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(El Periódico, 26-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas selecciona siete proyectos en España para impulsar las materias primas estratégicas

La Comisión Europea ha anunciado este martes la selección de los primeros 47 proyectos estratégicos destinados a fortalecer las capacidades de producción de materias primas esenciales en Europa. De estos, siete se ubican en España, principalmente en las regiones de Extremadura y Andalucía. Estos proyectos contarán con procesos administrativos acelerados y condiciones de financiación favorables, con el objetivo de impulsar la extracción y el procesamiento de minerales como el litio, el cobalto y el níquel. Estos materiales son clave para sectores estratégicos como la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, el desarrollo de energías renovables y la industria de defensa. Actualmente, la Unión Europea depende en gran medida de proveedores externos, especialmente de China, una situación que Bruselas busca corregir en un contexto geopolítico cada vez más inestable. "El continente europeo sigue dependiendo de terceros países para el suministro de materiales críticos. Es fundamental aumentar nuestra producción propia, diversificar las fuentes de abastecimiento y garantizar reservas estratégicas", señaló Stéphane Séjourné, vicepresidente de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial. Séjourné también subrayó la necesidad de incrementar la actividad minera en Europa, fomentar el procesamiento de materias primas y potenciar el reciclaje para reducir la dependencia de países ajenos a la UE. Los 47 proyectos seleccionados, de entre 170 candidaturas presentadas bajo la reciente Ley de Materias Críticas, buscan asegurar un suministro estable de recursos esenciales y reforzar la soberanía industrial europea. En España, tres de estos proyectos se encuentran en Extremadura: la mina de Aguablanca en Monesterio (Badajoz), única en el país en extraer níquel y cobre; el proyecto de minería sostenible de litio de Lithium Iberia en Las Navas (Cáceres); y el proyecto P6 Metals de Iberian Resources Spain, con sede en Almoharín (Cáceres). A estos se suman el proyecto CirCular de extracción de cobre en Huelva, la mina Cobre las Cruces en Sevilla, la mina de litio Doade en Galicia y la mina de wolframio El Moto en Ciudad Real. Exceptuando la mina de Aguablanca, que es una reserva estatal, el resto de los proyectos españoles dependen de las comunidades autónomas, responsables de su gestión en materia minera y evaluación ambiental. Los 47 proyectos seleccionados están distribuidos en 13 países de la UE, además de España: Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Estonia, República Checa, Grecia, Suecia, Finlandia, Portugal, Polonia y Rumanía.

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(Expansión, 25-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Escrivá: "Estamos en una situación de extrema incertidumbre"

El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y su anunciada política de guerra comercial, junto con medidas que afectan la política cambiaria y estrategias de desregulación destinadas a "debilitar a las agencias independientes encargadas de supervisar y regular diversos sectores de la economía, especialmente el financiero", han generado un nivel de incertidumbre sin precedentes en la economía global desde que existen registros. "El índice de incertidumbre global ha alcanzado su punto más alto desde que se creó este indicador en 1997", afirmó ayer el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Añadió que este nivel supera incluso el registrado durante la pandemia de Covid-19, la guerra en Ucrania, los atentados del 11 de septiembre de 2001 e, incluso, la crisis financiera internacional en su fase más crítica tras la quiebra de Lehman Brothers. Así lo expresó durante su intervención en la conferencia titulada Situación y perspectivas de las economías española y europea, organizada por la Fundación La Caixa en Madrid. Estos datos reflejan que nos encontramos en un contexto de "incertidumbre extrema", señaló Escrivá, hasta el punto de que cualquier previsión económica, ya sea a nivel nacional o internacional, podría quedar rápidamente desactualizada debido a la magnitud de los riesgos que enfrenta la economía. "Nos encontramos en un escenario en el que las previsiones centrales tienen menos probabilidad de cumplirse que nunca, ya que, además, resulta especialmente complejo definir escenarios alternativos", advirtió. Entre los principales factores de riesgo para la economía, el gobernador destacó la ofensiva arancelaria de Trump y el aumento de las tensiones comerciales, que no solo incrementan la incertidumbre en el comercio internacional, sino que también afectan negativamente a las exportaciones europeas y al crecimiento económico global. A esto se suman las tensiones geopolíticas, la posibilidad de una política monetaria más restrictiva fuera de la eurozona y un crecimiento más débil de la productividad dentro del bloque de la moneda única. Otro factor de incertidumbre es la seguridad europea, especialmente después de que la Administración Trump haya expresado su intención de reducir su compromiso con la defensa del continente. No obstante, Escrivá consideró que esta situación podría representar "una oportunidad para Europa de acelerar ciertos procesos pendientes y ya identificados", impulsando una mayor integración del mercado único. En este contexto, también destacó la relevancia del euro digital y el fortalecimiento de los sistemas de pago como cuestiones clave a abordar en el futuro cercano. Si bien los riesgos para el crecimiento económico son principalmente a la baja (el BCE ha revisado a la baja su previsión de crecimiento del PIB para la eurozona en 2025, situándolo en el 0,9% frente al 1,1% estimado en diciembre), las presiones inflacionarias apuntan al alza. Entre los factores que podrían contribuir a ello están el incremento de los salarios, la persistencia de la inflación en el sector servicios, posibles disrupciones en las cadenas globales de suministro, el impacto del cambio climático en los precios de los alimentos y el aumento del gasto en defensa derivado de una política fiscal expansiva en este ámbito. Actualmente, la previsión central sitúa la inflación en un 2,3% para 2025, dos décimas por encima de lo estimado en diciembre, aunque este cálculo está sujeto a la evolución de los múltiples desafíos que enfrenta la economía. En cuanto a España, donde el impacto de la guerra comercial sería más limitado debido a su menor exposición a Estados Unidos, el Banco de España prevé un crecimiento del 2,7% este año, una cifra significativamente superior al 0,9% proyectado para la eurozona. Sin embargo, el organismo advierte que esta diferencia de crecimiento se irá reduciendo en los próximos años, hasta situarse en cuatro décimas en 2027.

