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(Expansión, 03-03-2021) | Sector

El Consejo de Ministros aprueba un nuevo Estatuto General de la Abogacía

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española que entrara en vigor el próximo 1 de julio y que sustituye al vigente que data de hace 20 años. El texto regula las condiciones de colegiación de los profesionales de la abogacía y las normas generales de funcionamiento de los colegios de abogados y de su Consejo General. Según comunicado del Ministerio de Justicia, el nuevo texto se adecúa a la legislación posterior a la aprobación del actual Estatuto, de 2001. Legislación que tiene una gran incidencia en el ejercicio de la profesión, como las leyes de transposición de la Directiva de Servicios, la ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, y la ley de sociedades profesionales. El nuevo Estatuto introduce la obligatoriedad de que los consejos y colegios de la abogacía ofrezcan una amplia difusión de sus servicios y de su trabajo a través de su web, y, según la nota, somete el gobierno de los colegios "a los principios de democracia, autonomía y transparencia". También recoge el derecho y el deber de los profesionales a la formación continuada y especializada, y regula también la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la provisión de los órganos colegiales, y promueve la conciliación de la vida familiar y profesional. Asimismo, el nuevo texto regula los deberes de los profesionales de la abogacía con sus clientes, cumpliendo no solo con el deber de atención de manera diligente en el asesoramiento o defensa, sino también con obligaciones de transparencia. Para los consejos y colegios, se pone en marcha la ventanilla única de los colegios, para ofrecer, de forma clara y gratuita, información a los consumidores y usuarios. Destaca también la preocupación por fomentar un elevado nivel de calidad de los servicios prestados, así como su constante mejora. Otro punto clave es el nuevo régimen de responsabilidad disciplinaria, mediante el que la organización colegial vela por la ética y la dignidad profesional y por el derecho de los particulares, recogiendo sanciones por el incumplimiento de sus obligaciones. La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Victoria Ortega, se ha felicitado este martes por la aprobación por el Consejo de Ministros del nuevo Estatuto de la Abogacía, que regula las condiciones de colegiación de los profesionales de la abogacía y otros aspectos como la publicidad, el secreto profesional o las actuaciones telemáticas de los letrados. Entrará en vigor el próximo 1 de julio. En una rueda de prensa convocada de urgencia, tras conocer que el proyecto era llevado por fin a aprobación por el Gobierno, Ortega ha manifestado que hoy "es día de fiesta" por la aprobación de un proyecto que comenzó su andadura en 2013 y que coloca a las abogadas y abogados españoles "a la vanguardia de las abogacías europeas". Entre los aspectos centrales, Ortega ha aludido a la regulación del secreto profesional, a la puesta al día en el ámbito de la formación, que será continuada de forma obligatoria, y a la exigencia de que la labor de los abogados se rija por los principios de transparencia y responsabilidad en la relación con los clientes (en relación con los costes y la posibilidad de obtención de resultados) y también de cara al exterior, a través de la elaboración de memorias de actividad de los colegios.

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(Expansión, 02-03-2021) | Sector

El ministro de Justicia asegura que no descansará hasta que el acuerdo sea "una realidad"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha apelado a la "generosidad" para que "en poco tiempo" pueda haber un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los otros órganos constitucionales en la misma situación de interinidad, subrayando que "no es momento de reproches". "Hoy podía haber sido un día importante, un día sólido para el fortalecimiento de nuestras instituciones, y muy en particular lo que a Justicia se refiere. No ha sido posible", ha dicho en alusión al acuerdo que estuvo a punto de alcanzarse la semana pasada sobre los nuevos vocales del CGPJ pero que ha descarrilado por el veto del PP a los candidatos impulsados por Podemos. Campo ha considerado que "no es momento de reproches", sino de "invocar la necesaria y obligada generosidad que hemos de tener para fortalecer el estado de Derecho", ha señalado durante la inauguración del Foro de Debate Legaltech, organizado por Legálitas y El Español. A este respecto, ha advertido de que "sin instituciones y sin la renovación de las mismas provocamos, queriéndolo sin querer, un debilitamiento de las instituciones y, por tanto, del estado Social y de Derecho". El ministro ha instado a hacer esta misma "reflexión" para que "en poco tiempo podamos tener las instituciones, tal y como pide nuestra Constitución, renovadas y vigorizadas y dando satisfacción en sus contenidos para que la convivencia dé de sí lo que tiene que dar". "Ya tenemos bastantes problemas con la pandemia y con la crisis social y económica que nos está generando, por tanto, creo que es bueno invocar esa generosidad. Los que me conocen saben que no descansaré para que eso sea una realidad", ha remachado.

