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(El Periódico, 30-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España deja de registrar nuevas empresas "cripto"

A partir de hoy lunes, el Banco de España dejará de inscribir nuevas empresas en su registro de criptoactivos debido a la entrada en vigor del Reglamento sobre Criptoactivos (MiCA) en la UE, así como al inicio del periodo de transición en España para implementar esta nueva normativa. MiCA entra en vigor el 30 de diciembre de 2024, pero los países miembros de la UE tienen la opción de aplicar un periodo transitorio de hasta 18 meses (hasta el 1 de julio de 2026) para adaptarse a los cambios. En España, se ha establecido un plazo de 12 meses, hasta el 30 de diciembre de 2025. Desde 2021, el Banco de España mantiene un registro en el que deben inscribirse todas las entidades que ofrecen servicios de intercambio de criptomonedas por monedas fiduciarias y de custodia de monederos electrónicos, siguiendo la ley de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de MiCA, este registro dejará de aceptar nuevas inscripciones, aunque seguirá siendo útil para verificar las entidades previamente registradas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) asumirá la responsabilidad de autorizar las empresas de criptomonedas en España, y también existe la posibilidad de que una autoridad europea otorgue la autorización, permitiendo a las empresas operar en España con un pasaporte europeo. A finales de 2024, más de 130 empresas estaban registradas en el Banco de España, la mayoría con sede en España, pero también provenientes de países como Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Luxemburgo, entre otros. La CNMV ha emitido dos comunicados, uno dirigido a los inversores y otro al sector, para informar sobre la implementación de MiCA. En particular, ha detallado que las entidades que ya prestaban servicios de criptoactivos antes de la entrada en vigor de MiCA podrán acogerse al periodo transitorio para adaptarse a la nueva normativa, según lo estipulado por la legislación española. Las empresas inscritas en el registro del Banco de España antes del 30 de diciembre podrán seguir ofreciendo los mismos servicios sin necesidad de autorización adicional hasta el 30 de diciembre de 2025 o hasta que se les deniegue la inscripción en el nuevo registro de MiCA. Por otro lado, las entidades que no estuvieran inscritas en el registro del Banco de España, pero que prestaban servicios de criptoactivos conforme a la legislación vigente antes del 30 de diciembre de 2024, podrán seguir operando sin autorización hasta el 30 de diciembre de 2025 o hasta que se les deniegue la inscripción en el nuevo registro. Las empresas que ofrezcan servicios de criptoactivos en España a partir del 30 de diciembre de 2024 y no se ajusten a MiCA podrán ser sancionadas y aparecer en la lista de la CNMV de entidades no autorizadas, conocida como la "lista negra". Además, los proveedores de servicios que actualmente figuran en la "lista gris" de la CNMV serán eliminados de ella si obtienen la autorización de MiCA en algún estado miembro. Según fuentes de la CNMV, las empresas ya inscritas en el registro del Banco de España solo deberán realizar una notificación, mientras que las nuevas entidades deberán completar todo el proceso de inscripción. Para facilitar estos trámites, la CNMV ha puesto a disposición un manual y un modelo de notificación detallando los pasos a seguir, y recomendó que las empresas de criptoactivos soliciten previamente una reunión con el equipo encargado de gestionar las solicitudes.

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(Expansión, 30-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La vivienda en 2025: los precios de venta subirán un 6% y los alquileres, casi un 9%

