(El Periódico, 17-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo
España no ha cumplido adecuadamente con las 19 recomendaciones que el Consejo de Europa viene formulando desde junio de 2019 para combatir la corrupción en los altos cargos del Gobierno central y en los cuerpos de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, anunció este miércoles que en su próxima sesión plenaria, del 2 al 5 de junio, analizará el informe que solicitó a España antes del 31 de diciembre de 2024, debido a estos incumplimientos, que se dividen en 13 aplicados parcialmente y 6 sin implementar. Dependiendo de los resultados, el organismo podría aplicar medidas de presión.
Además, GRECO ha enviado una carta al representante de España ante el Consejo de Europa para señalarle la falta de avances y pedirle acciones concretas que permitan obtener resultados visibles a corto plazo. Las principales deficiencias señaladas por el organismo se centran en la necesidad de mejorar la regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos, así como su relación con los grupos de presión ('lobbies'), el régimen de aforamiento y las conocidas "puertas giratorias" que permiten el paso del sector público al privado.
Tras hacerse público el informe, el Gobierno ha defendido que ha cumplido "total o parcialmente" la mayoría de las recomendaciones emitidas por el GRECO en sus informes de 2013 y 2019. Según el Ejecutivo, de las 30 recomendaciones realizadas en ambas evaluaciones, 24 han sido cumplidas en todo o en parte.
No obstante, el documento del Consejo de Europa refleja que España solo ha aplicado parcialmente 13 recomendaciones y ha desatendido por completo otras seis. Esto ha motivado que se abra un procedimiento de seguimiento por incumplimiento y se exija a España que informe sobre los avances en esta materia de cara a la 100ª sesión del GRECO, que tendrá lugar en Estrasburgo. El informe enfatiza la necesidad de reforzar la prevención de conflictos de intereses entre los altos cargos del Ejecutivo y de aumentar la transparencia en sus funciones, así como en las de sus asesores.
GRECO subraya que, aunque se han adoptado algunas medidas para evitar conflictos de interés dentro de la Administración General del Estado, no existe una estrategia específica para los miembros del Gobierno central, quienes, por su papel político y sus vínculos con el sector privado, enfrentan desafíos particulares. También reclama que se impongan los mismos estándares de transparencia e integridad a los asesores gubernamentales, solicitando que se hagan públicos sus perfiles profesionales y sus remuneraciones.
El informe también pide avances en la declaración de bienes, una regulación más clara de los 'lobbies', un control más estricto sobre las puertas giratorias y una revisión del sistema de aforamientos. Aunque se ha mejorado el detalle en las declaraciones patrimoniales de los altos cargos, todavía faltan datos relevantes, especialmente sobre actividades externas, activos, intereses, empleos adicionales, deudas y dependientes.
En relación con los 'lobbies', GRECO critica que no se haya dado ningún paso concreto para aplicar la recomendación, ya que el intento de aprobar una ley en 2023 se truncó por la convocatoria de elecciones. Sin embargo, en la actual legislatura se está tramitando un proyecto de Ley sobre transparencia e integridad en la actividad de los grupos de interés, que define claramente qué son los 'lobbies', cuáles son sus actividades y fija un código de conducta para su relación con los altos cargos y empleados públicos.
En cuanto a las puertas giratorias, el informe considera insuficiente el periodo de espera de dos años establecido en el fallido proyecto anterior, señalando que la recomendación abarca aspectos más amplios. GRECO también ha reiterado su petición para que España elimine el aforamiento de los miembros del Gobierno, ya que podría dificultar procesos penales en casos de corrupción. El Ejecutivo ha respondido que se trata de un asunto sensible, ya que implicaría una reforma constitucional que requiere un consenso parlamentario amplio, algo que considera complicado de lograr.
A pesar de las críticas, el informe valora positivamente la implementación del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAGE), que incluye evaluaciones de riesgos de corrupción, un código ético, formación para empleados públicos y mecanismos internos de denuncia.
Asimismo, se reconocen los esfuerzos de España en facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública, destacando la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales. También se celebran las iniciativas orientadas a fomentar la igualdad de género dentro de la Policía Nacional y la Guardia Civil, aunque se insta a mejorar los sistemas internos de prevención de la corrupción en estos cuerpos.