El grupo de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión Europea que "detenga" la reforma que impulsa el Gobierno para limitar los poderes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no sea renovado. En una carta la eurodiputada Maite Pagazaurtundua se dirige a jefa del Ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen, para que actúe ante la idea de tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para limitar las funciones órgano de gobierno de los jueces.
El trámite se llevará a cabo, por tanto, sin contar con la opinión de los jueces ni de la Comisión de Venecia, ha insistido la eurodiputada naranja. "El rechazo a escuchar la posición del CGPJ o de la Comisión de Venecia no sólo demuestra la peligrosa deriva que está tomando el gobierno de coalición, sino también la intención de inocular progresivamente el miedo al cuerpo judicial", ha alertado.
Pagazaurtundúa explica a Bruselas que la "contrarreforma" que pretende llevar a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "debilita la separación de poderes, genera desconfianza en el ciudadano y daña la imagen de la justicia en España". Hace unos meses, Bruselas ya advirtió al Gobierno de España que cualquier reforma del CGPJ debe ser consultada con la oposición y organismos como la Comisión de Venecia e insistió en que, en ningún caso, la independencia judicial se debe ver comprometida.
La carta detalla la situación judicial del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, para añadir que la reforma es una maniobra con intención de protegerle de su horizonte judicial. "Los diversos casos judiciales abiertos que van cercando al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias hacen pensar en que la estrategia de alejar al poder judicial de la toma de decisiones busca además protegerse", ha apuntado.
Pagazaurtundua ha añadido que la Justicia estudia las amenazas de muerte contra el juez Manuel García-Castellón cuando pidió al Tribunal Supremo que investigara a Iglesias, y ha recordado las "muestras del desprecio" a los jueces por parte de miembros de Podemos. Por último, en una pregunta parlamentaria que acompaña a la carta, Ciudadanos señala a la Comisión si incluirá este caso en el informe anual sobre la situación del Estado de Derecho en España.
La Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y de Unidas Podemos, ha aceptado este miércoles tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para limitar las funciones al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras no sea renovado, y también ha rechazado recabar informes consultivos sobre esa modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El PSOE y Unidas Podemos, autores de la proposición de ley, ya habían recabado el apoyo de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias para reunir la mayoría absoluta necesaria para forzar que se habilitase el mes de enero para poder avanzar con la reforma.
Pero también pidieron, antes de las Navidades, que la reforma se tramitase por la vía de urgencia, lo que implica reducir todos los plazos a la mitad. Esta segunda decisión debía ser aceptada por la Mesa de la Cámara, que así lo ha decidido este miércoles gracias a los seis votos de los dos grupos del Gobierno, que se han impuesto a los tres representantes de PP y Vox, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias. Aprobada la tramitación por la vía de urgencia, se ha fijado un primer plazo de ocho días hábiles para la presentación de enmiendas a la proposición de ley, un trámite que estaba pendiente desde que fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado 15 de diciembre.
Los grupos que se oponen a la reforma tendrán ahora una segunda oportunidad para intentar frenarla pidiendo prórrogas o presentando una enmienda de totalidad con texto alternativo, lo que obligaría a celebrar un nuevo debate en el Pleno, ya en febrero. En la reunión de la Mesa del Congreso también se han rechazado, con los votos del PSOE y de Unidas Podemos, los escritos del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) y del PP para que la Cámara pidiera informes consultivos0 sobre la reforma.
Y es que, si esta revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial se hubiera impulsado desde el Gobierno, mediante un proyecto de ley, el Ejecutivo tendría que haber solicitado informe al Consejo de Estado y también al propio CGPJ, pero ese trámite no es legalmente necesario si se utiliza la vía de la proposición de ley. El pasado 17 de diciembre, el propio CGPJ, con el voto de 16 de sus 21 vocales -todos ellos pendientes de renovación desde hace dos años-, pidió al Congreso emitir una opinión sobre la reforma por afectar "al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial".
El CGPJ reconoce que la petición de un informe de este tipo es "potestativa" en el caso de las proposiciones de ley, pero incide en que no puede obviarse su opinión porque, cualquier iniciativa que delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros de su órgano de gobierno debe tramitarse "dando audiencia a todos los sectores implicados".
