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(Expansión, 22-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Las auditoras señalan al sector público por no dar cuenta de la información "verde"

La influencia de la sostenibilidad en las firmas de auditoría, especialmente en el contexto de las nuevas normativas que exigen mayor transparencia en información ambiental para grandes empresas, fue uno de los principales temas tratados en el XXVI Congreso Nacional de Auditoría. El evento reunió a más de 150 profesionales y un centenar de firmas que representan cerca del 90% de los ingresos del sector. Durante el congreso, se presentaron los hallazgos del Observatorio de la Información sobre Sostenibilidad del Sector Público. Esta herramienta evalúa cuántas entidades públicas, ya sea por su tamaño o número de empleados, cumplirían los criterios aplicados a las empresas privadas según la directiva de sostenibilidad. Aunque más de 500 entidades deberían publicar y verificar información sobre sostenibilidad, actualmente no están obligadas por ley. "No existe una normativa que exija al sector público lo mismo que al privado, aunque se están dando pasos", afirmó Pere Ruiz, presidente de la comisión del sector público del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). Añadió: "El sector público demanda mucho al privado, pero ¿qué están haciendo ellos?". Para abordar esta cuestión, el observatorio ha desarrollado una herramienta interactiva accesible en su página web, que identifica a las entidades públicas no mercantiles que podrían estar sujetas a estos requerimientos. De las 311 entidades públicas evaluadas a nivel nacional, el 33,76% (105) deberían presentar información de sostenibilidad. Este porcentaje desciende al 18,7% (210 de 1.123) en el ámbito autonómico. Por su parte, las grandes empresas privadas esperan que antes de que termine el año España apruebe la trasposición de la Directiva Europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Esta normativa busca equiparar, con el tiempo, la presentación de información sobre sostenibilidad con la financiera, asegurando datos comparables y fiables. "Es seguro que se aprobará. El proyecto de ley se envió a las Cortes el 29 de octubre, y el plazo de enmiendas finaliza el próximo lunes", explicó Santiago Durán, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Durán recordó que la fecha límite para la trasposición era julio y que, aunque España ya ha incumplido el plazo, sería preferible no incumplir también el contenido. La directiva será aplicable desde 2024 para empresas de interés público con más de 500 empleados. Víctor Alió, en su debut como presidente del ICJCE, destacó el crecimiento del sector en la última década: "Las firmas de auditoría han incrementado su facturación un 74% y el número de profesionales ha crecido un 80%. Muy pocos sectores maduros pueden presentar estas cifras". Además, señaló que la sostenibilidad, la gestión del talento y la adaptación tecnológica son los principales desafíos a medio plazo para el sector.

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(El País, 22-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El crecimiento de España duplica el de la OCDE: su PIB avanza un 3,4% frente al 1,7% de la media

