(Cinco Días, 24-11-2020) | Sector
La crisis provocada por el Covid-19 ha situado el reciclaje como objetivo prioritario para muchos profesionales y organizaciones. Así, según un estudio elaborado por EY, el 61% de las empresas en España señala que este será su principal propósito tras la pandemia en relación con la gestión de las personas, una cifra muy superior al 20% actual.
En esta materia, abogados y bufetes no son una excepción. La exigencia del reciclaje de sus propias competencias y capacidades no solo viene impuesta por la evolución de las necesidades de los clientes, sino también por la difícil situación que para muchos ya está provocando el desplome de la economía. Renovarse o morir puede dejar de ser una recomendación para convertirse en una urgencia.
El informe Abogacía futura 2021: prospectiva de negocio emergente (pinche aquí para descargarse el informe) examina la evolución de las materias que, en los próximos años, abrirán nuevos nichos de actividad para letrados y despachos. El documento, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en colaboración con la Mutualidad de la Abogacía, está compuesto de seis capítulos dedicados a la inteligencia artificial, el blockchain, los objetos conectados, las innovaciones médicas, la impresión 3D, y la realidad virtual y la realidad aumentada. En cada uno de ellos se analiza en qué medida dicho elemento será un polo generador de negocio y, además, si tal innovación puede incorporarse a la firma para mejorar la prestación de sus propios servicios.
El informe constata que, si bien desde 2018 no se han producido grandes avances técnicos en relación con la inteligencia artificial (IA), sí se ha materializado una "significativa" expansión de la adopción de estas tecnologías. Los chatbots son las que señala el documento como las que pueden resultar más fértiles en la aportación de trabajo a los bufetes, que pueden asesorar en la definición de sus términos y condiciones, en la elaboración de sus contratos o en las reclamaciones que se produzcan por su servicio. A su vez, también puede ser de ayuda en los despachos para automatizar la gestión de determinadas consultas superficiales o preliminares, como a qué área debe dirigirse el potencial cliente según su problema. El estudio, además, prevé que el número de firmas que se beneficiarán de los chatbots hasta 2025 está por encima del 20%.
La automatización (los robots), por su parte, gana peso, pero la ausencia de un marco legal que defina claramente su régimen de responsabilidad impide que se encuentre en un estado de máxima explotación. Los pronósticos, eso sí, son que sea una importante fuente de ingresos para muchos abogados en los próximos años y los bufetes también puedan beneficiarse de su aplicación en su funcionamiento interno.
Por último, en relación con la inteligencia artificial, frente a lo verde que se encuentra aún el coche autónomo, en fase de ensayo y sin legislar, los drones han experimentado una gran eclosión en este último periodo (tanto en su regulación como en su utilización). No obstante, según indica el texto, su capacidad generadora de negocio será limitada, al igual que sucede con los sistemas de control global (en base al tratamiento masivo de datos), que en la actualidad están planteando importantes dudas y conflictos, pero que en los próximos años solo nutrirán a un segmento limitado de firmas.
El informe detecta que en España se ha producido un importante crecimiento en la aplicación de la tecnología blockchain. También la aparición de despachos que la han implementado en sus procesos o para comercializar algún servicio. Dentro de esta materia, los smart contracts son los que presentan un mayor estado de maduración y un mayor impacto en la abogacía, frente a los registros y certificaciones, la identidad digital y las criptomonedas.
Así, si bien algunas firmas están incluyendo en su oferta de asesoramiento el blockchain como vía de acceso a registros y certificaciones públicas, se apunta a que aún no existe una regulación que lo dote de la seguridad jurídica necesaria. El documento también relata como ya son varios los despachos que han implementado la posibilidad de que se paguen sus servicios con sus propios tokens o criptomonedas. En todo caso, la proporción de bufetes que se augura que aprovecharán estas innovaciones como nicho relevante de ingresos de aquí a 2025 es limitada: por debajo del 20%.
Dentro de la categoría de objetos conectados, el informe analiza el patrimonio digital, la smart city, los wearables (dispositivos inteligentes), la smart home (casas conectadas) y el vehículo conectado. Según los barómetros que estudian el grado de implantación del denominado internet de las cosas (IoT), España se encuentra en el quinto puesto de la UE en número de objetos conectados, aunque por debajo, eso sí, de la media europea.