(Expansión, 27-03-2021) | Sector
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha encargado a su gabinete técnico la realización de un informe ante determinadas dudas muy concretas que generará en su actividad, una vez que entre en vigor, la reforma impulsada por PSOE y Podemos que impide que este órgano pueda realizar nombramientos en la cúpula judicial estando en funciones.
Fuentes del órgano de gobierno señalan que este informe no tiene por objeto la realización de futuras impugnaciones de la reforma ante los tribunales -tres asociaciones de jueces instan a la presentación de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional-, sino la resolución de determinadas dudas que los cambios generan en su labor del día a día y que el nuevo texto normativo no resuelve.
Los vocales del CGPJ quieren saber, por ejemplo, si la imposibilidad de realizar nombramientos afecta a funciones previas a estas designaciones como son la aprobación de bases de convocatoria o la realización de entrevistas a los candidatos por parte de la Comisión Permanente. También quieren conocer cómo podrán actuar si el Tribunal Supremo anula un nombramiento ya realizado o si se les permite nombrar jueces sustitutos.
Las mismas fuentes señalan como poco probable que pueda prosperar la presentación del conflicto de competencias que reclaman tres de las cuatro asociaciones judiciales, dada la jurisprudencia existente al respecto en el propio tribunal de garantías. Para la presentación de esta propuesta, además, se precisaría la aprobación de la iniciativa por el pleno del Consejo en el caso de que algunos vocales lo propusieran, lo que de momento no parece que vaya a ocurrir.
En un comunicado emitido este jueves, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) mostraron su rechazo a la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el PSOE y Unidas Podemos aprobada en las Cortes "sin escuchar a nadie y por vía de urgencia para impedir que el CGPJ pueda ejercer plenamente sus competencias constitucionales".
Según las asociaciones, con esta reforma, que "priva" al CGPJ de sus "funciones principales y, de paso, impidiendo que pueda desarrollar su labor con normalidad y al margen de la política", las formaciones políticas "trasladan las consecuencias de su incompetencia" tras no conseguir a lo largo de más de dos años el mandato constitucional de renovar el órgano de gobierno de los jueces.