(El País, 20-01-2025) | Laboral
Los departamentos legales de las aseguradoras vinculadas a Muface están trabajando intensamente. Esto ocurre después de que Adeslas y DKV anunciaran su decisión de no participar en la nueva licitación, a pesar del incremento del 33,5% en las aportaciones que el Gobierno destinará a financiar la atención sanitaria de 1,53 millones de funcionarios y sus familiares. Las aseguradoras están ahora explorando fórmulas para proteger a quienes decidan participar en el convenio 2025-2027, ante el riesgo de incurrir en pérdidas como sucedió en el acuerdo actual, prorrogado hasta el 1 de abril.
En respuesta a una consulta pública realizada por Asisa, la única aseguradora que sigue evaluando su participación en la licitación, Muface se ha pronunciado sobre la posibilidad de compensar los desequilibrios financieros. Esta consulta se tramitó a través del portal de contratación del sector público, donde se publican licitaciones y contratos con la Administración central.
Según la mutualidad, que depende del Ministerio de Transición Digital y Función Pública, no es posible establecer un porcentaje fijo de desviación que permita identificar una ruptura del contrato administrativo, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional. En los fallos citados, los porcentajes de desequilibrio oscilan entre el 2,5% y el 3,5%. Sin embargo, en el concierto sanitario 2021-2024, las pérdidas superaron ampliamente esos valores. Muface también hace referencia a un dictamen del Consejo de Estado de 2019, donde se reconoce que una quiebra económica significativa podría justificar compensaciones incluso con desviaciones inferiores al 5%, siempre que se deba a riesgos imprevisibles.
El modelo Muface lleva años enfrentando problemas de financiación. Los mutualistas -en su mayoría docentes- aportan una cuota obligatoria mensual que, sumada a una contribución estatal, permite cubrir la atención sanitaria privada o pública, según la elección de cada afiliado. El Gobierno propuso aumentar en un 33,5% las cantidades destinadas a las aseguradoras, elevando el total a 4.500 millones de euros para tres años. No obstante, solo Asisa sigue evaluando su participación en la licitación.
Durante el periodo 2021-2024, las tres aseguradoras que participaron reportaron pérdidas conjuntas de 600 millones de euros, atribuidas principalmente a la inflación derivada de la guerra en Ucrania y al aumento inesperado de la demanda de servicios sanitarios por parte de los mutualistas. Asisa ha preguntado a Muface qué circunstancias podrían considerarse como riesgos imprevisibles para activar la cláusula 8.7.3 del nuevo convenio, que contempla "el restablecimiento del equilibrio económico-financiero".
Muface ha indicado que se pueden reclamar compensaciones por incrementos significativos en los costos o en la frecuencia de uso del servicio, como los provocados por una inflación excepcional o una situación sanitaria que aumente la demanda de atención, tal como ocurrió en 2022 y 2023. Este reconocimiento busca ofrecer garantías a Asisa y a posibles participantes en la licitación, ante el temor de sufrir grandes pérdidas. Adeslas, por ejemplo, calculó que mantener su participación en el nuevo convenio le habría supuesto pérdidas de 250 millones de euros, mientras que DKV las estimó entre 70 y 100 millones.
Además, Muface aclaró que las desviaciones presupuestarias pueden acreditarse mediante auditorías de cuentas, aunque admite que otros medios válidos en derecho también podrían ser utilizados. La cláusula 8.7.3, incluida en el nuevo convenio para facilitar la compensación por cambios en las condiciones del servicio, responde a la salida masiva de aseguradoras del sistema de mutualismo administrativo, un fenómeno que anteriormente ya afectó a Sanitas, Caser y Mapfre.
Por otro lado, los abogados de algunas aseguradoras ya están evaluando si podrían reclamar compensaciones por las pérdidas sufridas en el convenio 2021-2024, basándose en la Ley de Contratos del Sector Público, que contempla esta posibilidad incluso en ausencia de una cláusula específica.
El Gobierno se ha mostrado dispuesto a explorar soluciones jurídicas para resarcir a las aseguradoras afectadas por las pérdidas del periodo anterior, con el objetivo de incentivar su participación en el nuevo convenio 2025-2027. Sin estas garantías, sería difícil atraer a varias compañías para competir en la licitación.