Ejecutivo. Por ahora, no se ha convocado la mesa de negociación, donde también participará la patronal, aunque las organizaciones sindicales apuestan por una subida similar a la de 2024, lo que situaría el salario mínimo en 1.190 euros brutos mensuales, superando ampliamente la inflación acumulada del año. La vicepresidenta segunda y titular de Trabajo no adelantó una cifra concreta como punto de partida para el diálogo con los agentes sociales, a la espera de las conclusiones del informe. Sin embargo, reiteró el compromiso con el 60% del salario medio establecido en la Carta Social Europea, un umbral que el ministerio considera alcanzado en 2023. Por ello, el ajuste solo sería necesario para actualizarlo conforme al aumento de los sueldos, que en octubre crecieron un 3,82% de media según los convenios negociados, frente a una inflación acumulada del 2,1% y una interanual del 1,8%, ampliamente superadas por el incremento planteado por los sindicatos. Este posible aumento daría continuidad a la política de alzas iniciada en 2018 con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, cuando el SMI se elevó un 22% hasta los 900 euros mensuales tras un acuerdo con Podemos. Desde entonces, se han producido cinco incrementos consecutivos, y de concretarse este nuevo ajuste en 2025, el salario mínimo habría subido un 57% en total desde 2018, sumando 56,7 euros por cada una de las 14 pagas. CCOO y UGT suelen presentar posturas conjuntas en estas negociaciones, aunque en ocasiones surgen diferencias, como ocurrió el año pasado. Aunque ambos sindicatos coincidieron en el aumento del 5%, UGT cuestionó la metodología utilizada por el grupo de expertos, designado directamente por Trabajo, para calcular el salario medio, considerando que otras fuentes como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social ofrecerían cifras más precisas. Por su parte, CCOO apoyó el método empleado, al haber contado con la participación de un miembro de su equipo económico en su diseño. Raúl Olmos, de la secretaría de Acción Sindical de CCOO, subraya dos prioridades para esta negociación: garantizar el poder adquisitivo y modificar la normativa que regula el SMI. Según explica, el sindicato busca corregir problemas derivados de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que incluye en el cálculo del salario mínimo todos los complementos salariales, incluso los relacionados con idiomas o responsabilidades, algo que CCOO considera incorrecto. Por otro lado, CEOE y Cepyme esperan la propuesta oficial tras la publicación del informe técnico. Durante la negociación anterior, los empresarios propusieron un incremento de entre el 3% y el 4%, condicionado a bonificaciones en las cotizaciones agrícolas y a la revisión de la ley de desindexación, que les impide trasladar estas subidas a contratos vigentes con el sector público. Aunque Trabajo intentó modificar esta normativa con el apoyo de Hacienda, no logró el consenso necesario. Aunque el Gobierno debe consultar a los agentes sociales sobre este tema, no está obligado a seguir sus recomendaciones. Fuentes gubernamentales indican que se convocará a los sindicatos y la patronal una vez se disponga del informe técnico, aunque aún no está claro si el rango de propuestas elaborado por los expertos será divulgado públicamente, como ya ocurrió en 2024.

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(El Economista, 26-11-2024) | Laboral