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(Expansión, 25-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las solicitudes de España de patentes europeas crecen un 3%

A pesar de la inestabilidad política y económica, en el último año se presentaron hasta 199.264 solicitudes de patente ante la Oficina Europea de Patentes (EPO, por sus siglas en inglés), según el Índice de Patentes 2024. Esta cifra es similar a la registrada en 2023, cuando se contabilizaron 199.452 solicitudes. Las peticiones procedentes de Europa, incluyendo los 39 Estados miembros de la EPO, aumentaron un 0,3%, mientras que las provenientes de fuera de Europa experimentaron una ligera caída del 0,4%. Dentro de estos datos, destaca el incremento del 3% en las solicitudes europeas presentadas por inventores españoles en 2024. Sin embargo, lo más relevante es que, en la última década, España ha registrado el mayor crecimiento anual en solicitudes de patentes europeas entre los países más activos de la EPO, es decir, aquellos que presentan más de 2.000 solicitudes anuales. Desde 2015, la tasa de crecimiento ha alcanzado el 44%, lo que refleja el compromiso del país con la innovación y el desarrollo tecnológico. Esta evolución evidencia el esfuerzo de empresas, centros de investigación públicos y emprendedores españoles por proteger sus invenciones y consolidarse en el mercado tecnológico europeo. España ocupa el decimoquinto puesto entre los principales países de origen de solicitudes de patentes europeas. El top 5 lo encabeza, una vez más, Estados Unidos, con 47.787 solicitudes, seguido de Alemania (25.033), Japón (21.062), China (20.081) y Corea del Sur (13.107). En el ranking, España se sitúa detrás de Francia, Suiza, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Italia, Bélgica, Dinamarca y Finlandia. En total, los Estados miembros de la EPO representaron el 43% de las solicitudes, mientras que el 57% restante provino de fuera de Europa. En cuanto a la evolución de los principales países solicitantes, Corea del Sur registró el mayor crecimiento entre los diez primeros, con un incremento del 4,2%. China tuvo un crecimiento más moderado del 0,5%, mientras que Estados Unidos y Japón redujeron el número de solicitudes en 2024. A nivel global, Samsung fue la empresa con más solicitudes de patentes en la EPO, recuperando el primer puesto que ocupó por última vez en 2020. Huawei descendió al segundo lugar, seguido por LG, Qualcomm y RTX. En el top 10 también figuran cuatro compañías europeas (Siemens, BASF, Ericsson y Robert Bosch), dos de Corea del Sur, dos de Estados Unidos, una de China y una de Japón. En el caso de España, la EPO destaca que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sigue siendo el principal solicitante de patentes. Entre las empresas privadas, Amadeus lideró la lista con 43 solicitudes, seguida por la Fundación Tecnalia Research & Innovation (24) y Telefónica (21). Otras compañías destacadas fueron Autotech Engineering, también con 21 solicitudes, y dos nuevas incorporaciones al ranking: la madrileña Horse Powertrain Solutions, con 19 solicitudes y especializada en motores de combustión interna de bajas emisiones y sistemas híbridos, y Ficosa Automotive, con 17 solicitudes. El sector farmacéutico fue, una vez más, el área tecnológica española con mayor número de solicitudes de patentes en Europa, con 221 registros y un incremento del 11,6% respecto a 2023. La tecnología médica y la biotecnología ocuparon la segunda posición con 163 solicitudes cada una, lo que supuso un crecimiento anual del 14% y 8,7%, respectivamente. En conjunto, las biociencias representaron casi una cuarta parte de todas las solicitudes de patentes europeas procedentes de España. El sector del transporte, que incluye la automoción, registró el mayor crecimiento interanual en 2024, con un aumento del 30,7% respecto al año anterior, alcanzando 149 solicitudes y posicionándose en cuarto lugar. Por su parte, el sector de maquinaria, aparatos y energía eléctrica, que abarca tecnologías de energías limpias como las baterías, ocupó el quinto puesto con 134 solicitudes, aunque experimentó un descenso del 13%. Por comunidades autónomas, Cataluña volvió a liderar el ranking regional con 724 solicitudes, representando el 33% del total. La Comunidad de Madrid se ubicó en segundo lugar con 413 solicitudes y un crecimiento interanual del 2,2%. Entre ambas, sumaron más de la mitad de las solicitudes de patentes españolas en la EPO. En tercer lugar se situó el País Vasco, con 326 solicitudes.

