(El País, 05-02-2025) | Laboral
Tras un significativo retraso-la ley debía haber comenzado a aplicarse en 2024 con una primera reducción a 38 horas-y en medio de las tensiones dentro del Gobierno de coalición, el "anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, el registro de jornada y el derecho a la desconexión" ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros. El texto mantiene los mismos términos acordados el 20 de diciembre entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos, pese al rechazo de la patronal.
"Es un día histórico", declaró Díaz en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, destacando la coincidencia de la aprobación del anteproyecto con el aniversario número 106 de la huelga de 44 días en La Canadiense, en Barcelona, que llevó a la implantación de la jornada laboral de 8 horas.
La vicepresidenta subrayó que la reducción de la jornada a 37,5 horas anuales mejorará la calidad de vida y contribuirá a incrementar la productividad. Además, defendió que esta medida reducirá el absentismo y permitirá una distribución más equitativa de los beneficios. En este sentido, recordó el reciente aumento de ganancias en sectores como la hostelería, el comercio, la construcción y la agricultura, ámbitos en los que la reducción de jornada podría enfrentar mayores desafíos.
Díaz también hizo hincapié en la importancia del control horario, uno de los puntos clave del anteproyecto: "Esta es la medida estrella de la reducción de jornada laboral. En España se realizan millones de horas extraordinarias no remuneradas cada semana, y esto debe corregirse".
El texto, tramitado por vía de urgencia, deberá recibir ahora los informes del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social (CES) antes de regresar al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley y su posterior envío al Congreso de los Diputados. Según el Ministerio de Trabajo, este proceso podría completarse a finales de febrero.
No obstante, la gran incógnita sigue siendo cómo y cuándo deberán adaptarse las pequeñas y medianas empresas (pymes) a la reducción de jornada, lo que se prevé como un punto clave en la negociación parlamentaria. En este sentido, el partido Junts ya ha advertido al Gobierno de que no cuenta con mayoría suficiente para sacar adelante la reforma y ha insistido en la necesidad de adecuarla a la realidad económica de Cataluña, donde predominan las pymes.
"Vamos a negociar con todas las formaciones políticas, como ya estamos haciendo", afirmó Díaz, lanzando un mensaje al Partido Popular al preguntar si aprovechará esta oportunidad para alinearse con los trabajadores o repetirá errores del pasado en materia laboral. En cuanto a Junts, expresó su confianza en que Cataluña desempeñe un papel positivo en el debate. También anticipó que la negociación será más sencilla de lo que parece, argumentando que "cuando una medida cuenta con un respaldo social amplio, es difícil encontrar razones para rechazarla".
El objetivo del Ministerio de Trabajo es que la nueva norma sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano, permitiendo así que las empresas dispongan de un período de adaptación. Según el anteproyecto, los convenios colectivos que actualmente superen las 37,5 horas semanales en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para ajustarse a la nueva jornada máxima.
Mientras tanto, la patronal CEOE y la organización de autónomos ATA han reiterado su rechazo a la reducción de jornada. En un acto organizado por Europa Press, al que asistió la propia vicepresidenta Díaz, sus representantes expresaron su desacuerdo con la medida. Antonio Garamendi, presidente de CEOE, afirmó que trasladarán su postura a los grupos parlamentarios, mientras que Lorenzo Amor, líder de ATA, insistió en que la reducción de jornada debería aplicarse de forma diferenciada según el sector y la región.
Amor alertó de que la medida afectará principalmente a los autónomos y a las pequeñas empresas con uno, dos o tres empleados, en lugar de impactar a las grandes compañías. Precisamente, la falta de disposiciones específicas para las pymes ha sido uno de los puntos de fricción dentro del Ejecutivo, evidenciando diferencias entre la vicepresidenta Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Finalmente, el Gobierno ha decidido mantener el texto acordado con los sindicatos y trasladar la discusión sobre posibles ajustes al Congreso de los Diputados.