(El País, 16-12-2024) | Laboral
Catorce años después del controvertido recorte salarial aplicado a los empleados públicos por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Parlamento podría debatir la posibilidad de revertir esta medida. El Tribunal Constitucional (TC) ha dado un paso clave al admitir a trámite un recurso de amparo contra la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados, que el 16 de mayo de 2023 rechazó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por el sindicato CSIF. Esta ILP buscaba presentar una norma en el Parlamento para anular el recorte de sueldos públicos que implementó el Ejecutivo socialista en junio de 2010 como parte de las medidas para mitigar el impacto de la crisis financiera de 2008.
El Tribunal ha decidido analizar si es procedente anular el veto de la Mesa del Congreso, que impidió al sindicato iniciar la recolección de las 500.000 firmas necesarias para que la ILP pudiera ser debatida en el Parlamento. Según el Constitucional, este caso presenta una "especial trascendencia constitucional", ya que podría tener implicaciones políticas más amplias, tal como señala el documento del tribunal al que ha accedido este medio.
Si el Constitucional falla a favor del sindicato, la Mesa del Congreso estaría obligada a permitir que CSIF avance con la ILP, cuyo objetivo es recuperar la estructura salarial previa al recorte del Gobierno de Zapatero. Dicho recorte redujo las pagas extraordinarias de los empleados públicos, afectación que aún persiste según denuncias del sindicato. No obstante, la decisión del TC solo representa un primer paso, ya que el sindicato deberá reiniciar el proceso de promoción de la ILP para obtener las firmas necesarias que permitan llevar la proposición de ley al Parlamento.
El núcleo de esta iniciativa busca derogar el artículo 1 del Real Decreto-Ley 8/2010, del 20 de mayo, donde se establecieron medidas excepcionales para reducir el déficit público. Entre estas, se incluyó una disminución salarial media del 5% para los empleados públicos, llegando hasta el 10% en las retribuciones más altas. Este recorte afectó principalmente las pagas extraordinarias de verano y Navidad, dejando una reducción estructural en las mismas que, según CSIF, no se ha revertido a pesar de los incrementos salariales aplicados en los últimos años.
El sindicato estima que, desde 2010, los empleados públicos han perdido anualmente una media de 1.600 euros en el grupo A1 (médicos, jueces, inspectores de Hacienda, entre otros), 1.020 euros en el grupo A2 (enfermeros, maestros) y 500 euros en el grupo C1 (policías, administrativos). En términos acumulados, esto supone una merma de 30.000 millones de euros en los ingresos de más de dos millones de trabajadores de las distintas administraciones públicas en los últimos 14 años.
La Mesa del Congreso rechazó la admisión de la ILP argumentando que no cumplía con los artículos 2 y 5.2 de la normativa que regula este tipo de iniciativas, al considerar que la propuesta afectaba a materias presupuestarias. Sin embargo, CSIF sostiene que esta afectación no figura entre las causas establecidas para inadmitir una ILP. Además, el sindicato argumenta que su propuesta no incluye ninguna disposición que afecte directamente a los Presupuestos Generales del Estado ni implica un coste presupuestario inmediato, sino que busca una derogación normativa y una negociación en el marco de la Mesa General de las Administraciones Públicas.
En apoyo a su recurso, CSIF ha presentado ejemplos de iniciativas legislativas que sí comprometían gasto público y que, no obstante, fueron admitidas a trámite, como la reducción de la aportación farmacéutica para pensionistas, la eliminación parcial del copago farmacéutico para usuarios de Muface y la equiparación salarial de los cuerpos policiales del Estado. La admisión del recurso por parte del Constitucional reaviva el debate sobre una medida que impactó significativamente a los trabajadores del sector público y abre la posibilidad de que esta cuestión vuelva a discutirse en el ámbito legislativo.