(El País, 05-01-2022) | Sector
A partir del que tendrá lugar la última semana de este mes. Los planes del tribunal de garantías para este primer trimestre del año pretenden cerrar la fase de aterrizaje de los nuevos magistrados —tras la polémica renovación de noviembre último—, con el fin de entrar ya en materia sin prisa, pero sin pausa.
Después del pleno de enero, por tanto, habrá dos más en febrero y otros dos en marzo. En total, cinco durante todo el trimestre, un promedio de actividad superior al de los dos últimos años de pandemia. El objetivo es abordar los recursos pendientes con el propósito de resolverlos por mayorías lo más amplias posibles, evitando la guerra de trincheras en que se convirtieron los plenos durante el último tramo del mandato anterior.
No hay todavía un orden del día preestablecido para dichas reuniones plenarias, en parte debido a que el plan acordado va a suponer a este respecto una novedad importante, consistente en el reforzamiento de las atribuciones del presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, del sector conservador. Trevijano se ha reservado la facultad de incluir o no en la agenda de cada pleno los proyectos de sentencia que se vayan elaborando.
Sin el nihil obstat del presidente ningún borrador de sentencia accederá a las sesiones plenarias, ni se votará en ellas sin dicha luz verde. Hasta ahora, en cambio, lo más habitual era que el ponente proponía el momento en que un asunto debía darse como suficientemente deliberado y, por tanto, podía someterse a votación en el pleno. Ello había dado lugar en ocasiones a la aparición de cierto factor sorpresa.
No será posible, por ejemplo, que un proyecto de fallo relevante, como el de la ley Celáa, que figuró entre los propuestos en el último pleno del anterior Constitucional —y no se aprobó por falta de tiempo—, se someta a deliberación formal sin una discusión anticipada sobre su contenido. Lo que se pretende es alejar la perspectiva de fallos aprobados por seis votos a cinco, con exhibición de las divisiones y luchas intestinas entre los magistrados. No se trata de que un resultado de este tipo —como el que se produjo en la sentencia sobre el primer estado de alarma, de la que fue ponente el propio Trevijano— sea irrepetible. Pero tanto el presidente del tribunal como su vicepresidente, Juan Antonio Xiol, quieren evitar la reedición de las tensiones que estallaron entonces.
En este contexto, fuentes del tribunal explican que algunos fallos importantes —como el relativo a la ley del aborto— podrían quedar pendientes hasta la próxima renovación del tribunal, prevista para junio de este año. Tal hipótesis se produciría si en los contactos previos entre los componentes del tribunal se pone de manifiesto que no hay consenso o una amplia mayoría para aprobar el texto que ha empezado a elaborar el nuevo ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo, quien tiempo atrás se mostró crítico con la legislación vigente.