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(ProDespachos, 26-02-2021) | Sector

Un ciberataque secuestra los archivos de decenas de despachos profesionales de Lérida y más de un centenar en Cataluña

Unos 60 despachos profesionales, la mayoría de ellos de Lleida, tienen intención de presentar una denuncia conjunta por el ciberataque que han sufrido y que ha supuesto el secuestro de sus datos y los de sus clientes, como avanzó SEGRE ayer. El ciberataque se produjo el pasado miércoles 17 de febrero en la plataforma de Enuve, que ha encriptado servidores y copias de seguridad. ECIJA está coordinando la defensa de las firmas y empresas. Son empresas que habían contratado estos servicios a Esofitec, una firma de Lleida distribuidora de los servidores cloud de Enuve, que es propiedad de Outenuve, perteneciente al grupo Abast. Esofitec, que ya lo ha denunciado ante los Mossos d’Esquadra, tenía allí contratados los servicios de alojamiento de escritorio remoto de sus clientes, asesorías y empresas. Entre los afectados hay asesorías, gestorías o bufetes de Cataluña, gran parte de ellas de Lleida y de Aragón. El servidor en la nube ha sufrido un ataque ransomware (denominado Ryuk v4 Zero Day) y los ciberdelincuentes han pedido un cuantioso rescate para desencriptar los datos. De esta forma, no se pueden hacer nóminas, impuestos, facturas o informes contables, entre otros muchos trámites. A los afectados no les comunicaron ayer ninguna novedad. Si eres un despacho que se ha visto afectado por este incidente, te informamos que puedes unirte al colectivo de más de 60 despachos de toda España que se ha unido para efectuar una demanda colectiva y defender sus intereses ante los diferentes frentes abiertos, Hacienda, Seguridad Social, Agencia Protección de Datos, Responsabilidad Civil entre otras contingencias. Esta asociación se ha puesto en manos de la firma de abogados ECIJA.

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(Expansión, 26-02-2021) | Sector

El pleno del CGPJ renuncia a hacer nombramientos

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha retirado, con el apoyo de la mayoría de sus vocales, el punto de su orden del día sobre la designación de ocho vacantes en varios tribunales -entre ellos, tres en el Supremo-, en espera de que pueda alcanzarse un inminente acuerdo parlamentario para renovar el órgano, en funciones desde diciembre de 2018. Así lo han señalado fuentes de la institución, que recuerdan que los nombramientos fueron incluidos por el presidente Carlos Lesmes a petición de ocho de los vocales después de que éste decidiera no incluir la designación de las vacantes el pasado lunes. Para algunos vocales se trata de la última oportunidad de realizar nombramientos antes de que el próximo 11 de marzo se apruebe en las Cortes la polémica reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, que limita esta capacidad a los Consejos que se encuentren en funciones, como es el actual. Los ochos vocales que realizaron la propuesta de pertenecen tanto al bloque progresista como al conservador. Se trata de José María Macías, Vicente Guilarte, José Antonio Ballestero, María Ángeles Carmona, Gerardo Martínez-Tristán, Roser Bach, Enrique Lucas y María Victoria Cinto y conforman el grupo de los que vienen apoyando las designaciones en los últimos meses, todas ellas aprobadas con un amplio consenso. Todos los nombramientos de cargos judiciales que se han aprobado durante el tiempo que el CGPJ lleva en funciones se han realizado con el voto a favor de la mayoría de los vocales, algo que podría no darse en la reunión de mañana según las fuentes consultadas. Los cargos en cuestión son los siguientes: dos nuevos magistrados de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo -vacantes por la jubilación de sus dos titulares- y otro en la Sala de lo Social del alto tribunal. También pretendían nombrar a los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de Canarias y País Vascos y de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca, además de un magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

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(Expansión, 24-02-2021) | Sector

