El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 destina 72,4 millones de euros a la digitalización de órganos judiciales, una partida con la que se quieren implantar, por ejemplo, nuevos sistemas de videograbación y de transcripción automática de las vistas para cuando las sentencias se dicten oralmente.
El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, ha detallado este jueves en el Congreso las cuentas del departamento para 2021, con la transformación digital como uno de los grandes retos y dotada con un presupuesto global de 110 millones de euros (un 2% más).
La partida más voluminosa irá destinada a actualizar las bases tecnológicas de los sistemas de aplicaciones (35 millones). El Ministerio de Justicia apuesta también por continuar con los juicios telemáticos y la retransmisión en directo de las vistas, puestos en marcha este año por la pandemia, y por extender los servicios de cita previa en los juzgados.
En conjunto, el presupuesto de Justicia aumenta un 7%, pero los portavoces de la oposición han asegurado que no resuelven los problemas estructurales de España, con una justicia lenta y una ratio de jueces y fiscales por habitantes muy inferior a la media europea.
De los fondos europeos, Justicia recibirá 410 millones de euros en tres anualidades. El próximo año se invertirán sólo 27 de ellos, destinados a contar con infraestructuras digitales homogéneas en todo el Estado, extendiendo, por ejemplo, la cita previa y el teletrabajo.
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente han remitido al Consejo General del Poder Judicial una carta en el que solicitan que no se paralice la Justicia si se decretara un nuevo confinamiento. En su escrito las cuatro asociaciones indica lo siguiente:
"Ante las noticias de estas últimas horas que apuntan a un empeoramiento de los datos sobre contagio por Covid-19 en España y la posibilidad de que se acuerden nuevas restricciones de movilidad o, incluso, un segundo confinamiento domiciliario, desde las asociaciones firmantes hacemos un llamamiento al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia para que, aprendiendo de la experiencia acumulada durante estos meses de pandemia, las medidas que haya que adoptar en el ámbito de nuestro sistema judicial tengan en cuenta que:
La Justicia no puede parar. El derecho fundamental de los ciudadanos a obtener la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos no debe quedar suspendido por la declaración del estado de alarma. Esto supone que, además de asegurar que se atienden los asuntos urgentes e inaplazables, ha de procurarse que, en la medida de lo posible, no se paralicen los demás. Lo anterior no es incompatible con que se garantice debidamente la seguridad y la salud de todos cuantos trabajan, prestan servicios o se relacionan diariamente con los juzgados y tribunales.
Como consecuencia de los anteriores puntos, en el marco de las disposiciones legales actualmente vigentes debe garantizarse: que los juzgados y tribunales dispongan de medios adecuados para que las actuaciones judiciales se celebren, en lo posible, por medios telemáticos; que el personal de Justicia pueda trabajar desde sus domicilios para la tramitación de los asuntos; que, en aquellos casos en los que debido a las condiciones sanitarias no fuera posible desempeñar la actividad judicial en alguna sede u órgano judicial, existan espacios alternativos disponibles y personal de emergencia seleccionado para el caso; que en todas las sedes judiciales se disponga de los medios precisos para el adecuado cumplimiento de las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias.
Desde estas premisas, las asociaciones firmantes ofrecemos nuestra colaboración para diseñar los planes de actuación que se consideren necesarios a fin de afrontar esta situación de la manera menos perjudicial posible".
El Consejo General de la Abogacía Español (CGAE) ha presentado el informe Abogacía Futura 2021: Prospectiva de negocio emergente, que aborda las principales áreas de futuro en el negocio jurídico y supone una actualización del estudio presentado en el XII Congreso Nacional de la Abogacía en 2019.
Junto a temas como el blockchain, la inteligencia artificial o los objetos conectados, el documento realizado en colaboración con Braintrust y la Mutualidad de la Abogacía, también incluye otro campo de estudio, el envejecimiento de la población, en el que se analizan nuevas áreas de interés para el abogado.
La publicación explora los análisis, opiniones y hallazgos más recientes en las siete áreas que se analizan, y explica la aplicación de sus posibilidades a través de un conjunto de casos de actuación profesional diaria de los abogados y abogadas.
