(El Economista, 09-12-2024) | Fiscal
El Gobierno logró la aprobación de su nuevo impuesto a la banca gracias a acuerdos estratégicos con diversos aliados parlamentarios de izquierda y derecha. El texto fue votado en el Congreso el pasado 21 de noviembre y se encuentra ahora en fase de tramitación en el Senado. Aunque el plazo para presentar enmiendas ya cerró el miércoles pasado, los partidos tienen hasta el 18 de diciembre para debatir cuáles se incorporarán antes de devolver la propuesta a la Cámara Baja.
Sin embargo, todo este proceso se ha desarrollado sin contar previamente con la opinión del Banco Central Europeo (BCE), un requisito obligatorio. La consulta al BCE, que se realizó después de la aprobación inicial en el Congreso, será publicada cuando los partidos ya no puedan modificar el contenido del proyecto, lo que plantea serios riesgos legales. Según fuentes jurídicas citadas por elEconomista.es, Fráncfort podría recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) alegando incumplimiento normativo, lo que podría llevar a una suspensión del impuesto.
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la decisión 98/415 del Consejo de la UE establecen que los Estados miembros deben consultar al BCE sobre cualquier legislación que afecte a sus competencias, especialmente si influye en la estabilidad financiera o las normas aplicables a las entidades financieras. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, ya había advertido que este nuevo impuesto cumple con estos criterios. Para mitigar su impacto, los legisladores incluyeron una deducción en caso de que las entidades bancarias vean comprometida su rentabilidad por el pago de esta tasa.
Según el Senado, la consulta al BCE fue solicitada por el Banco de España el 26 de noviembre, cinco días después de la aprobación del proyecto en el Congreso, y registrada el 28 de noviembre en la Cámara Alta. Aunque el BCE no tiene un plazo específico para emitir su dictamen, España podría haber establecido uno más reducido dado el carácter de urgencia con el que se ha tramitado esta norma. No obstante, aunque el BCE publique su opinión antes de final de año, ya no será posible incluir modificaciones basadas en sus recomendaciones, dado que el periodo de enmiendas ha finalizado.
Esta falta de previsión incumple las directrices europeas, que exigen que el BCE sea consultado en una etapa inicial para que sus observaciones puedan influir en la redacción del proyecto de ley. Según expertos consultados, esta omisión podría derivar en la suspensión del impuesto si el TJUE detecta un incumplimiento. De hecho, este tribunal ya suspendió anteriormente, por motivos distintos, el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos aprobado por el exministro Cristóbal Montoro.
Francisco de la Torre, ex presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, se mostró sorprendido por la irregularidad del proceso. "Si el impuesto estaba previsto en los documentos enviados a Bruselas, no tiene sentido que no se solicitara el informe al BCE desde el principio o inmediatamente después de la aprobación en el Congreso", señaló.
En caso de que el BCE decida actuar, puede recurrir al TJUE para denunciar un incumplimiento. Este procedimiento podría derivar en la anulación o suspensión temporal del impuesto hasta que se adopten las medidas necesarias para alinearse con las exigencias legales europeas.