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(La Vanguardia, 13-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La tasa de variación anual del IPC del mes de noviembre se situó en el 2,4%

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de noviembre fue del 2,4%, seis décimas superior a la registrada el mes anterior. Los grupos que más destacaron por su influencia en el aumento de la tasa anual fueron: Vivienda, que situó su variación anual en el 7,4%, lo que supuso 3,2 puntos por encima de la del mes pasado. Este incremento fue consecuencia de la subida de los precios de la electricidad, frente a la bajada en el mismo mes de 2023. Transporte, cuya tasa anual aumentó dos puntos, hasta el -1,0%. Este comportamiento se debió, en su mayor parte, a la subida de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada en noviembre del año anterior. La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuyó una décima respecto octubre, y se situó en el 2,4%. En noviembre la tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,2%. Los grupos con mayor repercusión mensual positiva en la tasa mensual del IPC fueron: Vivienda, con una tasa del 1,6% y una repercusión de 0,196, a causa del aumento de los precios de la electricidad. Vestido y calzado, que presentó una variación del 4,2%, que incluye los últimos efectos de la entrada de la temporada de invierno. Este grupo repercutió 0,157 en el IPC general. Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacó: Ocio y cultura, que presentó una variación del -1,5%, debida al descenso de los precios de los paquetes turísticos. Este grupo repercutió -0,127 en el IPC general. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en noviembre. País Vasco presentó la tasa más elevada (2,9%) y Castilla-La Mancha la más baja (2,0%). En el mes de noviembre la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 2,4%, seis décimas más que la registrada el mes anterior. La variación mensual del IPCA fue del 0,0%.

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(Cinco Días, 12-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

A partir del 1 de enero de 2025 los cargos del sistema eléctrico subirán un 33% para un consumidor tipo

El Ministerio para la Transición Ecológica ha sometido a audiencia e información pública, hasta el 19 de diciembre, el proyecto de orden que establece los cargos del sistema eléctrico a partir del 1 de enero de 2025. Estos cargos financian aspectos como subvenciones para instalaciones de energías renovables, sistemas eléctricos extrapeninsulares, el coste de la deuda eléctrica, y otros costes regulados, incluyendo el bono social para consumidores vulnerables y su distribución. Según el proyecto, los cargos aumentarán un 33% para un consumidor tipo (con 3,5 kW de potencia contratada y un consumo anual de 213 kWh), según datos de la CNMC. El incremento total de los cargos será del 39% respecto a 2024, ya que los cargos del año pasado, que aún no se han liquidado, fueron de 2.532 millones de euros frente a los 3.527 millones previstos para 2025. Este aumento se debe principalmente a la desaparición del superávit del sistema de 2023, utilizado para congelar los cargos en 2024 durante la crisis económica, y a la reducción de ingresos fiscales por la caída de los precios energéticos. Los cargos, junto con los peajes de acceso a las redes (gestionados por la CNMC), conforman las partes fijas de la factura eléctrica. Mientras que la CNMC propuso una reducción promedio del 4% en los peajes para 2025, los cargos representan menos de la mitad del peso de los peajes en la factura. La orden ministerial prevé que los cargos totales del sistema eléctrico para 2025 asciendan a 7.446 millones de euros. Los ingresos para compensarlos provendrán de impuestos creados en 2012 y subastas de derechos de emisión de CO2, sumando 3.919 millones de euros. Tras estas aportaciones y un remanente del superávit de 2023 (189 millones), los cargos netos alcanzarán los 3.527 millones de euros. Entre las partidas principales destacan 4.192 millones para renovables, cogeneración y residuos (Recore); 836 millones para sistemas extrapeninsulares y 2.390 millones para pagar la deuda histórica del sistema a través del FADE. Cantidades menores cubrirán otros conceptos, como el servicio de interrumpibilidad industrial (10 millones) y la tasa de la CNMC. El Real Decreto-ley 8/2023 permitió destinar el superávit de 2023 a los cargos de 2024, congelándolos temporalmente al nivel de 2023. Sin embargo, esta medida transitoria finaliza, ya que la ley prohíbe reducir estos cargos mientras exista deuda histórica acumulada. En 2023, el superávit del sistema fue de 609 millones de euros, de los cuales 420 millones se emplearon para equilibrar el ejercicio 2024, dejando un remanente de 189 millones para 2025. No obstante, los costes no han aumentado significativamente; el Recore disminuyó de 4.490 a 4.192 millones, y las retribuciones a las islas se redujeron en 86 millones. La causa principal del incremento radica en la caída de ingresos por tributos y derechos de emisión de CO2, que se redujeron en más de 315 millones. El proyecto también regula el fondo para el Plan General de Residuos Radiactivos, la retribución de la CNMC y los pagos por capacidad, entre otros aspectos.