El mercado inmobiliario atraviesa uno de sus momentos más dinámicos desde la crisis de la burbuja inmobiliaria, y los analistas prevén que esta tendencia se mantenga en 2025, aunque con un ritmo algo más moderado que en 2024. ¿Los motivos? Por un lado, la reducción de los tipos de interés está facilitando la entrada de compradores particulares en un mercado previamente dominado por inversores. Por otro, la creciente brecha entre la oferta y la demanda continuará intensificándose debido a la escasez de nuevas promociones. Esto seguirá ejerciendo presión sobre los precios, tanto en el ámbito de la compraventa como en el alquiler. En este último caso, los propietarios podrán permitirse ser más selectivos, lo que podría excluir a inquilinos considerados de mayor riesgo, como inmigrantes y familias con hijos. La caída del euríbor y la competencia entre las entidades financieras por captar nuevos clientes han impulsado las compraventas de viviendas en la segunda mitad de 2024, especialmente mediante hipotecas. Para 2025, se espera que esta tendencia continúe al alza, respaldada por nuevas bajadas de tipos de interés, aunque en niveles más contenidos. Según un consenso de analistas reunido por EXPANSIÓN, se proyecta un incremento anual del 6,5% en las transacciones, alcanzando más de 680.000 operaciones, el mayor número desde la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, se anticipa un cambio significativo: si anteriormente los inversores lideraban la demanda, ahora serán las clases medias y medias-bajas las que asuman ese rol, muchas veces con el apoyo familiar. Esto llevará a un desplazamiento de la presión de la demanda desde las grandes ciudades hacia municipios más pequeños y, dentro de las grandes urbes, desde las zonas céntricas hacia la periferia y barrios más económicos. Esta creciente demanda, combinada con la insuficiencia de oferta, hará que los precios continúen subiendo en 2025, aunque a un ritmo más lento que en 2024. Los expertos estiman un incremento del 6,2% este año, tras un aumento más acentuado en la segunda mitad de 2024. La escasez de obra nueva agudizará el déficit habitacional, pasando de 500.000 viviendas actuales a casi 700.000. No obstante, la búsqueda de opciones más asequibles por parte de los compradores y el margen limitado para reducir las cuotas hipotecarias moderarán las subidas. En el caso de la obra nueva, los precios podrían aumentar más significativamente, debido a las mayores exigencias de los compradores. En el mercado del alquiler, el desequilibrio entre oferta y demanda alcanzará máximos históricos, con más de 100 solicitudes por inmueble en los primeros días tras su publicación, una cifra que se cuadruplica en Barcelona. Los analistas prevén un aumento de precios del 8,6%, algo menor que en 2024. Aunque la falta de vivienda seguirá siendo crítica debido a la inseguridad jurídica para los propietarios y los límites en la actualización de rentas, la bajada de las cuotas hipotecarias permitirá a algunos inquilinos optar por la compra, frecuentemente con ayuda familiar. Por otro lado, muchos propietarios preferirán ser más selectivos al elegir inquilinos, dejando fuera del mercado a aquellos con perfiles considerados más riesgosos, como trabajadores con contratos temporales o familias con hijos. ¿Hasta dónde llegará este auge? A diferencia de 2007, cuando el mercado estaba marcado por una burbuja especulativa, el actual aumento de precios responde principalmente a un desajuste estructural entre oferta y demanda, sin señales de corrección a corto o mediano plazo. Según Teresa Marzo, CEO de Elix, el alivio en los precios vendrá con políticas que incrementen la oferta, como la promoción de modelos residenciales alternativos, mayor seguridad jurídica para inversores y agilización de trámites para transformar suelos y edificios en viviendas, medidas que, por ahora, no se vislumbran en el horizonte. Patricia Rodríguez-Lázaro, directora de inversión en Clikalia, también subraya que la falta de oferta, tanto para venta como para alquiler, seguirá siendo el principal desafío, agravado por la escasez de suelo disponible y el aumento del número de hogares, lo que podría impulsar la rehabilitación como una alternativa frente a la limitada construcción de obra nueva.

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(Expansión, 27-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El sector turístico supuso el 12,3% del PIB español en 2023 y el 11,6% del empleo total de la economía

El Producto Interior Bruto (PIB) generado por el turismo, calculado a partir de la demanda final turística, alcanzó en 2023 un total de 184.002 millones de euros. Esto representa un 12,3% del PIB nacional, registrando un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto al año anterior. Según el informe de la Cuenta Satélite de Turismo de España publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el empleo en los sectores vinculados al turismo llegó a 2,5 millones de puestos de trabajo en 2023. Este dato equivale al 11,6% del total de ocupados en la economía, lo que supone un incremento de 0,1 puntos respecto a 2022. Dentro del consumo turístico interno, la principal contribución correspondió al gasto realizado por turistas extranjeros y no residentes, que representó el 55,0% del total. Este porcentaje supone un aumento de 2,1 puntos frente al año anterior, en un contexto en el que aún no se han incorporado los datos definitivos que podrían reflejar récords históricos. En conjunto, la demanda final vinculada al turismo creció un 24,5% durante el año.