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(El País, 25-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas exime a España de pagar la compensación por un laudo de renovables porque son ayudas de estado

La Comisión Europea ha determinado que la indemnización impuesta a España por un tribunal de arbitraje, en favor del fondo de inversión luxemburgués Antin, constituye una "ayuda estatal ilegal" que no cumple con las normativas de la Unión Europea. Como consecuencia, Bruselas ha ordenado al Gobierno español que no realice ningún pago, reforzando así su postura frente a otras reclamaciones de inversores internacionales en el sector de las energías renovables. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica consideran que esta decisión podría aplicarse a otros casos similares en Europa, aunque su alcance exacto aún debe definirse. En un comunicado oficial emitido este lunes, la Comisión explica que el laudo arbitral a favor de Antin, o cualquier entidad que adquiera derechos sobre él, es incompatible con la legislación europea sobre ayudas estatales. Esta resolución abre la posibilidad de que España no tenga que asumir el pago de más de 100 millones de euros por la reforma del sistema de incentivos a las energías renovables llevada a cabo durante el mandato de Mariano Rajoy. España ha enfrentado numerosas demandas de arbitraje debido a los recortes aplicados en 2013 al régimen de incentivos establecido en 2007 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La Comisión Europea respaldó en su momento la reforma impulsada por el Ejecutivo del Partido Popular. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, las reclamaciones totales ascendían a 10.000 millones de euros, aunque el Gobierno asegura haberlas reducido a 4.600 millones tras negociar con los fondos de inversión para que desistieran de sus demandas a cambio de una rentabilidad más atractiva. Tras recibir el laudo arbitral, España notificó la decisión a Bruselas, que en julio de 2021 inició una investigación para evaluar si la indemnización de 101 millones de euros más intereses concedida a los fondos Antin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energía Termosolar B.V. constituía una ayuda estatal ilegal. La Comisión examinó si esta compensación vulneraba el derecho europeo, discriminaba a las empresas españolas y alteraba la competencia. Cuatro años después, su veredicto es claro: Según Bruselas, el laudo y cualquier intento de ejecutarlo o abonarlo constituyen una ayuda estatal según el artículo 107(1) del Tratado de Funcionamiento de la UE. Las ayudas estatales están prohibidas salvo que sean aprobadas como compatibles con el mercado interior, algo que en este caso no sucede. Dado que el laudo vulnera otras normativas europeas, no puede considerarse conforme a las reglas de ayudas estatales. Por ello, la Comisión subraya que España debe continuar oponiéndose a su ejecución y evitar cualquier pago voluntario. Esta decisión se enmarca en la estrategia de Bruselas de limitar los arbitrajes entre inversores y Estados miembros que se rigen por la Carta de la Energía. Desde la sentencia Achmea del Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión ha reiterado que estos mecanismos no son aplicables entre entidades de países de la UE. La mayoría de los Estados miembros acordaron en una declaración conjunta eliminar los tribunales de arbitraje en conflictos bilaterales. La Comisión identificó varios problemas con el laudo arbitral. En primer lugar, el TJUE ha señalado que estos procedimientos representan un riesgo para el derecho comunitario cuando involucran disputas entre actores de países de la UE. En segundo lugar, podrían generar discriminación entre inversores según su nacionalidad, ya que los españoles no pueden recurrir a este tipo de arbitrajes. Por último, la indemnización podría distorsionar la competencia al representar un beneficio adicional sobre las ayudas aprobadas en 2013. Con esta decisión, Bruselas refuerza la posición de España en su resistencia a pagar las indemnizaciones derivadas de estos arbitrajes, sentando un precedente que podría afectar a otras reclamaciones en el ámbito de las energías renovables.

