(El País, 10-02-2025) | Laboral
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue las reclamaciones de "cientos" de mutualistas de Muface que, en los últimos meses, han visto denegada su asistencia sanitaria por parte de las aseguradoras DKV, Adeslas y Asisa. Según el sindicato, el objetivo de esta denuncia es determinar si existen responsabilidades penales tanto por parte de las compañías aseguradoras como de las personas físicas que puedan haber participado en estos hechos.
En el escrito remitido a la Fiscalía, CSIF afirma haber recibido a diario, desde octubre pasado, numerosas quejas de mutualistas a quienes se les han denegado pruebas médicas, se les han cancelado citas y se les han suspendido intervenciones quirúrgicas, incluso en casos graves relacionados con enfermedades oncológicas, cardiológicas y neurológicas. Esta situación, señala el sindicato, ha generado un impacto negativo en la salud física y mental de los afectados y sus familias. En este sentido, la organización liderada por Miguel Borra sostiene que "la negativa injustificada" de las aseguradoras a prestar asistencia sanitaria constituye un problema de salud pública, considerando que afecta a aproximadamente 1,5 millones de personas entre mutualistas y beneficiarios.
En su denuncia, CSIF recalca que "una cuestión meramente económica, como la falta de renovación del actual concierto, no puede servir de justificación para la desatención en el derecho fundamental a la protección de la salud". Por ello, solicita a la Fiscalía que inicie una investigación para esclarecer posibles responsabilidades penales de las aseguradoras.
El sindicato plantea que la Fiscalía, como primer paso en la investigación, requiera a Muface información sobre las quejas y reclamaciones presentadas por los mutualistas desde el 1 de octubre de 2024 hasta la fecha. Esta solicitud debería incluir los datos de los afectados, las entidades contra las que se han dirigido las reclamaciones, la asistencia sanitaria que les fue denegada, los motivos de la negativa y la identidad de quienes incumplieron su obligación de prestar los servicios.
Asimismo, CSIF solicita a la Fiscalía que exija a Muface detalles sobre las medidas adoptadas para garantizar la atención sanitaria de los mutualistas ante las incidencias denunciadas, así como los resultados obtenidos tras dichas actuaciones.
Ante la falta de un acuerdo definitivo entre el Gobierno y las aseguradoras sobre el nuevo concierto de Muface, CSIF mantiene la convocatoria de huelga prevista para el jueves 13 de febrero. Se espera la participación de más de medio millón de funcionarios de diversos sectores, incluyendo personal docente, empleados de la Administración General del Estado y trabajadores de Correos. Aunque los agentes de la Policía Nacional no pueden sumarse al paro, el sindicato Jupol ha expresado su apoyo a la movilización.
El sindicato asegura haber intensificado en las últimas semanas su interlocución con Muface, las aseguradoras y los partidos políticos, con el objetivo de impulsar una solución a la crisis, apelando a la "responsabilidad" de todas las partes implicadas para evitar un colapso en la atención sanitaria de los mutualistas. Además, CSIF ha criticado a otras organizaciones sindicales por su "doble discurso", acusándolas de reclamar una solución para Muface mientras, paralelamente, fomentan que los mutualistas abandonen el actual sistema de concierto sanitario.