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(Expansión, 30-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Fed no cede ante Donald Trump y mantiene los tipos en el 4,5%

La Reserva Federal ha decidido mantener los tipos de interés dentro del rango del 4,25% al 4,5% en su primera reunión tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ignorando así la solicitud del mandatario, quien abogaba por un nuevo recorte en el costo del dinero. Lejos de ceder ante la presión, el banco central estadounidense ha seguido su propio plan y, como se preveía, ha optado por esperar a evaluar el impacto de las múltiples órdenes ejecutivas firmadas por Trump en sus primeros días en el cargo, así como las amenazas de nuevos aranceles que podrían aumentar la presión inflacionaria, un desafío clave para la Fed. Esta decisión marca la primera pausa en la política monetaria desde que en septiembre del año pasado comenzó la reducción de los tipos con un movimiento inesperado que sorprendió a los mercados: un recorte inicial de medio punto porcentual, el doble de lo estimado por los analistas. Posteriormente, se aplicaron dos reducciones adicionales de un cuarto de punto antes de cerrar el año. En su comparecencia ante los medios, el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que la política monetaria es ahora menos restrictiva que hace unos meses y que la economía estadounidense sigue mostrando fortaleza. "No hay necesidad de apresurarnos en modificar nuestra postura", explicó, subrayando que cualquier ajuste requeriría "un progreso real en la inflación o signos de debilidad en el mercado laboral". Al ser consultado sobre Donald Trump, Powell aclaró que no ha mantenido "ningún contacto" con el presidente. "No voy a responder ni comentar sus declaraciones. No es apropiado que lo haga", dijo, enfatizando que la Fed continuará cumpliendo su labor de forma independiente y utilizando sus herramientas para alcanzar sus objetivos económicos. Antes de la rueda de prensa, los expertos anticipaban que este año podrían darse hasta dos recortes adicionales en los tipos de interés, cada uno de un cuarto de punto, lo que situaría las tasas en torno al 4%. No obstante, algunos analistas advierten que es cada vez más probable que solo haya un ajuste en 2025, con dudas sobre si se produciría en marzo o más adelante, en pleno verano. "La posibilidad de un recorte en marzo sigue abierta, pero mantenemos nuestra previsión de que sería el último antes de 2026", comentó Gilles Moëc, economista jefe de AXA IM. "Creemos que será difícil que la Fed tome más medidas hasta que se materialicen los efectos adversos de las políticas económicas de Trump", añadió. Los analistas insisten en la incertidumbre que rodea a la nueva administración y el temor a una guerra arancelaria, cuyo impacto aún es difícil de calcular debido a la falta de detalles y a la aparente improvisación en las decisiones del presidente. "Aunque los primeros indicios sugieren que las restricciones comerciales podrían no ser una prioridad inmediata, la incertidumbre en torno a la política comercial de Trump sigue siendo elevada", advierten desde Ebury. Por ahora, se han planteado aranceles de hasta el 25% para los principales socios comerciales de Estados Unidos, incluyendo Canadá y México, con la posibilidad de extender estas medidas a otros países de América Latina. También se barajan impuestos al comercio con la Unión Europea si los estados miembros no aumentan sus compras de gas y petróleo estadounidenses. A pesar de la incertidumbre, la economía de Estados Unidos continúa creciendo por encima de las previsiones. Sin embargo, algunos expertos estiman que podría desacelerarse en los próximos meses, lo que daría margen a la Fed para flexibilizar su política. "Esperamos que el PIB estadounidense se modere en los próximos trimestres. El gasto en defensa ha sido intenso y, aunque se mantendrá mientras el país repone sus reservas, es improbable que continúe al mismo ritmo", explicó Jack Janasiewicz, estratega de carteras en Natixis IM Solutions. El experto también anticipa una posible reducción en el consumo, impulsada por un enfriamiento del mercado laboral y un menor crecimiento de los salarios reales. Asimismo, señala que el gasto público de los gobiernos estatales y locales, que ha contribuido significativamente al crecimiento, podría verse afectado por crecientes déficits presupuestarios, lo que obligaría a recortes o aumentos de impuestos en el futuro cercano. "Si combinamos todos estos factores, es probable que el ritmo de crecimiento de la economía estadounidense se desacelere en los próximos meses", concluyó. Aun así, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que Estados Unidos siga liderando el crecimiento entre los países desarrollados y descarta una recesión a corto plazo. Según sus estimaciones, el PIB estadounidense avanzará un 2,7% en 2025, mientras que la economía europea sufrirá un debilitamiento, afectada principalmente por la ralentización de Alemania.