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(El País, 25-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Consumo identifica más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid

Madrid enfrenta una proliferación descontrolada de viviendas turísticas ilegales. Según un análisis del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, apenas el 6,9% de los alojamientos anunciados en plataformas digitales cuenta con la licencia correspondiente. El estudio, que ha examinado 16.335 anuncios de pisos turísticos en la capital y los ha comparado con los 1.131 permisos otorgados por el Ayuntamiento dentro del Plan Reside (presentado en noviembre de 2024), revela que al menos 15.204 inmuebles operan sin autorización. Ante esta situación, el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy ha entregado al Ayuntamiento de Madrid un informe detallado y ha solicitado la retirada de los anuncios que incumplen la normativa en plataformas como Airbnb y Booking. El documento no solo cuantifica el problema, señalado por muchos madrileños como una de las causas del aumento del precio de la vivienda, sino que también proporciona información específica sobre las direcciones y propietarios de los alojamientos irregulares. Los datos recopilados incluyen miles de enlaces de anuncios de alquiler vacacional, clasificados según la presencia o ausencia de número de registro, el tipo de alojamiento y el anfitrión. Esta información permitirá al Ayuntamiento llevar a cabo inspecciones, ordenar el cese de actividad y aplicar sanciones. Entre las zonas con mayor número de pisos sin licencia destacan la calle Mayor y la calle Preciados, con 14 y 11 anuncios irregulares, respectivamente. El Ministerio de Consumo, en línea con la postura de su titular, ha insistido en que las administraciones deben intervenir para erradicar estas prácticas ilegales, que restringen el acceso a una vivienda digna y provocan la expulsión de residentes de sus barrios. La investigación también ha abarcado otras regiones con alta presión turística, como Baleares y Andalucía, donde se han trasladado informes similares a sus respectivos gobiernos. Por otro lado, la Dirección General de Consumo ha intensificado su vigilancia sobre empresas que gestionan numerosas viviendas turísticas. En diciembre de 2024, abrió un expediente sancionador contra una plataforma de alquiler por no incluir el número de licencia en los anuncios, y en febrero de este año inició procesos contra compañías que operaban de forma encubierta como particulares pese a ser negocios profesionales. El auge de los pisos turísticos ilegales representa un desafío para las administraciones públicas. Sin embargo, el Ministerio de Consumo señala a Madrid como una de las ciudades con mayor concentración de este tipo de alojamientos y exige que se adopten medidas contundentes, recordando que es el Ayuntamiento el responsable de hacer cumplir la normativa municipal. Como referencia, menciona los casos de Barcelona, que ha logrado reducir drásticamente el número de anuncios irregulares y recuperar viviendas para el mercado residencial, e Ibiza, donde el Consell ha implementado un sistema de identificación de pisos ilegales para agilizar inspecciones y sanciones. En la capital, el Plan Reside, cuya entrada en vigor está prevista para agosto, busca limitar el alquiler turístico disperso en edificios residenciales del centro. Hasta ahora, esta actividad solo estaba permitida en inmuebles con acceso independiente, pero la nueva normativa pretende restringirla a edificios exclusivos para este uso. Además, impedirá la conversión de bajos comerciales en viviendas turísticas y se aplicará también a los "ejes terciarizados", zonas de alta actividad económica. Con esta regulación, el Ayuntamiento espera controlar el impacto del turismo en el mercado de la vivienda y reducir la actividad ilegal en la ciudad.

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(Cinco Días, 24-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Europa acelera el desarrollo del euro digital ante la amenaza cripto de EE UU