Juan Carlos Campo promete reactivar la justicia universal, sin poner fecha

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha prometido reactivar la justicia universal, cercenada en 2014, pero ha evitado poner fecha a una reforma que, ha recordado, está en el pacto de gobierno del PSOE y Podemos. En el pleno del Senado, el parlamentario del PNV Imanol Landa le ha instado acometer en esta legislatura una reforma que "posibilite una justicia universal completa y plena, sin limitaciones y sin cortapisas", aunque Campo ha dejado entrever que será complicado regresar a la situación previa a 2009. Ese año el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recortó la jurisdicción universal para que sólo pudieran enjuiciarse los delitos de genocidio o lesa humanidad cuando las víctimas o los presuntos autores fueran españoles y la reforma de 2014, impulsada por el PP, exigió que los autores fueran españoles o estuvieran en España. Esta última reforma supuso el archivo de la mayoría de los casos abiertos y hasta el PP se avino en 2018 a corregirla, pero ninguna iniciativa llegó a ver la luz. El titular de Justicia ha reconocido que la regulación actual es "ciertamente deficitaria", pero no ha querido poner fecha a la reforma y ha hecho hincapié en que muchos de los proyectos legislativos en marcha refuerzan también la protección jurídica internacional. El senador del PNV, por su parte, la ha recordado que durante muchos años el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permitió investigar "crímenes horrendos" en países como Chile, Guatemala o China, se convirtió en una referencia en la lucha contra la impunidad. En su opinión, ha llegado el momento de volver a abrir "esa ventana a la esperanza de una justicia global "se produzca donde se produzcan y sean quienes sean los victimarios y las víctimas".

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(Expansión, 23-02-2021) | Sector

El CGPJ paraliza ocho nombramientos ante las negociaciones

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha acordado no incluir en el orden del día del pleno que se celebra este jueves ocho nombramientos debido a las nuevas negociaciones que se están llevando a cabo entre el Ejecutivo y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Según han informado fuentes del CGPJ, Lesmes ha decidido no llevar al próximo pleno estos nombramientos ante la posibilidad de que el PSOE y el PP anuncien un acuerdo para renovar la institución. Así, estaría en coherencia con la postura que ya mantuvo en enero y julio del año pasado cuando también parecía que iba a haber de forma inminente un acuerdo para renovar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces. El presidente del CGPJ también habría tenido en cuenta la división que existe dentro del seno del Pleno, ya que no todos los vocales están de acuerdo en hacer nombramientos de cargos discrecionales. Las mismas fuentes apuntan que todos los nombramientos de cargos judiciales que se han aprobado durante el tiempo que el CGPJ lleva en funciones -desde el 4 de diciembre de 2018- se han realizado con el voto a favor de la mayoría de los vocales, algo que podría no darse en la reunión del jueves. El Pleno tenía previsto designar a dos nuevos magistrados de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo -vacantes por la jubilación de sus dos titulares- y otro en la Sala de lo Social del alto tribunal. También pretendían nombrar a los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de Canarias y País Vascos y de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca, además de un magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Lo que sí irá al Pleno es el debate de la propuesta de informe sobre el Anteproyecto de Ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual -conocida como la del ´´solo sí es sí´´- sobre el que ya se han adelantado algunas observaciones críticas. Según informó el CGPJ en un comunicado, los ponentes de este informe no están de acuerdo con la definición de consentimiento que se realiza en la redacción del texto. La consideran "innecesaria" porque, según explican, en materia de delitos contra la libertad sexual, el Código Penal vigente "ya se asienta sobre la idea de consentimiento", aunque no incluya una definición del concepto. Asimismo, muestran sus dudas sobre la unión en una misma tipificación de delito el abuso y la agresión sexual, uno de los principales debates que desencadenó el juicio del caso de La Manada de Pamplona.

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(Cinco Días, 23-02-2021) | Sector