La economía española ha mostrado un notable dinamismo que la posiciona favorablemente frente al resto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según los datos publicados este jueves por el organismo, el Producto Interior Bruto (PIB) de España ha crecido un 3,4% en el último año, duplicando la media del 1,7% registrada por los Estados miembros. Este sólido desempeño se explica por factores como el buen comportamiento del turismo, el crecimiento de las exportaciones de servicios empresariales, el consumo público, la fortaleza de la industria, la moderación de la inflación y el aumento de la población migrante. Todo apunta a que esta tendencia positiva se mantendrá hasta el cierre del año, a pesar de la debilidad económica de algunos socios europeos y el impacto que podría tener la próxima llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025. El Banco de España confirma estas perspectivas, proyectando un crecimiento del 2,8% para este año, cinco décimas más de lo previsto en junio. En el tercer trimestre, la economía española también destacó con un incremento trimestral del 0,8% entre julio y septiembre, superando el 0,5% promedio de la OCDE. Este avance se debió principalmente al impulso de la demanda interna y al aumento del gasto turístico, que creció un 1,5% en este periodo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la recuperación del consumo de los hogares ha sido clave, apoyada en el crecimiento poblacional y la recuperación del poder adquisitivo tras la moderación de los precios. Solo cuatro países de la OCDE lograron un mayor crecimiento trimestral que España: Irlanda, México, Lituania e Israel, todos con cifras superiores al modesto avance del 0,4% registrado por la zona euro. A pesar de ello, el crecimiento europeo fue mejor de lo esperado por los analistas. Alemania evitó entrar en recesión con un aumento del 0,2%, mientras que Francia mejoró su ritmo de crecimiento al 0,4%, impulsada por el efecto positivo de los Juegos Olímpicos de París en el consumo. Irlanda lideró los incrementos con un destacado 2%, tras haber registrado una ligera contracción en el trimestre anterior. Lituania, con un 1,1%, y España, con un avance constante desde primavera, se situaron entre las economías más dinámicas, en contraste con el estancamiento de Italia. El G-7 registró un aumento del 0,5% por segundo trimestre consecutivo, liderado por Estados Unidos, donde el PIB creció un 0,7% gracias al gasto de los consumidores, las exportaciones y el desembolso federal. El consumo sigue siendo el motor principal de la economía estadounidense, respaldado por bajos niveles de desempleo, salarios en recuperación y una inflación a la baja. Con un crecimiento interanual del 2,7%, Estados Unidos demuestra estabilidad económica, que será heredada por el próximo gobierno republicano. En el lado opuesto, los mayores retrocesos trimestrales los registraron Hungría (-0,7%), Letonia (-0,4%) y Suecia (-0,1%). A nivel interanual, Israel destaca por la caída más pronunciada, con un retroceso del 1,4% en su PIB, situándose como la economía con peor desempeño entre los países de la OCDE, lo que ha llevado al gobierno a revisar a la baja sus previsiones para 2024.

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(El País, 22-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Las moratorias concursales aprobadas tras la DANA podrían aumentar “de manera importante” el número de insolvencias en España

El Consejo General de Economistas (CGE) ha advertido que las moratorias concursales implementadas tras los daños ocasionados por la DANA podrían incrementar significativamente el número de insolvencias en España. Este aumento afectaría especialmente a personas físicas, autónomos y microempresas, sectores más vulnerables, replicando lo sucedido tras la pandemia cuando se levantaron las moratorias. Según el informe Global Insolvency Outlook 2024-2026 de Allianz, se proyectaba inicialmente una estabilización de las insolvencias en España para 2025, con un crecimiento del 1% y una caída del 6% en 2026. Sin embargo, estas estimaciones no contemplan el impacto de la DANA, lo que lleva a los economistas a prever un aumento en las insolvencias debido a las moratorias aprobadas. Para mitigar el riesgo de un alza en las liquidaciones, los economistas sugieren varias medidas, como maximizar la activación de planes de reestructuración de deuda con condiciones más flexibles, ofrecer líneas de crédito que conviertan deudas a corto plazo en financiamientos a largo plazo con mejores condiciones, y reforzar los Juzgados de lo Mercantil en las zonas más afectadas para agilizar los procesos. También proponen mayor flexibilidad en la gestión del crédito público en las regiones impactadas, considerando reducciones o condonaciones en su carácter privilegiado concursal, y garantizar que el futuro Reglamento de la Administración Concursal aproveche la experiencia acumulada de los profesionales para gestionar eficazmente el previsible aumento de insolvencias. De acuerdo con el análisis del Global Insolvency Outlook 2024-2026, el porcentaje global de insolvencias se situaría en un 11% a finales de 2024. En España, aunque se prevé un aumento moderado del 7% en 2024, el impacto de la DANA podría alterar estas previsiones. Según el CGE, los concursos de acreedores de personas físicas y autónomos han crecido un 185,46% en el tercer trimestre de 2024 frente al mismo periodo de 2023, mientras que los de sociedades han aumentado un 16,07%. Comparando con 2019, los concursos de personas físicas y autónomos han crecido un 1.222,21%, y los de sociedades, un 26,14%. El informe Atlas Concursal 2024, presentado por el CGE a través del Registro de Economistas Forenses (REFOR), revela que los concursos sin masa activa -procedimientos para quienes no tienen recursos suficientes para afrontar sus deudas- han crecido un 126% entre 2022 y 2023, y en el tercer trimestre de 2024 representan el 84% de los concursos. En cuanto a las cifras de 2023, los concursos de empresas se redujeron un 31%, pasando de 10.627 en 2022 a 7.298. Solo el 0,23% de las empresas españolas iniciaron un proceso concursal, aproximadamente una de cada 430. Aunque el peso agregado de autónomos, microempresas y pequeñas empresas se mantiene estable, los concursos de autónomos han mostrado un aumento significativo, representando en 2023 un 49% de los concursos de empresas. Las micropymes, con menos de 10 trabajadores, conformaron el 25%, mientras que los concursos de personas físicas se cuadruplicaron entre 2019 y 2023, alcanzando 13.398 casos, un 75% más que en 2022. Cataluña lidera el número de concursos en 2023, y junto con Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, acumula el 70% de los procedimientos de insolvencia empresarial, con 5.078 de los 7.298 registrados en todo el país.