La presidenta del Consejo General, Victoria Ortega, ha destacado en la presentación del informe que muchas veces se incurre en el error de ver la transformación tecnológica como "algo lejano", cuando es el presente. Ha añadido que las leyes suelen ser reactivas e ir por detrás de la sociedad, pero con este texto "vamos a intentar ir por delante, adecuarnos a esta sociedad".
En España, el uso principal de la Inteligencia Artificial en la abogacía está relacionado con la utilización de chatbots (programa informático con el que es posible mantener una conversación) en algunos despachos y la automatización de la gestión de determinadas labores, lo que está provocando una redefinición de la forma de trabajar de los abogados, más centrado en las tareas de mayor valor.
En cuanto al impacto de la IA en la abogacía, destacan varios aspectos: la aparición de nuevos puestos de trabajo para abogados y abogadas gracias a la entrada de la IA; la demanda de una regulación de este tipo de inteligencia; el nacimiento de un efecto democratizador en los despachos gracias a la llegada de herramientas de IA; y la generación de nuevos modelos laborales para los abogados gracias a la subcontratación de determinados procesos jurídicos.
Se puede afirmar que la tecnología blockchain (cadena de bloques) ha supuesto toda una revolución en diversos ámbitos, dado que las diferentes aplicaciones (smart contracts, registros y certificaciones, identidad digital y criptomonedas) tienen un impacto directo sobre algunos aspectos fundamentales de la sociedad como las transacciones económicas, los registros públicos y los acuerdos entre dos o más partes.
En España se han observado cada vez más casos de implantación de esta tecnología, aplicándola a diversos sectores. Destaca el peso ganado por los smart contracts, al poder ser estos empleados por cualquier empresa o particular, lo que ha impulsado la necesidad de desarrollar un marco jurídico apropiado. Respecto al impacto en la abogacía, la adopción de la tecnología blockchain está cada vez más presente, y en España se han observado casos de despachos que están implantando aplicaciones de la tecnología blockchain en sus procesos, tanto para comercializar un servicio asociado a esta tecnología (creación y gestión de smart contracts) como para fines propios (empleando criptomonedas para ofrecer sus servicios).
En España cada vez son más las empresas y entidades públicas que apuestan por la implantación de tecnologías "conectadas" y lo hacen por dos motivos principales: la automatización de procesos (26%) y la reducción de costes operacionales (24%).
El desarrollo tecnológico de este tipo de dispositivos está suponiendo que se multipliquen los riesgos relativos al almacenamiento y uso de los datos que se generan. Además, un gran problema de buena parte de estos dispositivos son los fallos de seguridad. Por ello, los retos para la abogacía en este ámbito tienen una doble vertiente: garantizar la privacidad de las personas por un lado y conseguir que los fabricantes se responsabilicen en el desarrollo de soluciones seguras.
Los grandes avances en este campo están relacionados con las innovaciones orientadas al diagnóstico. En cuanto a las innovaciones orientadas al tratamiento, aunque gran parte de las líneas de avance están en fase experimental, algunas ya son una realidad, como el tratamiento del envejecimiento con células madre o determinadas terapias personalizadas para la lucha contra el cáncer.
En cuanto al impacto de las tecnologías en la abogacía, el desarrollo tecnológico en la medicina tiene una doble vertiente: por un lado, la necesidad de legislar las cuestiones relacionadas con la ética y la integridad de las personas y, por otro lado, supervisar y perseguir tanto el incumplimiento de estas normas como la comisión de errores derivados de malas praxis médicas. En el terreno práctico, en España ya existen despachos de abogados especializados en innovaciones tecnológicas en el campo de la medicina, con el objetivo de garantizar los derechos de los pacientes.
La realidad virtual y la realidad aumentada suponen un cambio de paradigma en la forma de relacionarnos e interactuar con la realidad. Es una tecnología en auge, que ha atraído a inversores privados, especialmente en el sector de los videojuegos, pero también en el sector sanitario e industrial.
