(El País, 25-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Madrid enfrenta una proliferación descontrolada de viviendas turísticas ilegales. Según un análisis del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, apenas el 6,9% de los alojamientos anunciados en plataformas digitales cuenta con la licencia correspondiente. El estudio, que ha examinado 16.335 anuncios de pisos turísticos en la capital y los ha comparado con los 1.131 permisos otorgados por el Ayuntamiento dentro del Plan Reside (presentado en noviembre de 2024), revela que al menos 15.204 inmuebles operan sin autorización. Ante esta situación, el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy ha entregado al Ayuntamiento de Madrid un informe detallado y ha solicitado la retirada de los anuncios que incumplen la normativa en plataformas como Airbnb y Booking.
El documento no solo cuantifica el problema, señalado por muchos madrileños como una de las causas del aumento del precio de la vivienda, sino que también proporciona información específica sobre las direcciones y propietarios de los alojamientos irregulares. Los datos recopilados incluyen miles de enlaces de anuncios de alquiler vacacional, clasificados según la presencia o ausencia de número de registro, el tipo de alojamiento y el anfitrión. Esta información permitirá al Ayuntamiento llevar a cabo inspecciones, ordenar el cese de actividad y aplicar sanciones. Entre las zonas con mayor número de pisos sin licencia destacan la calle Mayor y la calle Preciados, con 14 y 11 anuncios irregulares, respectivamente.
El Ministerio de Consumo, en línea con la postura de su titular, ha insistido en que las administraciones deben intervenir para erradicar estas prácticas ilegales, que restringen el acceso a una vivienda digna y provocan la expulsión de residentes de sus barrios. La investigación también ha abarcado otras regiones con alta presión turística, como Baleares y Andalucía, donde se han trasladado informes similares a sus respectivos gobiernos.
Por otro lado, la Dirección General de Consumo ha intensificado su vigilancia sobre empresas que gestionan numerosas viviendas turísticas. En diciembre de 2024, abrió un expediente sancionador contra una plataforma de alquiler por no incluir el número de licencia en los anuncios, y en febrero de este año inició procesos contra compañías que operaban de forma encubierta como particulares pese a ser negocios profesionales.
El auge de los pisos turísticos ilegales representa un desafío para las administraciones públicas. Sin embargo, el Ministerio de Consumo señala a Madrid como una de las ciudades con mayor concentración de este tipo de alojamientos y exige que se adopten medidas contundentes, recordando que es el Ayuntamiento el responsable de hacer cumplir la normativa municipal. Como referencia, menciona los casos de Barcelona, que ha logrado reducir drásticamente el número de anuncios irregulares y recuperar viviendas para el mercado residencial, e Ibiza, donde el Consell ha implementado un sistema de identificación de pisos ilegales para agilizar inspecciones y sanciones.
En la capital, el Plan Reside, cuya entrada en vigor está prevista para agosto, busca limitar el alquiler turístico disperso en edificios residenciales del centro. Hasta ahora, esta actividad solo estaba permitida en inmuebles con acceso independiente, pero la nueva normativa pretende restringirla a edificios exclusivos para este uso. Además, impedirá la conversión de bajos comerciales en viviendas turísticas y se aplicará también a los "ejes terciarizados", zonas de alta actividad económica. Con esta regulación, el Ayuntamiento espera controlar el impacto del turismo en el mercado de la vivienda y reducir la actividad ilegal en la ciudad.