(El Periódico, 27-12-2024) | Fiscal
El Gobierno ha propuesto una deducción dentro del impuesto a las energéticas para intentar ganar el apoyo parlamentario de Junts y el PNV a la prórroga del gravamen en 2025. El real decreto-ley aprobado este lunes por el Consejo de Ministros establece que las grandes empresas podrán deducir hasta el 30% de sus inversiones en transición ecológica, con un límite general del 10% del importe del gravamen, que podría llegar al 60% si las inversiones son muy elevadas. Aunque este texto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el martes, se espera que su ratificación en el Congreso sea complicada.
A finales de octubre, Junts y el PNV llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para rechazar el gravamen extraordinario sobre las energéticas, ya que consideraban que afectaba a las inversiones de Repsol en Tarragona y el País Vasco. Sin embargo, la presión de otros socios parlamentarios del Gobierno obligó a Hacienda a comprometerse con ERC, EH Bildu y BNG a prorrogar el gravamen un año más para salvar la votación del paquete fiscal aprobado la semana pasada.
Para satisfacer a todas las partes, el Ejecutivo ha decidido mantener el gravamen energético durante un año más, pero ha diseñado una deducción para las empresas que realicen inversiones estratégicas entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de septiembre de 2025. En el mejor de los casos, las empresas podrán deducir hasta el 60% del gravamen, pero siempre deberán pagar al menos el 40% de la cuota anual. Desde el PNV ya han expresado su desacuerdo, afirmando que la tasa va en contra del Concierto Vasco y que no aceptarán parches.
El Gobierno ha propuesto una deducción amplia, aplicable a las inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y la descarbonización, como la producción de hidrógeno renovable, la transformación de residuos o el almacenamiento energético. Las empresas deberán registrar sus proyectos en un Plan de Inversiones Estratégicas para la Transición Ecológica, y las inversiones deberán materializarse en un plazo de dos años y mantenerse en funcionamiento durante cuatro años.
Además, el real decreto-ley establece que, en lugar de prorrogar el actual gravamen, se creará un nuevo gravamen que afectará a las empresas principales de los sectores energéticos en 2025. Este nuevo gravamen será similar al creado en diciembre de 2022, con un tipo del 1,2% sobre los ingresos obtenidos en España por las empresas con una facturación superior a 1.000 millones de euros en 2019, como Repsol, BP, Iberdrola, Endesa, entre otras.
Finalmente, el Gobierno se compromete a revisar la configuración del gravamen temporal energético y a hacerlo permanente a partir de 2025, en coordinación con las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra. El gravamen energético de 2024 ha generado una recaudación de 1.164 millones de euros.