Respecto al papel de la abogacía, ésta jugará un papel primordial en cuanto a la definición del marco de actuación, sobre todo en materia de protección y privacidad de datos. Pero, al menos por el momento, no se detecta una aplicación práctica directa de la realidad virtual y/o aumentada en el negocio de la abogacía. Sí es cierto que, debido a la actual situación con el Covid-19, se ha observado una tendencia que puede crecer: la realización de juicios de manera telemática o virtual, empleando la telepresencia para poder celebrar juicios con garantías y en los que todas las partes se vean adecuadamente representadas.
Siete meses después de la irrupción de la pandemia, los abogados del turno de oficio se sienten inseguros cada vez que asisten a un detenido. A pesar de que ya no faltan mascarillas ni geles hidroalcohólicos, denuncian que siguen estando expuestos a situaciones de riesgo, fundamentalmente, porque no existe un protocolo anti-covid que abarque sus intervenciones, desde el momento del arresto hasta la puesta a disposición judicial.
“Las guardias se han convertido en una lotería en la que te juegas la salud”, afirma Juan Manuel Mayllo, presidente de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), quien revela que, desde marzo, varios abogados adscritos al servicio de justicia gratuita se han contagiado mientras realizaban su labor en dependencias policiales y judiciales. “Necesitamos que se apruebe una normativa que obligue a estos centros a respetar las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que defina las actuaciones que pueden hacerse por teléfono o internet”, asegura.
Como apuntan desde Altodo, hay comisarías que rechazan realizar diligencias por videoconferencia, bien porque no disponen de los medios informáticos necesarios o porque los agentes no tienen instrucciones al respecto. “En ocasiones, nos vemos obligados a reunirnos con personas que llevan dos días sin cambiarse la mascarilla en cuartos sin ventilación”, relata Javier Ruiz, quien no ha parado de realizar asistencias desde el inicio de la crisis sanitaria.
Las escenas de tensión se repiten cuando llega el momento de la toma de declaración ante el juez. La también letrada María Taboada se queja de que algunos magistrados permanecen en sus despachos mientras que los abogados son enviados a los calabozos para acompañar al detenido durante la comparecencia telemática. Estos comportamientos, dice, “no solo suponen una falta de consideración profesional, sino que además representan un riesgo para la salud”.
Según señalan desde el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la mayoría de quejas tienen que ver con las aglomeraciones. Fernando Bejerano, director del área de defensa al colegiado, explica que desde la reactivación de los plazos procesales se vienen produciendo constantes retrasos que provocan concentraciones de personas a las puertas de los juzgados. Un problema que, en su opinión, “podría solucionarse si los operadores jurídicos mantuvieran una comunicación más fluida”.
La mayoría de las asociaciones judiciales y de fiscales han publicado un manifiesto conjunto en el que reclaman la independencia judicial. Las firmantes son: la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.
En el alertan de que la sociedad española observa con enorme preocupación y cansancio el espectáculo de la lucha partidista por controlar el Poder Judicial, conscientes cada vez más ciudadanos de que no hay Democracia sin Separación de Poderes. Por eso los firmantes de este manifiesto reclaman cuatro reivindicaciones.
La primera de ellas plantea, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sirva para lo que se creó: garantizar la independencia de este Poder del Estado respecto de los otros dos (Legislativo y Ejecutivo). Se exige un CGPJ elegido al completo por otro Poder del Estado difícilmente puede garantizar dicha independencia, que sólo es posible respetando la Separación de Poderes, fundamento y esencia de nuestra Democracia.
Además, demandan que los otros dos Poderes del Estado dejen de interferir en el sistema de nombramiento de los jueces, como diversas instancias europeas vienen reclamando al Reino de España: insistir en un modelo agotado, superado y caduco como el actual dificulta el efectivo control que ejerce y debe ejercer el Poder Judicial sobre el Legislativo y Ejecutivo.
Por otra parte, que se retire definitivamente la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados que pretende reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) reduciendo las mayorías parlamentarias para elegir a los 12 vocales judiciales del CGPJ: esa reforma agrava aún más la politización del órgano de gobierno de los jueces y se aleja por completo de los estándares europeos de independencia y apariencia de independencia que son exigibles para la Separación de Poderes que caracteriza a un Estado de Derecho.
