(El País, 23-12-2024) | Fiscal
Este lunes 23 de diciembre, el Gobierno celebrará el último Consejo de Ministros del año, donde se espera aprobar un conjunto de medidas económicas, que incluyen la extensión del gravamen a las grandes energéticas hasta 2025, la prórroga de las bonificaciones al transporte público y el incremento de las pensiones.
Entre las medidas previstas, se encuentra un real decreto ley que extenderá el gravamen a las grandes energéticas durante 2025. Este compromiso del Gobierno con sus socios (ERC, Bildu y BNG) podría no recibir el respaldo del Congreso debido a la oposición de PNV y Junts. Tras la reciente derogación del gravamen con los votos de PP, Junts, PNV y Vox, el Ejecutivo se ve obligado a aprobarlo nuevamente en lugar de prorrogarlo, como inicialmente había planeado.
Por otro lado, aún no está confirmada la subida de la fiscalidad del diésel para igualarla con la de la gasolina, un ajuste que el Gobierno planea incluir en un decreto independiente que todavía está en negociación con sus socios.
Según Ione Belarra, líder de Podemos, el Consejo de Ministros aprobará también la prórroga de las ayudas al transporte público durante el primer semestre de 2025. Esto incluirá la gratuidad de los abonos de Renfe en Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional por seis meses más. Además, se mantendrán las bonificaciones para determinadas líneas ferroviarias, la gratuidad de los autobuses estatales para viajeros frecuentes, los descuentos en los abonos de transporte en Canarias y Baleares, y las ayudas para reducir al menos un 50% el coste de los abonos y títulos multiviaje en transporte colectivo urbano e interurbano.
El Gobierno seguirá subvencionando una rebaja del 30% en el transporte público para aquellas comunidades autónomas y entidades locales que completen los descuentos hasta alcanzar al menos el 50% en los servicios de su competencia.
Otra medida destacada será la prórroga durante todo 2025 de la suspensión de desahucios para colectivos vulnerables, una iniciativa que se implementó en 2020 como respuesta a la pandemia. Sin embargo, no está claro si se extenderá la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables ni si se ajustará el calendario para reducir progresivamente el bono social eléctrico, cuya cobertura actual disminuiría en julio de 2025.
Además, se aprobará un real decreto de prórroga presupuestaria para ajustar las cuentas de 2023, vigentes debido a la falta de aprobación de nuevos presupuestos para 2024. Aunque la prórroga es automática, requiere ajustes técnicos y políticos. En este caso, queda descartado incluir un incremento salarial para los empleados públicos, cuya negociación comenzará en enero.
En cuanto a las pensiones, se prevé una revalorización del 2,8% para 2025, basada en la inflación interanual de diciembre de 2023 a noviembre de 2024. Sin embargo, aún no se ha detallado el aumento de las pensiones mínimas y no contributivas, que deberían incrementarse en mayor medida según la última reforma. También queda pendiente la actualización del ingreso mínimo vital (IMV) y la definición del salario mínimo interprofesional (SMI), que será prorrogado temporalmente hasta establecer una nueva cuantía con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
En el ámbito de la movilidad, el Plan Moves III, que promueve la compra de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructura de recarga, finalizará el 31 de diciembre si no se prorroga. La patronal Anfac señala que el Gobierno trabaja en una posible extensión de estas ayudas y solicita también prolongar la desgravación del 15% en el IRPF por la adquisición de vehículos eléctricos.
Por otro lado, parece poco probable que se mantengan más allá de este año las rebajas del IVA aplicadas a alimentos básicos y electricidad, dado que estas medidas han ido ajustándose conforme el precio mayorista de la electricidad se normalizaba.