En un escenario global marcado por el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Europa acelera sus esfuerzos para reforzar su autonomía en materia económica, financiera y estratégica. Proyectos que llevaban años o incluso décadas en discusión dentro de la Unión Europea han cobrado un nuevo sentido de urgencia. La creación de un mercado único de capitales, la reforma del sector energético, el aumento del gasto en defensa y la consolidación de una estrategia militar común han pasado de ser cuestiones importantes a convertirse en prioridades inminentes. En este mismo contexto, con la intención de reducir su dependencia de EE. UU., la UE también avanza en el desarrollo del euro digital. Con un defensor de las criptomonedas en la Casa Blanca, los activos digitales han pasado a ocupar un lugar central en la agenda política estadounidense. La apuesta de Trump por las monedas digitales privadas, en especial las stablecoins vinculadas al dólar, ha dejado a la Unión Europea en una situación de alerta. Ante este panorama, Bruselas acelera sus esfuerzos para crear una moneda digital estable, respaldada por el Banco Central Europeo (BCE), que pueda utilizarse en pagos entre personas, comercios y empresas. El objetivo es múltiple: reducir la dependencia de los sistemas de pago extranjeros, ofrecer una alternativa a estos activos emergentes y evitar que las stablecoins adquieran un papel predominante en la zona euro, lo que podría comprometer la estabilidad financiera. Las intenciones de Trump quedaron claras en la orden ejecutiva del 23 de enero, donde se establecía la promoción de las criptomonedas referenciadas al dólar. Su secretario del Tesoro, Scott Bessent, reafirmó esta postura en una cumbre sobre criptoactivos celebrada en la Casa Blanca, subrayando que el gobierno estadounidense utilizará estos activos digitales para garantizar la primacía del dólar como moneda de reserva mundial. Estas criptomonedas, además de servir como refugio de valor o herramienta de inversión, facilitan las transferencias internacionales gracias a su rapidez y bajo costo. En respuesta a esta tendencia, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, fue tajante en la última reunión de la institución: "El euro digital es de vital importancia y su necesidad es más evidente que nunca". El debate sobre la creación del euro digital ha cobrado impulso en las últimas semanas. Este jueves, el tema se incluyó en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro. En el comunicado oficial se destacó que "en un mundo cada vez más fragmentado y digital, acelerar el desarrollo del euro digital es clave para fortalecer la competitividad y resiliencia del sistema de pagos europeo, garantizar la seguridad económica de Europa y reforzar el papel del euro en el escenario internacional". En línea con este planteamiento, Philip Lane, miembro del comité ejecutivo del BCE, advirtió que la adopción del euro digital es una necesidad urgente para la institución, ya que el auge de las stablecoins podría generar un sistema monetario fuera del control de los bancos centrales. Si estos activos digitales llegaran a adoptarse de forma masiva, el dinero emitido por el BCE podría perder protagonismo en el sistema de pagos. Por ejemplo, si los hogares y las empresas optaran por realizar sus transacciones diarias con stablecoins en lugar de euros y mantuvieran su dinero en cuentas vinculadas a estas criptomonedas, los bancos comerciales verían reducido el volumen de depósitos, lo que afectaría su capacidad de otorgar créditos y encarecería la financiación. Además, si las stablecoins vinculadas al dólar ganaran terreno en la zona euro, el sistema de pagos de la región podría quedar subordinado al billete verde, poniendo en riesgo la soberanía monetaria europea. El respaldo explícito de Trump a estos activos digitales hace que esta amenaza sea real. Aunque hoy en día las stablecoins no se utilizan ampliamente como medio de pago, esta situación podría cambiar. De hecho, PayPal ha anunciado recientemente su intención de ofrecer su stablecoin PYUSD para que sus millones de pequeños y medianos comerciantes realicen pagos a sus proveedores. Durante la reunión del Eurogrupo de marzo, Pierre Gramegna, director del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), lo dejó claro: "Lo que está en juego es la soberanía europea". Subrayó que el MEDE apoya la urgencia del BCE en la implementación del euro digital para proteger la autonomía estratégica del euro. En la misma línea, el ministro de Finanzas de Irlanda y presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, advirtió que en un mercado global, las decisiones tomadas en otras jurisdicciones pueden tener un impacto significativo en Europa. "Estas discusiones están directamente relacionadas con nuestra autonomía y la resiliencia de nuestra moneda", afirmó. La historia se repite. El euro digital no surge de la nada, sino como respuesta a un desafío previo: cuando Facebook anunció su proyecto de criptomoneda libra, que buscaba facilitar los pagos transfronterizos y ofrecer una alternativa monetaria en mercados emergentes. La idea consistía en que la Asociación Libra, liderada por Facebook y otras empresas, emitiría una moneda respaldada por depósitos bancarios y activos de bajo riesgo. Esta propuesta encendió las alarmas en la Unión Europea, ya que otorgaría a una entidad privada un poder financiero inmenso gracias a su base de usuarios y pondría en riesgo la estabilidad del sistema financiero europeo. En 2020, el BCE llevó a cabo un estudio sobre los posibles efectos de esta iniciativa y, en el escenario más extremo, estimó que el proyecto de Facebook podría llegar a gestionar hasta tres billones de euros. La preocupación por el impacto de esta moneda en la estabilidad financiera de la zona euro creció rápidamente. Ignacio Terol Rodríguez, asesor senior de la estrategia del euro digital, reconoce que la propuesta de libra llevó a los bancos centrales del G7 a replantearse su soberanía monetaria. "El problema era que Facebook tenía más usuarios que la población de la UE, y las economías de escala que podría generar representaban una amenaza para la soberanía monetaria", explicó. Los reguladores europeos tomaron medidas para frenar el avance de libra y evitar que se convirtiera en un medio de pago masivo, lo que podría haber debilitado el control de los bancos centrales sobre la base monetaria y reducido su capacidad para aplicar políticas monetarias eficaces. Sin embargo, ahora el desafío proviene de Estados Unidos, y el desarrollo del euro digital sigue avanzando a un ritmo lento ante una amenaza cada vez más inminente.