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(El Periódico, 22-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El presidente del ICO asegura que no hay reconstrucción sin liquidez

El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Manuel Illueca, ha afirmado de manera contundente que "no hay reconstrucción sin liquidez". Es decir, las empresas y familias afectadas por la DANA del pasado 29 de octubre necesitan recibir fondos con la mayor rapidez posible para reactivar sus actividades. Según el economista, si esta medida financiera no se implementa con celeridad, se corre el riesgo de perder más tejido productivo. Illueca, quien gestionó las ayudas durante la pandemia cuando era director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de la Generalitat, participó esta mañana en el Foro para la Reconstrucción, organizado por Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana. Este evento, en el que estuvieron presentes destacados representantes del ámbito económico y financiero de la región, tuvo lugar en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), en València. Durante su intervención, destacó que el ICO pondrá a disposición 5.000 millones de euros, lo que permitirá movilizar un total de 6.250 millones en las áreas afectadas. En su conferencia, seguida de un coloquio, Illueca subrayó que, por primera vez, el ICO ha activado un mecanismo extraordinario de anticipo de ayudas para los afectados por la DANA. Este sistema ofrecerá un acceso casi inmediato al capital necesario, evitando los prolongados tiempos que habitualmente conllevan los trámites burocráticos en la Administración. Las ayudas serán gestionadas a través de las entidades financieras, con las que el ICO ya ha cerrado acuerdos para garantizar la distribución mediante la extensa red de oficinas y agentes de bancos y cajas rurales. Illueca también anunció que estas entidades se han comprometido a no aplicar intereses durante los tres primeros meses de las ayudas avaladas por el ICO. Posteriormente, el tipo de interés será del 2,5 % TAE.

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(Expansión, 21-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El nivel de financiación de las pymes se encuentra por debajo de los volúmenes sobre ventas