Los letrados del Congreso no cierran la puerta a que la Cámara pida un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la reforma planteada por el PSOE y Unidas Podemos para limitar sus funciones mientras no sea renovado. Eso sí, los servicios jurídicos creen que la decisión de recabar o no informes sobre la iniciativa no corresponde a la Mesa que preside Meritxell Batet, sino a la Comisión de Justicia y a los grupos parlamentarios.
La Mesa del Congreso estudiará este miércoles el requerimiento que le hizo el pasado 17 de diciembre el órgano de gobierno de los jueces para poder opinar sobre esa proposición de ley, así como un escrito que, en el mismo sentido, registró el PP.
Si esta revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial se hubiera impulsado desde el Gobierno, mediante un proyecto de ley, el Ejecutivo tendría que haber solicitado informe al Consejo de estado y también al propio CGPJ, un trámite que legalmente no es necesario si se utiliza la vía de la proposición de ley.
En su acuerdo, aprobado por 16 de los 21 miembros del CGPJ, este órgano reconoce que la petición de un informe de este tipo es "potestativa" en el caso de las proposiciones de ley, pero incide en que no puede obviarse su opinión porque se trata de una modificación que afecta "al núcleo esencial de las competencias que la Constitución le atribuye expresamente en garantía de la independencia judicial".
A su juicio, con independencia de su origen, cualquier iniciativa que delimite los aspectos esenciales del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecte al estatuto o a las funciones de los miembros de su órgano de gobierno debe tramitarse "dando audiencia a todos los sectores implicados".
Por eso solicitó al Congreso que recabe la opinión no sólo del CGPJ, sino también de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (la Comisión de Venecia del Consejo de Europa), así como a las asociaciones judiciales, de fiscales, los Consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las Comunidades Autónomas.
Y tras el acuerdo el CGPJ, el Grupo Popular registró una solicitud similar ante la Mesa asegurando que la reforma promovida por PSOE y Unidas Podemos es "manifiestamente inconstitucional". A su juicio, la "maniobra" de tramitarla como proposición de ley y no como proyecto de ley, aunque es "legítima", "evidencia claramente que de lo que se trata es de imponer un gobierno de los jueces ideológico, no profesional e independiente, formado por personas con tendencia ideológica de izquierdas".
En su informe, los servicios jurídicos de la Cámara no entran en el contenido de la proposición de ley y no ponen trabas a que se pida la opinión del CGPJ, pero sí precisan que la decisión sobre pedir documentación o comparecencias sobre una iniciativa legislativa no es de la Mesa, sino de la Comisión de Justicia que preside la socialista Isaura Leal.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, volvió a reiterar hoy la necesidad de que los poderes públicos respeten la Constitución, para lo cual los jueces tienen una responsabilidad. Esas manifestaciones las realizó Lesmes ante los 171 alumnos que se incorporan hoy a la Escuela Judicial tras haber superados las distintas pruebas de la oposición. Esta nueva promoción de jueces está integrada por 45 hombres y 126 mujeres, de modo que éstas representan el 73,7 por ciento del total, un porcentaje ligeramente superior al de la promoción anterior (71,3 por ciento).
En su intervención, realizada desde el CGPJ por vía telemática, Lesmes dejó claro las líneas que deben marcar su actuación como futuros integrantes de la Carrera judicial: “Nuestro compromiso es con la defensa de los valores del Estado de Derecho, entre los que sin duda debemos destacar la existencia de una Justicia independiente que, con los instrumentos que le proporciona el ordenamiento jurídico, resuelva todas las controversias que se le susciten y asegure el respeto a la Constitución y a la Ley por parte de los poderes públicos”.
Durante su discurso de inauguración del nuevo curso de la Escuela Judicial, Lesmes animó a los alumnos a afrontar su formación “como un gran reto, con ilusión renovada y sin perder de vista la gran misión que vais a desempeñar y, sobre todo, a los destinatarios de la misma, que son los ciudadanos”.
“No olvidemos que detrás de cada expediente, de cada caso, hay personas, familias, que esperan con impaciencia y confianza la resolución de sus conflictos. No les podemos fallar”, añadió al respecto el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo.
El presidente del Poder Judicial ha explicado que, debido a la situación de crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus, el CGPJ y la Escuela Judicial han querido anticiparse a las eventuales dificultades que puedan seguir dándose, adoptando las medidas necesarias que garanticen el plan docente y la protección de la salud ante cualquier escenario.