El Ministerio de Seguridad Social prepara ya la revalorización de las pensiones

La actualización de las pensiones prevista para enero garantizará la suficiencia económica de más de dos millones de prestaciones mínimas, incluyendo jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y aquellas en favor de familiares. Desde la reforma impulsada por José Luis Escrivá, exministro de Inclusión y actual gobernador del Banco de España, las pensiones mínimas han adquirido mayor relevancia al incrementarse por encima de la inflación, con el propósito de alcanzar el umbral mínimo de pobreza. La publicación del proyecto de real decreto en el portal de Transparencia, que puede consultarse aquí, representa el paso inicial hacia la revalorización anual de las pensiones. El Gobierno ha anunciado su intención de establecer, para 2027, una pensión mínima contributiva de jubilación para titulares mayores de 65 años con cónyuge a cargo, cuyo importe será equivalente al umbral de pobreza calculado para un hogar formado por dos adultos. Para determinar estas actualizaciones, la Seguridad Social se basa en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y su Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Así, se prevé que el umbral de pobreza aumente un 4,26% en 2025, alcanzando los 11.944,88 euros. Este cálculo sirve como referencia para garantizar que las pensiones mínimas no queden desfasadas. Mientras que las pensiones contributivas subirán de forma general un 2,75%, con un coste estimado de 5.000 millones de euros para la Seguridad Social, las pensiones mínimas recibirán una revalorización adicional de cerca de 900 millones de euros. El límite de ingresos para acceder a complementos destinados a pensiones inferiores a la cuantía mínima se fija en 10.717 euros anuales para beneficiarios con cónyuge a cargo, y en 9.188 euros para hogares unipersonales o sin cónyuge a cargo. Por su parte, las pensiones no contributivas tendrán un importe anual de 7.903 euros, independientemente de la estructura del hogar. La revalorización de las pensiones mínimas derivadas de jubilación beneficiará a aproximadamente 1,2 millones de prestaciones. En cuanto a las asignaciones familiares, la ayuda por hijo a cargo o menor con una discapacidad igual o superior al 65% será de 5.803,20 euros anuales en 2025, mientras que para discapacidades igual o superiores al 75%, el importe será de 8.703,60 euros al año. Además, el complemento para reducir la brecha de género se incrementará un 5% adicional en 2025, beneficiando principalmente a mujeres, que son las principales receptoras de estas prestaciones mínimas y del complemento en cuestión. Finalmente, el subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte también se revalorizará un 2,75%, alcanzando los 1.002 euros anuales. Estas medidas refuerzan el compromiso de mejorar la cobertura y protección económica de los colectivos más vulnerables, con especial atención a las mujeres.

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(El Periódico, 26-11-2024) | Laboral

El TSJC anula un despido porque la "impresentable" carta de despido estaba copiada o hecha con Inteligencia Artificial

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado improcedente el despido de un empleado de una empresa de mármoles debido a varios motivos, entre ellos, que la carta de despido era "inaceptable", al parecer redactada con un modelo de internet o utilizando "la mal llamada inteligencia artificial". En una sentencia del 16 de noviembre, a la que tuvo acceso EFE, la Sala de lo Social rechazó el recurso presentado por la empresa contra un fallo previo del Juzgado de lo Social nº 16 de Barcelona. La sentencia aborda diversos aspectos relacionados con el despido, incluyendo irregularidades en el tratamiento de la discapacidad del trabajador, quien padecía silicosis, así como cuestiones relativas a su salario y jornada laboral. La empresa, tras conocer el diagnóstico médico, decidió despedir al empleado sin haber demostrado una supuesta falta de rendimiento o dedicación. Además, el tribunal consideró que la enfermedad no representaba un obstáculo para el desempeño de sus funciones, ya que habría bastado con proporcionarle medidas de protección adecuadas, como una mascarilla. Lo que llevó a los jueces a declarar nulo el despido fue la redacción de la carta de notificación al trabajador, descrita por el TSJC como "inaceptable". En ella se imputaba de manera "genérica" una falta disciplinaria consistente en una disminución voluntaria y sostenida en el rendimiento laboral. El Tribunal criticó que, en un aparente acto de dejadez, la carta afirmara en su segundo párrafo que la empresa se dedicaba al comercio minorista de ropa, lo que, según los magistrados, sugiere que el texto fue copiado de otro modelo, descargado de internet o redactado de manera automatizada. En realidad, la empresa pertenece al sector de fabricación de materiales como porcelánicos, mármoles, granitos y cuarcitas. En opinión del TSJC, "no existía ninguna causa justificada para extinguir el contrato laboral del demandante". Además, la empresa no se esforzó en justificar formalmente su decisión de despido y parecía asumir desde el inicio que el despido sería declarado improcedente. Según el tribunal, los propietarios de la empresa simplemente confiaron en que el costo del despido no sería demasiado elevado, dado que el trabajador llevaba menos de un año en el puesto.