Y, finalmente, s e aboga en el comunicado porque los 12 vocales judiciales del CGPJ sean elegidos directamente por todos los jueces y magistrados conforme al texto y al espíritu del artículo 122.3 de la Constitución Española, reformando para ello la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de acuerdo a las decisiones y recomendaciones que Europa lleva años reiterando a nuestro país para fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial en España.
El Ministerio de Justicia ha defendido ante el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa la elección por mayoría absoluta -en vez de la reforzada de 3/5- de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se contiene en su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Añade que esta opción no implica un "cambio estructural" del modelo existente.
De este modo, y tal como anunció en su día, el departamento de Juan Carlos Campo aclara lo que consideraba inexactitudes en la información de que dispone este órgano en relación con la reforma instada por el Gobierno de coalición para lograr la renovación a los miembros del Consejo General el Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde 2018.
Las explicaciones se han dado por la delegación española este grupo de trabajo, que ha intervenido este jueves en una reunión celebrada en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones, concretamente en el punto del orden del día referido a su solicitud de que España explicara el contenido de la proposición de ley, "ahora suspendida", puntualiza Justicia, sobre la modificación de la LOPJ en relación al sistema de selección de vocales.
Así, la representante española ha explicado que la afirmación realizada en su carta por el presidente del Greco, Marin Mrcela, de que la propuesta consiste en "reemplazar el requisito de una votación del Parlamento por mayoría cualificada de 3/5 por la de mayoría simple", no se atiene al contenido del texto propuesto.
En ese sentido, ha aclarado que el Parlamento Español no ha considerado, ni está considerando, designar por una mera mayoría simple a los miembros de un órgano constitucional. "La propuesta legislativa que presentaron los Grupos Parlamentarios PSOE-Unidas Podemos contempla un proceso de selección del turno judicial por la vigente mayoría cualificada de 3/5. No implica, por tanto, un cambio estructural del modelo existente para la selección de los miembros del CGPJ", añade la explicación dada por Justicia.
Así, puntualiza que sólo en caso de que no se alcanzara dicha mayoría en la primera votación, se requeriría una mayoría absoluta -por tanto, igualmente cualificada- con el objeto de promover el cumplimiento de una obligación constitucional, y evitar así el bloqueo en la renovación de un órgano constitucional.
El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado este miércoles destina a Justicia para el ejercicio 2021 un total de 2.048 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,6% respecto del último plan presupuestario presentado.
Con el fin de asignar los nuevos recursos de forma más eficiente, se prevé una oferta de empleo de hasta 240 plazas para ingreso en las carreras judicial y fiscal, con el objetivo, según el documento, de lograr la "estabilización numérica de la Oferta de Empleo Público (...) reducir la interinidad, y dar curso a la programación de desarrollo de la planta judicial, reduciendo la sobrecarga y los tiempos de espera y dar respuesta a las nuevas necesidades organizativas, procesales y estructurales de la justicia a medio y largo plazo".
En su memoria explicativa, los PGE fijan como objetivo "profundizar en la Justicia democrática" como derecho "propio y genuino de la ciudadanía", y añaden que para ello es necesario articular una Justicia "que responda a las necesidades de la sociedad española del siglo XXI para cumplir el papel que le atribuye nuestra Constitución".
En este sentido se ha planificado el desarrollo del Plan Justicia 2030, alineado en una perspectiva plurianual con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, procedentes de Europa, cuyos objetivos son según el documento hecho público "con consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficacia del servicio público y garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio, desarrollándose así el derecho a una justicia de calidad, eficaz y sin dilaciones indebidas".
En este punto, el capítulo relativo a Justicia de los PGE anuncia la elaboración de un anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, y de la promoción de servicios alternativos de resolución de controversias que hagan disminuir la litigiosidad en los tribunales. En esta misma línea menciona el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorgara al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación.