Los laboralistas marcan el paso en los grandes bufetes

A diferencia de otras compañías del sector servicios, los grandes despachos de abogados están logrando mantenerse a flote e incluso aumentar su actividad en medio de la tormenta económica desatada por la pandemia. El fenómeno se explica, en parte, por el aluvión de consultas legales que han generado las sucesivas medidas aprobadas por el Gobierno para contener el desplome de la economía, como los ya populares expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la ley del teletrabajo. En vista de la importancia que han adquirido los asuntos laborales, la mayoría de bufetes y consultoras (big four) han movido ficha, aumentando el número de profesionales dedicados a esta práctica jurídica. Es el caso de Garrigues y Cuatrecasas, que han incorporado a diez y cuatro nuevos letrados, respectivamente, desde febrero de 2020. Otras firmas, como PwC Tax & Legal, EY Abogados y Ecija, han hecho una apuesta todavía más decidida por desarrollar su múscu­lo laboral, en términos relativos, con un crecimiento de plantilla superior al 20%. Por su parte, Uría Menéndez y Baker McKenzie, se han mantenido tal y como estaban hace 12 meses. Estas cifras, permiten llegar a dos conclusiones en opinión de Javier Avilés, responsable de la división legal de Catenon, empresa internacional dedicada a la selección de personal. La primera de ellas es que, en menos de un año, las áreas de laboral han pasado de desempeñar un rol “transversal” (o prestar apoyo a otras secciones más boyantes en épocas de bonanza, como M&A y mercantil) a atraer clientes y “generar negocio por sí mismas”. La segunda reflexión que hace Avilés no es menos relevante: los bufetes han tratado de salir del paso haciendo uso de su propia estructura, pero se han ido concienciando de que la recesión va para largo y han empezado a contratar personal, "especialmente aquellos que no contaban con departamentos de laboral muy potentes”. Los movimientos estratégicos de los pesos pesados del sector legal empiezan a trasladarse al mercado de trabajo. De hecho, según un reciente estudio de Adecco Group Institute, el perfil laboralista será uno de los más cotizados en 2021. El cazatalentos y fundador de B-Lawyer, Borja Suárez, subraya que, si bien es cierto que la demanda de especialistas está aumentando, la remuneración media que perciben estos profesionales sigue prácticamente en los mismos niveles de 2019, como refleja un estudio de Signium publicado hace apenas dos semanas. “Lo que sí ha habido es un aumento de facturación y con ello un incremento de lo percibido en régimen variable, pero los salarios base se han mantenido estables”, precisa. Suárez vincula la estabilidad en los sueldos al hecho de que las firmas “no se hayan lanzado a contratar en masa a juniors y becarios ante el temor de sobredimensionar sus plantillas a largo plazo”. Más bien, explica, han optado por reforzar sus cuadros medios y altos a través de fichajes y rotaciones puntuales. Es decir, que prefieren a abogados senior que trabajen en boutiques legales o en la competencia y que cuenten con una experiencia “de al menos seis años en gestión de equipos”. El perfil trazado por el headhunter tiene mucho que ver con las dinámicas de trabajo que se han impuesto en los departamentos de laboral tras la irrupción del coronavirus: se necesitan juristas que puedan incorporarse rápidamente a sus puestos sin necesidad de pasar por un largo periodo de formación.

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(Expansión, 21-02-2021) | Sector

Principio de acuerdo entre PSOE y PP para renovar las instituciones del Estado con Podemos al margen

El PSOE y el PP han alcanzado un principio de acuerdo para la renovación de distintas instituciones del Estado, incluido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas e incluso RTVE. Y todo con Podemos, socio de Gobierno de los socialistas, inicialmente, al margen. Según confirman fuentes próximas a la negociación, existiría así ya un acuerdo total para la renovación del Poder Judicial. De hecho, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, admitió ya el pasado jueves en declaraciones a la Cadena SER que se iba a alcanzar un acuerdo "más pronto que tarde", asegurando que el PP no tenía ya "ni más excusas ni más fechas". Para lograr el acuerdo el PSOE habría aceptado dejar aparcada su propuesta para reformar la elección de los vocales rebajando la mayoría de votos en el Congreso y el Senado para no tener que contar con el principal partido de la oposición, tal y como sigue reclamando Podemos. Hasta ahora, la coalición de Gobierno defendía, además, "limitar las decisiones adoptadas por un CGPJ saliente, cuyos miembros han excedido el periodo constitucional de mandato" con el objetivo de impedir que estando en funciones se pudiera nombrar al presidente del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o de los magistrados del Constitucional. En este punto, sí que habría alcanzado un acuerdo, sobre todo porque en el PP crecen también las voces que apuestan por la moderación para desmarcarse de Vox y dejar además lo más aislado posible a Podemos. Carlos Lesmes, que ocupa la presidencia en funciones del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial desde diciembre de 2018, sería uno de los candidatos del PP a ser magistrado del Constitucional, algo que el PSOE habría aceptado. Como también habría dado el visto buen al Enrique Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional, actual letrado de las Cortes y ex vocal del CGPJ. Como Defensor del Pueblo sería nombrado, por su parte, Ángel Gabilondo, líder hasta ahora de los socialistas en la Comunidad de Madrid y que contaría con el visto bueno del PP. Igualmente, y siempre según las fuentes consultadas, existiría un acuerdo cerrado para la renovación del Tribunal de Cuentas y, aunque al margen del marco actual de las negociaciones, se habría alcanzado también un pacto en RTVE. Precisamente, auguran las fuentes gubernamentales consultadas, que el "primer hito" en la nueva relación que esperan haber iniciado con el PP tras la llamada de Sánchez a Casado se produzca la semana que viene con la designación de los nuevos consejeros de la Corporación de RTVE. En este sentido, fuentes populares recalcan que "puede haber acuerdo mañana si Sánchez cumple" con sus condiciones, que implican que Podemos no cuente para nada en la ecuación, la retirada de la reforma presentada por los partidos del Ejecutivo para cambiar las mayorías de elección del CGPJ y que haya un compromiso claro para avanzar hacia la "despolitización". Por ende, insisten en que la pelota está en el tejado de Sánchez y que "es el Gobierno el que tiene que decir" si el acuerdo está más cerca, pues eso implicaría que "van a aceptar nuestras condiciones". Y esas demandas, recalcan, "se mantienen", a pesar de que se traslada un mayor optimismo que en otras ocasiones fallidas a este respecto.

