(El Periódico, 28-11-2024) | Laboral
El Consejo de Europa ha reiterado que la normativa española sobre despido improcedente no se ajusta a los estándares de la Carta Social Europea. Por ello, el organismo con sede en Estrasburgo recomienda al Gobierno modificar la legislación para garantizar una compensación adecuada a los trabajadores afectados por despidos "ilegales". Esta postura responde a una denuncia presentada por UGT en 2022, sobre la que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ya emitió un dictamen al inicio de 2023, aunque no se hizo público hasta el verano debido a un embargo de seis meses. Cabe señalar que el CEDS no tiene potestad para emitir leyes vinculantes, limitándose a ofrecer recomendaciones.
Este miércoles, el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, compuesto por los ministros de Asuntos Exteriores de los 46 estados miembros, emitió una nueva recomendación. En ella, insta al Gobierno español a "reforzar los esfuerzos" para que las indemnizaciones económicas por despidos improcedentes sean suficientes para disuadir a los empleadores y proteger a los trabajadores. Además, sugiere revisar y modificar la normativa para que las compensaciones reflejen el daño real sufrido por los afectados y sus circunstancias personales. Este ajuste ya se había previsto en el Plan Anual Normativo de 2024, aunque no se han tomado medidas concretas hasta la fecha.
La controversia sobre si la regulación española incumple el artículo 24.b de la Carta Social Europea ha generado un intenso debate entre los expertos. Mientras algunos argumentan que esta disposición debería ser vinculante para los jueces debido a la adhesión de España al tratado, otros sostienen que no es una fuente de derecho aplicable directamente y que sería necesario esperar a que el Tribunal Supremo establezca jurisprudencia o a que el Gobierno modifique el Estatuto de los Trabajadores. Desde junio, el Alto Tribunal está analizando la posibilidad de aumentar las indemnizaciones más allá de los 33 días por año trabajado establecidos actualmente, después de que algunos tribunales hayan comenzado a aplicar cuantías superiores.
Por su parte, CCOO presentó una reclamación similar a la de UGT, pero centrada en aspectos como la readmisión obligatoria, los salarios de tramitación, una indemnización mínima y la reparación del daño por abusos en los contratos temporales. El Ministerio de Trabajo podría posponer cambios hasta recibir la resolución de esta segunda denuncia, especialmente ante la falta de consenso político.
El Ejecutivo ha utilizado el Plan Anual Normativo como argumento para justificar la ausencia de reformas significativas tras la adhesión de España a la Carta Social Europea en 2021. Aunque el documento aludía a garantizar "la causalidad en los despidos" y eliminar los automáticos para trabajadores con discapacidad sobrevenida (un punto ya modificado en julio), no mencionaba ajustes en las indemnizaciones por despido.
La legislación actual sobre despidos improcedentes no ha cambiado desde la reforma laboral de 2012, cuando se redujo la indemnización de 45 a 33 días por año trabajado y se eliminaron los salarios de tramitación. Según el Consejo de Europa, el problema no radica únicamente en la cuantía de las indemnizaciones, sino en la falta de flexibilidad para que los jueces adapten las compensaciones al daño real sufrido, especialmente en casos de trabajadores con cargas familiares.
Este enfoque podría implicar un cambio en la forma de calcular las indemnizaciones, considerando las circunstancias personales de los trabajadores. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido en varias ocasiones el concepto de "despido restaurativo" y la necesidad de incorporar estas modificaciones a la normativa. Sin embargo, existen divisiones en el Gobierno respecto a estos cambios, especialmente en el ala socialista, lo que habría llevado a maniobras como la retirada de la experta española que participó en la decisión inicial del comité europeo, según informó El País.