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(El Economista, 30-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La economía española creció un 3,2% en 2024 por el tirón del turismo y la inmigración

La economía española ha experimentado un crecimiento notable en 2024, con un aumento del 3,2% en el PIB, según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este ritmo de expansión supera ampliamente la media europea y supone una aceleración respecto al 2,7% registrado el año anterior. La recuperación del consumo de los hogares ha sido clave en este avance, impulsada por la moderación de la inflación, el incremento de los salarios en torno al 5% y el mantenimiento de importantes ayudas públicas para contrarrestar el impacto de los precios. También ha influido la actualización de las pensiones en un 8,5%, lo que ha favorecido un leve incremento del ahorro. El crecimiento ha estado sustentado en tres grandes pilares. En primer lugar, el turismo ha alcanzado cifras récord, con una hostelería que sigue en auge tras la pandemia a pesar del alza de precios. En segundo lugar, la llegada masiva de inmigrantes ha permitido cubrir vacantes en el mercado laboral, compensando el envejecimiento de la población española. Según la Encuesta de Población Activa, de los 468.000 nuevos empleos generados en 2024, solo 59.000 fueron ocupados por españoles, mientras que el 88% restante correspondió a trabajadores extranjeros o con doble nacionalidad. El tercer motor del crecimiento ha sido el consumo público, que ha seguido aumentando, especialmente en las comunidades autónomas, impulsado por la solidez de los ingresos fiscales debido a la inflación. No obstante, este modelo de crecimiento presenta algunas debilidades. La productividad, aunque empieza a repuntar tras años de estancamiento, no ha crecido con la intensidad deseada, ya que sectores como el turismo, la inmigración y el consumo público no favorecen su desarrollo. Además, la inversión privada sigue rezagada en la recuperación postpandemia, a pesar de los fondos europeos y la buena situación financiera de las empresas. No obstante, en los últimos meses ha comenzado a mostrar signos de recuperación, en un contexto en el que los tipos de interés empiezan a descender y el crecimiento económico se mantiene sólido. El aumento del PIB basado en el crecimiento de la población ha afectado al PIB per cápita, que avanza a un ritmo más moderado. Lo mismo ocurre con el consumo per cápita, aún impactado por la inflación y las subidas de tipos de interés. Esta situación explica por qué algunos sectores de la población no perciben la recuperación con la misma intensidad que reflejan los indicadores macroeconómicos. En el cuarto trimestre de 2024, la economía creció un 0,8% respecto al trimestre anterior, impulsada por el consumo de los hogares, que aumentó un 1%, y la inversión, que repuntó un 2,8%, su mayor incremento en tres años. Este dinamismo se debe, en parte, a que la economía española sigue expandiéndose a un ritmo superior al del resto de Europa, donde el crecimiento anual apenas alcanza el 1% debido a la debilidad de Alemania y Francia. Sin embargo, en el mismo periodo, el consumo público y las exportaciones se desaceleraron, y el sector exterior tuvo una contribución negativa al crecimiento, ya que el aumento del consumo interno incrementó las importaciones en un 1,3%, mientras que las exportaciones apenas crecieron un 0,1%. Pese a las fuertes lluvias y la DANA, la actividad económica se ha visto mínimamente afectada en el último trimestre. De hecho, el aumento de las ventas de automóviles en diciembre, debido a los siniestros provocados por las inundaciones, ha compensado parte del impacto negativo en la industria de las zonas afectadas. Sin embargo, la productividad sigue siendo una asignatura pendiente: en los últimos cinco años solo ha aumentado 1,7 puntos y el PIB por persona ocupada ha crecido apenas dos décimas. En términos anuales, el patrón de crecimiento de 2024 ha sido similar al del año anterior, con un fuerte incremento del consumo público y de las exportaciones de servicios, mientras que la inversión y las exportaciones de bienes han mostrado menor dinamismo. En concreto, el consumo público creció un 4,9%; el consumo de los hogares, un 2,8%; las exportaciones, un 3%; y las importaciones, un 2%. El turismo extranjero, por su parte, se disparó un 12,3%, a pesar de encontrarse ya en niveles récord. Desde una perspectiva sectorial, el comercio, el turismo y la hostelería crecieron un 3,4%, mientras que la industria manufacturera avanzó un 3,7%, muy por encima de la media europea, donde el sector se mantiene estancado. En comparación con 2019, el consumo público es la partida que más ha crecido, con un aumento del 20% respecto a los niveles previos a la pandemia. Las exportaciones han subido más de un 10%, las importaciones un 10% y el PIB un 7,6%. No obstante, el consumo privado, aunque ha avanzado un 4%, aún no ha recuperado su nivel per cápita previo a la crisis sanitaria. Por sectores, destacan el crecimiento de la industria de la información y la comunicación, beneficiada por la digitalización, así como las profesiones científicas y técnicas. El sector inmobiliario también ha mostrado un fuerte dinamismo, impulsado por la compraventa de viviendas de segunda mano, aunque la construcción aún no ha recuperado sus niveles pre-COVID. La agricultura sigue rezagada, mientras que la industria en general se encuentra en una situación de estancamiento. El comercio y la hostelería avanzan en línea con el PIB, creciendo cerca del 7% tras el desplome que sufrieron durante la pandemia. En cuanto al turismo internacional, ha superado en un 40% las cifras previas a la crisis sanitaria, consolidándose como uno de los principales motores de la economía española.

