(Expansión, 22-11-2024) | Fiscal

A última hora, y con el debate sobre la reforma fiscal ya en marcha en el Pleno del Congreso, el Gobierno alcanzó ayer un acuerdo in extremis con Unidas Podemos para salvar el núcleo de su propuesta tributaria. A cambio, se comprometió a desarrollar un impuesto a las energéticas, cuya aprobación definitiva queda pendiente y deberá satisfacer a los socios de ambos lados del Hemiciclo.

En otras palabras, el Ejecutivo ha aplazado la resolución del conflicto, ganando tiempo para intentar recomponer los apoyos parlamentarios tras una negociación extremadamente complicada. Mientras tanto, Hacienda logró mantener su imagen frente a Europa al presentar la transposición del tipo mínimo global para multinacionales, una reforma que incluye un endurecimiento del impuesto a la banca, mayor presión fiscal sobre las rentas del capital y el cierre de lagunas legales que habían debilitado la recaudación del impuesto de sociedades.

La reforma fiscal, que estuvo a punto de fracasar durante la caótica Comisión de Hacienda celebrada en la madrugada del lunes al martes, entró al Pleno bajo la amenaza de ser rechazada por Unidas Podemos. Sin embargo, finalmente fue aprobada con 178 votos a favor, 171 en contra (PP, Vox y UPN) y ninguna abstención.

El acuerdo alcanzado requirió la mediación directa del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien actuó como interlocutor con la líder de Podemos, Ione Belarra, para lograr un compromiso que giró en torno al impuesto extraordinario a los sectores petrolero, gasista y eléctrico. Este gravamen, inicialmente planteado como temporal pero con aspiraciones a ser permanente, generó tensiones con distintos partidos. Mientras Junts y PNV presionaron para limitarlo ante las amenazas de deslocalización de empresas como Repsol, ERC, Bildu y BNG exigieron extenderlo un año más, y Unidas Podemos insiste en su carácter permanente. Hacienda ha conseguido margen hasta finales de año para buscar un consenso.

El acuerdo, anunciado por Podemos como parte del "paquete fiscal progresista", incluye el compromiso del PSOE de impulsar una nueva propuesta de ley para el impuesto a las energéticas tras la aprobación de la reforma principal. Además, se creará una comisión negociadora con la participación de los partidos necesarios para garantizar el consenso. Si no se alcanza un acuerdo antes del 31 de diciembre, el Gobierno promete prorrogar el actual gravamen mediante un Real Decreto-ley para su aplicación en 2025.

El pacto también incorpora garantías para respetar las condiciones planteadas por Junts y PNV, excluyendo del impuesto a las inversiones destinadas a la descarbonización, tal como se reflejó en un comunicado emitido por Hacienda durante la madrugada del lunes.

Belarra, por su parte, afirmó que Hacienda debe asegurar el respaldo de Junts, aunque Podemos trabajará con "ambición" para garantizar que las energéticas paguen el impuesto sin beneficiarse de deducciones pactadas con los socialistas. Por su parte, Montero anunció la creación de una comisión que incluirá a todos los partidos implicados en la reforma, destacando que su objetivo es cumplir con los compromisos europeos y desbloquear los 7.200 millones de euros correspondientes al quinto desembolso de ayudas Next Generation, además de lograr el aval comunitario al Plan Fiscal Estructural, que prevé incrementar la recaudación en 4.500 millones desde 2025.

La reforma, que lleva el extenso título de "Proyecto de Ley por el que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, y se modifican otras normas tributarias", incluye un endurecimiento del impuesto a la banca que se repartirá entre las comunidades autónomas y una serie de medidas fiscales cuya capacidad para alcanzar los objetivos de recaudación prometidos a Bruselas aún está por comprobarse.

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