(El Periódico, 19-12-2024) | Laboral
Las administraciones públicas españolas han regularizado hasta la fecha un total de 321.776 plazas que estaban ocupadas por personal interino, según anunció el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, durante su intervención este miércoles en el Congreso de los Diputados. El proceso debe concluir antes del 31 de diciembre, fecha límite para que todo el sector público finalice la estabilización de trabajadores temporales en situación de fraude, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea para la recepción de fondos europeos y tras las reiteradas advertencias de la justicia europea.
En 2021, el Gobierno había identificado 300.000 plazas ocupadas por interinos en posiciones estructurales que debían estar desempeñadas por funcionarios de carrera. Tres años después, el número de plazas regularizadas asciende a 321.776, superando en 21.776 la previsión inicial. El Ministerio se refiere a "plazas" y no a "interinos", ya que algunos trabajadores eventuales han logrado consolidar su plaza, aunque en otro puesto, mientras que otros no han podido obtener ninguna.
"Los sectores más beneficiados por la estabilización han sido el docente y el sanitario, esenciales para el mantenimiento del Estado del Bienestar", destacó el ministro, quien subrayó que "nunca se habían convocado tantas plazas en tan poco tiempo".
A pesar de estos avances, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) recopilados trimestralmente por el INE aún no reflejan plenamente este esfuerzo. En el tercer trimestre de 2023, la tasa de temporalidad en el sector público español se situaba en el 28,6%, dos puntos por debajo de 2021, pero lejos del objetivo del 8% fijado por el Gobierno. Según López, mientras en la Administración General del Estado (AGE) la temporalidad es del 5%, en las comunidades autónomas alcanza el 42% y en los municipios, el 41%.
El pasado fin de semana, cientos de personas se manifestaron en Barcelona convocadas por plataformas de interinos y sindicatos como la IAC y la CGT, para exigir soluciones para aquellos trabajadores que no han logrado estabilizar su plaza. En el caso de la Generalitat, datos preliminares indican que más del 90% de los interinos que participaron en concursos de méritos u oposiciones han conseguido consolidar su posición.
El ministro también anunció su intención de presentar en el Congreso durante la primera mitad de 2025 dos proyectos legislativos orientados a incrementar la transparencia en la administración. Por un lado, la Ley de Administración Abierta, que ampliará las obligaciones del Estado en materia de transparencia, rendición de cuentas semestral y participación ciudadana. Por otro lado, la Ley de Grupos de Interés, conocida como "ley de lobbies", que establecerá un marco de transparencia e integridad en las interacciones entre los grupos de interés y el personal público del Estado.