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(El Economista, 30-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Constitucional tumba parte de la ley de vivienda que dificultaba los desahucios

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado parcialmente la Ley de Vivienda en lo que respecta a las disposiciones que dificultaban la ejecución de desahucios. En concreto, la normativa imponía nuevas exigencias a los propietarios de viviendas ocupadas al presentar una demanda, estableciendo que, en caso de incumplimiento, el juez no la admitiría. El Grupo Parlamentario Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra varios aspectos de la ley, aunque el alto tribunal solo ha estimado la impugnación referente a las restricciones en la interposición de demandas de desahucio. El PP argumentó que estas disposiciones vulneraban el derecho a la tutela judicial efectiva de los propietarios. El Pleno del Constitucional le ha dado la razón y ha declarado inconstitucionales los apartados dos y seis de la disposición final quinta de la norma, al considerar que las medidas establecidas "no resultan razonables ni proporcionales". En detalle, la Ley de Vivienda exigía que, al solicitar el desalojo de ocupantes ilegales, inquilinos morosos o personas que se negaban a abandonar la vivienda tras finalizar su contrato, los propietarios debían acreditar ciertos requisitos en su demanda. Así, tenían que demostrar si el inmueble ocupado era o no la residencia habitual del inquilino y si ellos, como demandantes, eran considerados grandes tenedores, es decir, propietarios de más de 10 inmuebles o, en zonas tensionadas, de más de cinco. Si no reunían esta condición, debían presentar un certificado del Registro de la Propiedad con su listado de bienes. En caso de ser grandes tenedores, además, tenían la obligación de acreditar si el ocupante se encontraba en situación de vulnerabilidad económica. De no cumplir con estos requisitos, la demanda no sería admitida. Asimismo, si el propietario del inmueble era una empresa de vivienda o un gran tenedor, y el proceso de desahucio se derivaba de una ejecución hipotecaria con subasta del inmueble, también debía demostrar ante el juez si el ocupante se hallaba en una situación de vulnerabilidad antes de proceder con la subasta. Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha rechazado el resto de impugnaciones presentadas por el PP. El partido cuestionó la obligación de los ayuntamientos de reservar un porcentaje de suelo para vivienda protegida, alegando que se trataba de una intromisión en sus competencias y una vulneración de la autonomía local. Sin embargo, la sentencia sostiene que el Estado actuó dentro de sus atribuciones y que la medida es legítima para garantizar el acceso a la vivienda. También fue desestimada la impugnación contra la limitación del precio del alquiler en zonas tensionadas, que impide a los propietarios incrementar la renta más allá del índice de referencia establecido. El PP argumentó que esta restricción atentaba contra el derecho de propiedad, pero el tribunal consideró que la medida busca un equilibrio adecuado entre los intereses económicos de los propietarios y la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda. Según el fallo, esta regulación no vulnera el derecho de propiedad, ya que no obliga a alquilar el inmueble ni impone precios por debajo del mercado, sino que establece un límite basado en criterios objetivos. Por último, el PP recurrió el artículo que permite a los usuarios solicitar información detallada sobre una vivienda antes de comprarla o alquilarla, argumentando que excedía las competencias en materia de legislación civil. No obstante, el Constitucional concluyó que la norma solo establece un derecho a información básica para garantizar la transparencia en las operaciones inmobiliarias.