Las pymes españolas, que constituyen el pilar principal del tejido empresarial del país, llevan más de 15 años enfrentándose a un complejo escenario marcado por sucesivas crisis: la recesión financiera, la pandemia de la Covid-19, el impacto inflacionario y las medidas restrictivas del Banco Central Europeo (BCE) para controlar el alza de los precios mediante el endurecimiento de su política monetaria. A este difícil contexto se suman políticas económicas que, en los últimos años, han resultado adversas para la actividad empresarial. Entre estas se incluyen incrementos de impuestos y cotizaciones, mayores trámites burocráticos, una menor seguridad jurídica y regulatoria, un aumento de los costes laborales (el salario mínimo interprofesional ha subido un 54% desde 2018) y un creciente intervencionismo estatal. En este entorno desfavorable, las pymes enfrentan ahora un problema adicional: la insuficiencia de financiación, recibiendo actualmente mucho menos crédito bancario en comparación con los niveles previos a la pandemia. De acuerdo con Cepyme, para que las pymes recuperen el nivel de financiación de 2019, se necesitarían al menos 15.000 millones de euros adicionales en crédito bancario. Según el último Informe de Financiación a Pymes de la patronal, a finales de 2019 la financiación representaba el 18,5% de las ventas interiores, mientras que en el tercer trimestre de este año descendió al 17,8%. Para alcanzar los niveles de 2017, se requerirían cerca de 74.000 millones de euros adicionales. Este déficit financiero está afectando negativamente a las pequeñas y medianas empresas, limitando su capacidad de inversión y, en consecuencia, su crecimiento, productividad y competitividad. Esto tiene un impacto adverso en el conjunto de la economía, obstaculizando el crecimiento y la generación de empleo. Entre los factores responsables de esta situación destacan, por un lado, las medidas del BCE para combatir la inflación, que han encarecido el acceso al crédito justo cuando las empresas enfrentaban mayores costes laborales, fiscales y de insumos. Por otro lado, el impuesto extraordinario a la banca, junto con las crecientes exigencias regulatorias y provisiones, ha llevado a las entidades financieras a endurecer las condiciones de los préstamos, aumentando las garantías requeridas a las pymes y desincentivando la demanda de crédito. Aunque el BCE comenzó a reducir los tipos de interés en junio, lo que ha permitido un aumento interanual del 14,1% en los nuevos préstamos a pymes en el tercer trimestre (alcanzando los 54.200 millones de euros), Cepyme señala que estas medidas no han sido suficientes para reactivar el mercado del crédito. La persistencia de una financiación cara, con tipos de interés cercanos al 5% (4,81% para pequeñas empresas y 4,52% para medianas en el tercer trimestre), sigue siendo un obstáculo significativo. Además, la incertidumbre sobre el futuro del impuesto a la banca agrava el panorama, especialmente ante la posibilidad de que el Gobierno no solo mantenga este tributo, sino que lo endurezca, lo que podría dificultar aún más el acceso al crédito. En este contexto, el informe de Cepyme advierte que las estrictas condiciones para la concesión de préstamos han llevado a un aumento en el rechazo de solicitudes, alcanzando máximos de los últimos siete años, y a un menor interés por parte de las empresas en solicitar financiación. Esto ha reducido la demanda de crédito para proyectos de inversión a mínimos de los últimos seis años, lo que representa un obstáculo importante para el desarrollo económico y la creación de empleo a futuro.

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(El Confidencial, 21-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España prevé que la DANA reste entre 3.000 y 4.500 M al PIB en el inicio de 2025

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha presentado este miércoles una estimación preliminar sobre el impacto económico de la DANA ocurrida el pasado 29 de octubre, que afectó a 78 municipios, principalmente en la Comunidad Valenciana, además de algunas zonas de Andalucía y Cuenca. Según el análisis realizado con dos modelos econométricos que comparan este evento con desastres naturales similares, la reducción en el PIB nacional se situaría entre 0,2 y 0,3 puntos, equivalente a una pérdida de entre 3.000 y 4.500 millones de euros, concentrada en el primer trimestre de 2025. Sin embargo, Escrivá cree que este impacto podría compensarse con la evolución positiva de otras regiones, lo que evitaría una revisión a la baja en la previsión de crecimiento del PIB para 2025, actualmente estimada en un 2,2%. "Existen datos agregados que sugieren revisiones al alza del PIB en los últimos trimestres, lo que podría neutralizar el impacto de la DANA", señaló Escrivá durante las jornadas macroeconómicas organizadas por la APIE. Los municipios afectados representan el 2% de la población, el 2% del empleo nacional y el 3% de la actividad industrial, siendo este último sector especialmente significativo por el tipo de tejido productivo de la región. El Banco de España anticipa que el impacto económico será fuerte en los primeros momentos, pero se reducirá rápidamente, y prevé que en un año los efectos negativos se habrán compensado gracias a las inversiones en reconstrucción y ayudas dirigidas a empresas y familias. Escrivá destacó que la experiencia adquirida durante la pandemia ha mejorado los mecanismos de respuesta, permitiendo una identificación más precisa de las áreas afectadas y una aplicación más selectiva de las medidas. El Gobierno central ya ha movilizado 14.300 millones de euros en ayudas, principalmente directas, a través de dos reales decretos. Además, las administraciones valencianas han aportado fondos adicionales, y el Banco Europeo de Inversiones ha dispuesto un paquete financiero de 900 millones de euros. Aunque el Banco de España no ha calculado aún el impacto fiscal total, este incluirá tanto las ayudas otorgadas como las inversiones en infraestructuras. En términos inflacionarios, la DANA podría generar un aumento del IPC de aproximadamente un 0,15% a largo plazo, un efecto que Escrivá calificó como "poco significativo". En el ámbito laboral, 1.699 empresas han solicitado ERTE, afectando a 19.846 trabajadores, lo que equivale al 1,9% del empleo de la Comunidad Valenciana. En el sector financiero, casi 8.000 préstamos están bajo moratoria de pagos, mientras el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido cerca de 30.000 reclamaciones. Asimismo, se han tramitado 715 avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), cuyo presidente, Manuel Illueca, indicó que los bancos podrán comenzar a conceder préstamos con avales públicos "próximamente", una vez finalicen los ajustes tecnológicos necesarios. El primer real decreto de ayudas del Gobierno contempla una línea de avales de 5.000 millones de euros para facilitar financiación en condiciones favorables a hogares, autónomos y empresas afectadas.

