(El País, 13-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo
Las inundaciones causadas por la DANA han puesto en peligro la supervivencia de numerosas empresas. Ante esta situación, los Planes de Reestructuración (PdR) se presentan como una opción para evitar la declaración de concurso de acreedores y garantizar la continuidad del negocio, especialmente si enfrentan posibles escenarios de insolvencia. Con este propósito, el Consejo General de Economistas y la CEOE han publicado una guía con cerca de 100 preguntas y respuestas para explicar qué son estos planes, cómo funcionan y qué se necesita para ponerlos en marcha. Desde su regulación en septiembre de 2022, su aplicación ha sido limitada, aunque los expertos consideran que "podrían ser clave para preservar la viabilidad de muchas empresas, incluidas las más de 72.000 afectadas por la DANA".
¿Qué es un Plan de Reestructuración?
Es un mecanismo preconcursal diseñado para corregir problemas financieros y operativos en una empresa. Su objetivo es evitar el concurso de acreedores y permitir la continuidad del negocio mediante ajustes en la estructura de activos, pasivos o fondos propios, devolviendo a la empresa su viabilidad.
¿Qué permite hacer?
Este plan permite renegociar deudas y modificar aspectos como plazos, intereses o montos de créditos. También puede incluir la venta de activos, la reducción de inventarios, la enajenación de partes del negocio y la renegociación de condiciones con los acreedores para aliviar la presión financiera.
¿Quién puede acogerse?
Cualquier empresa que enfrente una situación de insolvencia actual o previsible puede optar por un plan de reestructuración. Esto incluye negocios de cualquier tamaño, desde microempresas hasta grandes corporaciones. No hay restricciones por sector, aunque hay limitaciones respecto a ciertos créditos públicos, como impuestos o seguridad social, que solo pueden incluirse si tienen menos de dos años y la empresa ha cumplido previamente con sus obligaciones fiscales.
¿Cómo se formaliza?
El plan debe ser presentado ante un juez para su homologación, lo que lo hace vinculante para todos los acreedores afectados, incluidos aquellos que no participaron o no estuvieron de acuerdo con los términos. La homologación requiere la redacción de un documento notarial que incluya certificaciones de cumplimiento de mayorías, emitidas por un auditor o experto independiente.
¿Qué requisitos debe cumplir?
Para ser aprobado, el plan debe incluir:
Identificación del deudor.
Diagnóstico de la situación financiera y operativa de la empresa.
Inventario de activos y pasivos.
Relación de acreedores afectados y tipo de crédito.
Medidas de reestructuración detalladas.
Proyecciones financieras que demuestren la viabilidad del negocio bajo el nuevo esquema.
Impacto en la plantilla y medidas laborales relacionadas.
¿Qué créditos pueden incluirse?
En general, la mayoría de los créditos, excepto los laborales de alta dirección y algunos públicos con restricciones específicas.
¿Qué es un experto en reestructuración?
Es un profesional independiente que asiste en la negociación del plan, supervisa su implementación y vela por los derechos de los acreedores. Puede ser designado por las partes implicadas, solicitado por el deudor o los acreedores, o nombrado por un juez si se requiere la homologación judicial.
¿Qué es una microempresa o pyme en este contexto?
Pyme: Menos de 50 empleados, facturación anual menor a 10 millones de euros y no pertenecer a un grupo con consolidación contable obligatoria.
Microempresa: Menos de 10 empleados, ingresos anuales inferiores a 700.000 euros y patrimonio total por debajo de 350.000 euros.
¿Qué sucede si no se logra un acuerdo?
Si no hay consenso entre las partes, la empresa debe considerar la apertura de un procedimiento de concurso de acreedores en un plazo máximo de cuatro meses desde el inicio de la negociación.