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(Expansión, 12-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Varapalo del Supremo a las "mobile-home" y a los camping de lujo tipo resort

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por un camping de Tarragona y ha dictaminado que las casas móviles, conocidas como mobile-homes, necesitan licencia urbanística debido a que se consideran equivalentes a las casas prefabricadas y no a los remolques. Este fallo supone un revés judicial para las mobile-homes y los campings de lujo tipo resort, cada vez más populares en las zonas costeras de España, que se alejan del concepto tradicional de camping. La decisión responde al recurso interpuesto por la empresa Agrocamping SL contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que confirmó un decreto del Ayuntamiento de Tarragona de 2018. Este decreto denegaba la legalización de las mobile-homes instaladas en el Camping & Bungalows Las Palmeras, situado en Playa Larga, Costa Dorada. La empresa argumentaba que las mobile-homes debían considerarse similares a autocaravanas o remolques. Sin embargo, el Tribunal Supremo concluyó que estas viviendas, aunque eventualmente puedan ser remolcables, no están diseñadas para un uso habitual como vehículos. Por ello, deben asimilarse a casas prefabricadas, según recoge la sentencia. El fallo subraya que la exigencia de una licencia urbanística para las mobile-homes responde a la necesidad de proteger el medio ambiente y el entorno urbano, considerándolo un interés general prioritario. Asimismo, el tribunal especifica que la normativa urbanística aplicable en cada caso determinará la viabilidad de instalar mobile-homes en un camping, aclarando que dicha instalación no puede sustentarse únicamente en una licencia de actividad previamente otorgada. Además, el Supremo señaló que la empresa pretendía transformar el camping en un complejo tipo resort, equipando las parcelas con servicios de agua, electricidad y desagüe para colocar mobile-homes y bungalows. Según el tribunal, esta transformación en suelo no urbanizable implica un uso del terreno que requiere autorización urbanística conforme al Real Decreto Legislativo 7/2015, que regula la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. La sentencia también advierte que, en los campings, las zonas destinadas a instalaciones permanentes como cabañas y bungalows no pueden superar el 50% de la superficie total, ya que debe prevalecer el espacio para tiendas de campaña, caravanas y autocaravanas. Este fallo, que establece una doctrina clara sobre el uso de las mobile-homes en campings, es relevante para muchas empresas del sector turístico, ya que podría afectar a numerosos establecimientos que han incorporado este tipo de alojamientos bajo licencias de campamento turístico.

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(The Economist, 12-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

España, la mejor economía de 2024

El ministro de Economía, Empresa y Comercio, Carlos Cuerpo, ha celebrado que el semanario británico The Economist haya reconocido a España como la economía con mejor desempeño dentro de la OCDE en 2024. "Este ranking destaca nuestro crecimiento equilibrado, un mercado laboral robusto, finanzas controladas e inflación moderada", señaló el ministro a través de su perfil en la red social 'X'. A esta valoración se unieron las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Montero destacó que España "está creciendo, generando empleo, ampliando derechos y reduciendo el déficit público". Además, afirmó: "Aunque el Partido Popular lo niegue, The Economist ha situado a España como la mejor economía mundial en 2024. La política de Pedro Sánchez es un éxito". No obstante, este reconocimiento se ve empañado por las cifras de desempleo, que siguen siendo preocupantes. España cerró octubre con una tasa de paro del 11,2%, la más alta de toda la OCDE, seguida por Colombia (10,1%) y Grecia (9,7%), ambos países con aumentos notables en el desempleo. En contraste, Italia muestra un desempeño más favorable según la OCDE, registrando una reducción acumulada de dos puntos en su tasa de desempleo desde octubre de 2023, alcanzando su nivel más bajo desde que se inició la serie histórica en enero de 1983. Sin embargo, España sigue liderando el desempleo juvenil, con un incremento de una décima que eleva la tasa al 26,7%, más de tres puntos por encima de Suecia (23,7%), el segundo país con mayor paro juvenil entre jóvenes de 15 a 24 años. Mientras tanto, la tasa media de desempleo en la OCDE se mantuvo estable en octubre de 2024 en el 4,9%. Cinco países de la organización lograron tasas inferiores al 3%, mientras que solo España y Colombia presentaron cifras de dos dígitos.