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(El País, 30-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Transportes reactiva este jueves la venta de los abonos de tren y autobús con descuentos de hasta el 100%

A partir de mañana jueves, vuelve a estar en vigor la prórroga de seis meses en las bonificaciones para el transporte de viajeros en tren y por carretera. Estas ayudas incluyen descuentos de hasta el 100% en los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional, así como en los autobuses de larga distancia bajo la competencia del Ministerio de Transportes. Los abonos gratuitos, que se podrán obtener nuevamente desde el 30 de enero, estarán disponibles hasta el 30 de junio. Además, se ponen a la venta los abonos de los servicios Avant con una reducción del 50%, una medida que estará vigente hasta diciembre. En el caso de los trenes de cercanías de Cantabria y Asturias, así como del transporte terrestre en Canarias y Baleares, la gratuidad se extenderá hasta finales de 2025. El Ministerio de Transportes ha aclarado que los abonos cuatrimestrales adquiridos antes del 22 de enero, cuando decayó temporalmente la prórroga por la no convalidación del decreto ómnibus, seguirán siendo válidos. Asimismo, la gratuidad se mantiene hasta el 30 de junio de 2025 en los servicios ferroviarios de altas prestaciones entre Murcia y Alicante, en los Avant entre Ourense y A Coruña y en los trayectos punto a punto entre Madrid y Salamanca. Tras la división del decreto que contenía el llamado "escudo social", lo que permitió su aprobación con el apoyo de los socios de investidura y del PP, el Gobierno ha impulsado también ayudas para reducir en un 50% el coste de los abonos y títulos multiviaje del transporte público urbano y metropolitano durante el primer semestre del año. Por otro lado, los sistemas públicos de alquiler de bicicletas recuperan el 50% de descuento en sus abonos anuales. La reactivación de estas bonificaciones al transporte público es consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley aprobado el martes por el Consejo de Ministros. Los títulos de viaje que se ponen a la venta son cuatrimestrales y, como en ocasiones anteriores, los beneficiarios deberán abonar una fianza y realizar al menos 12 desplazamientos hasta el 30 de abril para cumplir con los requisitos establecidos. Para mayo y junio, los usuarios deberán solicitar un nuevo abono bimestral, cuyas condiciones serán publicadas próximamente. Hasta el 22 de enero, Renfe ha emitido más de 1,36 millones de abonos gratuitos, de los cuales más de un millón corresponden a Cercanías y 353.400 a servicios de media distancia. Asimismo, ha vendido 31.860 abonos Avant con descuento. En cuanto al transporte de titularidad autonómica o local, se aplicará una reducción mínima del 50% en el precio de los abonos y títulos multiviaje. Para ello, los gobiernos regionales y locales deberán asumir al menos un 20% del descuento, mientras que el Gobierno central cubrirá el 30% restante. El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, prevé destinar aproximadamente 1.600 millones de euros a financiar estas bonificaciones, incluyendo aquellas que entrarán en vigor a partir del 1 de julio con el objetivo de incentivar una mayor preferencia por el transporte público. Dentro de las medidas en estudio, se contempla la creación de un billete único de Cercanías para toda España por 20 euros al mes, la gratuidad del transporte público colectivo para menores de 15 años, descuentos especiales para jóvenes, tarifas reducidas para viajeros frecuentes y nuevas ayudas para fomentar el uso de la bicicleta. El abono único de Renfe para Cercanías tendrá tres categorías según la edad del usuario: un abono mensual nominativo de tarifa plana por 20 euros; otro de 10 euros para jóvenes de entre 15 y 26 años; y un abono anual gratuito para menores de 15 años. En los servicios de media distancia convencional, se aplicará un descuento del 40%, con gratuidad para los niños y una rebaja del 50% para jóvenes de entre 15 y 26 años. Los abonos Avant, por su parte, mantendrán una bonificación del 50% hasta finales de 2024. En cuanto a los autobuses de titularidad estatal, los descuentos oscilarán entre el 40% y el 70%, dependiendo del tipo de abono y la edad del usuario. En el transporte urbano y metropolitano de titularidad autonómica y local, el Ministerio financiará la gratuidad para los menores de 15 años y un descuento del 50% para los abonos jóvenes. Para el resto de los títulos, a excepción de los turísticos, sencillos y de ida y vuelta, se aplicará una rebaja mínima del 40%, que deberá ser cofinanciada en un 20% por los gobiernos locales y regionales.