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(El Periódico, 26-11-2024) | Laboral

La patronal CEOE agradece la "paz social" a UGT en su congreso y pide "sindicatos más fuertes"

La semana pasada, el Ministerio de Trabajo dio por finalizadas las negociaciones tripartitas con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT sobre la ley de reducción de jornada. Sin lograr un consenso con los empresarios, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, decidió dar por cerradas unas conversaciones que se extendieron durante 11 meses en el marco del diálogo social. Este episodio representa uno de los mayores desacuerdos entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos en los últimos cinco años, un periodo marcado, especialmente durante la pandemia, por numerosos acuerdos en esta esfera. En el transcurso de estos 11 meses, los sindicatos solo organizaron una jornada de concentraciones frente a las sedes de la patronal con el objetivo de presionar a los empresarios para que se sumaran a un posible acuerdo. Esto refleja una dinámica consolidada entre la CEOE y los sindicatos mayoritarios, quienes incluso "pactamos los desacuerdos", según declaró Antonio Garamendi, presidente de la patronal, este lunes durante la inauguración del congreso que UGT celebra en Barcelona. Garamendi agradeció a los sindicatos el periodo de "paz social" mantenido en los últimos años. Según datos del Departament de Treball de Cataluña, la conflictividad laboral en esta comunidad se encuentra en el nivel más bajo de la última década. En el primer semestre de 2024, solo 19.089 trabajadores participaron en huelgas o paros laborales, sobre una población asalariada de más de tres millones, lo que resultó en la pérdida de 370.297 horas de trabajo. Si esta tendencia continúa, el año podría cerrar con uno de los niveles más bajos de conflictividad desde la Gran Recesión. "Quiero agradeceros el trabajo que realizáis", dijo Garamendi a los delegados de UGT durante el congreso en el que, previsiblemente, Pepe Álvarez será reelegido como secretario general para un tercer y último mandato. El líder empresarial hizo suyo el lema del 44º congreso de UGT, "Más y mejor sindicato", y abogó por "sindicatos más fuertes" con los que poder dialogar. Además, destacó la importancia de que estas negociaciones se lleven a cabo sin la intervención del Gobierno, como en el caso de la reducción de jornada, donde la patronal ha sostenido que el Ministerio de Trabajo ha interferido en un ámbito que consideran exclusivo de los empresarios y las organizaciones sindicales.

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(Expansión, 25-11-2024) | Laboral

CCOO frena el plan de pensiones del metal, con 1,5 millones de trabajadores

La negociación del futuro plan de pensiones para el sector del metal, que tendría un importante impacto en las pymes, se encuentra actualmente bloqueada debido a la negativa de CCOO a aceptarlo, según ha informado Confemetal y confirmado el propio sindicato. De aprobarse, este plan actuaría como complemento a las prestaciones de la Seguridad Social y tendría una relevancia comparable al plan de pensiones del sector de la construcción, que ya está en funcionamiento. Confemetal agrupa a 220.000 empresas que emplean a 1,5 millones de trabajadores, lo que representa un mercado potencialmente muy atractivo para el sector financiero. Este plan de pensiones, de concretarse, podría alcanzar dimensiones similares al del sector de la construcción, que abarca 140.000 empresas y 1,4 millones de empleados, de acuerdo con datos de la Fundación Laboral de la Construcción. La patronal, presidida por José Miguel Guerrero, está tratando de convencer a CCOO para que acepte negociar un plan de pensiones de ámbito nacional y de adhesión obligatoria para empresas y trabajadores. Guerrero subraya la importancia de que los empleados dispongan de herramientas para complementar las prestaciones de la Seguridad Social. Sin embargo, CCOO se opone al enfoque de ámbito nacional por varias razones. En primer lugar, el sindicato defiende que la regulación de un plan de pensiones debe quedar en manos de los convenios provinciales del sector, ya que, según ellos, este nivel es más adecuado para valorar las circunstancias específicas de las empresas, incluyendo sus márgenes económicos para abordar cuestiones como salarios y aportaciones a los planes. En este sentido, CCOO, liderado por Unai Sordo, ha dejado claro que no aceptará un acuerdo nacional que determine aspectos salariales y de pensiones, a menos que las empresas asuman el 100% de las aportaciones al plan. Esta postura fue expresada por el sindicato en marzo pasado y, según sus declaraciones, no ha cambiado desde entonces. Por último, el sindicato también advierte sobre el atractivo económico que podría representar para las entidades financieras gestionar un plan de pensiones colectivo en un sector tan amplio como el del metal. Tanto este sector como el de la construcción han avanzado en esta dirección bajo el marco de la última reforma impulsada por el Gobierno, que introdujo planes de pensiones tutelados por la Seguridad Social con el objetivo de fomentar el ahorro entre trabajadores con salarios medios y bajos, así como autónomos y funcionarios.

