(Expansión, 29-10-2020) | Sector
El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado este miércoles destina a Justicia para el ejercicio 2021 un total de 2.048 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,6% respecto del último plan presupuestario presentado.
Con el fin de asignar los nuevos recursos de forma más eficiente, se prevé una oferta de empleo de hasta 240 plazas para ingreso en las carreras judicial y fiscal, con el objetivo, según el documento, de lograr la "estabilización numérica de la Oferta de Empleo Público (...) reducir la interinidad, y dar curso a la programación de desarrollo de la planta judicial, reduciendo la sobrecarga y los tiempos de espera y dar respuesta a las nuevas necesidades organizativas, procesales y estructurales de la justicia a medio y largo plazo".
En su memoria explicativa, los PGE fijan como objetivo "profundizar en la Justicia democrática" como derecho "propio y genuino de la ciudadanía", y añaden que para ello es necesario articular una Justicia "que responda a las necesidades de la sociedad española del siglo XXI para cumplir el papel que le atribuye nuestra Constitución".
En este sentido se ha planificado el desarrollo del Plan Justicia 2030, alineado en una perspectiva plurianual con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, procedentes de Europa, cuyos objetivos son según el documento hecho público "con consolidar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficacia del servicio público y garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio, desarrollándose así el derecho a una justicia de calidad, eficaz y sin dilaciones indebidas".
En este punto, el capítulo relativo a Justicia de los PGE anuncia la elaboración de un anteproyecto de Ley Orgánica de Derecho de Defensa, y de la promoción de servicios alternativos de resolución de controversias que hagan disminuir la litigiosidad en los tribunales. En esta misma línea menciona el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorgara al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación.
Asimismo, los planes de Justicia para 2020 pasan por fortalecer la atención a las víctimas de delitos violentos, especialmente de las mujeres que sufren violencia machista, poniendo en marcha, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y del Convenio de Estambul, un plan de guardias de 24 horas para los médicos forenses que actúan en el ámbito del Ministerio de Justicia, y una revisión de los protocolos de intervención en casos de violencia sexual.
Los presupuestos pasan igualmente, por un "compromiso decidido con la modernización y la transformación digital de la Justicia para garantizar el acceso a la misma en iguales condiciones en cualquier parte del territorio", un aspecto para el que se prevé recuperar la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Justicia y se presupuestan 149 millones de euros. Además, al programa de Registros vinculados con la Fe Pública se asignan créditos por un importe de 35 millones de euros.