(Expansión, 19-11-2024) | Fiscal
La mayoría de los miembros de la Comisión de Hacienda del Congreso se opone a incluir un impuesto a las entidades financieras en el proyecto de ley que establece un tipo mínimo para las multinacionales. Sin embargo, la decisión definitiva será tomada por el Pleno el próximo jueves. El frágil equilibrio político que el Gobierno había intentado mantener para sacar adelante su reforma fiscal comenzó a resquebrajarse este lunes, cuando el Congreso mostró su rechazo a medidas como los impuestos a la banca, el diésel y las Socimis. Este revés pone en serio peligro el núcleo central del plan tributario de Hacienda, aunque el Ejecutivo podría intentar salvar el gravamen a las multinacionales a cambio de mantener el impuesto a las energéticas hasta 2025, una demanda de ERC, EH Bildu y BNG, pero que podría costarle el apoyo de Junts.
Pese a los aplazamientos en la tramitación del proyecto de ley de transposición del tipo mínimo global, que buscaban ganar tiempo para llegar a acuerdos, el Ejecutivo no ha logrado un consenso con todos sus aliados parlamentarios. Esto deja en incertidumbre las principales medidas recaudatorias de la reforma, pendientes de la votación final en el Pleno del jueves. Además, la prolongación del impuesto a las energéticas también enfrenta obstáculos sin un acuerdo con Junts y el PNV.
El lunes, la mayoría de la Comisión de Hacienda rechazó dos veces el impuesto a la banca: tanto al intentar incluirlo como transacción en el proyecto de ley, como en forma de enmienda particular. Este rechazo refleja el descontento de ERC y Bildu por la retirada inicial del impuesto a las energéticas, una concesión del Gobierno a Junts y el PNV. Como respuesta, ERC y Bildu votaron en contra del tributo bancario, alineándose inusualmente con el PP y Vox, con el objetivo de presionar para renegociar el paquete fiscal.
Aunque el Pleno del Congreso volverá a debatir la medida este jueves, la caótica votación del lunes, con recesos e intervenciones de los letrados de la Cámara, evidenció la falta de cohesión entre los socios habituales del Gobierno y la vulnerabilidad de su minoría parlamentaria. El Ejecutivo enfrenta ahora una reforma fiscal muy debilitada, a pesar de haberla comprometido ante la Unión Europea tanto en el Plan de Recuperación, que condiciona el desembolso de 7.200 millones de euros de ayudas Next Generation, como en el Plan Fiscal Estructural, que prometía aumentar los ingresos en 4.500 millones anuales a partir de 2025.
Por el momento, el Parlamento parece inclinarse por rechazar tres de las medidas con mayor potencial recaudatorio de la reforma fiscal inicial: los impuestos a la banca y las energéticas, que juntos sumaron 2.860 millones de euros este año, y la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, estimada en 2.400 millones según la Airef. La votación también mostró la oposición a varias concesiones del ala socialista del Gobierno hacia Sumar, como la eliminación del régimen fiscal especial para las Socimis, la retirada de la exención tributaria en las primas de seguros médicos y la creación de un impuesto al lujo.
Por otro lado, la Comisión de Hacienda aprobó la reactivación de la triple subida fiscal societaria introducida por Cristóbal Montoro en 2016 y anulada por el Tribunal Constitucional en enero, lo que evitaría una mayor pérdida de recaudación. También se dio luz verde a medidas como la rebaja del Impuesto de Sociedades para cooperativas y empresas pequeñas, la mejora fiscal para actividades artísticas, y bonificaciones a la Seguridad Social para clubes deportivos sin ánimo de lucro. Asimismo, se apoyó el incremento del tipo marginal del IRPF sobre los rendimientos del ahorro al 30% para ingresos superiores a 300.000 euros, y se aprobaron nuevos impuestos sobre el tabaco líquido y alzas en el tabaco tradicional para desalentar el consumo.
Finalmente, se aceptó una enmienda contra el fraude en hidrocarburos en el marco de la directiva europea que establece un tipo mínimo global del 15% para grandes empresas, una medida que incluso el PP estaba dispuesto a respaldar si el Gobierno retiraba el resto de la reforma fiscal.