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(El País, 20-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

España ha concedido casi 250.000 permisos de residencia a directivos e inversores extranjeros en 10 años

España ha otorgado cerca de 250.000 permisos de residencia a ciudadanos extracomunitarios entre 2014 y 2023, dirigidos a perfiles como directivos internacionales, investigadores, emprendedores o inversores que han adquirido inmuebles por más de medio millón de euros. Estos datos, publicados por el Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, coinciden con los diez años de vigencia de la ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores. Esta normativa, promovida durante el Gobierno de Mariano Rajoy en plena crisis económica, buscaba impulsar la internacionalización empresarial y atraer talento y capital extranjero. Sin embargo, el actual Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la eliminación de las golden visa vinculadas a la compra de inmuebles e inversiones empresariales. De los permisos concedidos, algo más de la mitad corresponde a los solicitantes principales y el resto a sus familiares directos. El colectivo más numeroso es el de personal directivo o altamente cualificado, con 104.303 permisos. Le siguen los inversores, de los cuales más del 95% se asocia con la compra de bienes inmuebles, con un total de 61.606 beneficiarios. En tercer lugar, se encuentran los investigadores (27.002). En menor proporción están los empleados trasladados por sus empresas, personas en busca de empleo o formación, emprendedores y trabajadores audiovisuales, así como los titulares de la tarjeta azul, destinada a ciudadanos extracomunitarios provenientes de países europeos. En cuanto a la procedencia de los solicitantes, América Central y del Sur lidera el listado, seguida de Asia y países europeos no comunitarios, aunque estos últimos han experimentado un notable incremento en los últimos años. También se registran solicitudes provenientes de América del Norte, África y Oceanía. Por edades, la mayoría de los permisos se concentran en personas de entre 24 y 44 años. La distribución geográfica muestra que Madrid y Barcelona concentran el mayor número de permisos, con 86.410 y 77.678 respectivamente. En Madrid, predominan los directivos y profesionales altamente cualificados, mientras que en Barcelona hay un equilibrio mayor entre estos perfiles y los inversores. En ambas ciudades, América Central y Asia destacan como principales regiones de origen, aunque en Barcelona se ha observado un incremento significativo de solicitantes de países europeos no comunitarios. Un dato relevante es el auge de las golden visa desde la pandemia. Estas pasaron de 2.060 en 2020 a 5.425 en 2023. Este aumento se ha visto acelerado en 2024 debido al anuncio del Gobierno sobre su eliminación. La semana pasada, el Congreso aprobó la supresión de esta vía de acceso a la residencia, aunque aún está pendiente la aprobación definitiva en el Senado. Eva Cano, economista experta en fiscalidad y representante de la Asociación de Mujeres Profesionales del Sector Inmobiliario (AMPSI), destaca que las compras de inmuebles superiores a 500.000 euros han pasado de representar el 5,6% de las transacciones en 2020 a un 11% en 2023. Según Cano, estas inversiones no solo han dinamizado el sector inmobiliario, sino que también han generado ingresos fiscales significativos a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que oscila entre el 6% y el 11% del valor de las propiedades. Sin embargo, otros expertos cuestionan este impacto, señalando que algunos inversores solicitan la golden visa como medida de seguridad, sin residir en España ni utilizar los inmuebles adquiridos. Este fenómeno es frecuente entre ciudadanos de países como Rusia, México, Venezuela o China, y pone en evidencia una diferencia clave de la golden visa frente a otras autorizaciones de residencia de la ley 14/2013: no exige la residencia efectiva en el país.

