(Expansión, 22-01-2025) | Fiscal
El Gobierno pondrá a prueba nuevamente hoy sus alianzas parlamentarias en el primer Pleno extraordinario del Congreso tras el receso navideño, en un contexto marcado por la presión del líder de Junts, Carles Puigdemont. Este último advirtió el pasado viernes a Pedro Sánchez que no contará con su apoyo a menos que se someta a una cuestión de confianza. En este escenario, el Ejecutivo asume que comenzará el año con un revés parlamentario inicial, lo que conllevará la eliminación definitiva del impuesto a las compañías energéticas. Paralelamente, trabaja en acelerar la subida del impuesto al diésel para compensar la pérdida de ingresos y desbloquear un pago de 25.000 millones de euros en ayudas europeas.
La eliminación del impuesto a las energéticas era un desenlace esperado. Este gravamen se convirtió en una herramienta clave para el Gobierno al intentar asegurar los votos necesarios para su reforma fiscal. Sin embargo, para lograrlo, se comprometió simultáneamente a eliminarlo con Junts y PNV, mientras garantizaba su extensión a ERC, Bildu, BNG y Podemos.
Aunque Hacienda intentó encontrar un equilibrio al mantener el impuesto pero bonificar ampliamente a las empresas que invirtieran en descarbonización, las diferencias entre los grupos políticos resultaron insalvables. Ante esto, el Ejecutivo optó por prorrogar el impuesto de forma urgente mediante un Real Decreto-ley en el último Consejo de Ministros de 2024, a pesar de saber que sería rechazado en la votación de convalidación en el Congreso, prevista para hoy.
La desaparición de este tributo, que afecta a las compañías petroleras, gasistas y eléctricas con ingresos superiores a 1.000 millones al año, implicará una pérdida de recaudación estimada en 1.200 millones de euros y pone en peligro algunos compromisos con la Unión Europea.
Como respuesta, el Gobierno ha decidido acelerar los esfuerzos para igualar fiscalmente el diésel con la gasolina, lo que implicará un aumento de casi 10 céntimos por litro en el precio del gasóleo, excluyendo al transporte profesional. Esta medida busca incrementar la recaudación en unos 1.500 millones y cumplir con los compromisos ambientales de la reforma fiscal vinculados al quinto tramo de ayudas europeas Next Generation. Además, permitiría equilibrar las cuentas públicas en línea con el Plan Fiscal Estructural.
"Avanzaremos para aprobarlo cuanto antes", afirmó ayer el secretario de Estado de Economía, Carlos Cuerpo, en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea en Bruselas. En ese encuentro, el Ecofin dio luz verde a las modificaciones solicitadas por España en su Plan de Recuperación, lo que eleva el monto del quinto pago de ayudas a 25.000 millones de euros. Sin embargo, el desembolso completo está condicionado a que España equipare fiscalmente el diésel y la gasolina.
Para evitar perder parte de los recursos europeos, el Gobierno debe aprobar la medida antes del 21 de marzo, con la posibilidad de solicitar una prórroga de un mes. Fuentes del Ejecutivo recuerdan que esta iniciativa casi se incluyó en la reforma fiscal, pero fue retirada tras el rechazo de Podemos. Ahora, será crucial obtener su apoyo y garantizar que otras fuerzas políticas, como Junts, respalden la propuesta. Pese a los desafíos, el Gobierno considera que hay margen para renegociar los apoyos y que la medida entre en vigor en abril, como estaba previsto.
Por otro lado, ayer el Ejecutivo no tenía asegurado el apoyo al último decreto de medidas anticrisis, que incluye la revalorización del 2,8% de las pensiones públicas, la extensión de las subvenciones al transporte público, ayudas a los afectados por la DANA, la prórroga del escudo antiopas hasta 2027 y la reducción del umbral de ingresos para hacer la declaración del IRPF. El PSOE apeló tanto al PP, que respalda su reforma de las pensiones, como a Junts, con la esperanza de salvar al menos este conjunto de medidas.