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(El Economista, 27-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Economía cambiará la ley para que los clientes puedan cerrar los productos bancarios "online"

Las entidades bancarias y empresas que ofrezcan productos financieros a través de internet deberán garantizar a los consumidores la posibilidad de desistir de estos contratos de forma digital. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha lanzado una consulta pública para modificar la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, con el objetivo de adaptar la Directiva sobre contratos de servicios financieros a distancia antes del 19 de diciembre de 2025. La normativa obligará a las empresas a incluir en sus páginas web una opción visible y fácilmente accesible para que los usuarios puedan desistir del contrato. Asimismo, los consumidores dispondrán de un plazo de 14 días para ejercer este derecho desde la firma del contrato o desde que reciban la información requerida, según cuál sea posterior. En caso de que el consumidor no reciba las condiciones contractuales o la información exigida, el periodo para desistir se ampliará a doce meses y 14 días tras la formalización del contrato. Si además no se informa al usuario de su derecho a desistir, el plazo no tendrá fecha de expiración. Por otro lado, las empresas estarán obligadas a proporcionar explicaciones claras y completas sobre los servicios financieros ofrecidos, de forma gratuita y antes de la firma del contrato. Esto permitirá al consumidor evaluar si los productos se ajustan a sus necesidades. Además, tendrán derecho a solicitar intervención humana durante la etapa previa al contrato y, en casos justificados, después de su formalización. Estas explicaciones deberán ofrecerse en la misma lengua utilizada para la información precontractual. Adicionalmente, las compañías no podrán estructurar ni diseñar sus interfaces digitales de forma que induzcan a error, manipulen o afecten de manera significativa la capacidad del consumidor para tomar decisiones libres e informadas. El documento en consulta menciona como prácticas prohibidas dar mayor prominencia a ciertas opciones en detrimento de otras cuando el consumidor deba tomar una decisión, o insistir reiteradamente en que elija una opción que ya ha rechazado, especialmente mediante el uso de ventanas emergentes que interfieran con su experiencia. También se establece que el proceso para cancelar un servicio no podrá ser más complicado que el procedimiento para suscribirse a él.

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(El País, 23-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La economía española creció un 0,8% en el tercer trimestre por el tirón del consumo privado y público

La economía española continúa mostrando un crecimiento sólido, destacándose frente a la debilidad que presentan otras grandes economías de la eurozona, como Alemania y Francia. Según los datos confirmados este lunes por el INE, el PIB creció un 0,8% en el tercer trimestre, marcando cinco trimestres consecutivos con tasas del 0,7% o superiores. A este ritmo, los analistas prevén que el año cierre con un crecimiento del 3,1%, superando el 2,7% registrado en 2023. Los principales impulsores de este crecimiento han sido, por un lado, el consumo privado, que aumentó un 1,2% gracias a la mejora del empleo, la llegada de inmigrantes y la recuperación del poder adquisitivo en un contexto de moderación de precios y subidas salariales. Por otro lado, el consumo público creció un 2,5%, destacándose como un motor clave desde la pandemia, aunque representa solo el 20% de la actividad económica. Sin embargo, la inversión sigue mostrando señales preocupantes, con un retroceso del 1,3% en el trimestre, a pesar de los fondos europeos y las reducciones en los tipos de interés. Además, el sector exterior registró una leve contribución negativa debido a que el aumento de las importaciones (+0,9%) superó al de las exportaciones (+0,4%), impulsado por la recuperación del consumo doméstico. En cuanto a los sectores económicos, destacaron las actividades recreativas (+4,5%) gracias a la temporada estival, así como la agricultura (+1,1%), la administración pública, educación y sanidad (+1,4%) y las actividades financieras (+1,1%). Sin embargo, la construcción cayó un 1,5%, afectada por la falta de mano de obra a pesar de la creciente demanda de vivienda. En términos interanuales, el PIB aumentó un 3,3%, impulsado principalmente por el consumo público, que creció un 5,1%, en parte debido al incremento de presupuestos en personal, sanidad y educación por parte de las comunidades autónomas. El consumo privado también avanzó un 3%, favorecido por el crecimiento de la población inmigrante, que representó el 85% del empleo generado en los primeros nueve meses del año. Las exportaciones subieron un 4,3%, mientras que las importaciones aumentaron un 3,2%. La inversión, aunque creció un 1,6% interanual, sigue mostrando una evolución débil, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo. No obstante, sectores como las manufacturas (+4,4%) y las actividades inmobiliarias (+7,6%) han mostrado un desempeño destacado. A pesar de que el PIB total se sitúa un 6,6% por encima de los niveles prepandemia, el PIB per cápita solo ha crecido un 3,1%, reflejando que parte del crecimiento se debe a la mayor población activa y no a mejoras en la productividad. Además, el consumo per cápita sigue un 0,7% por debajo de las cifras previas a la crisis sanitaria, lo que contribuye a la percepción de una recuperación económica más lenta. Mirando hacia 2024, los analistas anticipan una moderación gradual del crecimiento, que podría situarse en torno al 2,5%. Esto se explicaría por un menor impulso del consumo público, un turismo más estable y un incremento de las importaciones. Sin embargo, se espera que factores como la mejora de las rentas familiares, un repunte de la inversión y una mayor ejecución de los fondos europeos sustenten el crecimiento económico del próximo año.