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(El País, 30-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La Comisión Europea ya ha diseñado su programa económico para los próximos años

El propósito es recuperar la competitividad perdida frente a Estados Unidos y China desde el inicio de este siglo, impulsando la productividad de las empresas europeas. Las primeras medidas incluyen la reducción de trámites administrativos para las compañías sin comprometer los objetivos medioambientales de la legislatura anterior, según insisten desde Bruselas; fomentar la innovación y avanzar en la integración financiera. Sin embargo, en los planes presentados este miércoles por los equipos de Ursula von der Leyen no se aclara si la Comisión Europea prevé aumentar el presupuesto común para financiar inversiones públicas. En su lugar, se menciona el fortalecimiento del Banco Europeo de Inversiones y la reestructuración del próximo presupuesto comunitario mediante la creación de un nuevo Fondo de Competitividad, sin ofrecer más detalles sobre su financiación. Prácticamente puede afirmarse que la Comisión Europea, ratificada por el Parlamento hace dos meses en Estrasburgo, ha comenzado su actividad oficialmente este miércoles en Bruselas. La presidenta Ursula von der Leyen y el vicepresidente y responsable de estrategia industrial, Stéphane Séjourné, han presentado la Brújula de la Competitividad, un plan económico adelantado por El País. Su anuncio se ha visto retrasado debido a las vacaciones navideñas y a la convalecencia de Von der Leyen, cuya ausencia ha sido especialmente relevante en una estructura con un marcado carácter presidencialista. Curiosamente, este plan de acción parece responder, al menos en parte, a la posibilidad del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, un escenario que podría traer importantes cambios en el panorama global. Este contexto se refleja en el énfasis en la "simplificación" burocrática para reducir la carga administrativa de las empresas. Aunque Von der Leyen ya había prometido esta medida en verano, antes de la victoria de Trump, las políticas desregulatorias anunciadas por el estadounidense, especialmente en el ámbito financiero, han acelerado la necesidad de acción en Europa. Un ejemplo de ello es el reciente intercambio en Davos entre Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y el nuevo mandatario estadounidense, donde la empresaria española elogió estos planes de desregulación. En esta línea, la primera medida de la Comisión será el lanzamiento, el 26 de febrero, de un paquete de simplificación que incluirá la creación de una nueva categoría de empresas, intermedias entre pymes y grandes corporaciones, que se beneficiarán de una regulación más flexible con un enfoque similar al de las pymes. También se simplificará el mecanismo de ajuste de carbono en las fronteras para las pequeñas empresas. La insistencia en el término "simplificación" en los documentos oficiales no es casualidad: Bruselas evita el uso del término "desregulación" para no dar la impresión de una relajación de los estándares medioambientales. Desde la Comisión advierten que abandonar el Pacto Verde sería un error estratégico, ya que Europa no produce energía fósil y la transición hacia energías limpias es una tendencia global. Este compromiso queda reflejado en la inclusión en la estrategia de un objetivo de reducción de emisiones del 90% para 2040 y la confirmación de la eliminación de los coches con motores de combustión en 2035. Por otro lado, el documento muestra cautela en lo que respecta a la inversión pública. La Comisión evita abrir este debate en profundidad, especialmente con las elecciones en Alemania programadas para el 23 de febrero. En términos presupuestarios, se plantea que el próximo marco financiero plurianual (2028-2034) modifique su estructura para priorizar la financiación de bienes públicos europeos y proyectos transnacionales. Asimismo, se menciona la creación de un Fondo Europeo de Competitividad, aunque sin especificar su dotación económica. La gran incógnita sigue siendo si habrá más recursos comunes en el próximo ciclo presupuestario, ya sea a través de deuda conjunta, mayores aportaciones de los Estados o impuestos europeos. En el actual marco financiero (2021-2027), la pandemia justificó el uso de deuda común, pero en el siguiente periodo será necesario comenzar a amortizar esos préstamos, con un coste anual de 30.000 millones de euros. Sin una ampliación de los recursos, el margen para nuevas inversiones podría reducirse significativamente. Ante este desafío, la Brújula de la Competitividad, en sus 28 páginas, pone mayor énfasis en fomentar la inversión privada. La Comisión Europea subraya que la financiación pública por sí sola no es suficiente y que es fundamental movilizar el capital privado a gran escala para garantizar el crecimiento económico.