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(Cinco Días, 11-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

España ha captado 2.582 millones en letras a tres y nueve meses

Última subasta de letras del año 2024. Con el cierre del ejercicio a la vuelta de la esquina, los tesoros nacionales realizan sus últimas emisiones antes del parón navideño. Dos días antes de la esperada decisión del Banco Central Europeo (BCE), que probablemente volverá a recortar los tipos de interés, España ha conseguido captar 2.582,41 millones de euros en letras a tres y nueve meses. En línea con el comportamiento del mercado secundario, las expectativas de tipos más bajos han provocado una nueva reducción de los rendimientos. A pesar de esta disminución, que sitúa la rentabilidad de la deuda a nueve meses en niveles de diciembre de 2022, la demanda se mantiene fuerte. Las solicitudes de compra superaron los 5.158,2 millones de euros, de los cuales 1.029,65 millones proceden de pequeños ahorradores. La mayor parte de la emisión, 1.541,12 millones de euros, se destinó a las letras a nueve meses. La rentabilidad experimentó una importante caída, pasando del 2,699% registrado en la subasta anterior al 2,384% actual, el nivel más bajo desde diciembre de 2022. La demanda de los inversores particulares alcanzó los 393,73 millones de euros, superando los 139,54 millones de la emisión anterior y marcando el volumen más alto desde marzo, antes de que el BCE comenzara a flexibilizar su política monetaria. En el caso de las letras a tres meses, se adjudicaron 1.041,29 millones de euros con una rentabilidad del 2,58%, inferior al 2,739% de la subasta previa y el nivel más bajo desde febrero de 2023. A pesar de este descenso, los pequeños inversores mantuvieron su interés en asegurar rendimientos relativamente altos antes de que las tasas sigan bajando. Las solicitudes no competitivas sumaron 635,92 millones, ligeramente por debajo de los 689,52 millones del mes pasado. Con esta subasta, el Tesoro solo tiene pendiente una emisión de deuda a medio y largo plazo, programada para este jueves. A lo largo del año, el organismo, dependiente del Ministerio de Economía, se ha beneficiado de la confianza de los inversores en la economía española y del inicio de la bajada de tipos, lo que ha permitido mantener bajo control los costes de financiación. En septiembre, el tipo medio de las nuevas emisiones descendió por primera vez desde enero de 2023 por debajo del 3%. Desde el máximo del 3,853% alcanzado en octubre de 2023, las rentabilidades de las nuevas operaciones han caído 88 puntos básicos. Para 2024, el Tesoro tiene previsto unas necesidades de financiación neta de aproximadamente 55.000 millones de euros, 10.000 millones menos que en 2023. Sin embargo, la emisión bruta alcanzará los 257.572 millones de euros, un 2% más que en 2023 debido al aumento de las amortizaciones. La mayor parte de esta cifra se cubrirá mediante la emisión de instrumentos a medio y largo plazo, con el objetivo de preservar la vida media de la cartera de deuda pública.

