(El Economista, 23-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El Congreso de los Diputados dio luz verde el pasado jueves a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, un texto que el PSOE utilizó para asegurar uno de los pactos alcanzados con el PNV durante la legislatura anterior. La norma, que había sido previamente bloqueada por el PP en el Senado, incluye una disposición final que transfiere al País Vasco la gestión y regulación de los interventores, secretarios y tesoreros municipales. Estos funcionarios, aunque prestan servicios en los ayuntamientos, están formalmente vinculados al Estado como parte del cuerpo de habilitados nacionales.
Aunque esta competencia ya había sido otorgada previamente al País Vasco, la nueva transferencia se plantea como una medida preventiva. Según fuentes conocedoras del asunto, existe el riesgo de que la última transferencia, aprobada mediante un real decreto legislativo, sea anulada en las próximas semanas. Esto se debe a una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en relación con una oferta pública de empleo que incluía 174 plazas y exigía el conocimiento del euskera como requisito obligatorio, en lugar de considerarlo un mérito. La semana pasada, el TSJPV suspendió cautelarmente dicha oferta mientras se resuelve el asunto.
Ante esta situación, existe preocupación entre los partidos de que el Tribunal Constitucional pueda cuestionar la urgencia con la que se aprobó el decreto legislativo y anule nuevamente la transferencia, como ya ocurrió a principios de 2024. En aquella ocasión, el Constitucional consideró inconstitucional el traspaso, argumentando que la medida se había introducido en una ley acompañante de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, lo que excedía el ámbito permitido para este tipo de leyes. Además, el alto tribunal señaló que el contenido no estaba relacionado con el sistema retributivo de la función pública.
Con esta última regulación, sería la cuarta vez que se aborda este traspaso. Entre 2007 y 2013, la competencia se transfirió a todas las comunidades autónomas, pero posteriormente se optó por recentralizar las convocatorias de plazas. Sin embargo, el Consejo General de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) ha criticado el procedimiento seguido en esta ocasión, dado que la modificación se incluyó como una enmienda en una ley orgánica que no guardaba relación directa con esta materia.
El vicepresidente de Cosital, Rafael Santiago, expresó al Economista.es su preocupación por las implicaciones de este cambio. Destacó el riesgo de que los profesionales encargados de supervisar el gasto público de los ayuntamientos y garantizar el cumplimiento de las reglas fiscales puedan verse influenciados por niveles de gobierno más cercanos, como el autonómico. En el actual contexto de retorno a las reglas fiscales en Europa, estos funcionarios tendrán un papel clave, lo que hace fundamental preservar su independencia. "Seguiremos trabajando a nivel legal", concluyó Santiago.