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(La Vanguardia, 24-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno prorroga dos años el "escudo antiopas" para limitar inversiones extranjeras en sectores estratégicos

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la extensión, hasta el 31 de diciembre de 2026, del régimen transitorio que suspende la liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España procedentes de países de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). Esta medida, conocida como "escudo antiopas", tiene como objetivo proteger sectores estratégicos y de interés nacional que puedan comprometer la seguridad, salud o el orden público. La prórroga afecta a las inversiones reguladas en los apartados 2 y 5 del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio. El régimen es aplicable a inversiones extranjeras directas que impliquen la adquisición de una participación igual o superior al 10% del capital social de una empresa española o la obtención de control sobre la misma, según lo estipulado en el artículo 7.2 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia. En el caso de empresas no cotizadas, el escudo se activa si la inversión supera los 500 millones de euros. Para las empresas cotizadas, afecta a aquellas con sede social en España y cuyas acciones, total o parcialmente, se negocien en mercados secundarios oficiales españoles. Asimismo, este régimen también cubre inversiones realizadas por residentes en España cuando el control efectivo de la inversión corresponda a personas o entidades residentes en países de la UE o la AELC. En este contexto, la titularidad real se define como la posesión directa o indirecta de más del 25% del capital o derechos de voto, o el control efectivo a través de otros medios. Con esta prórroga, el Gobierno refuerza su compromiso de salvaguardar sectores clave frente a adquisiciones que puedan poner en riesgo intereses estratégicos nacionales.

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(El Periódico, 24-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno prorroga el Plan Moves III para la compra de vehículos eléctricos hasta junio

El Gobierno ha decidido extender hasta el 30 de junio de 2025 las ayudas contempladas en el Plan Moves III para la adquisición de vehículos eléctricos, de pila de combustible y la instalación de puntos de recarga. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, esta prórroga reafirma el compromiso del Ejecutivo con la movilidad sostenible. Además de esta ampliación temporal del programa, que cuenta con un presupuesto total de 1.550 millones de euros, el Gobierno ha prolongado también hasta el 30 de junio de 2024 la deducción fiscal del 15% para la compra de vehículos eléctricos. De esta manera, las comunidades autónomas podrán seguir gestionando las solicitudes de ayuda destinadas a la adquisición de vehículos cero emisiones, atendiendo a las demandas del sector automovilístico, que había solicitado la continuidad del programa ante la falta de incentivos adicionales. El Plan Moves III ya había sido prorrogado en junio pasado, tras la salida de Wayne Griffiths, ex presidente de la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y CEO de Seat/Cupra, quien había liderado varias iniciativas para fomentar la compra de coches eléctricos. El actual presidente de Anfac y CEO de Grupo Renault España, Josep Maria Recasens, señaló recientemente que mantenía conversaciones con el Gobierno para garantizar la continuidad de estas ayudas. Según Recasens, la estructura del Plan Reinicia Auto+, diseñado para atender a los afectados por la DANA en Valencia, podría servir como modelo para futuros programas de incentivos más efectivos y de mayor impacto en el mercado de vehículos eléctricos. Recasens destacó que el éxito del Plan Reinicia Auto+ podría sentar las bases para un Moves más ambicioso, asegurando que en su última reunión con el Ministerio de Industria recibió el compromiso del Gobierno de extender las ayudas para fortalecer el sector y fomentar la transición hacia una movilidad más sostenible en España.