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(Expansión, 24-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La facturación del sector servicios sube un 5,5% en enero y la industria cae un 0,4%

En enero, la industria española registró una caída del 0,4% en sus ingresos en comparación con el mismo mes de 2024, lo que marca un retorno a cifras negativas tras el crecimiento del 6,9% experimentado en diciembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En contraste, el sector servicios incrementó su facturación un 5,5% interanual, una cifra siete décimas superior a la del mes previo y la más alta desde octubre pasado, de acuerdo con el informe publicado este viernes por el INE. Ajustando los efectos estacionales y de calendario, la facturación industrial creció un 1,7%, siete décimas menos que en diciembre. Por destino económico, cuatro de los cinco sectores industriales mostraron incrementos mensuales, destacando Energía (+2,0%) y Bienes de consumo duraderos (+1,5%). El único sector en descenso fue el de Bienes de equipo, con una caída del 7,3%. A nivel regional, los mayores aumentos en la facturación industrial se dieron en Illes Balears (+12,3%), Castilla-La Mancha (+4,7%) y La Rioja (+3,6%), mientras que los descensos más pronunciados se registraron en Navarra (-14,9%), País Vasco (-5,2%) y Aragón y Extremadura (-3,2% en ambos casos). Por otro lado, el sector Servicios de Mercado experimentó un incremento del 5,5% en su facturación en enero, lo que supone un repunte de siete décimas respecto a diciembre. Con esta subida, el sector acumula diez meses consecutivos de crecimiento interanual. En términos ajustados por estacionalidad y calendario, la facturación de los servicios avanzó un 5,6%, 2,4 puntos más que en diciembre. Todas las comunidades autónomas mostraron aumentos en sus ingresos en comparación con enero de 2024, con Baleares (+8,3%), Madrid (+7,9%) y País Vasco (+7,3%) a la cabeza, mientras que Extremadura (+1,8%), Cataluña (+2,9%) y Murcia (+3,3%) registraron los incrementos más moderados. Según el INE, dentro del sector servicios, el comercio incrementó sus ventas un 5% interanual en enero, mientras que los demás servicios aumentaron su facturación un 6,5%. En el comercio, la venta y reparación de vehículos y motocicletas creció un 5%, el comercio mayorista un 6% y el minorista un 3%. En cuanto a los otros servicios, los mayores aumentos de facturación anual se registraron en actividades inmobiliarias (+13,4%), transporte y almacenamiento (+7,6%), actividades administrativas (+7,2%) y hostelería (+6,9%). En el ámbito de la hostelería, los servicios de alojamiento experimentaron un crecimiento del 12,4% en su facturación interanual, mientras que los servicios de comidas y bebidas aumentaron un 5%. Ajustando los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios avanzó un 5,6% interanual en enero, superando en 2,4 puntos el dato de diciembre y alcanzando su mayor crecimiento desde marzo de 2023. Con este resultado, la serie corregida acumula diez meses consecutivos de aumentos en la facturación del sector servicios. En términos mensuales (enero de 2025 respecto a diciembre de 2024), las ventas del sector, descontando el efecto estacional y de calendario, crecieron un 1,3%, cinco décimas menos que en diciembre. En cuanto al empleo, la ocupación en el sector servicios subió un 1,6% interanual en enero, una décima menos que en diciembre, manteniendo una tendencia alcista desde abril de 2021. Dentro del comercio, el empleo creció un 1,4%, mientras que en el resto de los servicios aumentó un 1,7%, con la hostelería liderando el crecimiento (+2,4%), seguida de las actividades administrativas (+2%). En el comercio, la venta y reparación de vehículos incrementó su plantilla un 2,3% interanual en enero, superando los aumentos registrados en el comercio minorista (+1,4%) y mayorista (+1,2%).

