(Expansión, 29-01-2025) | Laboral
El Gobierno finalmente alcanzó un acuerdo con Junts para reactivar, en el Consejo de Ministros de ayer, la mayor parte del paquete de medidas sociales incluidas en el fallido decreto ómnibus. Entre ellas se encuentran la actualización de las pensiones, la revisión de las cotizaciones y las ayudas tanto para el transporte como para los damnificados por la DANA. La clave del pacto fue una doble concesión a Junts: aceptar la tramitación de un debate sobre una cuestión de confianza-aunque el presidente del Gobierno adelantó que no se someterá a ella-y fragmentar el decreto original, dejando para más adelante la negociación de asuntos como la financiación autonómica, las rebajas fiscales y las ayudas para la compra de vehículos o la industria electrointensiva.
Las negociaciones entre el Ejecutivo y el grupo de Carles Puigdemont se prolongaron durante toda la mañana, retrasando el inicio del Consejo de Ministros, previsto para las 9:30, hasta las 12:30 para dar tiempo a cerrar el acuerdo. El objetivo principal era corregir los efectos sociales derivados de la derogación del decreto ómnibus de finales de 2024, rechazado por el Congreso la semana anterior con los votos de PP, Vox y Junts.
"Tras una larga negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto-ley social que recoge prácticamente todas las medidas del escudo social que aprobamos en diciembre", anunció el presidente Pedro Sánchez tras la reunión de su gabinete. Explicó que el nuevo decreto incluye un total de 29 medidas, entre ellas la actualización de las pensiones conforme al IPC, la mejora de las pensiones mínimas, ayudas para municipios, hogares y empresas afectadas por la DANA en Valencia, apoyo al transporte público gratuito y asistencia a los damnificados por la erupción del volcán de La Palma.
A cambio, Sánchez reconoció haber aceptado la tramitación de una proposición no de ley impulsada por Junts en el Congreso para abrir un debate, sin carácter vinculante, sobre la necesidad de que el presidente se someta a una cuestión de confianza. No obstante, aclaró que la Constitución otorga al presidente del Gobierno, previa deliberación con el Consejo de Ministros, la decisión final sobre este asunto, y adelantó que "el Gobierno no ve necesario" someterse a ella. Desde Junts señalaron que su intención es únicamente abrir el debate y, tras introducir mejoras técnicas en el texto registrado, esperan poder impulsarlo entre febrero y marzo.
Otra concesión a Junts ha sido la inclusión en el decreto de un "sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos", una iniciativa ya prevista en el plan de vivienda de Sánchez, pero que tuvo que adelantarse para que Junts aceptara prorrogar la prohibición de desahucios de familias vulnerables, una condición esencial para asegurar el respaldo de los partidos situados más a la izquierda, como Podemos. Además, el decreto contempla el bono social eléctrico, la prohibición de cortes de suministros en hogares vulnerables y la restricción de despidos en empresas que reciben ayudas públicas.
Entre otras medidas, el nuevo decreto mantiene la revalorización de las pensiones contributivas en un 2,8%, el incremento del 6% en las pensiones mínimas contributivas y un aumento del 9% en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). También eleva las bases máximas de cotización y aplica la cuota de solidaridad, además de subir la pensión máxima hasta los 3.276,60 euros mensuales. Asimismo, se restablece el escudo antiopas para proteger a empresas estratégicas de inversiones extranjeras. Sin embargo, el Gobierno ha decidido no prorrogar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2024, argumentando que el Ministerio de Trabajo ya ha instruido su aplicación hasta que se apruebe el de 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Otras medidas económicas del decreto original han sido aplazadas.
"Hasta ayer, el Gobierno afirmaba que no se modificaría ni una sola coma del real decreto ómnibus. Hoy ese decreto ha sido eliminado y sustituido por otro que incluye solo medidas urgentes y sociales", celebró la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.
Por su parte, Sánchez evitó mencionar el papel de Junts en el rechazo del decreto original y centró sus críticas en la "coalición negacionista de PP y Vox", acusándolos de oponerse al escudo social con argumentos falsos, como la supuesta inclusión de subidas fiscales sobre los alimentos. También justificó la cesión al PNV del palacete en París que alberga el Instituto Cervantes, alegando que fue arrebatado por la Gestapo y el franquismo.
"El Gobierno puede perder una votación en el Parlamento, como ha ocurrido, pero no nos resignamos a perder la mayoría social del país", afirmó Sánchez, asegurando que seguirá trabajando para recuperar las medidas pendientes del decreto ómnibus. El PP, que no ha aclarado si apoyará este nuevo decreto, criticó que Sánchez haya cedido ante Puigdemont en lugar de buscar respaldo para algunas de las medidas iniciales.