(La Vanguardia, 19-03-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno ha llevado este martes al Consejo de Ministros la reforma de la ley de extranjería para facilitar la redistribución de menores migrantes entre las comunidades autónomas. La medida, que se aprobará mediante Real Decreto Ley, se incluyó en el orden del día a última hora, tras asegurarse el apoyo de Junts en el Congreso, donde la iniciativa será votada en un máximo de 30 días. Garantizar el respaldo de los independentistas era clave para evitar que la propuesta volviera a ser rechazada, como ocurrió el verano pasado. Esta modificación permitirá trasladar a otras regiones a menores no acompañados cuando determinados territorios, como Canarias y Ceuta, se encuentren en una situación de sobreocupación.
Para financiar la acogida de estos menores, Hacienda compensará a las comunidades autónomas, aunque solo cubrirá los costes generados por la sobreocupación derivada de los traslados. Para acceder a estos fondos, las comunidades deberán acreditar que cuentan con un número mínimo de plazas de acogida, conocidas como "capacidad ordinaria", y que están completamente ocupadas. En 2025, el fondo estatal destinado a este propósito contará con 100 millones de euros.
La redistribución de los menores se activará cuando un territorio supere tres veces su capacidad ordinaria de acogida y se declare una "contingencia migratoria". El traslado a otras regiones se realizará siguiendo criterios que ponderan factores como la población (50%), la dispersión territorial (2%), la renta per cápita (13%) y la tasa de desempleo (15%). También se tendrán en cuenta la insularidad (2%), la condición de territorio fronterizo (2%), el número de menores acogidos en los últimos seis meses (6%) y el esfuerzo realizado en años anteriores en materia de acogida (10%). Aunque la gestión de la inmigración es competencia estatal, la atención a la infancia y los servicios sociales dependen de las comunidades autónomas.
El respaldo de Junts, que el pasado verano rechazó la reforma junto con el PP y Vox, se desbloqueó hace unas semanas tras el acuerdo con el PSOE para delegar en la Generalitat ciertas competencias en materia de inmigración. A pesar de que una de las condiciones de Junts era que Cataluña no recibiera más menores migrantes, el pacto ha permitido avanzar en la negociación. Aunque aún no se han detallado las cifras exactas de la redistribución, todas las comunidades tendrán que acoger a menores procedentes de Canarias y Ceuta. Cataluña y el País Vasco recibirán un número reducido, ya que cuentan con una capacidad de acogida proporcionalmente superior al de otras regiones y han ampliado sus plazas en los últimos años.
En un comunicado, Junts ha resaltado que el acuerdo con el Gobierno limita el número de menores que serán trasladados a Cataluña. Según su versión, la redistribución afectará principalmente a aquellas comunidades que hasta ahora han acogido a menos menores o han hecho un esfuerzo menor en comparación con Cataluña. En total, de los 4.000 menores que se redistribuirán en la Península, Cataluña recibirá entre 20 y 30, mientras que a Madrid le corresponderán más de 700. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que impugnará el decreto ante los tribunales.
Aunque aún no hay cifras definitivas, cálculos internos del Ministerio de Juventud establecen que cada comunidad debería contar con una plaza de acogida por cada 2.500 habitantes. Según esta estimación, Madrid, que actualmente dispone de menos de 2.000 plazas, debería ampliar su capacidad en 1.145 camas adicionales. Andalucía, con 3.000 plazas, necesitaría al menos 800 más. De aplicarse este criterio de manera uniforme, las comunidades gobernadas por el PP tendrían que incrementar el sistema en unas 4.000 plazas en total.
Finalmente, la negociación para establecer un mecanismo estructural de redistribución sin el respaldo del PP, que gobierna en Ceuta y respalda al Ejecutivo de Canarias junto a Coalición Canaria, no ha prosperado. Los populares condicionaron su apoyo a una revisión completa de la política migratoria del Gobierno y, al no conseguirlo, abandonaron la mesa de negociación. Mientras tanto, Vox ha intensificado su discurso contra los menores migrantes y ha roto su alianza con el PP en varias autonomías tras aceptar la reubicación de unos pocos niños, un proceso que ya se estaba llevando a cabo desde 2022.
El proceso de distribución supondrá un nuevo reto, ya que los servicios de Canarias y Ceuta deberán seleccionar a los menores adecuados para el traslado en función de su edad, nivel de arraigo y situación personal. Con la contingencia migratoria activada, el decreto establece que los primeros en ser reubicados deberán ser los recién llegados, independientemente de que su minoría de edad haya sido verificada con certeza. Además, el traslado deberá efectuarse en un máximo de 15 días tras su registro.