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(El País, 25-11-2024) | Laboral

UGT celebra en Barcelona durante los próximos tres días el 44º Congreso Confederal

Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 68 años) será reelegido como secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) durante el 44º Congreso Confederal que se celebrará entre este lunes y miércoles en Barcelona. Sin ningún oponente en la contienda, Álvarez continuará liderando el sindicato hasta 2028, lo que marcará su tercer y último mandato, conforme al límite establecido por los estatutos. Álvarez asumió este cargo en 2016, sucediendo a Cándido Méndez, y confirmó su intención de renovar hace dos meses. UGT cuenta con 983.521 afiliados, y sus acuerdos benefician a aproximadamente 11 millones de trabajadores, según datos del sindicato. Una de las principales luchas lideradas por Álvarez recientemente ha sido la reducción de la jornada laboral, que será definida por el Gobierno junto con UGT y CC OO, sin el respaldo de la patronal. Durante sus ocho años de mandato, Álvarez ha mantenido un tono firme en las disputas con los empresarios, especialmente tras la pausa que supuso la pandemia, un período destacado por el diálogo social. A pesar de las tensiones públicas entre ambas partes, la relación personal entre Álvarez y el líder de la CEOE es cordial y fluida. Desde el sindicato destacan su carácter combativo y su cercanía con los trabajadores: "Pepe nunca se intimida frente a los poderosos y siempre se interesa por quienes le cuentan sus problemas, recorriendo empresas y secciones sindicales". Su carácter forjado en su Asturias natal le ha llevado a expresarse con contundencia contra quienes critican la labor sindical, especialmente partidos de ultraderecha como Vox, a cuyos dirigentes llegó a llamar "comemierdas". Álvarez se trasladó en su juventud a Barcelona, donde comenzó a ser conocido como "Pep". Tras trabajar tres años en Maquinista Terrestre y Marítima (hoy Alstom), asumió en 1978 la dirección del Sindicato del Metal de Barcelona, y en 1990 se convirtió en secretario general de UGT Cataluña. En la ciudad desarrolló también una lealtad inquebrantable hacia el FC Barcelona. Sin grandes conflictos internos desde 2022, cuando Pedro Hojas y otros miembros de la ejecutiva de FICA UGT dimitieron por discrepancias con la dirección, Álvarez ha liderado un sindicato que mira hacia otros cuatro años de lucha en las calles y en los tribunales. Parte de su estrategia ha sido llevar demandas al Comité Europeo de Derechos Sociales en Estrasburgo, como la mejora de indemnizaciones por despido improcedente (actualmente en 33 días) y el refuerzo del derecho a la vivienda para que sea exigible ante la justicia. En UGT se refieren a él como "el hombre esponja" por su capacidad para asimilar conceptos jurídicos y explicarlos con claridad. Durante el Congreso, el sindicato trazará líneas estratégicas para los próximos años, centrándose en nuevos servicios para sus afiliados, los efectos de la globalización en el empleo, y las transiciones verde, tecnológica y demográfica. Además, abordarán temas clave como la vivienda, exigiendo garantías estatales para el derecho a una vivienda digna, pero también protegiendo a pequeños propietarios que dependen del alquiler para complementar sus ingresos. También tratarán la situación de los servicios públicos como sanidad y educación, y la necesidad de un sistema fiscal justo, recordando que eventos como las inundaciones recientes subrayan la importancia de contar con servicios públicos sólidos y bien financiados.