Para ello se ha diseñado un programa formativo que plantea la impartición del curso en un doble formato: presencial, en las instalaciones de la sede de la Escuela Judicial en Barcelona; y virtual, a partir de metodologías interactivas, dinámicas y colaborativas.
Por su parte, el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez, ha destacado que “el ejercicio de la jurisdicción exige conocer el Derecho, pero no como ciencia abstracta, sino para su efectiva aplicación”, por lo que, añadió, “tenemos que daros herramientas para que podáis ejercer la jurisdicción dentro de nuestro Estado de Derecho y para que conozcáis y aprehendáis los principios deontológicos de esta profesión. Ese es el reto que tenemos quienes nos dedicamos a la formación de los jueces”.
El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dicho que "el PP se debe sentar ya con el Gobierno para renovar" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha recordado que lleva dos años esperando al líder del PP, Pablo Casado, para ello. Así lo ha manifestado Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros al ser preguntado por la renovación del órgano de gobierno de los jueces pendiente desde hace dos años.
"En un momento como éste es fundamental reforzar nuestras instituciones, y reforzar nuestras instituciones es renovarlas y cumplir con los mandatos constitucionales", ha añadido. Y ha agregado "Escucho al PP dar supuestas lecciones de constitucionalismo, pero es verdad que la Constitución la defiende por la mañana y por la noche la incumple. Si se es constitucionalista se es de pe a pa, del primero al último de los artículos".
Pedro Sánchez ha recordado que "la Constitución dice que cada cinco años hay que renovar el CGPJ" por lo que ha insistido en "mal que le pese al señor Casado y al PP se tiene que sentar con el Gobierno y dar cumplimiento a la Constitución si es que, como dicen ellos, son un partido constitucionalista". Ha asegurado que "el Gobierno ha tendido la mano a todas las formaciones políticas para renovar el CGPJ" y otros órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y Radiotelevisión Española (RTVE).
"Se va a renovar el próximo semestre muy probablemente, esperemos que sea así, en el Congreso de los Diputados la dirección de la corporación pública Radiotelevisión Española después de muchos años de bloqueo y esperamos renovar también el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional, que ya están fuera de mandato y están por tanto en funciones", ha indicado.
Respecto al CGPJ ha señalado que a través de una proposición de ley el Ejecutivo ha puesto en marcha "algo que era necesario", regular cuál es la capacidad que tiene el gobierno de los jueces para acordar nombramientos durante un periodo en el que está en funciones. "Por tanto creo que hemos demostrado una buena voluntad de llegar a un acuerdo con el PP y de respetar esa regla de tres quintos no escrita", ha comentado Sánchez respecto a la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar el nombramiento de vocales del CGPJ propuestos por la carrera judicial.
Sánchez estima que después de cinco procesos electorales el PP tiene que asumir "su condición de partido de la oposición y de minoría parlamentaria" y por tanto "ejercer una oposición útil y relevante para el bien de la nación y de los españoles". "Si tengo que entonar un mea culpa es precisamente no haber podido lograr esa total unidad en un tiempo tan convulso, complejo y dramático que hemos vivido con el PP", ha reconocido el presidente del Gobierno.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado que "antes del verano" España contará con una Ley de Eficiencia Digital que permitirá "una profunda transformación" y la celebración de juicios telemáticos, como una de las principales novedades de su proyecto de reforma normativa. Campo, durante una intervención ante los medios en su primera visita institucional a la Diputación de Cádiz, ha explicado que esta norma se enmarca en el Plan Justicia 2030, que contempla "reformas normativas ya aprobadas y otras que queremos poner en marcha en los próximos meses".
En su enumeración de cambios ya avanzados ha incluido los planes de choque para los juzgados de lo social y mercantil, con 50 millones de euros; la ley para medidas organizativas sobre el Covid-19 y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También ha detallado que su departamento ha impulsado la creación de 33 juzgados y la aprobación de 540 plazas nuevas de fiscales y jueces.
"Estamos transformando la justicia porque eso transforma el país", ha dicho el ministro, quien ha señalado como un paso futuro fundamental la apuesta por la "transformación digital" para conseguir la eficiencia "procesal, organizativa y tecnológica". En este contexto, ha anunciado que "habrá antes del verano una Ley de Eficiencia Digital, que permitirá celebrar juicios telemáticos impulsando una transformación fundamental y necesaria en el contexto actual". "La pandemia nos ha movido los muebles y es el momento de hacer la reforma para reorganizarlo todo", ha explicado Campo.