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(El País, 11-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Las empresas que deslocalicen tengan que devolver las ayudas públicas

El Gobierno de coalición logró este martes un acuerdo de última hora para avanzar con la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aprobada hoy por el Consejo de Ministros. Tras intensas negociaciones iniciadas el lunes por la tarde, el PSOE y Sumar alcanzaron un consenso sobre una medida crucial que exige a las empresas devolver íntegramente las ayudas públicas recibidas, incluidos los ERTE, si optan por deslocalizar su producción fuera de la zona euro. Esta penalización busca proteger el empleo y preservar las inversiones realizadas en España. La normativa establece que las empresas que planeen cesar su actividad industrial deberán notificarlo al Gobierno con al menos nueve meses de antelación. Además, aquellas que hayan recibido ayudas públicas superiores a tres millones de euros estarán obligadas a reembolsarlas si reducen más del 65% de su producción o recortan 500 empleos o más en un plazo de tres años para pymes y cinco años para grandes empresas. Desde Sumar subrayan dos medidas fundamentales que dificultan la deslocalización industrial. La primera obliga a devolver el 100% de las ayudas públicas, incluyendo ERTE y el mecanismo RED, a las empresas que trasladen su producción fuera del Espacio Económico Europeo antes de cumplir el periodo pactado. Este umbral inicial, que era de seis millones de euros, se redujo a tres millones para reforzar la medida. La segunda medida prohíbe que una deslocalización sea utilizada como justificación para despidos, modificaciones sustanciales de las condiciones laborales o la desvinculación de convenios, tanto individuales como colectivos. Según Sumar, esto impedirá que fondos de inversión especulativos, que deslocalizan empresas tras recibir ayudas públicas, se beneficien de las medidas de flexibilidad laboral previstas en la legislación española. La formación liderada por Yolanda Díaz defiende que este principio de condicionalidad es clave para preservar empleos y garantizar un uso responsable de los recursos públicos. Como ejemplo, citan el caso de Saint-Gobain, que cerró su planta de parabrisas en Avilés (Asturias), dejando a 160 empleados sin trabajo. Sumar también celebra que el principio de condicionalidad se haya incorporado como eje central de la política industrial, condicionando la colaboración público-privada a criterios como el mantenimiento del empleo y la sostenibilidad medioambiental. Además, la ley prioriza la transición ecológica, aprovechando el potencial de las energías renovables para impulsar la reindustrialización y fortalecer la cohesión territorial. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a este proyecto de ley, cuyo borrador inicial fue presentado a finales de 2022 por la exministra de Industria, Reyes Maroto. El actual titular, Jordi Hereu, destaca que se trata de una normativa "histórica" elaborada en colaboración con los agentes sociales, y que sustituirá a la legislación vigente desde 1992, convirtiéndose en la primera ley sectorial del siglo XXI. La ley también introduce los proyectos industriales estratégicos, que deberán cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: representar una inversión significativa, formar parte de un Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), ofrecer una ventaja competitiva para el país, o abordar problemas de desindustrialización. Asimismo, propone que los Perte se conviertan en un elemento estructural de apoyo a la industria en lugar de un mecanismo temporal. Por último, la normativa crea la "Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica", que establecerá las líneas generales de la política industrial para los próximos seis años. Esta estrategia incluirá dos planes estatales de tres años cada uno, con medidas y recursos concretos para apoyar al sector. Además, se crea un consejo estatal de política industrial, que funcionará como órgano consultivo para coordinar las acciones entre los distintos ministerios.

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(El Periódico, 11-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Carlos San Basilio, ex secretario general del Tesoro, sustituirá a Buenaventura como presidente de la CNMV

