(El Economista, 28-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno ha sufrido un revés inesperado en uno de los pilares económicos que implementó durante la pandemia. El rechazo de la mayoría de fuerzas políticas al decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados provocó, entre otras medidas destacadas como el incremento de las pensiones o el fin de las subvenciones al transporte público, la caída del llamado escudo antiopas, a pesar de que el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, había anunciado una prórroga de esta medida hasta diciembre de 2026.
Este mecanismo, que protegía a empresas estratégicas nacionales, permitía al Ejecutivo autorizar o bloquear inversiones extranjeras cuando estas superaran el 10% del capital en empresas cotizadas o 500 millones de euros en no cotizadas. Entre 2020 y 2023, se intervino en 264 operaciones bajo esta regulación. Un ejemplo reciente fue la protección ofrecida a Talgo frente a la opa lanzada por la compañía húngara Magyar Vagon.
Pese a la eliminación del escudo, el Gobierno asegura estar trabajando en un nuevo marco regulador que blinde a las empresas españolas sin dejarlas desprotegidas frente al capital extranjero. De hecho, antes de la existencia de este escudo, ya existían normativas como la Ley 19/2003, que regula los movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior, aunque medidas como la "acción de oro", que permitía al Estado vetar ventas de activos en empresas privatizadas, han sido derogadas.
Desde el ámbito jurídico, expertos como Leopoldo Reaño, asociado senior en A&O Shearman, señalan que la situación podría ser una oportunidad para mejorar aspectos poco claros de la legislación. Entre ellos, menciona la necesidad de aclarar que inversores con actividades en sectores sensibles dentro de la UE deben obtener autorización en España, algo que no sucede en otros países europeos. Por su parte, Javier Mateos, socio de PwC Tax & Legal, subraya que los plazos actuales para consultas y autorizaciones (de uno a tres meses) pueden ser un obstáculo para atraer inversiones extranjeras y propone simplificar el proceso, especialmente en operaciones que no impliquen riesgos para la seguridad pública.
A pesar de la restricción que supuso el escudo antiopas, España ha atraído casi 100.000 millones de euros en inversiones extranjeras desde su aplicación. Aunque esta cifra representa un 18% menos que los 117.500 millones registrados entre 2015 y 2019, factores como la pandemia y operaciones excepcionales, como la compra de Abertis en 2018, condicionaron los resultados. Sin embargo, los datos reflejan que este mecanismo no ha sido un impedimento para la llegada de capital extranjero, como señala Reaño, quien destaca que casos en los que se rechazaron inversiones han sido excepcionales.
En total, de las 264 operaciones revisadas por la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) desde 2020, solo dos fueron rechazadas: una en 2022, presuntamente vinculada al intento de Vivendi de adquirir un porcentaje del grupo Prisa, y otra en 2024, relacionada con la opa de Magyar Vagon sobre Talgo. Según los expertos, el bajo número de casos rechazados demuestra que la regulación es aplicada de manera excepcional y en situaciones justificadas, evitando que se convierta en una norma disuasoria que afecte negativamente a la economía española.
En conclusión, aunque el escudo antiopas haya caído, el Gobierno se enfrenta al desafío de diseñar una nueva regulación que equilibre la protección de sectores estratégicos con la competitividad de España como destino de inversiones extranjeras.