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(La Vanguardia, 30-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 3,0% en enero

La inflación anual estimada del IPC en enero de 2025 es del 3,0%, de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el INE. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría un aumento de dos décimas en su tasa anual, ya que en el mes de diciembre esta variación fue del 2,8%. Esta evolución es debida, principalmente, al aumento de los precios de los carburantes, frente a la bajada de enero de 2024. También, aunque en menor medida, a los precios de la electricidad, que suben más que en el mismo mes del año anterior. En sentido contrario, destaca la influencia a la baja de ocio y cultura, cuyos precios se reducen más que en enero del año pasado. La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuye dos décimas, hasta el 2,4%. Los precios de consumo registran en enero una tasa del 0,2% respecto al mes de diciembre, según el indicador adelantado del IPC. En el mes de enero la tasa de variación anual estimada del IPCA se sitúa en el 2,9%, una décima por encima de la registrada el mes anterior. Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA es del -0,1%.

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(Expansión, 29-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor, en 2,52%, enfila la primera subida mensual desde marzo

El índice acumula su tercera jornada consecutiva al alza debido a las expectativas de una moderación en la reducción de los tipos de interés en la zona euro, aunque los préstamos continúan abaratándose. El euríbor a un año, referencia clave para el coste de alrededor de cuatro millones de hipotecas a tipo variable y para el precio de los nuevos préstamos hipotecarios, volvió a subir ayer, situándose en el 2,534%, su nivel más alto desde el 16 de enero. Este incremento eleva la media mensual al 2,525%, lo que indica que, salvo un cambio drástico en los tres días restantes del mes, el euríbor registrará su primera subida intermensual desde marzo pasado, cuando pasó del 3,671% al 3,718%. Desde entonces, el índice había encadenado nueve meses consecutivos de descensos. En diciembre cerró en el 2,436%, su nivel más bajo desde octubre de 2022, aunque el repunte de enero ha frenado momentáneamente esa tendencia. A pesar de este aumento, los titulares de hipotecas variables que revisen ahora su préstamo seguirán viendo reducciones en sus cuotas, ya que hace un año el euríbor se situaba en el 3,609%. Por ejemplo, para una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% sobre el euríbor, la cuota mensual disminuirá en aproximadamente 91 euros, lo que supone un ahorro anual de unos 1.092 euros. En el caso de un préstamo de 300.000 euros con las mismas condiciones, el ahorro alcanzará los 180 euros al mes o 2.160 euros al año. El repunte del euríbor llega justo antes de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) programada para mañana. El mercado ya da por hecho que se aplicará la primera de las cuatro reducciones de 25 puntos básicos previstas para 2025, lo que llevaría el tipo de interés hasta el 2%. Esta previsión es más optimista que la de hace apenas unos meses, cuando se esperaba que el recorte dejara el tipo en el 1,5%. Sin embargo, las nuevas presiones inflacionistas en la eurozona y la decisión de la Reserva Federal de posponer la esperada bajada de tipos en Estados Unidos han cambiado el panorama. Según la fintech Ebury, especializada en pagos, la rebaja de tipos prevista por el BCE para enero "ya está completamente incorporada en los niveles actuales del euríbor". En este sentido, la clave estará en la conferencia de prensa que ofrecerá la presidenta del BCE, Christine Lagarde, tras la reunión, especialmente en la respuesta del consejo a la evolución de los indicadores adelantados PMI. En este contexto, aunque se espera que el euríbor continúe bajando en los próximos meses, el ritmo de descenso, que ya se había desacelerado en los últimos meses de 2024, podría ser más moderado a lo largo del año.

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(El Periódico, 29-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña activa un plan para reducir la burocracia con un ahorro anual estimado en 429 millones

