(El Periódico, 19-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Más allá de la eliminación de las llamadas golden visa, que dejarán de estar vigentes el próximo 3 de abril, y del impacto de los elevados tipos de interés en las hipotecas hasta mediados del año pasado, en 2024 el 56% de las compraventas de viviendas en España se realizaron al contado. En la mayoría de los casos, estas adquisiciones fueron efectuadas por fondos de inversión, grandes patrimonios o compradores extranjeros. Según han denunciado este martes en el Congreso de los Diputados los grupos de Sumar y Podemos, muchas de estas operaciones responden a prácticas especulativas.
"Desde 2007 hasta 2024, la compra de viviendas por parte de no residentes se ha triplicado", ha señalado Alberto Ibáñez, diputado de Sumar. Por su parte, la portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha añadido que "entre 2008 y 2020, la mitad de las viviendas adquiridas en España fueron compradas por rentistas que ya poseían más de ocho inmuebles". Ambas formaciones han criticado al Gobierno por no haber adoptado medidas para prohibir la compra especulativa de vivienda, a pesar de las explicaciones ofrecidas por el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, quien ha coincidido en que "las casas son para vivir, no para especular".
Ibáñez ha expresado su malestar ante lo que considera contradicciones del Ejecutivo, que por un lado anuncia cambios en materia de vivienda, pero por otro no se atreve a impedir que fondos buitre, grandes propietarios y especuladores sigan adquiriendo inmuebles con fines de inversión. Además, ha señalado que las políticas del Gobierno no deberían centrarse únicamente en los compradores extranjeros no comunitarios no residentes, en referencia a la eliminación de las golden visa. Belarra, por su parte, ha reclamado medidas urgentes y ha advertido de que el aumento del gasto militar afectará al presupuesto destinado a políticas sociales, pese a que el Gobierno lo niegue.
En su intervención ante la comisión de Vivienda del Congreso, Lucas ha asegurado que el cumplimiento del compromiso del Gobierno de construir 184.000 viviendas públicas avanza a buen ritmo. En respuesta a preguntas del PP, ha detallado una serie de medidas dirigidas a alcanzar este objetivo, destacando que la mayoría de ellas se están llevando a cabo en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos. Además, ha subrayado que en los últimos cinco años el parque de vivienda pública de alquiler ha crecido un 33%, pasando de 453.000 unidades en 2019 a 614.000 en 2023.
El secretario de Estado también ha lamentado la postura del PP en contra de la ley del suelo y ha defendido la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda digna sin vulnerar el derecho a la propiedad. Asimismo, ha advertido sobre el impacto del alquiler turístico en el mercado inmobiliario, afirmando que el Gobierno está trabajando para recuperar viviendas que han sido desviadas a este sector y devolverlas al alquiler residencial.