(El Periódico, 04-03-2021) | Sector
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne este jueves de manera extraordinaria con ocho nuevos nombramientos en agenda, rotas una vez más las negociaciones entre el PSOE y el PP para renovar un órgano que cumple dos años y tres meses en funciones. La semana pasada el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, decidió posponer los nombramientos a la espera de un acuerdo, pero ocho vocales forzaron su inclusión en el pleno. Finalmente, ante lo que parecía un pacto inminente, también estos aceptaron retrasar una semana ese punto.
Pero socialistas y populares acabaron rompiendo las negociaciones al encontrar "escollos" que consideraron insalvables. El PP vetó a uno de los candidatos del Gobierno -el juez José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal del caso Gürtel- y el Ejecutivo cree que lo hace por haber realizado su trabajo, no por tener una determinada adscripción partidista, con lo que no acepta el veto.
Bloqueada la negociación, los nombramientos vuelven a la mesa del CGPJ, a pesar de que los partidos que sustentan al Gobierno han criticado que siga ejerciendo esa competencia en funciones, con una composición que refleja un arco parlamentario ya caducado en el que el PP era mayoría. La próxima semana el pleno del Congreso retomará el debate de la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos precisamente para evitar que el CGPJ designe cargos judiciales una vez concluido su mandato constitucional de cinco años.
Desde que este CGPJ está en funciones ha aprobado 72 nombramientos, generalmente con amplia mayoría, y hoy lleva en el orden del día ocho más: tres plazas en el Supremo, las presidencias de los tribunales superiores de justicia del País Vasco y de Canarias, la presidencia de una sala del TSJ vasco, y las presidencias de las audiencias provinciales de Salamanca y Almería.
En febrero se convocaron otras tres plazas -dos en el Supremo y la presidencia de la Audiencia Provincial de La Rioja- que podrían verse afectadas por la reforma legal que se tramita en el Congreso, que frenaría también la cobertura de vacantes que se generen por jubilaciones o fallecimientos.