Nuevo avance del Govern en su objetivo de reducir la burocracia en la administración pública. En la reunión de este martes, el Ejecutivo liderado por Salvador Illa ha dado a conocer el 'Pla de Facilitació de l'Activitat Econòmica 2025-2028', una estrategia que busca transformar los procesos administrativos en servicios más ágiles, digitales y adaptados a las necesidades empresariales. Este plan tendrá un impacto económico estimado de 1.718 millones de euros durante los próximos cuatro años, lo que supondrá un ahorro anual de 429,7 millones para 106.240 empresas, según las proyecciones de la Generalitat. La iniciativa renueva y amplía el alcance de la 'Finestreta Única Empresarial' (FUE), con el propósito de reducir la burocracia, simplificar los trámites más complejos y fomentar el desarrollo económico. Entre las principales novedades figura la simplificación de procedimientos administrativos especialmente largos, como los relacionados con aspectos medioambientales, urbanísticos o sanitarios. Hasta ahora, el exceso de trámites ha llevado a más de 200 entidades económicas y sociales a reclamar reformas para aliviar las cargas administrativas. Un estudio de la patronal Pimec revela que las pymes catalanas destinan una media de 41,1 horas mensuales a gestiones burocráticas. Frente a esta situación, el Govern del PSC ha puesto en marcha diversas iniciativas, como la creación de una comisión de expertos para abordar la reducción de la burocracia y la simplificación de los trámites en línea. La implementación de la metodología BIM ('Building Information Modeling') será clave en este plan. Este sistema permitirá transformar los proyectos técnicos en modelos de datos estandarizados, facilitando una revisión más eficiente por parte de las administraciones y reduciendo los tiempos de tramitación en un 30%, pasando de tres años a dos. Según los cálculos del Ejecutivo, esta modernización permitirá a las empresas iniciar sus actividades más rápidamente, con un impacto económico positivo de 291,9 millones de euros anuales. Además, la estandarización documental y la integración de los procesos en la ventanilla única generarán un ahorro adicional de 29,4 millones de euros al año en costes administrativos para unas 22.030 empresas. El objetivo del plan es "simplificar la burocracia y extender servicios digitales personalizados y proactivos a todos los sectores productivos". La integración de los sistemas de información entre la Generalitat y los ayuntamientos será fundamental para evitar duplicidades y facilitar una gestión unificada de los datos, lo que permitirá que la información solo se proporcione una vez. La automatización de los trámites no solo ahorrará tiempo y recursos a las empresas, sino que también les permitirá centrarse en actividades de mayor valor añadido. El plan también contempla el uso de modelos predictivos y servicios digitales proactivos, que generarán un ahorro anual de 108,4 millones de euros y beneficiarán a más de 853.000 gestiones empresariales. Asimismo, introduce medidas para reducir las cargas burocráticas habituales de sectores como la industria y la agricultura. Estas acciones complementan otras iniciativas recientes, como la actualización del marco para priorizar proyectos empresariales estratégicos, promovida por la Conselleria de Empresa.

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(El Economista, 28-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno usa el escudo antiopas para frenar 264 operaciones desde 2020

El Gobierno ha sufrido un revés inesperado en uno de los pilares económicos que implementó durante la pandemia. El rechazo de la mayoría de fuerzas políticas al decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados provocó, entre otras medidas destacadas como el incremento de las pensiones o el fin de las subvenciones al transporte público, la caída del llamado escudo antiopas, a pesar de que el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, había anunciado una prórroga de esta medida hasta diciembre de 2026. Este mecanismo, que protegía a empresas estratégicas nacionales, permitía al Ejecutivo autorizar o bloquear inversiones extranjeras cuando estas superaran el 10% del capital en empresas cotizadas o 500 millones de euros en no cotizadas. Entre 2020 y 2023, se intervino en 264 operaciones bajo esta regulación. Un ejemplo reciente fue la protección ofrecida a Talgo frente a la opa lanzada por la compañía húngara Magyar Vagon. Pese a la eliminación del escudo, el Gobierno asegura estar trabajando en un nuevo marco regulador que blinde a las empresas españolas sin dejarlas desprotegidas frente al capital extranjero. De hecho, antes de la existencia de este escudo, ya existían normativas como la Ley 19/2003, que regula los movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior, aunque medidas como la "acción de oro", que permitía al Estado vetar ventas de activos en empresas privatizadas, han sido derogadas. Desde el ámbito jurídico, expertos como Leopoldo Reaño, asociado senior en A&O Shearman, señalan que la situación podría ser una oportunidad para mejorar aspectos poco claros de la legislación. Entre ellos, menciona la necesidad de aclarar que inversores con actividades en sectores sensibles dentro de la UE deben obtener autorización en España, algo que no sucede en otros países europeos. Por su parte, Javier Mateos, socio de PwC Tax & Legal, subraya que los plazos actuales para consultas y autorizaciones (de uno a tres meses) pueden ser un obstáculo para atraer inversiones extranjeras y propone simplificar el proceso, especialmente en operaciones que no impliquen riesgos para la seguridad pública. A pesar de la restricción que supuso el escudo antiopas, España ha atraído casi 100.000 millones de euros en inversiones extranjeras desde su aplicación. Aunque esta cifra representa un 18% menos que los 117.500 millones registrados entre 2015 y 2019, factores como la pandemia y operaciones excepcionales, como la compra de Abertis en 2018, condicionaron los resultados. Sin embargo, los datos reflejan que este mecanismo no ha sido un impedimento para la llegada de capital extranjero, como señala Reaño, quien destaca que casos en los que se rechazaron inversiones han sido excepcionales. En total, de las 264 operaciones revisadas por la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) desde 2020, solo dos fueron rechazadas: una en 2022, presuntamente vinculada al intento de Vivendi de adquirir un porcentaje del grupo Prisa, y otra en 2024, relacionada con la opa de Magyar Vagon sobre Talgo. Según los expertos, el bajo número de casos rechazados demuestra que la regulación es aplicada de manera excepcional y en situaciones justificadas, evitando que se convierta en una norma disuasoria que afecte negativamente a la economía española. En conclusión, aunque el escudo antiopas haya caído, el Gobierno se enfrenta al desafío de diseñar una nueva regulación que equilibre la protección de sectores estratégicos con la competitividad de España como destino de inversiones extranjeras.