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(Expansión, 23-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid atrae 17.000 millones de inversión extranjera frente a los 3.453 de Cataluña

Trimestre tras trimestre, la Comunidad de Madrid se consolida como el principal polo de atracción para la inversión extranjera en España, gracias a su favorable entorno fiscal, un marco institucional estable y predecible, y un ambiente empresarial diseñado para captar capital extranjero. Esta combinación de factores ha posicionado a Madrid como la región más competitiva del país y un motor clave para la economía nacional. En este contexto, entre enero y septiembre, España recibió un total de 23.607 millones de euros en inversión extranjera bruta, de los cuales 16.946 millones, casi el 72%, se dirigieron a Madrid, según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio publicados ayer. Esta cifra supera ampliamente los 3.453 millones que recibió Cataluña, que en su momento lideró como principal economía regional, pero que ahora ocupa el segundo lugar, afectada por el impacto del procés y la incertidumbre generada por la inestabilidad política y jurídica. Este entorno ha erosionado la confianza tanto de los inversores extranjeros como del tejido empresarial local, donde las salidas de empresas se han intensificado ante las dudas sobre la cesión de soberanía fiscal a Cataluña. En los primeros nueve meses del año, el saldo neto de empresas en la región fue negativo en 275, más del triple que en el mismo periodo de 2023. Madrid y Cataluña concentran juntas más del 86% de la inversión extranjera directa recibida hasta septiembre (20.394 millones de un total de 23.607), dejando una participación significativamente menor al resto de comunidades. En tercer lugar, aunque a una gran distancia, se encuentra Asturias, con 596 millones de euros, seguida por Andalucía (481 millones), la Comunidad Valenciana (426 millones) y Aragón (364 millones). Si bien los 23.607 millones registrados entre enero y septiembre representan un aumento del 21,7% en comparación con los 19.392 millones del mismo periodo de 2023, las cifras no son estrictamente comparables. Esto se debe a que, a partir del primer trimestre de este año, el Gobierno comenzó a incluir un nuevo elemento en las estadísticas: la financiación intragrupo de empresas extranjeras con presencia en España (fondos recibidos de sus matrices fuera del país). Este cambio, introducido mediante un real decreto sobre inversiones exteriores en julio de 2023, ha inflado significativamente las cifras globales de inversión extranjera, que anteriormente solo consideraban capital y patrimonio. Sin incluir esta nueva variable, la inversión extranjera en España habría disminuido. Entre enero y septiembre de 2024, la inversión en capital y patrimonio alcanzó los 18.194 millones de euros, frente a los 19.391 millones del mismo periodo de 2023, lo que supone una caída superior al 6%. Este ajuste metodológico ha beneficiado especialmente a Madrid, que añadió 4.897 millones a su total, y en menor medida a Cataluña, que sumó 299 millones. Sin contar la financiación intragrupo, la inversión en Madrid habría crecido un 6,4%, mientras que en Cataluña habría aumentado un 50,8%, favorecida por la pérdida de la mayoría parlamentaria independentista y la formación de un Govern no separatista, lo que ha reducido las reticencias de los inversores. Con la metodología anterior, Madrid habría captado el 66% del total. En cuanto a los países de origen, el Reino Unido lideró la inversión extranjera en España con 9.178 millones de euros, de los cuales 5.596 millones correspondieron a capital y patrimonio y 3.582 millones a financiación intragrupo. Le siguieron Estados Unidos, con 3.481 millones (617 millones de financiación intragrupo), y Francia, con 1.601 millones, íntegramente en capital y patrimonio.

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(El Economista, 23-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno "cuela" en la ley de Justicia el traspaso de los interventores a Euskadi

