(El Periódico, 17-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El conjunto de medidas anunciadas por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, para frenar las estafas telefónicas, comienza a ponerse en marcha. Este sábado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden que las hace efectivas, tras la reciente firma de la orden ministerial correspondiente. La normativa entrará en vigor dentro de 20 días, es decir, durante la primera semana de marzo, aunque las empresas que necesiten adaptar sus procesos dispondrán de un plazo de aproximadamente tres meses para hacerlo.
La medida más destacada es la prohibición de realizar llamadas comerciales desde números de móvil. El objetivo de esta restricción es que los ciudadanos puedan identificar fácilmente una llamada fraudulenta cuando provenga de un número de este tipo. Con esta iniciativa, se busca evitar situaciones en las que los usuarios contesten al creer que es una llamada personal o laboral y se encuentren, en realidad, con publicidad no deseada.
Asimismo, se permitirá a las empresas que cuenten con números 800 y 900 utilizarlos para realizar llamadas comerciales. Hasta ahora, estos números solo podían recibir llamadas, pero con la nueva normativa, podrán efectuarlas sin coste para el usuario. Así, si una empresa tiene asignado un número de atención al cliente y un usuario lo tiene guardado en su agenda, aparecerá identificado al recibir la llamada, facilitando su reconocimiento.
El plan también introduce otras disposiciones, como la obligación de las operadoras de telecomunicaciones de bloquear llamadas y mensajes de texto procedentes de números que no estén registrados a nombre de ningún cliente o que aparenten ser nacionales cuando, en realidad, provienen del extranjero. Según el ministerio, este es uno de los métodos de fraude más comunes. Para ello, los operadores deberán implementar mecanismos que les permitan detectar si se trata de un caso de itinerancia internacional, según lo especificado en la nueva normativa. Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de definir los procedimientos para los operadores que trabajan con revendedores, evitando así posibles confusiones entre llamadas comerciales y otras legítimas.
El Gobierno ha establecido un calendario para la aplicación de estas medidas. El bloqueo de llamadas y mensajes fraudulentos de origen internacional que simulen ser nacionales deberá estar en funcionamiento antes del 15 de mayo, al igual que la prohibición de llamadas comerciales desde números móviles, cuya infracción será sancionable a partir de esa fecha. Las multas por incumplimiento de esta normativa, considerada una infracción grave, podrán alcanzar los 2 millones de euros. Por otro lado, los operadores dispondrán de un plazo de 15 meses para desarrollar sistemas que permitan diferenciar entre una posible estafa y una llamada legítima de un usuario en el extranjero.
"Hoy damos un paso muy importante y nos situamos a la vanguardia en Europa", declaró el ministro Óscar López, según la agencia Efe. Además, destacó que estas medidas son similares a las implementadas en países como Finlandia, donde han logrado reducir hasta en un 90 % las estafas telefónicas.