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(El País, 28-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La digitalización de la economía se estanca salvo en Madrid y Cataluña, que amplían su brecha

La digitalización de la economía en España avanza a ritmos muy distintos dependiendo de la región. En la última década, el impacto de las nuevas tecnologías y la conectividad ha crecido significativamente, alcanzando un 21% del PIB nacional, cinco puntos porcentuales más que en 2013. Este crecimiento se traduce en un valor añadido bruto digital de 279.000 millones de euros. Sin embargo, el desarrollo digital no se ha distribuido de manera uniforme, y algunas comunidades autónomas han quedado rezagadas, mientras otras lideran este avance. Madrid y Cataluña ocupan las primeras posiciones en términos de digitalización, mientras que 11 comunidades, junto con Ceuta y Melilla, muestran un crecimiento inferior a la media nacional. Entre estas regiones se encuentran Canarias, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Según el informe La economía digital en España: avances y retos por regiones y sectores 2025, elaborado por la Fundación Cotec y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), estas comunidades tienen un peso y un crecimiento digital inferiores al promedio. Por otro lado, regiones como Andalucía, la Comunidad Valenciana y Baleares destacan por su evolución positiva, mientras que el País Vasco se encuentra en un liderazgo que no ha progresado significativamente. El informe subraya que, aunque todas las comunidades han mejorado sus índices de digitalización, la brecha entre ellas se ha ampliado debido a los diferentes ritmos de desarrollo. La digitalización tiene un impacto directo en la productividad y los salarios de las regiones. Según Cotec, apoyarse en factores digitales de producción tiene dos beneficios principales: genera externalidades positivas que impulsan el crecimiento y aumenta la resiliencia económica ante crisis, ya que los sectores digitales son menos vulnerables a las fluctuaciones. Madrid y Cataluña concentran gran parte del PIB digital del país, representando conjuntamente el 49% del total nacional. Esto contrasta con su contribución al PIB global, que es del 38% (19,6% Madrid y 18,8% Cataluña). En Madrid, un tercio de su actividad económica (30,3%) está vinculada a la digitalización, mientras que en Cataluña y el País Vasco este porcentaje es del 22,8% y 22,1%, respectivamente. En el resto de regiones, los niveles de penetración digital son menores, lo que limita su crecimiento. La brecha digital tiene su origen en la especialización económica. Aunque la digitalización ha avanzado en 20 de los 21 sectores productivos principales desde 2011, los sectores con menor intensidad digital, como la agricultura, la hostelería y las actividades inmobiliarias, tienen más peso en las regiones menos avanzadas. Por el contrario, sectores como las telecomunicaciones, las actividades profesionales y la fabricación de maquinaria han experimentado los mayores crecimientos digitales. El impacto también se refleja en el empleo y los salarios. Madrid, Cataluña, el País Vasco y Navarra cuentan con estructuras económicas más orientadas hacia los sectores digitalizados, lo que les permite concentrar el 44% de las profesiones digitales en España. Entre 2011 y 2023, el empleo en áreas digitales creció un 23%, duplicando el crecimiento general del empleo (11%). Estos perfiles no solo son más demandados, sino que también reciben una prima salarial del 43% en comparación con el salario promedio del país. En resumen, aunque la digitalización ha avanzado en todo el territorio español, persiste una notable desigualdad regional que afecta al desarrollo económico y social de las comunidades autónomas. Impulsar políticas que favorezcan una distribución más equilibrada será clave para reducir estas diferencias y aprovechar al máximo el potencial de la economía digital.

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