El ministro también cree que estas reformas favorecerán la Justicia como "elemento vertebrador" y auxilio ante la España vaciada porque permitirá que cada municipio cuente con oficinas judiciales, que "harán la vida más fácil de sus vecinos y les permitirá engancharse a esta transformación digital". Campo ha celebrado que se pueda cerrar el año con la aprobación de los presupuestos generales de 2021, que consolidan el "proceso de transformación del país en medio de una situación de pandemia, que podemos aprovechar como una oportunidad".
También ha destacado la importancia de los fondos europeos que potencian esas cuentas y de los que se beneficiarán algunos de estos planes en el ámbito de la Justicia.
Cinco vocales del sector progresista Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han apoyado que los 21 miembros del Pleno de este órgano que concluyeron su mandato hace más de dos años renuncien con efectos de 1 de enero de 2021 para obligar al Congreso y al Senado a llegar a los necesarios acuerdos para renovar la institución. La propuesta ha sido lanzada por el vocal designado a propuesta del PSOE Álvaro Cuesta y respaldada por Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo -todos ellos también designados por el partido mayoritario en el Gobierno- y Concepción Sáez, que lo fue por IU.
El contenido de esta enmienda será trasladado por Cuesta a un voto particular que apoyarán el resto de vocales señalados Son los mismos que han votado en contra del acuerdo apoyado por los otros 16 vocales de este órgano exigiendo al Congreso que recabe la opinión del Consejo de Europa antes de proceder a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que les impedirá hacer nombramientos discrecionales estando en funciones.
El Pleno también exige al Congreso poder informar sobre esta reforma, un trámite consultivo que se elude por la tramitación parlamentaria elegida para llevar la reforma a cabo, que es la de la presentación de una Propuesta de Ley por parte de los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno, explica Europa Press. Según el voto particular, renovar en el plazo legal las Altas Instituciones del Estado, y en concreto, el Consejo General del Poder Judicial "es un imperativo constitucional, un Derecho-Deber de las Cámaras Congreso y Senado, tal como en reiteradas ocasiones ha afirmado el Tribunal Constitucional".
Para los discrepantes, obstaculizar dicha renovación constituye "un grave atentado a la estabilidad del sistema democrático español, que contribuye al desprestigio de las instituciones democráticas y de los órganos constitucionales", además de un intento "artero e irresponsable de manipulación del Consejo General del Poder Judicial y de la Independencia del Poder Judicial. El voto abunda en argumentos que señalan que la pérdida de legitimidad y la no renovación en plazo genera un descrédito y una degradación de la Institución y frente a ello los vocales han venido realizando, "en general" una gestión muy Institucional, evitando "dar es espectáculo".
Por ello, entienden que deben evitar que las negociaciones para la renovación conviertan el órgano de gobierno de los jueces "en chivo expiatorio, o moneda de cambio, de la incapacidad de quienes son los auténticos responsables de no renovar en plazo su composición". "Quien bloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial, debe perder toda esperanza de sacar rédito político de su irresponsable conducta", añaden, en clara alusión al Partido Popular, aunque sin citarlo, que es el que está dando públicamente razones para no pactar a los nuevos vocales, señalando como obstáculo la presencia de Podemos en el pacto.
Añaden que condicionar la renovación de un órgano constitucional a la exclusión de miembros o Grupos en la participación en las decisiones de las Cámaras supone "un comportamiento arbitrario y un ataque a la esencia del sistema parlamentario". Estos vocales apuntan que, en todo caso, se precisa una nueva regulación "que defina qué competencias corresponden a un CGPJ prorrogado en funciones es un requisito de legitimación democrática y de adaptación a los cambios sociales y enfoques normativos de cada momento".
Los vocales recuerdan en su voto la sentencia del Tribunal Constitucional de 2016 que recalca que el CGPJ es una institución "no subordinada a los demás poderes públicos", por lo que sus vocales "no pueden ser vistos como "delegados o comisionados" del Congreso y del Senado, por más que a una y a otra de estas Cámaras corresponda, por imperativo constitucional, la designación de parte de aquéllos"
En cuanto al informe sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que el Gobierno elude al presentarla como Proposición de Ley impulsada por los grupos parlamentarios que los sustentan, estos vocales consideran deberían poder informar de todas las que afecten al ámbito Orgánico del Poder Judicial, de la Justicia y de los Derechos y Garantías Fundamentales. En este punto coinciden con la mayoría de sus compañeros, que incluyen esta idea en el acuerdo que ha sido votado de forma mayoritaria. A estos efectos bastaría, sino una leve modificación de la LOPJ, la modificación de Los Reglamentos Parlamentarios, Normas de interpretación, Resoluciones o Usos parlamentarios, indican.
