(El Periódico, 10-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha asegurado este miércoles ante el Congreso de los Diputados que el Gobierno ampliará progresivamente los 5.000 millones de euros en avales públicos, así como el resto de instrumentos financieros disponibles, en función de la demanda de las empresas afectadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos.
"Conforme estos recursos se vayan agotando, se irán reforzando, de manera que ninguna empresa se quede sin acceso a ellos", afirmó el ministro. En su intervención, remarcó que no existirá competencia entre las compañías para beneficiarse de estas ayudas. Estas declaraciones se enmarcan en la presentación del llamado Plan de respuesta y relanzamiento comercial, una iniciativa con la que el Ejecutivo pretende movilizar unos 14.100 millones de euros para hacer frente al impacto de las medidas proteccionistas de la administración estadounidense.
Durante el debate, el portavoz del Partido Popular, Juan Bravo, instó al ministro a incluir en dicho plan ayudas directas, incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades y la actualización del IRPF para tener en cuenta la inflación. El PP pidió que estas propuestas se integren en el real decreto de medidas urgentes aprobado el martes por el Consejo de Ministros. Bravo fijó un plazo de un mes para que el Gobierno lo haga, coincidiendo con el periodo máximo en el que el decreto debe ser convalidado por el Congreso.
Carlos Cuerpo, por su parte, explicó que el plan gubernamental constituye solo una "primera fase" de una estrategia más amplia y flexible, pensada para evolucionar según las necesidades específicas de los sectores productivos, empresas y regiones más expuestas al mercado estadounidense. Reiteró su disposición a dialogar con todos los grupos parlamentarios, comunidades autónomas, agentes económicos y empresas afectadas para consensuar el desarrollo futuro del plan.
Entre las medidas ya aprobadas, el Consejo de Ministros dio luz verde este martes a un Real decreto-ley de medidas urgentes frente a la amenaza arancelaria y de impulso comercial, que recoge distintas actuaciones financieras. En concreto, contempla avales públicos por valor de 5.000 millones, una nueva línea de crédito del ICO dotada con 1.000 millones, un refuerzo de 2.000 millones en el seguro de crédito a la exportación gestionado por CESCE y una aportación adicional de 200 millones al fondo de inversión productiva del Ministerio de Industria.
Durante la negociación parlamentaria, el grupo Junts logró introducir en el decreto un compromiso expreso de que los instrumentos financieros recogidos en la norma se distribuirán de forma equilibrada entre territorios, en función del grado de afectación por los aranceles. El Gobierno ha asumido este acuerdo y garantiza que las medidas llegarán a todas las empresas que lo necesiten, sin importar su ubicación geográfica.
Ante posibles dudas sobre si este "equilibrio territorial" podría suponer un reparto por comunidades autónomas, el ministro quiso dejar claro que el acceso a los fondos no estará condicionado por criterios territoriales estrictos: "No habrá competencia entre empresas por estas ayudas, y todas las que lo necesiten podrán acceder a ellas", concluyó.