Asimismo, los planes de Justicia para 2020 pasan por fortalecer la atención a las víctimas de delitos violentos, especialmente de las mujeres que sufren violencia machista, poniendo en marcha, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y del Convenio de Estambul, un plan de guardias de 24 horas para los médicos forenses que actúan en el ámbito del Ministerio de Justicia, y una revisión de los protocolos de intervención en casos de violencia sexual.
Los presupuestos pasan igualmente, por un "compromiso decidido con la modernización y la transformación digital de la Justicia para garantizar el acceso a la misma en iguales condiciones en cualquier parte del territorio", un aspecto para el que se prevé recuperar la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Justicia y se presupuestan 149 millones de euros. Además, al programa de Registros vinculados con la Fe Pública se asignan créditos por un importe de 35 millones de euros.
El anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que ha aprobado el Consejo de Ministros contempla un aumento del 7,6% en las cuentas del Ministerio de Justicia, destinando un total de 2.014 millones de euros.
Teniendo en cuenta el presupuesto base del año 2020, que se fija en 1.871 millones de euros -dos millones más que en los presupuestos generales prorrogados de 2018-, el Gobierno destina al departamento dirigido por Juan Carlos Campo 143 millones de euros más que el año pasado.
Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recibirá 73 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,1% con respecto a los presupuestos anteriores, que se dispusieron 65 millones de euros. En cuanto al Tribunal Constitucional, su presupuesto incrementa ligeramente en un millón de euros, destinando para 2021 un total de 27 millones de euros, un 3,7 por ciento más.
El Ministerio de Justicia ha llegado a un acuerdo con Ametic, la patronal representante del sector de la industria tecnológica digital en España, para impulsar su uso en el ámbito de la justicia. En una reunión celebrada por videoconferencia entre la Dirección General de Transformación Digital para la Administración de Justicia y Ametic, "ambas instituciones han coincidido en la necesidad de impulsar la eficiencia operativa y la calidad del Servicio Público de Justicia, así como de compartir las mejores prácticas en digitalización".
La Dirección General de Transformación Digital ha destacado "la importancia de impulsar la automatización de los trámites, la mejora de la explotación de los datos judiciales, los juicios telemáticos y el expediente electrónico, que ya se contemplan en el plan Justicia 2030".
Por su parte, Ametic ha propuesto "un conjunto de medidas para posicionar a España entre los primeros países en el uso de cloud", según ha informado el Ministerio que dirige Juan Carlos Campo.
La Comisión Europea ha valorado positivamente la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de paralizar la reforma del poder judicial y ha considerado que la suspensión supone "un paso en la buena dirección". En la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, el portavoz del departamento de Justicia ha señalado que el Ejecutivo comunitario ha "tomado nota" del anuncio de ayer de Pedro Sánchez en el que afirmó que paralizaba la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteada por el PSOE y Unidas Podemos.
Desde que el Gobierno de coalición presentó el proyecto de Ley la semana pasada en el Congreso, Bruselas ha seguido con lupa la evolución de una reforma que no gusta en la capital comunitaria. Tras un aviso sutil la semana pasada, este miércoles el comisario de Justicia, Didier Reynders, trasladó la inquietud de la Comisión a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en una conversación telefónica. En ésta, el comisario europeo confirmó que estaban siguiendo "muy de cerca" la reforma y le solicitó "más información" de las autoridades españolas, según informaron ayer fuentes comunitarias.
Reynders insistió a González Laya en la necesidad de que "los estados miembros sigan los estándares europeos para asegurar que la independencia judicial no queda comprometida". Además, subrayó que es "importante asegurar que no se percibe vulnerable a la politización". Este martes el Consejo de Europa también advirtió al Gobierno sobre la reforma al indicar que podría "violar los estándares anticorrupción" y recordó que los consejos judiciales deben ser órganos independientes para salvaguardar la independencia del poder judicial.
Ante las señales de preocupación que llegan desde Bruselas, Pedro Sánchez anunció este jueves en el Congreso que paralizaba la reforma pactada con Podemos, y reiteró el ofrecimiento del Ejecutivo a Pablo Casado para negociar su renovación con el Partido Popular. La fuerza conservadora mantiene su condición de que los de Pablo Iglesias queden excluidos de la negociación para alcanzar un pacto.
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