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(La Vanguardia, 20-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La CNMC propone que se pueda retirar efectivo en los comercios rurales ante la falta de cajeros

La CNMC ha planteado en un reciente estudio, elaborado a petición del Defensor del Pueblo, la posibilidad de facilitar la retirada de efectivo en los comercios como una solución para combatir la exclusión financiera. La solicitud se centró en identificar mecanismos que aseguren la competencia en áreas donde no hay suficiente presencia de entidades bancarias. Desde 2008, la digitalización y el cierre de oficinas han reducido el número de cajeros automáticos en España en un 30%, afectando especialmente a residentes en zonas rurales, personas mayores y aquellos con menores habilidades digitales. Ante esta situación, la CNMC destaca su preocupación por el impacto de estos cambios en la competencia dentro del sector financiero. Para abordar el problema, se han implementado medidas tanto privadas, como el "Protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca", firmado por asociaciones bancarias, como públicas, a través de ayudas, contratos o servicios de empresas como Correos. El informe de la CNMC sugiere varias recomendaciones, entre las que destaca la creación de una normativa específica para regular los servicios de cashback y cash-in-shop. Estos servicios se presentan como alternativas o complementos a los cajeros automáticos. En el caso del cashback, el cliente puede solicitar dinero en efectivo al pagar con tarjeta o aplicación móvil en una tienda, sumando el importe deseado al de la compra. Por otro lado, el cash-in-shop permite retirar efectivo sin necesidad de realizar una compra, funcionando como un cajero dentro del comercio. La CNMC también propone desarrollar programas educativos y de información financiera para explicar el uso, las funcionalidades, los límites y los posibles riesgos asociados a estos servicios. Además, recomienda diseñar una solución de mercado que permita integrar el cashback y el cash-in-shop mediante tarjetas de débito o crédito, asegurando la compensación y liquidación de las operaciones. Según la entidad, esta estrategia haría estos servicios más accesibles para colectivos vulnerables o con menos habilidades digitales.

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(Expansión, 19-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda se modera al 104,4% del PIB en septiembre

La deuda total de las administraciones públicas alcanzó en septiembre un nuevo récord histórico de 1,637 billones de euros, lo que representa un incremento del 0,8% en comparación con el mes anterior. Sin embargo, la proporción de la deuda respecto al PIB se redujo al 104,4%, según los datos publicados este lunes por el Banco de España. En términos interanuales, la deuda aumentó un 3,7% respecto a septiembre del año pasado, lo que equivale a 57.769 millones de euros más. Este incremento se explica por los menores ingresos y el aumento de los gastos asociados a la pandemia, la guerra en Ucrania y el alza de los precios en los últimos años. Tomando como referencia el PIB nominal de los últimos cuatro trimestres, la ratio deuda/PIB se situó en el 104,4% al cierre del tercer trimestre de 2024, lo que supone una disminución de nueve décimas respecto al 105,3% registrado en el segundo trimestre. El Gobierno prevé una reducción progresiva de la deuda pública en los próximos años, según el plan fiscal estructural enviado recientemente a Bruselas. Este plan proyecta que la deuda en relación al PIB disminuirá del 102,5% en 2024 al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Sin embargo, las proyecciones no especifican cuándo se alcanzará el nivel "prudente" del 60% establecido por Bruselas. En detalle, el Estado acumuló en septiembre una deuda de 1,490 billones de euros, lo que supone un aumento del 5,4% en comparación con el mismo mes del año pasado y un incremento del 1% respecto a agosto. Por otro lado, las comunidades autónomas redujeron su endeudamiento a 333.548 millones de euros en septiembre, un 0,1% menos que en agosto, aunque registraron un alza interanual del 2,5%. Los ayuntamientos, en cambio, aumentaron su deuda en septiembre hasta 23.207 millones de euros, un 0,8% más que el mes anterior, aunque en términos interanuales experimentaron una ligera reducción del 0,2%. Por su parte, la deuda de la Seguridad Social permaneció estable en septiembre, situándose en 116.171 millones de euros, un 9,4% más que en el mismo mes del año pasado. Según el Banco de España, este aumento interanual responde a los préstamos otorgados por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para cubrir su desequilibrio presupuestario.