Finalmente, recuerdan que la experiencia de bloqueos y retrasos en la renovación del CGPJ en distintas épocas como en el año 1996, en el año 2001, en el 2006 hasta el 2008, o en el año 2018 hasta la actualidad, tras 35 años de vigencia de la LOPJ, hace que sea necesaria su reforma, para regular el concepto y alcance de Consejo "en funciones", y una regulación más precisa y comprometida de los plazos y de la obligación de las Cámaras de poner en marcha los mecanismos de renovación.
Con 2.510 votos a favor, 249 en contra y 8 abstenciones, la Junta General del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), reunida ayer en sesión ordinaria y extraordinaria, ha aprobado con más de un 90 % de apoyo los presupuestos de la corporación para 2021. Además, la abogacía madrileña ha respaldado las cuentas del ejercicio 2019 con 2.501 sufragios a favor y 227 en contra.
Al final de un curso marcado por la transversalidad del impacto de la pandemia en los ámbitos profesional y personal de las personas colegiadas, el decano José María Alonso ha transmitido su apoyo a quienes más lo han padecido, recordando algunas de las medidas implementadas por el colegio para adaptarse a las nuevas circunstancias: desde la aprobación de una Convocatoria Extraordinaria para ayudas por el Covid-19 dotada con un millón de euros o el aplazamiento de la cuota colegial del segundo trimestre, hasta la bonificación al 50 % de los cursos de formación en línea o el acceso gratuito al Espacio Abogacía para atender dignamente a los clientes para aquellos colegiados y colegiadas afectados que lo hayan solicitado.
“Desde el colegio se ha hecho todo lo que hemos podido a lo largo de esta crisis”, ha explicado el decano tras guardar un minuto de silencio en recuerdo de las personas colegiadas y sus familiares fallecidos por el COVID. Tanto desde la Junta de Gobierno como desde el personal del ICAM, “se ha hecho lo necesario para minimizar el daño de esta tremenda pandemia entre la abogacía madrileña”, ha subrayado.
Alonso también ha destacado la entrega en tiempo récord de más de 7.300 certificados de movilidad durante las restricciones, o la entrega gratuita de equipos de protección individual para los letrados y letradas del Turno de Oficio en los peores momentos de la primera ola. Asimismo, desde el estallido de la pandemia el colegio ha dedicado mayores esfuerzos para ayudar a los jóvenes en la búsqueda y mejora de empleo y ha prestado una atención especial a los cerca de 4.000 colegiados mayores de 75 años.
Para seguir avanzando en el objetivo de situar a los colegiados en el centro de una institución útil que aporte valor añadido y contribuya a potenciar la presencia de la abogacía en la sociedad civil y ante las instituciones, la corporación contará en 2021 con un presupuesto de 29,7 millones de euros, en línea con los dos últimos ejercicios.
Sin incrementar las cuotas colegiales, que se mantienen congeladas un año más, la Junta de Gobierno apuesta por la tecnología como principal herramienta de desarrollo organizativo en el próximo año, con una dotación de 808.000 euros para proyectos tecnológicos como el expediente electrónico o la mejora de la APP móvil.
Ante el previsible impacto económico que la pandemia seguirá teniendo en los bolsillos de muchas de las personas colegiadas, el colegio destinará 1,9 millones de euros a prestaciones sociales y ayudas al desarrollo profesional para los abogados y abogadas con una situación más desfavorecida o a quiénes la crisis actual les haya afectado directamente. En el apartado de Formación, se prolongan las bonificaciones para los cursos a distancia, se incrementa la oferta formativa con diversos másteres en modalidad executive, además de ponerse en marcha la I edición del Máster de Acceso a la Profesión.
