(El Periódico, 19-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos han llegado a un acuerdo para avanzar en varias medidas clave: la implementación de una ordenanza tipo para la apertura de comercios en todos los municipios, el desarrollo del etiquetado digital, y la simplificación de los requisitos necesarios para autorizar puntos de recarga de vehículos eléctricos. Asimismo, se ha decidido clarificar el papel de los técnicos cualificados para emitir certificados de eficiencia energética, con el objetivo de evitar la proliferación de normativas distintas en cada comunidad autónoma. Estas iniciativas están previstas para ser implementadas en algún momento de 2025.
Estas acciones forman parte del primer "plan de acción" diseñado para reducir, simplificar y unificar trámites burocráticos en todo el país, impulsado por el Ministerio de Economía bajo el concepto de la denominada "comunidad autónoma 18" o "régimen 20", que incluye las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha detallado este plan antes del inicio de una reunión con representantes de comunidades autónomas, municipios y empresarios, celebrada en la sede del Ministerio. Este encuentro tuvo lugar en el marco de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, así como de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior.
Según explicó el ministro, el concepto de la "autonomía 18" (o "distrito 20") representa una comunidad teórica donde se aplicaría un conjunto mínimo común de reglas administrativas para facilitar la actividad empresarial. La iniciativa está inspirada en el "Informe Letta", presentado en junio por el ex primer ministro italiano Enrico Letta, que propone el "Estado 28" para la Unión Europea, buscando eliminar las barreras administrativas entre los países miembros. En este modelo, las empresas que acepten las reglas del "distrito 20" podrían operar en cualquier comunidad autónoma o municipio sin enfrentarse a requisitos adicionales específicos de cada territorio.
En una reunión previa, celebrada el 18 de septiembre, el ministro propuso como punto de partida cinco sectores clave: comercio y hostelería, colegios profesionales, transporte, educación y la construcción de infraestructuras, como los puntos de recarga para vehículos eléctricos.
En el encuentro de este miércoles, se presentó un "primer diagnóstico compartido" sobre las barreras y cargas administrativas que dificultan la actividad empresarial en diversas áreas. Además, se expuso el mencionado plan de acción, que pretende ser una herramienta concreta para superar estas barreras y avanzar hacia un marco regulatorio más homogéneo en 2025.