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(El País, 19-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La compraventa de viviendas se dispara un 41,5% en septiembre

El mercado inmobiliario español muestra un notable repunte. En septiembre, la compraventa de viviendas creció un 41,5% en comparación con el mismo mes de 2023, alcanzando un total de 61.887 operaciones. Este nivel de actividad no se veía desde los tiempos de la burbuja inmobiliaria a principios de siglo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata del mejor dato desde julio de 2007, cuando se registraron más de 63.000 transacciones. Los expertos atribuyen este crecimiento al abaratamiento de las hipotecas, derivado de la disminución de los tipos de interés. El aumento registrado en septiembre es el más alto desde agosto de 2021 y marca tres meses consecutivos de incrementos interanuales, tras las subidas del 19% en julio y del 0,9% en agosto. Esto supone un cambio significativo en la tendencia descendente que predominó desde principios de 2023, producto de la ralentización tras el auge postpandemia. El reciente repunte incluye un incremento tanto en la compraventa de viviendas nuevas, que creció un 54,9% interanual hasta las 12.531 operaciones (la cifra más alta en 11 años), como en las viviendas usadas, que subieron un 38,4%, alcanzando 49.356 operaciones, su nivel más alto desde mayo de 2022. Francisco Iñarreta, portavoz de Idealista, señala que "el elevado número de operaciones refleja niveles similares a los de 2007". Según él, esta reactivación puede deberse a la combinación de una reducción en los costes de financiación y la expectativa de un aumento en los precios de la vivienda, lo que ha motivado a muchas familias a adelantar sus decisiones de compra. María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, añade que "el cambio de ciclo hipotecario, con tipos de interés en descenso, ha impulsado un periodo de mayor dinamismo en la adquisición de viviendas". Además, destaca que factores como el optimismo de los compradores, el aumento en el ahorro familiar y unas condiciones hipotecarias más favorables contribuirán al crecimiento del mercado en 2024 y 2025. Según los datos del INE, el 92,4% de las viviendas vendidas en septiembre eran libres, mientras que el 7,6% eran protegidas. Las operaciones sobre viviendas libres aumentaron un 41,3% interanual, alcanzando 57.179, y las de viviendas protegidas crecieron un 43,6%, hasta 4.708. En comparación con el mes anterior, septiembre registró un incremento del 25,1% en las compraventas, y el acumulado del año muestra un alza del 3,1%, con un avance del 12,2% en viviendas nuevas y del 1% en usadas. Sin embargo, estas cifras aún están por debajo de las de 2022, cuando el mercado alcanzó casi medio millón de operaciones en los primeros nueve meses del año. A pesar de ello, portales como Idealista anticipan que, gracias al buen desempeño de septiembre, es probable que 2024 cierre con más de 600.000 operaciones, un umbral alcanzado en 2022 pero no en 2023. Fotocasa coincide en este pronóstico y apunta que los últimos tres meses del año podrían ver una mayor actividad impulsada por la mejora en las condiciones hipotecarias y los avales para la compra de viviendas proporcionados por la Administración. Sin embargo, no todo son buenas noticias. Ferran Font, director de estudios de Pisos.com, advierte que la recuperación del mercado, junto con una oferta limitada, continuará elevando los precios, dificultando el acceso a la vivienda para jóvenes y familias con menor capacidad económica. Por regiones, Andalucía lideró el número de operaciones en septiembre, con 11.344 compraventas, seguida por Comunidad Valenciana (10.801), Cataluña (8.987) y Madrid (8.105). En todas las comunidades autónomas se registraron aumentos respecto a septiembre de 2023. Los mayores incrementos porcentuales se observaron en Extremadura (+79,3%), País Vasco (+67,4%), Asturias (+57,3%) y Aragón (+56%), mientras que Navarra (+18%), Baleares (+18,5%) y Murcia (+32,2%) tuvieron subidas más moderadas.

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