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(Expansión, 19-02-2021) | Sector

El Gobierno prevé un rápido desbloqueo del CGPJ, que el PP no ve inminente

El Gobierno no se plantea recuperar la reforma que planteó sobre la elección del Poder Judicial porque la existencia de las mayorías existentes en la actual legislación preserva la importancia de los órganos constitucionales. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha augurado que la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de otros órganos constitucionales pendientes puede desbloquearse pronto, algo que el PP no ve ni mucho menos inminente mientras el PSOE no saque a Unidas Podemos de la negociación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo este miércoles una conversación telefónica con el líder del PP, Pablo Casado, para retomar la renovación del CGPJ, una vez pasadas las elecciones en Cataluña. Después de esa conversación, Calvo ha asegurado en una entrevista en la SER que con los malos resultados cosechados en Cataluña el PP "ya no tiene ni más excusas ni más fechas" para avenirse al consenso y dejar de bloquear la renovación de las instituciones. Para la vicepresidenta, el PP ha tenido una situación muy complicada ante las elecciones catalanas, pero una vez que han pasado ese "rubicón", Casado debe hacer una reflexión directa de lo que ha ocurrido y del papel que le toca jugar. En cualquier caso, ha añadido Calvo, el Gobierno no se plantea recuperar la reforma que planteó sobre la elección del Poder Judicial porque la existencia de las mayorías existentes en la actual legislación preserva la importancia de los órganos constitucionales. Por contra, fuentes del PP han asegurado a EFE que el desbloqueo de las instituciones podría llegar mañana mismo siempre y cuando Pedro Sánchez cumpliera con las condiciones planteadas por el partido de Casado. Esto es, avanzar en la "despolitización de la Justicia" y que Unidas Podemos no esté en esa negociación sobre los órganos constitucionales, como el CGPJ o el Defensor del Pueblo, entre otros.

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(Cinco Días, 17-02-2021) | Sector

La AEPD sanciona a un letrado que abandonó documentación con datos personales junto a un contenedor

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con un apercibimiento a un abogado que arrojó a la basura documentación de su despacho que contenía datos personales. Entre los papeles se encontraban escrituras, poderes notariales, sentencias de órganos judiciales, fotocopias de DNI de clientes y testamentos. La agencia considera que el abogado es responsable de una infracción del artículo 32.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), tipificada en su artículo 83.4.a). Sin embargo, limita la sanción a una simple amonestación al considerar que la multa administrativa que pudiera recaer con arreglo a lo dispuesto en el RGPD constituiría una carga desproporcionada para el reclamado, sobre el que no consta la comisión de ninguna infracción anterior en materia de protección de datos. Los hechos tuvieron lugar en la isla de Gran Canaria, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) localizó junto a un contenedor de basura dos bolsas de plástico que contenían la documentación del despacho. A juicio de la AEPD, la responsabilidad del letrado viene determinada por una quiebra de seguridad en el tratamiento de los datos de los que era responsable. En tal condición, debería haber implementado de manera efectiva medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado, de forma que quedara asegurada la confidencialidad de los datos, así como su disponibilidad y la imposibilidad del acceso a los mismos en caso de incidente físico o técnico. La agencia recuerda que el RGPD no recoge un listado de las medidas de seguridad que deben aplicarse de acuerdo con los datos que son objeto de tratamiento, sino que establece que el responsable y el encargado del tratamiento deberán aplicar las medidas técnicas y organizativas que sean “proporcionadas y adecuadas” al riesgo que conlleve el tratamiento. Para ello, deberán tenerse en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, el alcance, contexto y finalidades del tratamiento de los datos, entre otros. En consecuencia, la agencia impone al afectado la obligación de adoptar esas medidas necesarias y pertinentes.

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