El Congreso de los Diputados dio luz verde el pasado jueves a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, un texto que el PSOE utilizó para asegurar uno de los pactos alcanzados con el PNV durante la legislatura anterior. La norma, que había sido previamente bloqueada por el PP en el Senado, incluye una disposición final que transfiere al País Vasco la gestión y regulación de los interventores, secretarios y tesoreros municipales. Estos funcionarios, aunque prestan servicios en los ayuntamientos, están formalmente vinculados al Estado como parte del cuerpo de habilitados nacionales. Aunque esta competencia ya había sido otorgada previamente al País Vasco, la nueva transferencia se plantea como una medida preventiva. Según fuentes conocedoras del asunto, existe el riesgo de que la última transferencia, aprobada mediante un real decreto legislativo, sea anulada en las próximas semanas. Esto se debe a una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en relación con una oferta pública de empleo que incluía 174 plazas y exigía el conocimiento del euskera como requisito obligatorio, en lugar de considerarlo un mérito. La semana pasada, el TSJPV suspendió cautelarmente dicha oferta mientras se resuelve el asunto. Ante esta situación, existe preocupación entre los partidos de que el Tribunal Constitucional pueda cuestionar la urgencia con la que se aprobó el decreto legislativo y anule nuevamente la transferencia, como ya ocurrió a principios de 2024. En aquella ocasión, el Constitucional consideró inconstitucional el traspaso, argumentando que la medida se había introducido en una ley acompañante de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, lo que excedía el ámbito permitido para este tipo de leyes. Además, el alto tribunal señaló que el contenido no estaba relacionado con el sistema retributivo de la función pública. Con esta última regulación, sería la cuarta vez que se aborda este traspaso. Entre 2007 y 2013, la competencia se transfirió a todas las comunidades autónomas, pero posteriormente se optó por recentralizar las convocatorias de plazas. Sin embargo, el Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) ha criticado el procedimiento seguido en esta ocasión, dado que la modificación se incluyó como una enmienda en una ley orgánica que no guardaba relación directa con esta materia. El vicepresidente de Cosital, Rafael Santiago, expresó al Economista.es su preocupación por las implicaciones de este cambio. Destacó el riesgo de que los profesionales encargados de supervisar el gasto público de los ayuntamientos y garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales puedan verse influenciados por niveles de gobierno más cercanos, como el autonómico. En el actual contexto de retorno a las reglas fiscales en Europa, estos funcionarios tendrán un papel clave, lo que hace fundamental preservar su independencia. "Seguiremos trabajando a nivel legal", concluyó Santiago.

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(El Periódico, 20-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Escrivá nombra a Eva Valle y Daniel Pérez Cid directores generales del Banco de España

El gobernador del Banco de España ha dado un golpe de efecto para reforzar la independencia de la que ha hablado desde su llegada al cargo. Tal como adelantaron ayer EL PERIÓDICO y 'activos', el banco ha nombrado este jueves a Eva Valle como nueva directora general de relaciones institucionales, europeas y transparencia. Valle fue directora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno durante el mandato de Mariano Rajoy (2016-2018). Además, la comisión ejecutiva y el consejo del Banco han designado a Daniel Pérez Cid como director general de Estabilidad Financiera, con Galo Nuño como su adjunto, mientras que Susana Camiñas será la nueva directora general adjunta de supervisión. El nombramiento de Escrivá por parte del Gobierno el pasado septiembre generó controversia. Por primera vez en 45 años de democracia, un ministro (de Transformación Digital) pasó directamente del Ejecutivo a dirigir el organismo supervisor, rompiendo con la tradición de consensuar su nombramiento y el de la subgobernadora con el principal partido de la oposición, el PP. Desde entonces, el gobernador ha defendido la independencia y objetividad del Banco, y la incorporación de una exalto cargo del último Gobierno del PP refuerza esa postura. Eva Valle (Zaragoza, 1974) sustituye a Paloma Marín, quien ha sido nombrada vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Valle asumirá un área de nueva creación, una de las primeras decisiones de Escrivá, quien ha manifestado su prioridad por promover la transparencia y rendición de cuentas del Banco de España. Para los demás nombramientos, se ha optado por la promoción interna. Daniel Pérez Cid, quien ya formaba parte del equipo de estabilidad financiera, sustituye a Ángel Estrada, quien deja el cargo por razones personales. Aunque Pérez Cid es hijo del expresidente socialista gallego Emilio Pérez Touriño, su perfil es principalmente técnico, y se le consideraba uno de los posibles candidatos a subgobernador en 2018, aunque en esa ocasión el puesto fue para Margarita Delgado. Galo Nuño, quien hasta ahora era jefe de la división de política monetaria, asume el cargo de director adjunto de estabilidad financiera, sin pasar por la categoría de director de área. Por su parte, Susana Camiñas, que era directora de área de supervisión, asciende al puesto de directora general adjunta del departamento, reemplazando a Francisco Monzón, quien se jubila. En un gesto inédito, Escrivá decidió en noviembre abrir estos puestos a un proceso de selección similar al de las instituciones internacionales, conocido como 'expresiones de interés'. Este proceso estuvo abierto hasta el 22 de noviembre y recibió más de 60 candidaturas, tanto internas como externas al Banco de España. Los paneles de selección, que incluyeron tanto a directivos del Banco como a personas externas al organismo, evaluaron los perfiles y, en el caso de Eva Valle, decidieron elegirla para la Dirección General de Relaciones Institucionales en lugar de la de Estabilidad Financiera, a la que inicialmente se postulaba.

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