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(Expansión, 22-11-2024) | Laboral

El Gobierno da carpetazo a la negociación con CEOE y Cepyme sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales

El Ejecutivo ha decidido proseguir la negociación de esta reforma únicamente con los sindicatos. En este sentido, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, afirmó que el acuerdo con CCOO y UGT es "inminente". Sin embargo, los representantes sindicales, Carlos Gutiérrez y Fernando Luján, moderaron este optimismo, reconociendo que, aunque las posturas con el Gobierno están muy próximas, aún quedan asuntos por resolver. Entre ellos, destaca la eliminación de las ayudas para las empresas que reduzcan la jornada laboral y generen empleo, tras la retirada de la patronal de la mesa de negociación. Pérez Rey coincidió con esta postura al señalar que "no tiene sentido" mantener esas ayudas si los empresarios se han apartado del diálogo sobre la reducción de la jornada sin afectar los salarios. Horas antes, en declaraciones a RNE, acusó a la CEOE de actuar con "cálculo político" al rechazar la propuesta, sugiriendo que buscan debilitar al Gobierno de coalición de cara a un posible adelanto electoral. La semana pasada, los empresarios ya expresaron su rechazo absoluto a la propuesta gubernamental. Según CEOE y Cepyme, reducir la jornada laboral sin recortar salarios debe ser competencia exclusiva de la negociación colectiva entre trabajadores y empresas. Asimismo, critican la creciente intervención del Ejecutivo en las relaciones laborales, ejemplificada, según ellos, en el aumento del salario mínimo interprofesional, que ha subido un 54% desde 2018, situándose en 1.134 euros mensuales. También rechazan la intención del Gobierno de permitir que la Inspección de Trabajo acceda directamente a los registros de las empresas para detectar posibles fraudes en el control horario. Por último, denuncian que los sindicatos incumplen el último acuerdo de negociación colectiva, que no contemplaba una reducción legal de la jornada a 37,5 horas semanales. En este contexto, Pérez Rey anunció que el Gobierno comenzará de inmediato la tramitación interna y el proceso de audiencia pública del proyecto de ley. Además, retomará las negociaciones con CCOO y UGT y buscará el apoyo de diversos grupos políticos para asegurar la aprobación parlamentaria de la reforma. Trabajo confía en lograr un respaldo mayoritario en el Congreso, salvo por parte de Vox. Por su parte, los empresarios confían en que el PP y Junts, tradicionalmente cercanos al sector privado, frenen la medida. Ante el estancamiento de las negociaciones, el Gobierno ha decidido avanzar directamente hacia la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, sin pasar previamente por un recorte intermedio a 38,5 horas. Pérez Rey criticó la actitud de los empresarios, acusándolos de no presentar propuestas concretas en 11 meses de negociación. Además, rechazó su argumento de que esta medida sólo pueda implementarse a través de la negociación colectiva, considerando que con los avances tecnológicos y de productividad, es momento de actualizar la jornada laboral, que no ha cambiado en 40 años. Según Pérez Rey, la postura de la patronal busca beneficiar únicamente a las grandes empresas, dejando fuera sectores como la agricultura, la hostelería, la limpieza y otros servicios, afectando a 12 millones de trabajadores. "¿Cómo es posible que, en la era de Internet, la informática y la Inteligencia Artificial, no podamos reducir el tiempo de trabajo?", cuestionó. Para él, la mesa de negociación con la patronal está cerrada. Por su parte, los representantes sindicales Fernando Luján (UGT) y Carlos Gutiérrez (CCOO) advirtieron que no solo apoyarán la eliminación de las ayudas para empresas en las propuestas recientes, sino que también impulsarán un aumento del 25% en las cotizaciones por horas extra como respuesta al rechazo de la CEOE. "Si la patronal se ha retirado de la discusión, no tiene sentido negociar medidas destinadas a las empresas, ya que son ellas las destinatarias de esas ayudas", concluyeron.

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