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(Expansión, 24-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La inversión supera los 300.000 millones anuales

La inversión comenzó a disminuir en 2010, sufrió un fuerte retroceso en 2020 y no ha logrado recuperar los niveles previos a la pandemia hasta 2024. Esta es la principal conclusión del informe elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA. Según el estudio, la inversión bruta total en España aumentó un 2,1% en términos reales en 2024, alcanzando los 306.748 millones de euros. Con este crecimiento, la inversión encadena cuatro años consecutivos al alza y, por primera vez, se sitúa en niveles anteriores al impacto del Covid-19. A pesar de esta evolución positiva, el informe advierte que el esfuerzo inversor, medido como la inversión total en relación con el PIB, descendió ligeramente hasta el 19,3%, una cifra aún inferior a la de 2019. Los expertos señalan que este porcentaje es menor al registrado en años anteriores, cuando superaba el 20% y se asemejaba al de otras economías avanzadas. De hecho, en 2007, la inversión rozaba el 30%, según los datos del estudio. El informe también destaca que la inversión no se distribuye de manera uniforme ni en su origen ni en su destino, con ciertos sectores arrastrando un déficit de inversión desde hace décadas. La inversión pública, impulsada por los fondos europeos de los NGEU, ha crecido un 40% entre 2019 y 2024, alcanzando los 34.868 millones de euros y superando los niveles prepandemia. En contraste, la inversión privada, que representa el 90% del total, aunque creció un 1,7% en términos reales en 2024, aún no ha recuperado el nivel de 2019, situándose un 3,5% por debajo del valor previo a la pandemia. Uno de los aspectos analizados con especial detalle en el estudio es la evolución de la inversión en infraestructuras. Se concluye que la crisis de 2008, tras un período inicial de fuertes inversiones, provocó un desplome en este ámbito. Las medidas de ajuste para reducir el déficit público llevaron a una caída del 31,3% en la inversión en infraestructuras en 2010, y no fue hasta 2021 cuando comenzó a recuperarse. Aunque la participación del sector privado en la inversión en infraestructuras ha aumentado significativamente desde 1995-pasando del 15% al 29% en 2024-, ha sido la inversión pública, apoyada por los fondos europeos, la que ha liderado la recuperación en los últimos años. Sin embargo, los analistas advierten que el nivel de inversión en infraestructuras sigue siendo muy bajo: en términos reales, se encuentra un 17,6% por debajo del nivel de 1995 y un 63% por debajo del pico alcanzado en 2009. El sector más afectado ha sido el de las infraestructuras hidráulicas. La inversión en este ámbito ha disminuido un 42% desde 1995, con la mayor caída entre 2009 y 2018, cuando se redujo en un 75%. Desde entonces, ha habido una recuperación acumulada del 57,4%, con un incremento del 2,4% en 2024 hasta alcanzar los 2.695 millones de euros. No obstante, esta cifra sigue estando un 42% por debajo del nivel de 1995. Como resultado de la escasa inversión en infraestructuras hidráulicas, el stock de estas infraestructuras es un 4,6% inferior al registrado antes de la crisis económica, y su peso en el total de infraestructuras se mantiene estancado en el 15%. Según el informe del Ivie publicado a comienzos de este año, este estancamiento es una de las razones por las que la DANA de octubre tuvo un impacto tan grave en Valencia.

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(Expansión, 21-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Madrid captó 24.700 millones de inversión extranjera en 2024 frente a los 4.900 de Cataluña

En un contexto de sólido crecimiento en España durante 2024, con un incremento del PIB del 3,2%, en contraste con la debilidad económica generalizada en las principales economías de la eurozona e incluso con Alemania sumida en su segunda recesión consecutiva, la inversión extranjera encontró en nuestro país un destino atractivo. Sin embargo, esta inversión se concentró mayoritariamente en Madrid, que continúa siendo el principal polo de atracción para el capital foráneo interesado en el mercado español. El año pasado, España registró una inversión extranjera bruta de 36.813 millones de euros, de los cuales 24.704 millones se dirigieron a la Comunidad de Madrid, lo que representa más del 67% del total, según los datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio, adscrita al Ministerio de Economía. Estos datos consolidan a Madrid como el destino preferido por los inversores internacionales, impulsado por una política de reducción progresiva de impuestos, libertad comercial y horaria, simplificación de trámites administrativos y estabilidad política e institucional. Este conjunto de factores ha contribuido a generar un entorno favorable para la actividad empresarial y a atraer tanto inversión extranjera como nacional. La captación de inversión en Madrid quintuplicó la de Cataluña, que en 2024 recibió 4.922 millones de euros, lo que representa el 13,4% del total. Cataluña sigue lidiando con las consecuencias del proceso independentista, que generó desconfianza entre los inversores extranjeros durante años. No obstante, el nuevo Govern liderado por Salvador Illa busca revertir esta situación mediante una estrategia de "normalización institucional" y un plan de inversión a cinco años para dinamizar la economía catalana y competir con Madrid, que desde 2018 la superó como principal motor económico del país. Madrid y Cataluña concentraron juntas más del 80% de la inversión extranjera en 2024, con un total de 29.626 millones de euros. Las quince comunidades restantes compartieron los 7.187 millones restantes, menos del 20% del total. Tras Madrid y Cataluña, la Comunidad Valenciana se posicionó como el tercer destino de inversión extranjera directa, con 1.105 millones de euros (3% del total), seguida por el País Vasco, con 1.069 millones (2,9%); Aragón, con 912 millones (2,5%); y Andalucía, con 837 millones (2,3%). A comienzos de 2024, el Gobierno modificó la metodología para calcular la inversión extranjera directa, incluyendo la financiación intragrupo de compañías foráneas con presencia en España. Hasta ese momento, solo se contabilizaban las inversiones en capital y patrimonio. Este cambio ha provocado un notable aumento en la cifra total registrada. Con la nueva metodología, los 36.813 millones de euros registrados en 2024 reflejan un incremento del 18,9% respecto a 2023. Sin embargo, si se excluye la financiación intragrupo (5.995 millones), la inversión extranjera habría mostrado una leve disminución del 0,4% (equivalente a 142 millones de euros). Este ajuste metodológico ha beneficiado principalmente a Madrid, sede de numerosas multinacionales, que sumó 5.172 millones de euros adicionales, y en menor medida a Cataluña, que añadió 317 millones. Aun sin considerar la financiación intragrupo, Madrid habría concentrado más del 63% del total, con 19.632 millones de euros sobre un total de 30.818.

