(Expansión, 23-02-2021) | Sector

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha acordado no incluir en el orden del día del pleno que se celebra este jueves ocho nombramientos debido a las nuevas negociaciones que se están llevando a cabo entre el Ejecutivo y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Según han informado fuentes del CGPJ, Lesmes ha decidido no llevar al próximo pleno estos nombramientos ante la posibilidad de que el PSOE y el PP anuncien un acuerdo para renovar la institución.

Así, estaría en coherencia con la postura que ya mantuvo en enero y julio del año pasado cuando también parecía que iba a haber de forma inminente un acuerdo para renovar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

El presidente del CGPJ también habría tenido en cuenta la división que existe dentro del seno del Pleno, ya que no todos los vocales están de acuerdo en hacer nombramientos de cargos discrecionales. Las mismas fuentes apuntan que todos los nombramientos de cargos judiciales que se han aprobado durante el tiempo que el CGPJ lleva en funciones -desde el 4 de diciembre de 2018- se han realizado con el voto a favor de la mayoría de los vocales, algo que podría no darse en la reunión del jueves.

El Pleno tenía previsto designar a dos nuevos magistrados de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo -vacantes por la jubilación de sus dos titulares- y otro en la Sala de lo Social del alto tribunal. También pretendían nombrar a los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de Canarias y País Vascos y de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca, además de un magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Lo que sí irá al Pleno es el debate de la propuesta de informe sobre el Anteproyecto de Ley orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual -conocida como la del ´´solo sí es sí´´- sobre el que ya se han adelantado algunas observaciones críticas. Según informó el CGPJ en un comunicado, los ponentes de este informe no están de acuerdo con la definición de consentimiento que se realiza en la redacción del texto. La consideran "innecesaria" porque, según explican, en materia de delitos contra la libertad sexual, el Código Penal vigente "ya se asienta sobre la idea de consentimiento", aunque no incluya una definición del concepto.

Asimismo, muestran sus dudas sobre la unión en una misma tipificación de delito el abuso y la agresión sexual, uno de los principales debates que desencadenó el juicio del caso de La Manada de Pamplona.

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