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha propuesto a Carlos San Basilio como nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en reemplazo de Rodrigo Buenaventura, cuyo mandato concluye el próximo 16 de diciembre. San Basilio, quien dirigió el Tesoro entre 2018 y 2021 bajo la gestión de Nadia Calviño, ocupa actualmente el puesto de director de estrategia corporativa en el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). Nacido en Lugo en 1965, cuenta con una amplia experiencia en el ámbito económico y financiero. Por otro lado, Paloma Marín, actual directora general de relaciones institucionales, europeas y transparencia del Banco de España, ha sido propuesta como vicepresidenta de la CNMV, en sustitución de Montserrat Martínez Parera, cuyo nombre había sido considerado para suceder a Buenaventura. Marín, nacida en Oviedo en 1973, es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo y Máster en Derecho Europeo por el Colegio de Europa en Brujas. Ha desarrollado gran parte de su carrera en el Banco de España, donde ocupó diversos cargos vinculados a asuntos europeos y al departamento jurídico, llegando a desempeñar un papel relevante en el Consejo de Gobierno de la institución. Carlos Cuerpo ha optado por perfiles técnicos con destacada trayectoria nacional e internacional para estos nombramientos. San Basilio, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster por la Universidad de Harvard, pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Durante su trayectoria, ha sido miembro del consejo de la CNMV, del Banco de España y del FROB, además de ocupar roles como director de Resolución del FROB y consejero Económico en la Representación de España ante la Unión Europea. Su paso por el Tesoro fue clave en la gestión de la financiación pública durante la crisis derivada de la pandemia en 2020. Marín, por su parte, ingresó al Banco de España en 2005 como letrada asesora y desde entonces ha ocupado posiciones de creciente responsabilidad en áreas de relaciones institucionales y europeas, consolidando su reputación en el ámbito financiero y regulatorio. Ambos candidatos deberán pasar por la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, que emitirá un informe no vinculante, antes de que sus nombramientos sean aprobados definitivamente por el Consejo de Ministros mediante real decreto. Según destacó Carlos Cuerpo, los perfiles de San Basilio y Marín son ideales para liderar la CNMV debido a su independencia, experiencia y reconocimiento tanto nacional como internacional. Rodrigo Buenaventura, presidente de la CNMV desde diciembre de 2020, dejará el cargo el 1 de enero para asumir como secretario general de IOSCO, la asociación mundial de supervisores de valores, por lo que era necesario garantizar una transición en el organismo. Entre los desafíos que enfrentará el nuevo presidente destaca la implementación del reglamento MiCA, que regula las plataformas de criptoactivos, cuya supervisión, salvo en el caso de las stablecoins, recaerá en la CNMV. Además, deberá tomar decisiones relevantes en el ámbito empresarial, como la aprobación de la opa de BBVA sobre Sabadell, operación que todavía está pendiente de las condiciones establecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

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(La Vanguardia, 11-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Barcelona será una de las siete fábricas de inteligencia artificial de la Unión Europea

El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), que alberga el supercomputador MareNostrum 5, reconocido como uno de los más avanzados del mundo, ha sido elegido por Bruselas para liderar un ambicioso proyecto que contará con una inversión cercana a los 200 millones de euros. El objetivo es crear un ecosistema de sistemas avanzados de inteligencia artificial (IA) que impulse la adopción de esta tecnología en Europa. Este martes, la Comisión Europea anunció la aprobación del proyecto AI Factory, que a partir del próximo año destinará 1.500 millones de euros a fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en los 27 países de la Unión Europea, consolidando a Europa como un actor clave en el mercado global de la IA. En España, el BSC-CNS será el encargado de liderar esta iniciativa. Su plan contempla la mejora de las capacidades del MareNostrum 5, optimizándolo para entrenar y desarrollar modelos de IA generativa de gran escala con aplicaciones prácticas que beneficien tanto al sector empresarial como a la administración pública. Gracias a tecnología de vanguardia, este superordenador situado en Barcelona ofrecerá soporte a industrias tan variadas como la farmacéutica, la financiera y la relacionada con el cambio climático. El Gobierno español ha confirmado una aportación de 62 millones de euros al proyecto, canalizados a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Por su parte, la Generalitat de Cataluña contribuirá con 14 millones de euros. Además, el proyecto contará con financiación internacional: Portugal destinará 15,6 millones de euros, Turquía aportará 6,5 millones, y Rumanía añadirá un millón.

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(Cinco Días, 10-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Los bancos españoles ofrecen las segundas hipotecas más baratas de Europa

