(El Economista, 29-01-2025) | Laboral
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abordado el debate sobre el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde una perspectiva de "dignidad" en los salarios y "poder adquisitivo" de los trabajadores. Sin embargo, estos argumentos, que también se aplican en el caso de las pensiones, contrastan con la falta de interés del propio Ejecutivo en aplicarlos a las ayudas sociales. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), utilizado para calcular el importe de estas prestaciones, no ha experimentado ningún aumento desde 2023, a pesar de que Díaz prometió una subida del 3% el año pasado. Pero el problema no se reduce solo a este incumplimiento reciente. El IPREM fue creado en 2004 con el objetivo de desvincular las ayudas sociales del SMI, lo que ha generado una brecha creciente en las últimas dos décadas. Como resultado, un subsidio por desempleo se mantendrá en 2025 en 480 euros, cuando, si se aplicara el cálculo original vinculado al SMI, podría ascender a 888 euros, es decir, 408 euros más.
El intento de Díaz por incrementar el IPREM quedó sin efecto hace un año. Ahora, con el inicio de las negociaciones presupuestarias para 2025, Sumar ha vuelto a solicitar una subida del 5%. Sin embargo, la prórroga de los Presupuestos de 2023 debido a la fragilidad parlamentaria del Gobierno dificulta que esta propuesta prospere. Además, el debate se ha centrado en la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y en un nuevo aumento del SMI del 4%, situándolo en 1.184 euros, dejando en un segundo plano la cuestión del IPREM.
Aun así, Díaz puede reivindicar haber impulsado el incremento del IPREM en su mandato, con un alza del 11,5%, pasando de 538 a 600 euros. No obstante, en el mismo periodo, el SMI ha aumentado más del doble, un 26%, hasta alcanzar los 1.134 euros actuales. Los sindicatos, en especial CC.OO., insisten en la necesidad de que el Gobierno haga un esfuerzo adicional para mejorar este indicador y, con ello, las ayudas públicas. Para comprender la controversia, es importante conocer el origen y el propósito del IPREM.
En 2004, con la llegada del PSOE al Gobierno bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, se impulsó un aumento del SMI de 465 a 490,5 euros, que al año siguiente subió hasta los 513 euros. Este fue el inicio de un plan para alcanzar los 800 euros, aunque la crisis financiera truncó ese objetivo.
Sin embargo, junto con la promesa de elevar el SMI, se introdujo una reforma para mitigar su impacto en las cuentas públicas, lo que afectó directamente a las ayudas destinadas a colectivos vulnerables, como los parados de larga duración. En ese contexto, el IPREM sustituyó al SMI como referencia para el cálculo de subsidios y prestaciones sociales, incluyendo el subsidio por desempleo, lo que generó un desequilibrio significativo.
Antes de 2004, el acceso a la protección asistencial para los desempleados dependía de que su renta no superara el 75% del SMI, y ese mismo porcentaje se aplicaba para calcular la cuantía del subsidio. Con la creación del IPREM, el cálculo pasó a basarse en el 80% de este indicador, que en un principio tenía el mismo valor que el SMI, es decir, 460,5 euros. Sobre el papel, esto supuso una mejora de 23 euros en la ayuda para los desempleados, elevando el subsidio de 345,38 a 367,8 euros. Sin embargo, este beneficio fue efímero, ya que la norma que creó el IPREM también contemplaba un incremento del SMI a 490,5 euros, generando desde el inicio una diferencia de 30 euros, que no ha dejado de crecer con el tiempo.
Mientras el SMI se fija tras consultas con sindicatos y empresarios (aunque la decisión final corresponde al Gobierno), el IPREM se establece dentro de los Presupuestos Generales, lo que lo convierte en una variable más discrecional. Como resultado, desde 2004 el SMI solo se ha congelado en dos ocasiones debido a la crisis financiera, mientras que el IPREM ha permanecido invariable hasta en once ocasiones, incluida la de 2025. Además, cuando ha subido, lo ha hecho en menor proporción.
Las consecuencias de esta divergencia son evidentes. Mientras que el SMI ha aumentado y, con ello, el número de personas que cumplen los requisitos para recibir ayudas, la cuantía de estas prestaciones ha crecido mucho menos, lo que ha supuesto un ahorro para el Estado. Desde 2018, el SMI ha subido un 56% (62% si se concreta la propuesta para 2025), mientras que el IPREM solo ha aumentado un 11,5%.
Si el IPREM no se hubiera introducido y los subsidios hubieran seguido ligados al 75% del SMI, hoy su cuantía sería de 851 euros en lugar de los 480 actuales, una diferencia de 371 euros. Si, además, se concreta la subida del SMI prevista para 2025, situándolo en 1.181 euros, el subsidio alcanzaría los 881,5 euros, es decir, 405 euros más que con el sistema del IPREM.