También se apuesta por la implementación de nuevas herramientas de Gestión del Conocimiento y se potencia el área de Defensa de la Abogacía para seguir detectando y solventando las dificultades con las que se encuentran las abogadas y abogados en su ejercicio profesional
Respecto a las cuentas anuales aprobadas con un amplio respaldo por los colegiados, el colegio cerró el ejercicio 2019 con un superávit de 283.551 euros. En el apartado de gastos, la suma alcanzada de 29 millones de euros supone un 2 % menos de la cantidad presupuestada, principalmente por la cancelación de las licencias y los servicios de infraestructura que precisaba el proyecto tecnológico anterior ya desestimado. En la esfera de los ingresos, se cerró el ejercicio con 29.362.040 euros, un 1 % menos sobre el presupuesto.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles anunciar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de un proceso selectivo para la provisión de un total de 300 plazas para alumnos de la Escuela Judicial, que posteriormente ingresarán en la Carrera Judicial; y para alumnos del Centro de Estudios Jurídicos, que se convertirán en miembros de la Carrera Fiscal con la categoría de abogado fiscal.
El acuerdo de la Permanente se produce después de que, el pasado 1 de diciembre, la Comisión de Selección propusiera al órgano de gobierno de los jueces y al Ministerio de Justicia las bases de la convocatoria de las pruebas selectivas en las que se recoge el temario, el contenido de los ejercicios y las demás normas complementarias.
Según explica el CGPJ en un comunicado, podrán tomar parte en la oposición los licenciados o graduados en Derecho que cumplan los siguientes requisitos: ser mayor de edad, tener la nacionalidad española y no haber incurrido en ninguna de las causas de incapacidad que recogen el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 44 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Asimismo, informa de que 15 de las 300 plazas se reservarán para ser cubiertas por personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que acrediten la compatibilidad para el desempeño de las funciones y tareas correspondientes. Las plazas no cubiertas por este turno serán cubiertas por el turno libre.
La oposición constará de tres ejercicios teóricos, todos ellos de carácter eliminatorio. El primero, que se desarrollará simultáneamente en Barcelona, Granada, Madrid y Valencia, consistirá en un cuestionario de 100 preguntas, con cuatro respuestas alternativas de las que solo una será correcta.
El segundo y el tercer ejercicio se realizarán en audiencia pública y consistirán en la exposición oral ante el Tribunal, en cada uno de ellos, de cinco temas extraídos de distintas materias del temario.
Por otra parte, la Comisión Permanente ha aprobado también la publicación en el BOE de la relación de los 171 aspirantes que, tras superar la primera fase del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 5 de julio de 2019, se incorporarán el próximo 11 de enero a la Escuela Judicial, ya con la condición de funcionarios en prácticas y conformando la LXXI promoción de jueces y juezas.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal, han señalado fuentes gubernamentales. Se trata de uno de los proyectos incluidos por Juan Carlos Campo en su agenda 2030 para la Justicia y contendrá medidas para adaptar la labor de los juzgados al "mundo digital", tales como la videoidentificación y medios alternativos para la resolución de conflictos que permitan desatascar los tribunales.
Esta ley, según ha explicado el titular de Justicia en distintos foros durante los últimos meses, integra el paquete legislativo que sienta las bases para la modernización de la administración de justicia. Hace una semana, el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, mencionó durante su intervención en el Senado como una "pieza clave" en el engranaje de la "nueva arquitectura de la administración de justicia" los 410 millones de euros que Justicia recibirá a lo largo de tres años de los fondos de la UE para la recuperación tras el coronavirus.
Así, explicó que 2021 será un año para preparar el terreno, con la aprobación de las leyes de eficiencia organizativa, procesal y digital, mientras que 2022 y 2023 serán para ejecutar el "grueso" del dinero europeo "de forma realista y coordinada". Parte de las nuevas medidas planeadas para esta ley se han ido incluyendo en los planes de choque puestos en marcha por el Ministerio frente a la situación creada en los juzgados por la crisis del Covid-19.
El objetivo fue el de agilizar la carga de trabajo en los juzgados y tribunales como consecuencia del parón por el Estado de Alarma del pasado 14 de marzo. La digitalización de la Justicia es uno de los retos históricos del Ministerio, por lo que Campo incluyó la modernización y transformación digital como uno de los tres ejes fundamentales en su Plan Justicia 2030. Según explicó en su comparecencia en la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, el objetivo es "ser más eficientes" y garantizar el acceso a la Justicia "en iguales condiciones, en cualquier parte del territorio".
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