Los bancos en España ofrecen algunas de las hipotecas más económicas de Europa, situándose en segundo lugar después de Malta. Según datos del Banco Central Europeo (BCE) de octubre de 2024, el tipo de interés medio en España fue del 3,2%, el más bajo desde enero de 2023 y por debajo de la media de la zona euro (3,5%). En comparación, países como Alemania (3,65%) y Países Bajos (3,73%) presentan tipos más altos, mientras que Italia y Francia tienen tasas algo superiores al 3,2% español. Los tipos más elevados se encuentran en Estonia (4,97%), Letonia (4,86%) y Lituania (4,76%). Para ilustrar el impacto, una hipoteca a 30 años con un interés del 3,2% supone pagar 128.000 euros en intereses, mientras que con la media de la eurozona (3,5%) ascendería a 142.000 euros. Desde que el BCE inició en julio de 2022 una política de aumento de tipos de interés, los precios de las hipotecas subieron significativamente, alcanzando un máximo del 3,94% en octubre de 2023. Sin embargo, tras la estabilización de la inflación y las expectativas de reducción de tipos, los intereses comenzaron a descender, con proyecciones de que próximamente bajen incluso del 2%, un nivel no visto en dos años. Este contexto ha favorecido la oferta de hipotecas a tipo fijo más competitivas. Aunque todavía no se ha desencadenado una "guerra hipotecaria", se encuentran préstamos con tasas fijas inferiores al 3% y mixtas por debajo del 2%. Algunas entidades, como Ibercaja, ofrecen hipotecas mixtas al 2,4%, mientras que en hipotecas fijas destacan ofertas del Santander (3,22% TAE) y Openbank (3,27%). Estas condiciones son personalizables según el perfil del cliente, lo que puede mejorar aún más las condiciones para algunos prestatarios. Los expertos señalan que los últimos meses del año suelen ser propicios para negociar mejores condiciones, debido a los objetivos comerciales de bancos e inmobiliarias. Este dinamismo, unido a la posibilidad de cambiar hipotecas variables a fijas o mixtas sin costes adicionales hasta diciembre, refuerza la competitividad del mercado hipotecario actual. El Instituto Nacional de Estadística (INE) informa que entre enero y agosto de 2024 se han firmado unas 260.000 hipotecas, de las cuales el 56% son a tipo fijo y el 44% a tipo variable. Aunque la subida de precios de los inmuebles podría dificultar la recuperación del sector, se espera que el mercado siga mostrando dinamismo en los próximos meses, impulsado por la caída del euríbor y las mejores ofertas en tipos de interés.

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(Expansión, 10-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE colocará los tipos por debajo del nivel neutral

El Banco Central Europeo (BCE) prevé situar los tipos de interés por debajo del nivel neutral durante 2025 y 2026, según estimaciones del BBVA. El banco proyecta que la economía española crecerá un 3,1% este año, aunque el ritmo de expansión se moderará al 2,3% en 2024. La débil actividad económica en países como Alemania y Francia es un factor clave que influye en las decisiones de política monetaria del BCE. De acuerdo con los análisis del BBVA, el tipo de interés de referencia del BCE se reducirá al 2% a finales de 2024 y permanecerá en ese nivel durante 2025 y 2026. Esto implica que el tipo de interés se situará por debajo del nivel neutral, estimado en torno al 2,5%, lo que indica una política monetaria expansiva destinada a estimular el crecimiento económico. Con una inflación controlada en torno al 2% este año y previsiones de que se mantenga en una media del 1,8% en los próximos dos años, el principal desafío para el BCE es el débil crecimiento económico de la eurozona. Este panorama lleva al banco central a considerar reducciones adicionales en los tipos de interés para evitar una caída aún mayor en la inflación general y fomentar una mayor actividad económica. Entre los principales riesgos económicos se encuentran el escaso crecimiento de Alemania, las tensiones fiscales y políticas en Francia, y la posibilidad de que el nuevo presidente de Estados Unidos implemente aranceles sobre productos europeos. Según el BBVA, un aumento del 10% en los aranceles a productos de la eurozona podría reducir más de un punto porcentual del PIB de la región en los próximos dos años. En este contexto, España destaca como la economía con mayor crecimiento entre los principales países de la eurozona y la OCDE este año, como confirmó recientemente la OCDE. El organismo elevó su previsión de crecimiento para España al 3%, mientras que otras entidades, como CaixaBank y el BBVA, la sitúan en torno al 3,1%. El Banco de España también anticipó una revisión al alza de su proyección, pese a los efectos adversos de fenómenos como la DANA, que podrían impactar en 2025 en lugar de 2024. Finalmente, el indicador de crecimiento en tiempo real elaborado por la AIReF refleja un avance intertrimestral del 3,5%, mostrando estabilidad en las últimas semanas. Este sólido desempeño convierte a España en la economía con mayor dinamismo de la región, proporcionando una base favorable para afrontar el próximo año.

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