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(El País, 21-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La compraventa de viviendas logra su mejor enero en 17 años, con 60.650 operaciones, un 11% más

La compraventa de viviendas experimentó en enero un incremento del 11% en comparación con el mismo mes de 2024, alcanzando un total de 60.650 transacciones. Se trata de la cifra más elevada para un mes de enero desde 2008, cuando, en plena burbuja inmobiliaria, se registraron más de 61.800 operaciones, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este nuevo aumento, el mercado de compraventa de viviendas suma siete meses consecutivos de crecimiento interanual, aunque el avance de enero de 2025 ha sido considerablemente menor que el de diciembre de 2024, que alcanzó un 37,7%. El incremento interanual de la compraventa de viviendas se debe tanto al aumento de las transacciones de pisos nuevos, que crecieron un 30,9% hasta sumar 14.164 operaciones, como al de las viviendas de segunda mano, que registraron un alza del 6,1%, alcanzando las 46.486 compraventas. Del total de viviendas vendidas en enero, el 93% correspondió a inmuebles de tipo libre, mientras que el 7% fueron viviendas protegidas. En detalle, la compraventa de viviendas libres subió un 11% en comparación con el año anterior, sumando 56.418 operaciones, mientras que las viviendas protegidas aumentaron un 10,5%, con un total de 4.232 transacciones. En términos mensuales (enero de 2025 frente a diciembre de 2024), el volumen de compraventas se disparó un 20,5%, con un incremento del 24,5% en las viviendas nuevas y del 19,3% en las usadas. Por regiones, Andalucía lideró el número de compraventas de viviendas en enero, con 11.954 transacciones, seguida por Cataluña (9.641), la Comunidad Valenciana (9.392) y Madrid (7.102). Excepto Cantabria, todas las comunidades autónomas registraron un mayor número de operaciones respecto a enero de 2024. Los aumentos más significativos se observaron en La Rioja (+24,4%), Canarias (+22,7%), Asturias (+21,8%), Castilla-La Mancha (+18,8%) y Madrid (+14,4%). En contraste, los crecimientos más moderados se dieron en Navarra (+1%), Castilla y León (+4,8%) y Cataluña (+6,7%). Cantabria fue la única comunidad que registró una caída interanual en la compraventa de viviendas, con un descenso del 10,3%. En cuanto a la transmisión de fincas inscritas en los registros de la propiedad tras escrituras públicas previas, enero de 2025 contabilizó 200.987 operaciones, un 3,7% más que en el mismo mes de 2024. Las compraventas de fincas en general aumentaron un 8,4% interanual, mientras que las transmisiones por donación crecieron un 10,9%. Por otro lado, las herencias disminuyeron un 2,1%, y las operaciones de permuta subieron un 11,2%. Del total de compraventas registradas en enero, el 88% correspondió a fincas urbanas, dentro de las cuales se incluyen las viviendas, y el 12% a fincas rústicas. Las transacciones de fincas urbanas crecieron un 10,3% respecto al año anterior, alcanzando las 103.843 operaciones, mientras que las compraventas de fincas rústicas descendieron un 4%, con un total de 14.130 transacciones.

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